Este documento analiza la política de "nacionalización" de los hidrocarburos implementada por el gobierno de Evo Morales en Bolivia. Argumenta que en realidad no fue una verdadera nacionalización, sino más bien una compra costosa de las empresas petroleras privatizadas y una subvención a las transnacionales. A pesar del discurso oficial, las petroleras extranjeras mantienen el control de la producción y obtienen grandes ganancias, mientras que el Estado recibe una menor parte de la renta petrolera de lo que afirma.
- Importancia de la minería: Contribución al PIB, exportaciones, inversiones, renta, empleo
- Estructura de la minería en Bolivia: Identificación de actores
- Normativa relacionada al sector minero
- Fortalezas y debilidades del marco normativo
- Diagnóstico del marco normativo que regula la explotación minera
- Propuesta de acciones de información, investigación y análisis
- Importancia de la minería: Contribución al PIB, exportaciones, inversiones, renta, empleo
- Estructura de la minería en Bolivia: Identificación de actores
- Normativa relacionada al sector minero
- Fortalezas y debilidades del marco normativo
- Diagnóstico del marco normativo que regula la explotación minera
- Propuesta de acciones de información, investigación y análisis
14 de febrero de 2012
Claudio Lozano 2012
Subido por Valeria Esposito
www.semiostudio.blogspot.com
www.semiostudio.com.ar
www.corteporlozano.blogspot.com
En el caso de Bolivia, 50% de los ingresos
por exportaciones provienen de la venta de gas natural
a Brasil y Argentina, asimismo la actividad hidrocarburífera
representa más de una tercera parte de los ingresos
corrientes del Tesoro General de la Nación y en algunos
departamentos productores las regalías petroleras representan cerca de 80% de su presupuesto público anual.
#TutoQuiroga - La gran estafa de la Nacionalizacion de Evo MoralesGamal Serhan Jaldin
#TutoQuiroga denuncia la gran estafa de la Nacionalización de Evo Morales en Bolivia, el negociado de los "costos recuperables" con las transnacionales petroleras
14 de febrero de 2012
Claudio Lozano 2012
Subido por Valeria Esposito
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En el caso de Bolivia, 50% de los ingresos
por exportaciones provienen de la venta de gas natural
a Brasil y Argentina, asimismo la actividad hidrocarburífera
representa más de una tercera parte de los ingresos
corrientes del Tesoro General de la Nación y en algunos
departamentos productores las regalías petroleras representan cerca de 80% de su presupuesto público anual.
#TutoQuiroga - La gran estafa de la Nacionalizacion de Evo MoralesGamal Serhan Jaldin
#TutoQuiroga denuncia la gran estafa de la Nacionalización de Evo Morales en Bolivia, el negociado de los "costos recuperables" con las transnacionales petroleras
La fiscalía amenaza con más “pruebas” que habrían surgido en último momento y un emisario del Ministerio de Gobierno ofrece procedimiento abreviado, es decir, que Uría acepte una culpa inexistente a cambio de libertad o 15 años de cárcel de la mano del ministro —o acaso juez— Eduardo del Castillo.
Contar con un Protocolo de Atención al Usuario permitirá establecer
parámetros de comunicación, sino que también ayudará a los
servidores judiciales a seguir una misma línea de comunicación que
responda las preguntas y quejas de los usuarios, litigantes y abogados
sin contratiempos.
La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo sabre las medidas que permitan proteger a la persona, la familia y la comunidad, contra las consecuencias sanitarias, sociales. ambientales y económicas del consume de tabaco y de la exposición al humo de tabaco.
El control del tabaco es sumamente importante para acelerar el progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, dada la carga que los productos de tabaco imponen sobre la salud, la
economía, el medioambiente y las sociedades en general. El tabaco sigue siendo el único producto
de consumo legal que mata hasta la mitad de quienes lo consumen siguiendo las instrucciones
de los fabricantes, y es un factor de riesgo de las cuatro enfermedades no transmisibles (ENT) más prevalentes en todo el mundo.
Las enfermedades no transmisibles siguen planteando un importante desafío de salud pública en todos los países, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, en los que se registran tres cuartas partes de las muertes por esas enfermedades, agrega la OMS.
De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el presente informe de fondo, la Comisión concluye que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial.
Mario Tadic y Elöd Tóásó afirman que, durante el operativo policial, los agentes tiraron las puertas de sus habitaciones y los sacaron casi desnudos al pasillo donde los esposaron, golpearon y les
propinaron patadas en todo el cuerpo. Resaltan que ninguno de los dos opuso resistencia y que no se encontraron armas de fuego en sus habitaciones; y que lo anterior fue confirmado posteriormente por los informes policiales.
Con motivo de los hechos de violencia que tuvieron lugar en Bolivia en el contexto de la crisis política
y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la CIDH realizó una visita de
observación a Bolivia entre los días 22 y 25 de noviembre de 2019.
