Este documento presenta un resumen de una conferencia sobre la historia contemporánea de Venezuela. Discute temas como la institucionalización tardía del estado liberal democrático y la tensión entre el orden sociopolítico liberal y las reformas socioeconómicas de inspiración socialista. También analiza las respuestas del gobierno de Rafael Caldera a la "crisis de funcionamiento" a través de una reforma administrativa para mejorar la eficiencia del estado.

1. Versión provisional,
para ser ajustada luego de su presentación y discusión.
Fundación Rómulo Betancourt
V Diplomado de Historia Contemporánea de Venezuela
Conferencia de cierre.
Caracas, Sábado 16 de mayo de 2015
VENEZUELA CONTEMPORÁNEA:
PARA UNA VISION PROSPECTIVA
Germán Carrera Damas
Escuela de Historia
Facultad de Humanidades
Y Educación. U.C.V.
Introducción:
Al amparo del título puesto al presente texto, pretendo explorar, en
relación histórico-crítica con los participantes en el V Diplomado de Historia
contemporánea de Venezuela, impartido en la prestigiosa Fundación Rómulo
Betancourt, algunas de las cuestiones troncales que formarían, en una visión de
la Historia contemporánea de Venezuela que intente completar la comprensión
del curso del proceso histórico contemporáneo, con arreglo a una visión
prospectiva de su continuidad histórica. Para estos fines, se combinan la
discusión prospectiva de algunas de las cuestiones fundamentales del presente
histórico de la sociedad venezolana, -basándose en los aportes de una breve
exposición general-, y la contribución de los textos recomendados. Todo con la
esperanza de que ese conjunto nutra un enriquecedor intercambio crítico entre
los participantes del V Diplomado de Historia contemporánea de Venezuela.
Parte I.- Al cabo de dos décadas y media de ejercicio ininterrumpido, la
República liberal democrática, cuya reinstauración arrancó desde el experimento
de poder colegiado establecido en 1959, comenzó a dar signos de una suerte de
fatiga institucional; lo que dio oportunidad a que se propalase la falaz y dañina

2. expresión agotamiento del modelo. En la realidad de la fatiga institucional se
manifestaba la potencial inadecuación que habría de resultar de atribuirle al
Estado institucionalizado en el marco de La República Liberal Democrática,
pautado en la estructura constitucional, el cometido de promover la
implantación y la promoción de modos de funcionamiento socioeconómicos en
la formulación de los cuales se advertía un obligante cometido de inspiración
socialista. Esta dificultad originaria, resultaba de la conciliación estratégica de
los respectivos proyectos sociopolíticos de los partidos democráticos,
suscriptores tanto del denominado Pacto de Punto Fijo como del Programa
mínimo de Gobierno, acordado entre los candidatos presidenciales.
Este compromiso político, ya presente en la Constitución de 1947, fue
actualizado y enriquecido con motivo de la redacción de la Constitución de
1961; circunstancia que observé en la sexta conferencia del ciclo Una nación
llamada Venezuela, -dictado semanalmente a partir del 14 de febrero de 1974-,
titulada Tardía institucionalización del Estado liberal democrático en el marco del
desarrollo dependiente de la implantación (1958-1974). Entonces intenté sintetizar la
cuestión en estos términos:
…”La Venezuela de la década del 60 se encuentra a sí misma como una
sociedad cargada de tremendos problemas socioeconómicos que afectan a la
mayoría de la población en una forma específica, pero es también la Venezuela
que marcha aun tras el espejismo liberal, para la cual no existe, por definición,
contraste entre libertad y hambre, no existe puja entre libertad y hambre. Están
planteados de esta manera los términos en que se habrán de debatir todas las
cuestiones: realización del orden liberal como objetivo sociopolítico y
satisfacción de ingentes necesidades sociales como objetivo socioeconómico.
“Se da de esta manera una coyuntura, por decir lo menos, con cierto
grado de contradicción: entre el orden sociopolítico liberal y las reformas
socioeconómicas socialistas. Culmina de esta manera la persecución del
espejismo liberal: la estructura constitucional se consolida, el orden político se
amplía, y a partir de 1958 esto aparece como una constante,
independientemente de los zigzags o de las lagunas que se puedan percibir en
el funcionamiento constitucional. Pero esto sucede en una sociedad que ingresa

3. a la problemática contemporánea, cuyas expresiones esenciales son el
desempleo, el hambre y el atraso.
“Se arbitran formas de armonizar dos realidades que guardan entre sí
no pocos puntos de roce y hasta de conflicto. La forma obvia de armonizar estas
realidades, la del Estado benefactor, -la del Estado filantrópico-, fue la primera
ensayada, y creo que sus resultados y la reacción que suscitó hacen innecesario
su tratamiento. Me refiero, más que a los llamados “planes de emergencia”, a
los diversos planes asistenciales, mediante los cuales se intentó armonizar la
existencia de un orden liberal democrático con la satisfacción de las necesidades
apremiantes de grandes sectores de la población.”*
___________________
* Germán Carrera Damas, Una nación llamada Venezuela. Caracas, Monte
Ávila Editores, 4ª edición, 1991, pp. 178-179.
En la Séptima conferencia del ciclo, que marcó la finalización del mismo,
puse una nota que reza: “El desarrollo de este tema consiste en una glosa de un
capítulo de mi obra Historia contemporánea de Venezuela (Bases metodológicas, en
preparación”. Efectivamente, en el capítulo V de dicha obra, aparecida en 1977,
titulado Nueva perspectiva para el estudio de la Historia contemporánea de Venezuela,
la parte “4.- La tardía institucionalización del Estado liberal”, se inicia en estos
términos:
“Al igual que los demás, y cual ningún otro, está lejos de ser éste un
tema académico, más o menos desligado del presente sociopolítico. Es, por el
contrario, la expresión de esa realidad, y quizás la más importante en términos
de cuestión de cuya respuesta puede depender en mucho el destino político de
Venezuela contemporánea. No en balde puede afirmarse que hay reiteración de
parte de los más altos representantes del Poder público al proclamar que no
existe contradicción entre los dos grandes objetivos de la acción social
contemporánea: libertad y desarrollo.”*
______________________________
* Germán Carrera Damas, Historia contemporánea de Venezuela. Bases
metodológicas. Caracas, Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la
Biblioteca. (Colección Historia VI), 1977, pp. 216-217.

4. La puesta en marcha de los compromisos sociopolíticos fundacionales así
contraídos, desencadenó en el tejido social, -con especial énfasis en sectores
menos participativos en la dinámica social, como lo eran la mujer y los
analfabetas- fuerzas de cambio que desembocaron en una crisis de desarrollo
sociopolítico. Éste desbordó la capacidad de conducción y liderazgo de las
estructuras gubernamentales; y la de la clase política para encauzarlo. Percibida
está situación, necesariamente conflictiva, un grupo de analistas políticos llegó a
la convicción de que se había vuelto necesario ajustar el régimen sociopolítico
así concebido e instaurado:
“El contraste así establecido entre el orden sociopolítico liberal y
la reforma socioeconómica de tendencia socialista, se puede trazar siguiendo la
evolución constitucional en tres áreas fundamentales: a) La correlación entre las
llamadas “garantías de la esfera liberal individualista: y los denominados
derechos sociales y económicos”… “b) La planificación, considerada como el
instrumento idóneo para orientar y normar la acción del Estado encaminada a
correlacionar un volumen limitado de satisfactores con necesidades
creciente”… y “c) La polémica en torno a la planificación como expresión
sintética de la confrontación entre el Estado Liberal, tardíamente
institucionalizado, y la proyección socioeconómica de la acción del Estado”*
________________________
• Ibídem, pp. 219-220.
De hecho, este enfoque de la cuestión me ha permitido formular la
siguiente comprobación: “Haciendo valer la circunstancia de que la
planificación supone un sistemático ejercicio de prospectiva, es razonable
concluir que el despertar, en Venezuela, del interés por el cultivo de la
perspectiva en diversas áreas del desenvolvimiento de la sociedad, se tradujo,
igualmente, en el recurso a la Historia para la conformación de la
imprescindible plataforma básica de los diagnósticos prospectivos. Lo que
legitima nuestra preocupación por fundamentar la legitimidad metódica de la
Historia prospectiva”.*

