La Comisión Colombiana de Juristas recibió una amenaza de un grupo paramilitar contra una de sus abogadas, Lina Paola Malagón Díaz, por su trabajo denunciando la impunidad en casos de violencia contra sindicalistas. Otro miembro tuvo que salir del país debido a amenazas similares. La abogada había realizado un informe sobre la impunidad en crímenes contra sindicalistas que fue usado en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, lo que provocó una reacción negativa del Presidente colombiano Álvaro Uribe