La Defensoría del Pueblo observó que el Estado vulnera el derecho a la protección que tienen los niños, niñas y adolescentes (NNA) trabajadores debido a que no ha desarrollado los planes y programas establecidos en la norma para proteger a esta población y porque las instancias competentes no cuentan con registros y no hacen inspecciones específicas para verificar sus condiciones laborales, entre otras deficiencias.
En base a esta guía metodológica, El SEPRET logró identificar aproximadamente cerca de
180 personas víctimas de tortura entre 2019-2020 en toda Bolivia. De ese sector, pudo recabar
testimonios a cerca de 111 víctimas, de las cuales 48 víctimas dieron continuidad a tales
evaluaciones.
Algunos pasajes de la historia de Marco Antonio Aramayo
que mejor ejemplifican la vastedad de las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y
degradantes de los que ha sido víctima desde su reclusión.
La presente Ley tiene por objeto establecer lineamientos y mecanismos para promover hábitos alimentarios saludables en la población boliviana, a fin de prevenir las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta.
El Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial 442, declara Epidemia Nacional de Malnutrición por Exceso, Sobrepeso y Obesidad en Bolivia, por lo que se establece la necesidad de trabajar de manera integral y con enfoque multisectorial a partir del sistema de salud.
El derecho a protestar o manifestar inconformidad contra alguna acción o decisión
estatal está protegido por el derecho de reunión, consagrado en el artículo 15 de la
Convención Americana.
El Comité insta además al Gobierno a revisar la eficacia de los programas de prevención, detección y tratamiento de enfermedades infecciosas en las cárceles, instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel Salazar, rechazó este miércoles las afirmaciones de la exvocal Rosario Baptista, que el sábado pasado presentó su renuncia al cargo, y las calificó de temerarias y fantasiosas, debido a que, según dijo, la exfuncionaria suscribió todos los documentos oficiales del Órgano sin presentar observaciones y mucho menos denuncia alguna.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa
conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, ha recibido
nuevas informaciones y solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en
Honduras.
Redes, colectivos, articulaciones y organizaciones de Derechos Humanos plantean al Gobierno la creación de un mecanismo de implementación de las recomendaciones del informe para ejecutar las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) realizadas en el informe presentado el 17 de agosto pasado.
Este reporte constituye la relatoría de la visita oficial que se realizó a Bolivia el 11 y 12 de marzo de
2020 para constatar la situación de los migrantes y refugiados venezolanos que han llegado a este
país.
1. DE LA NACIONALIZACIÓN A LA SUBVENCIÓN A LAS PETROLERAS
Carlos Arze Vargas1
En octubre del año 2003, el pueblo boliviano, especialmente los pobladores de El Alto,
enarboló la consigna de la nacionalización de los hidrocarburos y su industrialización,
apuntando así al corazón del modelo neoliberal y de las fracciones de la burguesía en el
poder. Esta demanda histórica se inscribía en la tradición histórica de la lucha social por la
recuperación de los recursos naturales y la necesidad de superar el patrón de acumulación
primario exportador.
El MAS, contrariamente a lo que dicen hoy sus voceros, no enarboló esta demanda sino
que demandó la instalación de una Asamblea Constituyente que permitiera la
reconstitución del Estado capitalista en crisis, postulando cambios políticos pero sin
cuestionar la base económica del país. Posteriormente, en el proceso de reforma de la Ley
de Hidrocarburos, que incluyó el amañado “referéndum del gas”, esta agrupación política
centró su discurso en la necesidad de retornar al sistema del 50-50 en la distribución de la
renta petrolera.
Este breve recuento de la postura del MAS explica, en parte, por qué, una vez instalado en
el poder, la reforma que impuso no fue una nacionalización, ni siquiera en el sentido que
conocimos con el nacionalismo burgués del MNR en el pasado. Permite entender por qué
la denominada “nacionalización inteligente” constituye una medida oportunista dirigida a
controlar los recursos fiscales necesarios para mantenerse en el poder y desarrollar una
política francamente burguesa, es decir, con el objetivo de impulsar la construcción de una
economía y sociedad capitalista escondida tras el rótulo pomposo de “economía plural” o
hasta de “socialismo comunitario”.
Mientras la nacionalización propugnada inicialmente por los gobiernos nacionalistas del
pasado promovía el desarrollo económico a partir del control estatal de las rentas de las
industrias extractivas y trasladadas al sector privado -ubicado en la agricultura comercial del
oriente y la industria-, sobre la base de la expulsión de los monopolios extranjeros, la
nacionalización del MAS postula un sui géneris “socialismo comunitario” en alianza con el
capital transnacional: los “socios” del proceso.
Por esta razón nunca contempló la expropiación de los medios de producción de las
transnacionales petroleras y se limitó a adicionar a lo establecido por la Ley 3058 (el 50%
de IDH y regalías), una participación variable de YPFB en las utilidades de los operadores.
Contrariamente, implicó una compra onerosa de las empresas privatizadas durante los
gobiernos neoliberales, como lo demuestra el siguiente cuadro.
1 Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA.