5. _______________________
*Fragmento de la Parte VI, “Fundamentación histórica del interés del cultivo de
la prospectiva histórica en Venezuela.”, de la obra titulada Historia prospectiva, en
proceso de edición).
Parte II. Para atender a los requerimientos del enfoque adoptado en esta
conferencia, debo comenzar por la caracterización de la crisis en ciernes,
…”como expresión sintética de la confrontación entre el Estado Liberal, tardíamente
institucionalizado, y la proyección socioeconómica de la acción del Estado”...,
determinando si lo era de funcionamiento, - y que por lo mismo podía ser
enfocada con arreglo a criterios básicamente político-administrativos-, o si lo era
de desarrollo del modelo sociopolítico, en su proceso de institucionalización,
iniciado en 1945-1946; y reanudado en 1959. Desechada la posibilidad de
interrumpir la reinstauración de la República liberal democrática; la cual, a su vez,
interrumpía la vigencia de la República liberal autocrática, continuada desde 1830,
cabían dos eventuales enfoques de la cuestión:
A.- Uno, que prescindía, expresamente, de eventuales cambios de fondo
en el régimen sociopolítico republicano liberal democrático, apuntaba hacia la
reforma político-administrativa; dirigida a corregir la que podría denominarse
crisis de funcionamiento del Gobierno. En consecuencia, aunque se proclamaba el
propósito de depurar el régimen, -y por lo mismo de buscar desarrollarlo-, se
veía la cuestión, fundamentalmente, como la necesidad de incrementar la
eficiencia de la Administración pública, tanto en su concepción como en su
funcionamiento. Tal fue la posición asumida, durante su segunda Presidencia,
por el Dr. Rafael Caldera. La expuso en una conferencia pronunciada en el
IESA, en Caracas, en el 22 de mayo de 1985, titulada Gerente del Estado.
Reflexiones sobre una experiencia.*
___________________________
*Para los fines demostrativos de la presente Conferencia, vale observar que el
Decreto fundacional de la Comisión Presidencial para la reforma del Estado (COPRE).
está fechado en el 17 de diciembre de 1984.
Partiendo de la consideración de que …”en Venezuela, el Jefe del

6. Gobierno es al mismo tiempo Jefe del Estado”…, apunta el expositor que: “La
responsabilidad más grande (sic) del presidente como gerente del Estado es la
de velar permanentemente por que las órdenes se cumplan, porque las
disposiciones se realicen, y esa de estar con los ojos abiertos permanentemente
es una de las responsabilidades, a mi juicio, más importantes de esta función.”
Lo que le llevó a concluir que:
“El problema del país, el problema que se plantea con la reforma del
Estado, en el sentir general, más que todo es un reclamo de eficiencia. No
estamos pensando en un Estado distinto, ni queremos renunciar al Estado
democrático que hemos construido a través de tantos esfuerzos y tantos
sacrificios. Lo que queremos es un Estado eficiente, un Estado más consciente
de sus obligaciones con la población, y para esto es indudable que ese sentido
gerencial que se plantea como base de este coloquio es indispensable”…
El Presidente Dr. Rafael Caldera parecía responder, de esta manera, a los
que calificara de “Los desafíos de la gobernabilidad democrática”; título de la obra
que recoge su pensamiento respecto de esta cuestión, los cuales enuncia:
“Desafío para la gobernabilidad es la pobreza. Desafío para la
gobernabilidad es la corrupción. Desafío para la gobernabilidad es la
corrupción. Desafío para la gobernabilidad es el desempleo. Desafío para la
gobernabilidad es la dificultad de los gobiernos en desarrollo para competir con
los que están desarrollados. Desafío para la gobernabilidad es la conversión de
los partidos políticos, que son instrumentos fundamentales para la vida
democrática, en organismo clientelares. Desafío para la gobernabilidad es el
acelerado proceso de urbanización que ha llevado incontables camadas en
forma irregular a hacinarse en las urbes, y que no ha sido posible ordenar
porque muchas veces las condiciones no han sido apropiadas para programar
en libertad proyectos bien pensados de urbanización. Desafío para la
gobernabilidad es el populismo, que de vez en cuando reaparece y cuyo fracaso
ha sido patente en donde se ha aplicado, por las incapacidad de ofrecer
soluciones verdaderas y estables a grandes problemas colectivos. Desafío para

7. la gobernabilidad es la loca rivalidad entre los dirigentes y grupos políticos, así
como la alternabilidad de los gobiernos, indispensable por la necesidad de
prevenir el establecimiento del autoritarismo a través de la prolongación de los
titulares en el poder.”
Consecuente con su visión de la gobernabilidad y de la primordial
función gerencial del Jefe del Estado-Jefe del Gobierno, el Presidente Dr. Rafael
Caldera culminó su inventario de los que consideraba desafíos a la
gobernabilidad, con un revelador texto que titula “Sísifo”. Se abre con esta
afirmación: “Otro de los grandes desafíos para la gobernabilidad en el país es el
mito de Sísifo”…, como símbolo del reiterado recomenzar sobre la base de
desconocer y descontinuar lo ya hecho. En este texto, que me atrevo a calificar
a la vez de curioso y revelador, se apunta una significativa contraposición de
enfoques del símbolo invocado. Efectivamente, luego de una afirmación de
altísimo valor sociohistórico: “Yo fui el primer Presidente de la República
elegido por voluntad popular en las filas de un partido político que le hizo
oposición severa al gobierno anterior, pero no incurrí en el error de desconocer
los proyectos que tenía en marcha mi predecesor”…, se entrega a un listado de
obras materiales que heredó inconclusas. ¿Subestimando la significación
política de su presidencia como consolidación de La República liberal democrática?
¿Cediendo a la común valoración de los gobiernos por su obra material?*
____________________
*RC Biblioteca Rafael Caldera, Los desafíos de la gobernabilidad democrática.
Presentación de Fernando Luis Egaña. Caracas, Cyngular, 2014.
B.- Simultáneamente había sido planteado otro enfoque de la cuestión. Si
también contrario al cambio del régimen sociopolítico republicano liberal
democrático del Estado, centraba, sin embargo, su atención en lo sociopolítico, –
pero guardando orgánica vinculación con los otros enfoques mencionados-. Se
consideraba necesario ajustar el régimen republicano liberal democrático, en
función de la nueva realidad sociopolítica generada por el desarrollo del
mismo, abriéndole cauce al cambio socio histórico de esa manera generado y

8. estimulado. De allí la sintética fórmula adoptada, “modernizar el Estado
profundizando la Democracia” como fundamento programático de la Comisión
Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), designada por Decreto 403 de la
Presidencia de la República, de 17 de diciembre de 1984; incluido en los textos
recomendados, al igual que el diagnóstico histórico básico y los objetivos,
recogidos en dos textos de mi autoría: “Capítulo II. El Proyecto de reforma integral
del Estado dentro del contexto histórico: sus objativos”.* y “La reformulación del
Proyecto nacional venezolana en perspectiva histórica”.**
________________________
* La reforma del Estado. Proyecto de reforma integral del Estado. Caracas, Comisión
Presidencial para la reforma del Estado, 1988.
** Venezuela: del siglo XX al siglo XXI: un proyecto para construirla. Carlos Blanco,
Coordinador). Caracas. Comisión Presidencial para la reforma del Estado (COPRE),
1993.
Cabe subrayar el hecho, comprobable en los textos mencionados, de que
el concepto de reforma integral del Estado se corresponde con la variedad y la
especificidad de las áreas tratadas, en todos los órdenes; si bien ubicadas en el
propósito de profundizar la Democracia; vale decir de abrirle cauces al
propósito, ya en marcha, de propiciar la conformación de la sociedad
venezolana como una genuina sociedad democrática, también en todos los
órdenes y niveles de la acción social. Es oportuno subrayar el hecho de que tal
orientación programática se correspondía con la convicción de que la
conformación de una genuina sociedad democrática debía ser obra de la propia
sociedad, en pleno ejercicio de La soberanía popular, en todos los niveles y áreas.
Por ende, habría de quedar superada la etapa del Estado rector universal de la
sociedad y dispensador de gracias.
Parte III.- La experiencia vivida por la sociedad venezolana a partir de
fines de la década de 1990, enfocada con sentido prospectivo, quizás permita
que, a mi vez, intente actualizar mi visión, cual lo hice en la Conferencia que
dicté atendiendo una invitación de la Cámara de Comercio de Cumaná, en el 18
de septiembre de 2014, - incluida en las lecturas recomendadas-. Pero, estimo
necesarias algunas puntualizaciones previas:

9. A.- Considero que es muy importante ventilar críticamente la errónea, y
más que ello tendenciosa afirmación, inculpatoria, dirigida contra la clase
política democrática, respecto de no haberse percatado oportunamente de una
situación que podría acarrear inminente crisis del régimen sociopolítico
republicano liberal democrático. A los sumo, la diferencia en el enfoque de la
situación sería atribuible, propiamente, a un error de diagnóstico, que podría
formularse como la contraposición entre dos visiones de la cuestión: la político-
administrativa y la histórica prospectiva. Contrariando esta imputación están
hechos aquí registrados:
En primer lugar, la simultaneidad en la preocupación por la marcha del
régimen sociopolítico republicano liberal democrático, demostrada por los dos
partidos socialistas con responsabilidad directa de ejercicio del Poder público, el
social demócrata y el social cristiano.
En segundo lugar, la prueba de que esa preocupación se tradujo en
acción gubernativa. En el caso del partido social cristiano, promoviendo la
reforma de la Administración pública, partiendo de lo conceptual gerencial. En
el caso del partido social demócrata, instaurando la Comisión Presidencial para
la reforma del Estado (COPRE), y promoviendo el inicio de la puesta en
práctica de sus recomendaciones, según lo proclamó el reformador Presidente
Dr. Jaime Lusinchi, al intervenir, ya ex presidente, como senador vitalicio, en el
5 de noviembre de 1991, luego de apuntar la circunstancia tradicional de ser su
gobierno objeto de críticas:
…”No era dable, entonces, esperar una situación distinta para quien
dirigió Venezuela (sic) un gobierno que entre otros muchos logros garantizó
durante cinco años la paz social en Venezuela. Ni una sola huelga importante
registró la economía. Ningún conflicto social de alguna consideración presenció
el país. Mantuvo a raya la delincuencia. Controló la inmigración ilegal. Luchó
efectivamente contra el flagelo de la droga; y la vida social y política del país se
desenvolvió normalmente durante su ejercicio. El candidato del partido de
gobierno ganó las elecciones. Soportó sin grandes traumas económicos o
sociales la más abrupta caída de los precios del petróleo. Logró el crecimiento

10. económico en términos reales. El PTB creció más que la población. Se
incrementó la inversión privada. La industria y el comercio crecieron a todo lo
largo del período constitucional. Controló las importaciones de bienes
innecesarios. Aumentó las exportaciones. Redujo considerablemente el
desempleo y defendió el salario real de los trabajadores. Dejó en superávit el
conjunto de las empresas del Estado. Redujo sensiblemente la deuda pública.
Cuando terminó su mandato, la República tenía una deuda pública menor, en
términos netos, de la que registró al final del período constitucional anterior.
Construyó más viviendas en un período constitucional. Fueron en total 317.356
viviendas. Aumentó la matrícula escolar y la estructura escolar
significativamente, en educación básica, media y superior. Implantó programas
actualizados en preescolar y en los 9 grados de educación básica. Promulgó el
Reglamento de la Ley de Educación y restituyó el desayuno y el vaso de leche
escolar. Defendió nuestro territorio y la soberanía nacional sin dudas ni
vacilaciones.” *
______________________
• Citado por Antonio Ecarri Bolívar, Socialdemócratas vs. Comunistas.
Caracas, Los libros de El Nacional, 2011, pp. 232-233.
Para la mejor apreciación crítica de lo transcrito de inmediato, dirigido a
probar el cumplimiento de las dos vertientes del régimen sociopolítico
republicano liberal democrático; al igual que para valorar los resultados de la
COPRE, vale reproducir el siguiente juicio del mismo autor, al referirse a la
actuación del grupo de presión política denominado “Los notables”, -cuya figura
más representativa fue Arturo Uslar Pietri-; autores de una requisitoria contra el
régimen sociopolítico liberal democrático y contra La República liberal
democrática misma:
…”ni Carlos Andrés Pérez ni AD fueron sordos ni insensibles frente a
muchos de estos planteamientos, pues sabemos que durante el gobierno de
Jaime Lusinchi se constituyó la Copre –tal como lo reconocen “Los Notables” en
su misiva de reclamo a Pérez-, integrada por las más importantes
personalidades de la intelligentzia venezolana, muchos de los cuales no sólo no
eran militantes de AD, sino tradicionales adversarios del partido de

11. gobierno”…”Lo que ocurrió entonces fue que muchas de las reformas, como la
elección de gobernadores y alcaldes, fueron vistas con simpatías, pero el
deterioro del gobierno y la credibilidad de los políticos, fundamentalmente los
pertenecientes a los partidos AD y Copei, llevaban la peor parte (sic), y cuando
se convocaron elecciones, por primera vez en la historia de Venezuela, en
muchos estados ganaron opositores al gobierno y eso, lejos de aliviarle la carga
a éste, incrementó su debilidad y se generalizó la sensación de inestabilidad en
el país.”*
_______________________
• Ibídem, pp. 253-254.
El desenlace de este proceso, que considero caracterizado por los
esfuerzos de los gobiernos democráticos por actualizar el régimen sociopolítico
republicano liberal democrática, atendiendo a las consecuencias de su propio
desarrollo, caracterizado por la brecha así abierta entre la demanda de
satisfactores y las dificultades halladas para darles pronta y sostenida atención,
es la que he denominado la segunda (¿y última?) severa indigestión de la República
liberal democrática.
B.- La interpretación más común de este trance socio histórico vivido por
la sociedad venezolana, padece los efectos de privilegiarse, al explicar los
acontecimientos, una visión de corto plazo, llevada hasta la inmediatez en
procura de fundamento para estrategias políticas que no fueron capaces de
formular sino justificaciones teóricas históricamente desvirtuadas. Estas fueron
recogidas en una fórmula, la del pretendido agotamiento del modelo, queriendo
significar su incapacidad para resolver la cuestión social, pero sin observar que
con ello reconocían, inadvertidamente, la plena realización del modelo; hasta el
punto de hacer necesaria su reformulación; de lo cual no sólo se tenía
conciencia en los partidos democráticos; sino que se habían diseñado
procedimientos reformistas cuya aplicación se inauguraba.
En ausencia de una proposición alternativa respecto de la socialista
moderna, se desató una campaña de descrédito del régimen sociopolítico

12. republicano liberal democrático que caló también en un sector de la
socialdemocracia y el socialcristianismo; algunos de cuyos voceros vieron lo
propuesto y actuado en función de la reforma del régimen sociopolítico como
un censurable intento de volver a 1945-1948 ó a 1958-1959. Con lo cual
incurrieron en la negación del pasado democrático manipulada como chantaje y
contribuyeron a darle paso a una retrógrada empresa no sólo anti democrática
sino también anti republicana,
C.- No son menos significativas las consecuencias de subestimar, como
suelen hacerlo los críticos superficiales, la dificultad del tránsito desde la
condición de súbdito a la de ciudadano. Demuestran creer que bastó la
instauración política de la República para que funcionase socialmente el
régimen sociopolítico republicano. Ignoran que en la estructura de poder interna
de la sociedad coexistían dos sistemas: el jurídico-político y el jurídico-social; y
que si bien interrelacionados integran esa estructura, obedecen a dinámicas
específicas. Así, mientras el jurídico-político es susceptible de cambios radicales,
al menos como postulados, el sistema jurídico-social se corresponde con el
cambio social, es decir que, como realización, está plenamente subordinado a él
y, por lo mismo se resiste a la voluntad política.
A este respecto, es muy ilustrativo el curso de la República liberal
autocrática venezolana, suerte de híbrido de la monarquía constitucional con la
monarquía absoluta, bajo la égida formal de la República. Mas, tampoco la
monarquía constitucional ha escapado de esta ambigüedad, según una
elocuente comprobación: la reciente transmisión dinástico-constitucional de la
Corona española, dio lugar a siguiente reconocimiento:
“XXXVI ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978
“DECLARACIÓN DE LA GRANJA
“CONSTITUCION: ESTABILIDAD Y CONCORDIA
“En el trigésimo sexto aniversario de la Constitución Española de 1978,
el Partido Popular quiere hacer la siguiente Declaración:
“La Constitución del 78 fue el culmen de un largo proceso constitucional
que comienza en 1812. Con todos los aciertos y todos los errores de los que