2. % acciones % acciones % de total
Costo $us
AFP compradas acciones
1
YPFB Chaco 49,0% 50,0% 233.440.140 99,0%
YPFB Andina 49,3% 1,1% 6.241.966 50,4%
2
YPFB Transportes 33,6% 65,0% 241.154.976 98,6%
YPFB Refinación n.a. 100,0%
112.000.000 100,0%
YPFB Logística n.a. 100,0% 16.430.000 100,0%
3
YPFB Aviación n.a. 100,0% 36.000.000 100,0%
Total
645.267.082
(1 Co sto al precio establecido en DS 29888.
)
(2) Co sto po r 50% accio nes.
(3) Valo r de demanda (info rmació n M in. A rismendi El Deber 30/1/201 .
1
Hay que añadir a estos datos que en varios casos el valor de la compra alcanzó o sobrepasó
el valor de venta de la privatización neoliberal: en el caso de Chaco –actualmente con una
demanda internacional- la compra de la mitad del paquete accionario costaría el 76% del
valor de la “capitalización”, la compra de Transredes alcanzaría al 91% del precio de la
capitalización, la recompra de la empresa de Logística y de la de Refinación, alcanzaría al
109% del valor de su privatización durante el gobierno de Banzer.
La “nacionalización” no abarcó más que a las empresas “capitalizadas”, por lo tanto no se
dirigió a controlar el sector, es decir a establecer el monopolio estatal que determine la
dirección de las políticas públicas para la superación de la economía primario exportadora,
como cabe a un verdadera nacionalización. Asimismo, contrariando el discurso que le
permitió posicionarse durante la reforma de 2005, otorgó legalidad a los contratos de
riesgo compartido de Sánchez de Lozada y reconoció los derechos que les daban a las
petroleras, como es el caso de las inversiones reconocidas de “buena fe” y devueltas a
través de los costos recuperables.
Pero más allá de esas consideraciones están las evidencias que arrojan los resultados de la
“nacionalización” para demostrar nuestra tesis.
Observando la situación actual del sector, se comprueba que la producción de
hidrocarburos permanece controlada mayoritariamente por las transnacionales, que han
mejorado su participación en los últimos años: mientras las operadoras extranjeras pasaron
de controlar el 74,2% de la producción de gas natural y líquidos en 2006 al 82,2% en 2010,
YPFB -a través de sus filiales Andina y Chaco- disminuyó su participación en el mismo
período de 25,8% a 17,8%.
La información sobre áreas petroleras refuerza esta observación: aunque YPFB posee el
71% de un total de 23,9 millones de hectáreas de áreas de exploración, las empresas
extranjeras poseen el 68% de las áreas en explotación, que son las que contienen las
reservas certificadas de hidrocarburos. La elevada participación de YPFB en las áreas de
exploración se explica porque desde 2006 se han establecido 98 áreas reservadas con una
extensión de 22 millones de hectáreas, de las cuales el 25% se encuentra ya bajo contratos
de exploración y convenios de estudio con empresas extranjeras, como PDVSA, GTLI,
Petrobras, Petrovietnam y otras.
3. Por otro lado, el gobierno afirma machaconamente que su nacionalización ha afectado los
intereses imperialistas trastocando la distribución de la renta petrolera, de modo que ahora
el Estado controlaría el 82% dejando a la transnacionales con el 18% restante. A despecho
de esta afirmación, los datos oficiales revelan que en 2010 el Estado recibió el 65% por
concepto de IDH, regalías, patentes y participación de YPFB.
Además, como en el capitalismo –así sea andino amazónico- no sólo importa la tasa de
ganancia que se recibe por una determinada inversión, sino también la masa de ganancia,
podemos afirmar que los mismos datos revelan que las petroleras extranjeras continúan
obteniendo suculentas ganancias, gracias al incremento de las exportaciones de gas natural
y de sus precios gestionados por el gobierno: si en 2004 -sobre un valor de producción
hidrocarburífera de 1.172 millones de dólares- controlaban el 75% equivalente a 879
millones, en 2010-sobre un valor de 3.053 millones- controlaron el 35% equivalente a
1.068millones de dólares. Esto explica por qué las transnacionales no abandonaron un país
gobernado por “socialistas comunitarios”.
Con todo, el hecho más revelador de que la “nacionalización” promueve las ganancias de
las transnacionales, es la reposición en estos días del “gasolinazo” de 2010. En efecto, el
D.S. 1202 dispone un incentivo para los productores de petróleo de 30 dólares por barril.
Con esta medida se les devolverá parte de la renta controlada: el Estado que obtiene 13,55
dólares por IDH y regalías -sobre un precio de 27,11 dólares-, pagará una subvención de 30
dólares en forma de NOCRES, es decir una subvención 2,2 veces mayor que la renta
obtenida. Los recursos necesarios para pagarla deberán salir de las arcas fiscales, es decir ya
sea de la renta del gas natural o de los impuestos de los consumidores, con lo que se
retrocede más atrás de la Ley 3058.
Por todo lo anterior, se puede afirmar que las empresas petroleras transnacionales son
quienes realmente determinan las condiciones de producción, cuando, según la mentada
nacionalización, sólo deberían ser remuneradas como “prestadoras de servicios”.