13. aprendimos los españoles desde hace casi 200 años, construimos la
Constitución desde la Transición. Todos los grandes avances que contenían
aquellas Constituciones se mejoraron en la de 1978 y se desterraron los errores
de las que eran programas de unos contra otros”.
¿Significaría este reconocimiento que a los españoles les ha tomado dos
siglos ascender, por fin, a la condición de súbditos monárquico-
constitucionales? Pero esta comprobación, ¿nos permitiría estimar el tiempo
histórico requerido para que los súbditos de una monarquía absoluta
adquiriesen la condición de ciudadanos de una república moderna liberal? No
tener conciencia de la dialéctica histórica de continuidad y ruptura, ilustrada por la
transcrita Declaración de La Granja, hizo incurrir a los partidos políticos
democráticos venezolanos en el grave error de desatender el primordial papel
del régimen sociopolítico republicano, como escuela de ciudadanía; al mismo
tiempo que subordinaban esa formación a la promesa de satisfacer necesidades
básicas, descuidando la asimilación de los valores republicanos democráticos.
Lo que hizo de tan injustificable actitud el semillero de la crisis del régimen
sociopolítico por esos mismos partidos instaurado. Quizás venga al caso
recordar una expresión del Miguel Gorbachev empeñado en propiciar el cambio
sicosocial de mayor magnitud y trascendencia del Siglo XX, en la extinta Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS): “Cambiar la mentalidad de la gente
es la cosa más difícil. La perestroika depende de la opinión pública, y ésta es
conservadora.”*
__________________________________
*“Changing people’s mind is the most difficult thing. Perestroika depends on
public opinión, and it’s conservative). International Herald Tribune. París, 5/6/90.
D.- Correlativamente con la desatención de la enseñanza-aprendizaje de
los valores republicanos, se subestimó la virtualidad histórica del militarismo
tradicional, entendido como la conjunción del militarismo militar con el
militarismo civil, bajo la sombra de un pervertido bolivarianismo. Conjunción
que mantiene planteada la necesidad de superar el atavismo monárquico,
socialmente arraigado como propensión al ejercicio despótico del Poder, al
amparo de la práctica de la sumisión como expediente salvacionista para

14. recurso de pobres necesitados convertidos en mendicantes oficiales.
Mas el concepto de propensión ha de ser entendido, en este caso, como la
supervivencia del atavismo monárquico, cuya erradicación sistemática se inició,
propiamente, en 1946, con el rescate de La Soberanía popular, en su permanente
secuestro desde 1828, resultante de la jurídicamente cuestionable dictadura
comisoria de Simón Bolívar, dirigida hacia el fin inmediato de preservar la
independencia de la República de Colombia, mediante la consolidación de su
unidad. El haberle sido confiada la tarea de restablecer la estructura de poder
interna colonial, muy severamente trastornada, en la Venezuela separatista, en
virtud de la alianza entre los militares que no se fueron con Bolívar y los próceres
civiles temerosos de las repercusiones de la orientación moderna liberal, y
eventualmente abolicionista, que tomaba la República de Colombia, sembró el
tutelaje militar-militarista en la Venezuela sólo constitucionalmente
republicana, que prevaleció de manera absolutista hasta el inicio de la
instauración de La República liberal democrática; a partir de lo cual entró ese
militarismo, revistiendo diversos atuendos, en la fase recurrente que hoy
campea.
Parte IV: Entro a tratar de un asunto cuya naturaleza muy compleja me
obliga a justificar mi intento. Este último consiste en proponer una valoración
histórico-crítica de la situación por la que se está forzando a atravesar a la
sociedad venezolana. La dificultad por la que, a mi vez, atravesaré, consiste en
atribuirle algún sentido histórico a esa situación; sobre todo cuando la he
caracterizado como la segunda indigestión del régimen sociopolítico republicano
venezolano, en La Larga marcha de la sociedad venezolana hacia la Democracia.
El así caracterizado episodio que vivimos los venezolanos ha sido
proclamado, por sus responsables, como la verdadera Democracia, la verdadera
independencia; la construcción del socialismo del siglo XXI, y otras cosas. Pero ¿sería
diferente el calificativo a otorgarle si al ubicar la cuestión en la perspectiva
histórica que venimos explorando la enfocáramos como el intento, -por sus
promotores ignorado-, de resolver, mediante la supresión del Estado

15. republicano la antinomia creada constitucionalmente en 1947 y refrendada en
1961, entre un Estado republicano liberal democrático y el mandato
constitucional de promover y conducir cambios políticos de inspiración
socialista? Los indicios son elocuentes. En cuanto al Estado liberal democrático:
secuestro de la Soberanía popular, supresión de la separación de poderes…, en
suma: abolición de la República. En cuanto al mandato constitucional: la
instauración de una parodia fidelista del socialismo estalinista.
A- Quizás sea el aspecto más riesgoso y comprometedor del ejercicio del
oficio de historiador encarar el trance de percibir, en los actores de la tragedia-
drama-farsa histórica, propósitos, aspiraciones y hasta creencias de los que ellos
mismos no tuvieron conciencia. ¿Suponiéndolos en un básico nivel de
racionalidad? ¿Suponiéndoles un apreciable grado de conciencia histórica?
¿Suponiéndolos capaces de correlacionar condiciones, recursos, y aptitud?
Triste resulta comprobar, en la práctica, que lejos de satisfacerse esos requisitos,
o siquiera algunos de ellos, los actores sólo se destacan por la ignorancia de los
mismos.
B.- En un reciente artículo de prensa, titulado “Control del estómago, salud
y mente”, Jurate Rosales publicó en su sección “Ventana al mundo”, la siguiente
valoración del resultado, ya visible, del desenfrenado intento de una
construcción del socialismo del siglo XXI que trastrocó los dos últimos números
romanos, y se ha revelado como una aberración de la utopía:
“La combinación de la propaganda, las necesidades básicas y el
sometimiento, llegan a su punto de máximo control, cuando el ciudadano,
presionado por la penuria y tras horas de colas, sale con una sonrisa de triunfo,
cargando una bolsa con cuatro rollos de papel higiénico. Está feliz por haberlo
conseguido, no piensa que el gobierno ha llegado a controlarlo hasta en la
forma en que ha de cagar.
“La etapa final y culminante, es el poder que el sistema adquiere sobre
cada ciudadano a la hora de electoral. En Venezuela será más difícil para el
gobierno. Pese a todo lo descrito anteriormente, acá pervive todavía la fe en la
democracia, y por más que el gobierno se esfuerce en aplicar artimañas de

16. fijación de fechas, cambio de circuitos, control -por medio del alimento, salud y
mente-, nunca estará seguro de ganar, incluso manipulando las cifras. Hay que
reconocer que existe una subyacente resistencia popular. En Venezuela todavía
están vivas las exigencias propias de todo ser libre”…*
________________________
*El nuevo país. Caracas, 27 de abril de 2015.
C.- Parece, por consiguiente, que lo urgente y necesario es avivar esa
pequeña y poderosa –a la par que persistente-, llama de la Libertad. y ésta se
nutre de principios. He reiterado muchas veces dos comprobaciones extraídas
de la Historia. Y me refiero a la escrita con H grande. Una, bien conocida y
puesta en práctica por los regímenes totalitarios falsarios del socialismo, desde
el estalinista hasta el chavista, pasando por el fidelista, consiste en que la miseria
vital no engendra rebeldía; engendra sumisión, al hacer de la supervivencia la razón
vital. Pero hay otra comprobación, felizmente subestimada o ignorada por los
déspotas de todo pelaje. Consiste en que la limosna no genera lealtad; al faltar se
convierte en rencor. Lo comprobé en Moscú, cuando viví, en La Plaza Roja, la
implosión de 70 años de socio-zarismo.
Conclusión = ¿Consideración final?
La conclusión la están escribiendo, sobre todo, los nuevos actores de la
lucha por la reanudación del régimen sociopolítico republicano liberal
democrático: las mujeres, que están practicando su función política
ejemplarmente; los jóvenes en edad de vivir heroicamente la angustia de su
porvenir; los ciudadanos soldados, que se ven despojados de su ciudadanía
constitucional por mandos descalificados en lo institucional; y la Iglesia
cristiana católica, que cumple ejemplarmente su contrato con la Democracia.
Esto me induce a incurrir en la incorrección metódica de permitirme
reemplazar la conclusión por una consideración final: habida cuenta de lo dicho,
ratifico mi certidumbre histórica de que, prosiguiendo en La Larga marcha de la
sociedad venezolana hacia la Democracia, en unas dos generaciones ella será la
primera sociedad genuinamente democrática de América latina.

17. Caracas, mayo de 2015.

18. LECTURAS RECOMENDADAS
Primer texto:
Sobre la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado
(COPRE).
Decreto 403, de 17 de diciembre de 1984.
Segundo texto
CALDERA, Rafael. Gerente del Estado. Los desafíos de la gobernabilidad
democrática. (Biblioteca Rafael Caldera). Presentación de Fernando Luis Egaña.
Caracas, Cyngular, 2014.
Tercer texto:
Carrera Damas, Germán. Sexta conferencia: Tardía institucionalización del Estado
Liberal democrático en el marco del desarrollo dependiente de la implantación (1958-1974). Una
nación llamada Venezuela.
Cuarto texto:
------------------------------- Séptima conferencia: Problemas históricos de Venezuela
contemporánea. Proposición metodológica. Prospectiva del proceso socio histórico de Venezuela
contemporánea. Una nación llamada Venezuela.
Quinto texto:
Carrera Damas, Germán, “Capítulo II. El proyecto de reforma integral del Estado
dentro del contexto histórico: sus objetivos.” La reforma del Estado. Proyecto de reforma
integral del Estado. I. Caracas, Comisión Presidencial para la Reforma del Estado,
1988.
“El proyecto de reforma integral del Estado
dentro del contexto histórico: sus objetivos.”*
1.- La coyuntura histórica en la cual se formula el proyecto de reforma
integral del Estado.
La comprensión del proceso de planteamiento y promoción de la
reforma del Estado debe apoyarse en una ponderada evaluación de las
circunstancias en las cuales se desarrolla. Es lo que desea significar la expresión
“coyuntura histórica”.
Para no correr el riesgo de confundir los orígenes y desvirtuar los
propósitos de ese proceso, es necesario satisfacer los siguientes requisitos:
a.- Mediante el rescate y la puntualización de la historicidad del
propósito de reforma del Estado, se le despoja de todo viso de arbitrariedad y
de oportunismo.
b.- Por la misma vía será posible poner al servicio del actual proyecto
todos los intentos que, aunque de desigual naturaleza, son relacionables con él.
c.- Igualmente, se contribuye a la consolidación de este nuevo intento de

19. reformulación sistemática del proyecto nacional en la conciencia social.
El nuevo planteamiento y el decidido impulso de que ha sido objeto el
propósito de reforma del Estado, no obedecen a una decisión impetuosa o
fortuita. Por el contrario, se inscriben en un curso histórico claramente fijado a
partir de la formulación del proyecto nacional venezolano, en los términos de
alcanzar un Estado Democrático y Social de Derecho.
El Decreto de Garantías dado por el General Juan Crisóstomo Falcón en
1863, y la Constitución Federal de 1864, marcaron el inicio de un curso
histórico, siendo ellos mismos, a la vez, la culminación del debate que se abrió
con la Constitución de 1811. Unas veces en los congresos, otras en los campos
de batalla, pero siempre en la prensa, ese debate recogió la riqueza ideológico-
política del siglo XIX venezolano. Se fue preparando una convergencia de la
escindida clase dominante que, esbozada con motivo de la Revolución de Abril
de 1858, culminó con el Tratado de Coche, de 1863, luego de la Guerra Federal,
y se consagró con la inicial política del gobierno de la Federación.
En cierto modo, algunas de las reformas guzmancistas, y seguramente
las recogidas en el Programa de Febrero de 1936 y en la Constitución de ese
mismo año, si bien se insertaron en el tronco básico del Estado Liberal,
marcaron la necesidad de enmiendas y reformas cuyo sentido final ha sido el
de desarrollar un Estado Democrático y Social de Derecho. Ese contenido había
sido reducido al mínimo, si algo de él subsistió, en el lapso 1899-1935.
Generalmente, cuando se evalúa este período se cometen dos errores. Se
le hace homogéneo, y se le estima, además, constante en sus rasgos principales.
Por otra parte, suele olvidarse que la noción de autocracia liberal no es un
contrasentido conceptual. La primera reformulación sistemática del proyecto
nacional, diseñada durante el período 1945-1947, y comenzada a practicar en
1948, si bien naufragó en una década dictatorial, mantuvo su intenso valor
programático, como punto de referencia para las definiciones políticas de todo
orden. La persistencia de este programa frente a prácticas represivas orientadas
hacia su erradicación, puede ser tomada, a un tiempo, como una clara
expresión de la legitimidad del intento, en el sentido de su correspondencia con
los requerimientos sociales, y como una lúcida percepción de lo que habría de
ser el desenvolvimiento de la sociedad venezolana.
La reformulación sistemática del proyecto nacional, iniciada en 1958,
plasmada en la Constitución de 1961, y puesta en práctica desde entonces, ha
tenido el sentido esencial de institucionalizar el Estado democrático vigente. El
consenso alcanzado en esa oportunidad puede ser interpretado, en parte, como
producto del horror a la dictadura. Sin embargo, el tenor del instrumento
constitucional producido no sólo continúa y amplía el programa de 1945-1947,
sino que desborda creativamente el marco del Estado liberal democrático en la
esfera de los derechos económico-sociales y promueve un Estado Democrático
y Social de Derecho.

20. A partir de 1984, y por mandato del Decreto Ejecutivo de creación de la
Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, se ha emprendido una
nueva reformulación sistemática del proyecto nacional. Si bien ese intento tiene
como antecedentes una secuencia de iniciativas y diseños de reformas
administrativas más o menos amplias, se singulariza por el carácter expreso de
su cometido principal: elaborar un Proyecto de Reforma Integral del Estado,
PRIE, en el marco de un amplio propósito de estímulo del desarrollo
democrático de la sociedad.
Se abandonó, con ello, la estrecha creencia en la viabilidad de una
reforma administrativa conseguida al margen de una reforma política y, más
aún, social. El mérito primordial de la empresa acometida es que concierne al
proyecto nacional como totalidad.
El PRIE no significa una ruptura, tampoco una intrusión, en la línea
evolutiva del proyecto nacional. Por el contrario, las reformulaciones que lo
componen expresan, cabalmente, la satisfacción de demandas generadas por el
propio proyecto nacional en su prolongada realización histórica.
Una característica fundamental de esta reformulación es la de potenciar
cambios ya ocurridos o en curso. Al conducir a la correspondiente toma de
conciencia, se convierte en factor desencadenante del proceso global.
La diferente naturaleza de este nuevo proceso brota directamente del
ejercicio de lo que se busca potenciar mediante la reformulación: la Democracia
como principio del sistema.
Quizá sea este hecho lo que ha permitido alcanzar un nivel de
concertación y un grado de consenso nunca antes logrado. Este solo rasgo
diferencia claramente el actual proceso del Programa de Febrero y del Pacto de
Punto Fijo, pese al notable contenido social del primero y la eficacia política del
segundo.
El PRIE no ha sido diseñado frente al Estado-gobierno, sino que se ha
promovido, e incluso institucionalizado, por éste, mediante la creación de la
COPRE.
La creación de la COPRE, su concepción y funcionamiento, marcan un
alto nivel de creatividad en el sistema político; y bien pueden ser tomados
como signos de vitalidad del proyecto nacional que se busca reformular. No
sólo cabe destacar este signo de vitalidad, sino también el hecho de que le fuese
confiada tan delicada materia a un órgano que, por su constitución, reproduce
el tejido social. Los miembros de la COPRE fueron convocados para pensar con
libertad, afincados en un sentido del deber esencialmente patriótico.
No es fácil hallar ejemplos de un Estado-gobierno que al tomar la
iniciativa de una reformulación integral del proyecto en el cual el mismo se
inscribe, de hecho vigoriza su legitimidad al promover su más amplia y

21. profunda fundamentación.
El PRIE emana directamente de la sociedad, y esto sin detrimento del
papel desempeñado por el Gobierno. Importa mucho comprender esta
aparente contradicción para apreciar la incuestionada legitimidad del proceso
de elaboración del proyecto, y la fuerza que éste ha derivado de la conciencia
política y la opinión pública.
La forma como la COPRE interpretó su mandato y lo ha venido
cumpliendo, debe ser señalada como expresión clara de este rasgo. La
representatividad, el consenso democrático que rige sus trabajos, y la dialéctica
misma de sus relaciones con el Estado, son prueba de la autonomía con que se
ha elaborado el PRIE.
El estímulo a la participación, y el recurso constante a la opinión pública,
han reforzado la forma autónoma como la COPRE ha interpretado y ejercido su
mandato. A la vez la ha rodeado de un singular consenso legitimador de esa
autonomía. No se ha creado confusión con los órganos del poder público, ni
con los partidos políticos, en lo que se refiere a roles y competencias. La COPRE
ha tenido siempre presente su condición de órgano asesor de la Presidencia de
la República, sin omitir que lo inédito de su función ha hecho necesarios
procedimientos de ajuste y planteado algunas dificultades en su marcha.
2.- Caracterización histórico-jurídica de la coyuntura en la cual se gesta
la reformulación sistemática del Proyecto nacional.
Definir este contexto es una operación de conocimiento clave para
comprender la dinámica del proceso y evaluar su alcance. Ello permite captar,
situándolo en esa perspectiva, el sentido de la modernización eficiente del
Estado y de la democratización profunda y amplia de la sociedad. Rodeando
estas consideraciones están dos objetivos que por tácitos no son menos
perceptibles. Ellos son el de asegurar la permanencia del sistema, haciendo
funcionar en condiciones controladas su capacidad de perfeccionamiento, y el
prevenir presiones asociables con la violencia, en cualquiera de sus formas.
Hay, pues, un propósito de cambio dentro de la estabilidad.
Ha sido este el curso seguido por las democracias desarrolladas. Ahora
bien, no faltará quien rechace la idea de que se busque prevenir traumas
sociales, como los que han puesto a sociedades cercanas en un trance de
disolución política y social.
La caracterización histórico-jurídica de la coyuntura en la cual se gesta
esta reformulación sistemática del proyecto nacional, está dominada por la
tardía y débil institucionalización del Estado Democrático y Social de Derecho.
El Estado liberal busca institucionalizarse cuando el cambio social ya ha
generado situaciones y conflictos cuyo tratamiento político se inspira en fuentes
ideológico-políticas y jurídico-constitucionales ajenas, e incluso contrapuestas,
al liberalismo democrático, particularmente en lo que concierne a los derechos

22. sociales y económicos.
La tardía institucionalización del Estado Democrático y Social de
Derecho en Venezuela ha tenido como consecuencia la inadecuación entre el
sistema jurídico-político y el sistema jurídico-social de la estructura de poder
interna. Por el primero se entiende el conjunto orgánico de normas y de
relaciones sociales concretas que rigen el proceso de formación, ejercicio y
finalidad del poder político. Por el segundo, el conjunto de normas y de
relaciones sociales concretas que rigen los procesos de reproducción de la
sociedad en lo concerniente a personas, bienes y valores culturales.
El estancamiento político durante el gomecismo, la cicatera apertura
política subsiguiente y la detención drástica de este proceso político entre 1948
y 1958, causaron un gran retardo histórico en la institucionalización del Estado
Democrático y social de Derecho. Cuando éste se inició de manera sistemática,
en 1961, lo hizo en contraste con una concepción del sistema jurídico-social que
debe más a las corrientes socialistas que a las liberales. Más aún, las
circunstancias históricas condujeron a poner todo el esfuerzo social en la
institucionalización del sistema jurídico-político, porque ello se correspondía
con la aspiración social, fuertemente interiorizada, de un orden político
democrático.
Dicho proceso tuvo también repercusiones directas en el sistema
jurídico-social, causándole un fuerte retardo e impidiendo que ejerciese presión
sobre el sistema jurídico-político estimulando su modernización. De allí la
insuficiencia de los factores de cambio, en lo social, todavía perceptible en el
incipiente grado de sus organizaciones.
Asimismo, este rezago llevó a concebir un instrumento corrector: la
planificación, entendida ésta como el mecanismo idóneo para procesar la
correspondencia entre satisfactores y necesidades, mediante la asignación
racional de los recursos y la promoción de su incremento. Hoy puede afirmarse
que este instrumento ha sido insuficiente para el cumplimiento de ese
cometido.
Por otra parte, los mecanismos de acción política han compensado la
carencia de los mecanismos de acción social, que hubieran podido subsanar con
su acción las fallas de la planificación, generándose con ello verdaderas
aberraciones que hoy militan contra el crédito de la Democracia. En buena
parte, la insuficiencia de los instrumentos previstos para compensar la
contradicción consagrada por la tardía institucionalización del Estado liberal
democrático, y su acentuación, debida sobre todo al lento desarrollo del sistema
jurídico-social, han hecho necesario el PRIE, y han aumentado la urgencia de su
puesta en aplicación.
La concepción del PRIE se apoya en el postulado de que la reforma del
sistema político es requisito para el desarrollo de la sociedad. Esta convicción
no se asienta, sola ni fundamentalmente, en una razón teórica. La experiencia

23. histórica venezolana permite afirmar que existe una relación de causalidad
entre la evolución democrática del sistema político y el relativo desarrollo
correspondiente del sistema social. La experiencia de 1945-1948 es ilustrativa a
este respecto: desde el Estado se desencadenaron procesos de cambio social que
carecían de apoyo previo o activo.
La correlación entre la descentralización político-administrativa y el
desarrollo social actúa como uno de los principios motrices del PRIE. Es un
hecho comprobado que en el marco de la fuerte centralización actual,
desbordada por el crecimiento y el desarrollo económico, se han generado
varios centros que presentan un nivel avanzado de desarrollo social. Sin
embargo, parece no requerir comprobación el supuesto de que la continuidad
y el incremento de los casos ya dados, así como la generalización del fenómeno
a toda la sociedad, requiere de la descentralización. A ésta contribuye
decisivamente una reformulación del sistema jurídico-político.
La participación democrática, más amplia y profunda, al fortalecer la
representación como matriz del sistema político, constituye un mecanismo
bidireccional, pues revierte el compromiso sobre la sociedad, induciéndola a
enriquecer y afinar, fortaleciéndolos, los mecanismos mediante los cuales se
expresan y se promueven las aspiraciones socioindividuales. El resultado
esperado será un notable incremento de la organización social, para hacer más
eficaz la participación política democrática.
Las reformas del sistema político que amparen la expresión y la
promoción de los intereses socioindividuales, harán verdadero y operativo el
ejercicio de su porción del poder social por los diversos sectores y clases
sociales. A su vez, tal ejercicio debe ser visto como un activo factor de
concientización social.
El logro de un Estado moderno y eficiente está vinculado con la
presencia de una sociedad democrática más amplia y participativa; y viceversa.
La experiencia histórica venezolana no es concluyente en este sentido, pero la
consideración de los cambios operados en nuestra sociedad permite percibir en
la práctica social cursos de cambio que no hallan el espacio correspondiente en
el actual sistema político.
En este orden de ideas, la reforma contribuye a dotar a cada ciudadano
de una cuota básica de poder social, y de canales idóneos a partir de los cuales
pueda desarrollar su capacidad de preservar y ampliar sus derechos
constitucionales, así como incrementar su capacidad de contribuir a la
conducción de la sociedad.
Igualmente, es propósito del PRIE crear las condiciones propicias para la
formación y preservación de la capacidad social, en la cual se fundamenta la
participación política democrática. Con tal propósito es necesario diseñar vías
para alcanzar una equitativa distribución del ingreso, allanar los caminos hacia
la propiedad, y erradicar la pobreza crítica. La experiencia histórica de la

24. Humanidad toda parece indicar que pobreza y democracia son términos que
ser avienen mal.
El logro de los objetivos antes expuestos, conlleva el consiguiente
aumento de su capacidad de funcionamiento como impulsor de la evolución
del sistema político. Para ello es necesaria la plena incorporación a la vida
social y, por ende, a la política, de distintos sectores que hasta ahora han
permanecido en situación de precaria incorporación, como es el caso de los
nacionalizados, los marginales y los indígenas, entre otros, todavía
insuficientemente participativos en el proyecto nacional como agentes activos.
3.-Alcance histórico de la reformulación del Proyecto nacional.
El alcance del PRIE está dado por su sentido de reafirmación del Estado
Democrático y Social de Derecho. Tal reafirmación consagra la que ha sido
permanente aspiración desde la fase de la formulación inicial del proyecto
nacional, a partir de 1811. Esa aspiración de justicia social no sólo ha persistido
aun en las condiciones estructurales más adversas, es decir cuando existía una
sociedad escuálida, agobiada por la ignorancia, la enfermedad y la
arbitrariedad en todos sus niveles y modalidades, sino que ha sido capaz
también de superar los largos trances dictatoriales.
La persistencia del propósito y la constancia del mensaje doctrinario, a
través de los canales educativos formales e informales, han radicado en la
sociedad venezolana una voluntad democrática siempre reivindicada tras los
eclipses padecidos, y hasta ahora tenazmente renuente ante nuevas
solicitaciones. Por ello, importa mucho deslindar este proceso de reforma del
Estado, del conjunto de “medidas de emergencia” suscitadas por la crisis
económica que padecemos desde hace una década y por el peso de la deuda
externa. Éstas han estimulado el proceso, pero no lo han determinado.
La inserción del PRIE en esta línea de desarrollo histórico es la clave de
la viabilidad del intento, así como el determinante de las actitudes sociales ante
el mismo. Es de primordial importancia que se entienda el sentido de esta
inserción, porque de su comprensión pueden derivarse, alternativamente,
desaliento o serena confianza, como resultado de la confrontación de los
propósitos con los interese sociales.
Cabe tener presente que la reformulación del proyecto nacional, a la cual
entiende contribuir el PRIE, es un proceso político global que moviliza muy
diversos y numerosos factores de poder social. El PRIE ha sido diseñado para
que conforme una directriz de referencia, a fin de que el libre juego de esos
factores de poder social se realice con mayor facilidad y concreción. La
comprensión de este papel es lo que legitima la aspiración de integralidad del
PRIE. Ésta debe ser entendida como una decisión de basar el diseño propuesto
en un conjunto de líneas maestras, cuya potencialidad las lleve, al desarrollarse,
a integrar la red de relaciones institucionales y sociales que conforman el
Proyecto Nacional. Ese desarrollo del potencial de las líneas maestras será el

25. resultado del juego de los factores de poder, a lo largo del proceso. La
integralidad no debe ser entendida como predeterminación detallada del curso
que habría de seguir la sociedad venezolana.
Por obra de la comparación histórica, siempre cargada de riesgos, pero
legítima vía de avaluación del alcance de proyectos y situaciones, es posible
afirmar que la presente reformulación del proyecto nacional venezolano no
reviste el carácter de trance histórico mayor, como lo fueron, en cambio, el
tránsito dese le sociedad monárquico a la republicana, y la subsiguiente
reorientación de esta última. La carga de conflictos, traducida en violencia
social, que acompañó esos trances históricos mayores del pasado, no está
presente hoy. Ello se explica porque la actual reformulación se plantea a partir
de un régimen democrático, y no lleva consigo ninguna modificación esencial
del sistema político, sino que propende a su perfeccionamiento.
La presente reformulación es una instancia de un prolongado proceso, y
revista el carácter de una necesidad histórica, percibida por la totalidad social.
Estas condiciones hacen que en el curso del proceso se inserten otras líneas de
acción social de menor duración, pero que pueden llegar a tener gran
intensidad, estableciéndose de esa manera correlaciones que inciden en el
proceso, acelerándolo o retardándolo, afinándolo o perturbándolo. No es
posible concebir otro curso históricamente más válido dentro de la concepción
democrática.
Este proyecto se recomienda no sólo por su racionalidad, su necesidad y
urgencia, sino también por la proyección con que ha sido concebido. Un
proceso de esta naturaleza mueve razones, pero también lesiona intereses. Sin
que pueda establecerse una ponderada similitud, no es del todo ocioso señalar
que la racionalidad, la necesidad y la urgencia del tránsito de la monarquía a la
república, combinado con el de la colonia a la independencia, fueron
demostradas con lujo de razones políticas, filosóficas e incluso teológicas; y aun
así requirieron catorce años de guerra y todavía hoy hay quien estime que fue
un cambio prematuro.
Finalmente, todo el proceso se concibe bajo la égida de la más amplia y
profunda participación democrática. De ello depende la viabilidad del PRIE, en
la práctica social y política. Con este enfoque debe velarse porque el debate en
torno al PRIE se realice en un plano de alta racionalidad, apoyada en el uso
persuasivo de la información y en la práctica honesta del derecho a disentir,
parte esencial de la convivencia democrática.
4. Los objetivos del Proyecto de Reforma Integral del Estado.
Hechas estas consideraciones estratégicas acerca de las circunstancias en
las cuales se plantea la reformulación del proyecto nacional, cabe puntualizar
los objetivos del PRIE como eje de ese proceso:
1. El PRIE propone proyectar los logros de un modelo y compensar lo

26. que de él se haya agotado. Esta es una circunstancia que reviste el más alto
valor, por cuanto es el factor concluyente diferenciador entre esta
reformulación del proyecto nacional y las precedentes, las cuales pueden ser
colocadas bajo el signo de la aceleración de un reticente proceso
democratizador (1945-1948), y de su restauración (1958-1961). Es el propio
desarrollo del Estado Democrático y Social de Derecho lo que hace necesario y
posible el PRIE.
El PRIE es concebido y elaborado en momentos cuando la situación
política global del mundo arroja una balance favorable al Estado democrático.
Los pronóstico negativos acerca de él, formulados en América Latina sobre
todo en la década de 1960, han resultado infundados. A su vez, las expectativas
surgidas a favor de otros modelos, no han arrojado un balance particularmente
estimulante.
Las comprobaciones precedentes, sumadas al desarrollo europeo y al
curso seguido por los regímenes liberal-democráticos en diversas partes del
mundo, destacando para el caso la experiencia venezolana en América Latina –
en contraste con las solicitaciones extremas, militar-desarrollistas, militaristas
tradicionales, corporativistas, entre otras-, permiten refrendar la convicción de
la perfectibilidad del Estado Democrático y Social de Derecho y la confianza en
su capacidad de auto perfeccionamiento y desarrollo.
La cuestión clave en estas consideraciones acerca de la vitalidad del
modelo de Estado democrático, en el caso venezolano, es que ha sido
precisamente su capacidad para generar, auspiciar o estimular cambios socio-
históricos, lo que hace necesaria la reformulación del proyecto nacional. Es
decir, que ésta es una proyección de los logros del modelo. Tal es el resultado
de una evaluación que no se apoya en el ”deber ser” teóricamente definido,
sino en una operación crítica que correlaciona las nociones de “Tiempo
histórico”, “Base de partida”. “Capacidad de supervivencia de vicios y
dificultades” y “Potencialidad demostrada”.1 (1.- Véase: Germán Carrera
Damas, “Venezuela: ¿Crisis financiera=crisis del Estado?”, publicado en Estado
y Reforma No. 1. Ediciones COPRE. Caracas, 1986, p. 99). Tan sólo para ilustrar
este último punto téngase en cuenta que en tres de diez décadas se ha logrado:
liquidar el régimen dictatorial de diez años, resolver el conflicto político-
guerrillero, nacionalizar las industrias del hierro y del petróleo,
institucionalizar el Estado Democrático y democratizar las Fuerzas Armadas,
entre otros resultados fundamentales.
2. El PRIE busca democratizar, con profundidad y amplitud, los
mecanismos generadores del poder, sea éste social o político; es decir,
perfeccionarlos en su esencia democrática. Con ello se entiende corregir la
orientación que durante las tres décadas transcurridas ha estado concentrada
en la consolidación del Estado Democrático y Social de Derecho, para lo cual se
ha incurrido en un costo social y aun político que ya resulta incongruente con
los logros del modelo.

27. El procedimiento democrático generador del poder político puede ser
considerado como arraigado. Ya no puede suponérsele como algo arraigado o
transitorio, si bien la experiencia histórica, y en particular la latinoamericana,
prueba que en torno suyo debe estarse en constante alerta, tanto para prevenir
su anquilosamiento, como para enfrentar supuestos salvadores. Por ello, en la
reformulación de este aspecto del modelo se requiere la mayor suma de cautela
histórica.
Las proposiciones extrañas o contrarias al régimen democrático han sido
consecuentemente rechazadas mediante el empleo de los recursos provistos por
el propio modelo, y que abarcan desde lo represivo hasta la persuasión política.
Las confrontaciones electorales, genuinamente democráticas, legitiman esta
consideración. Quienes proclaman su crisis, y aun su agotamiento, deben
reflexionar sobre el hecho de que éste no ha estado corto de recursos como para
caer en la dictadura, aun de naturaleza comisoria.
La participación de la totalidad social en este proceso es la más directa
consecuencia de este curso de afirmación del Estado democrático. A esta
totalidad social fueron confiadas, en última instancia, la subsistencia del mismo
y su defensa. Consecuentemente, se ha desarrollado una aspiración de
participación política acrecentada que demanda estímulos, nuevas áreas de
realización y canales más expeditos para expresarse.
3. El PRIE se propone corregir las relaciones entre el Estado y la
sociedad, vinculando a la sociedad, más estrecha y eficazmente, no sólo con los
mecanismos de formación sino también con los de ejercicio y de finalidad del
poder. El logro de este objetivo habrá de significar un gran paso hacia delante
en el perfeccionamiento del Estado Democrático y Social de Derecho, y a la vez
un gran impulso al proceso, por diversos respectos primordial, de
conformación de una sociedad genuinamente democrática.
Se han venido creando las condiciones para corregir la pasividad social
que ha caracterizado hasta el presente la relación entre el Estado y la sociedad.
Lo que es más, todo apunta hacia la necesidad de un esfuerzo sostenido y
eficaz para enderezar esa relación, volviéndola auténtica expresión del
predominio de la sociedad sobre el Estado, no por rechazo de éste sino por
fortalecimiento de la primera. Así lo determinan: la presencia excesiva del
Estado, que lo torna ineficaz y estorba su desarrollo; el más alto grado de
complejidad alcanzado por la sociedad; el surgimiento o la agudización de
problemas fundamentales que sólo pueden ser encarados socialmente. Entre
ellos están la contaminación y deterioro ambiental; el tráfico y consumo de
estupefacientes; la delincuencia e inseguridad; la marginalidad urbana y el
deterioro de los subsistemas educativo y sanitario; entre otros.
La corrección de las relaciones entre la sociedad y el Estado, para que
sean realmente un eficaz instrumento de mejoramiento social y de
perfeccionamiento político, exige que la aspiración de participación

28. democrática trascienda la esfera de los mecanismos de formación del poder y
se realice en el ámbito de ejercicio y la finalidad del mismo. Pasó la época de las
llamadas “campañas de concientización”. Su no desdeñable aporte en forma de
peso social puesto tras las políticas emanadas del Estado, ha de cambiarse por
modalidades de participación activa, de autogestión, fruto de la iniciativa social
responsable, en primer lugar, ante sí misma.
En suma, el desarrollo democrático de las relaciones entre la sociedad y
el Estado significa, esencialmente, presencia y participación social, no sólo
creciente sino también genuina, en el ejercicio y la finalidad del poder público.
En segundo lugar significa que el poder público debe estar abierto al papel
necesariamente autónomo que habrá de jugar esa presencia; así como también
al libre juego de sus modos y medios de expresión. De esta manera la presencia
democrática de la sociedad pondrá humildad en un sistema político que en no
pocos casos ha sido tentado por la prepotencia.
4. El PRIE se propone contribuir a replantear los términos básicos del
juego político venezolano en concordancia con lo observable en el mundo
contemporáneo, centrándolo en la administración eficaz, pero democrática, de
recursos limitados, de suyo o coyunturalmente. El factor carismático, de
incuestionable vigencia socio-histórica, tendrá que vincularse cada vez más,
por propia capacitación o mediante imprescindible asesoría, en una concepción
administrativa de la política: después del mitin, la plaza ha de ser barrida.
En la visión de sí misma que ha tenido la sociedad venezolana, se ha
operado un cambio, si se quiere brutal, que encierra una gran potencialidad
conceptual. Se ha pasado de un funcionamiento basado en una presunción de
recursos no limitados, a otro basado en la certidumbre de la limitación, actual o
a corto plazo, de recursos naturales: tierra agrícola, bosques, aguas, energía,
entre otros.
En virtud de esta certidumbre, a la que se ha llegado casi sin transición
luego de haber desdeñado durante años advertencias ilustradas, la política
tendrá que dejar de ser, cada vez más, un ejercicio de conducción de hombres
para volverse uno de administración de recursos. Ahora bien, la naturaleza y la
magnitud de las dificultades que determinan ese tránsito requieren, no sólo de
una esencial conversión del sistema político contemplado en el proyecto
nacional, sino también de una conversión semejante del sistema social. A
manera de ejemplo: si Venezuela es hoy, seguramente, uno de los países que
tiene más posibilidades de sortear la crisis económica, ello se debe tanto a los
recursos de que dispone como al tratamiento genuinamente democrático del
problema.
Un Estado moderno y eficaz, como el que propone erigir el PRIE, en el
marco de una sociedad amplia y profundamente democrática, debe apoyarse
en un intenso y vasto desarrollo social y ser su cabal expresión. De otra manera
la vocación tecnocrática vinculada con el abuso de los criterios de eficiencia y

29. modernidad, puede tender a conformar ese Estado en detrimento de la
democracia, de lo cual no faltan ejemplos históricos. La presencia decisoria de
la sociedad en sus relaciones con el Estado se vuelve, de esta manera, clave del
desarrollo del conjunto y, por ende, del éxito de la reformulación del proyecto
nacional.
5. El PRIE se propone contribuir al despeje y ensanche de los canales
mediante los cuales se hace posible la participación social, ampliada y
profundizada, en el ejercicio de la democracia y en la determinación de los
grandes objetivos sociales. La experiencia venezolana no autoriza a desconfiar
de la aptitud del sistema político para determinar esos objetivos, pero la
complejidad y la vastedad de la nueva problemática contemporánea hacen
necesario reforzar esa aptitud con el concurso consciente y activo del todo
social.
Está planteada la concordancia del sistema jurídico-político, factor
constitutivo del proyecto nacional, con el cambio social ya ocurrido, e incluso
para propiciarlo y anticiparlo. En este sentido debe prestarse especial atención
a la articulación entre las políticas nacionales, necesariamente globales, y las
regionales, más específicas. De una sociedad poco menos que reducida a ser un
cuerpo indiferenciado, regido por una cabeza única, la sociedad venezolana
actual ha pasado a ser un organismo nacional integrado por diversos centros de
decisión social, que necesitan para su desenvolvimiento y desarrollo canales
políticos apropiados, no como forma de diferenciarse ni de distanciarse entre sí,
sino de concurrir a la formulación realista de políticas globales.
La reformulación del proyecto nacional, situada en esta perspectiva,
presenta otro rasgo de novedad: ya no se propone inducir la sociedad a seguir
pautas predeterminadas por la racionalidad política, aunque estuviesen muy
bien fundadas en la experiencia histórica, como ha quedado demostrado. Se
propone, en cambio, abrir el sistema político a la innovación social a través de
la participación. Por ejemplo, ya no se tratará sólo de elegir democráticamente,
garantizando en lo posible la representatividad y la responsabilidad del electo
respecto del elector. A este último le tocará ejercer una suerte de derecho previo
escogiendo a quienes puedan aspirar a ser electos.
Los retos que se vislumbran son de tal condición y magnitud, que el
enfrentarlos con alguna posibilidad de éxito requiere de una mayor, y hasta
decisiva, participación de la sociedad en la determinación de los grandes
objetivos sociales. Para ello no basta con el mandato democrático actualmente
practicado, sino que parece necesario institucionalizar modos de consulta
directa y específica de la sociedad, compaginando sus resultados con la
conducción social democrática institucionalizada.
4.6. El PRIE se propone contribuir a capacitar mejor la sociedad para que
pueda enfrentar exitosamente riesgos actuales o inminentes, y abrirse con ello
el futuro. Consciente de los riesgos implícitos en todo ensayo de prospectiva,

30. su necesidad, sobre todo en un proceso de reformulación del proyecto
nacional destinado a incidir en el curso ya esbozado en la sociedad, parece
ineludible enclavar al PRIE en lo que podría denominarse la proyección
prospectiva. En este sentido cabría diferenciar modalidades en los riesgos a los
cuales se hace referencia, centrando la atención en aquellos que no sólo parecen
tener una prolongada vigencia sino también una tendencia a agravarse.
Es posible componer un cuadro de los riesgos que se ciernen sobre la
democracia venezolana, agrupándolos en función de criterios explícitos. En
función de ese cuadro, y a manera de síntesis no sólo de ellos sino también del
tiempo histórico en que se insertan, es posible concluir que la peor postura para
enfrentarlos sería una que desvirtuase y desalentase la participación política, y
que estuviese dominada por el temor a la presencia creativa de la sociedad.
Como vía para alejar la posibilidad de esa inconveniente postura se ha
concebido la renovación de los instrumentos disponibles o requeridos para
enfrentar los riesgos apuntados, acuciados quizá por la fundada preocupación
de que la pérdida de eficiencia de los medios actualmente empleados conduzca
la conciencia pública hacia la expectativa, nunca desdeñable, de intervenciones
salvadoras; o, en el menor de los casos, que la lleve a reivindicar viejas
fórmulas ordenadoras. En pocas palabras, de un Estado policial, como recurso
desesperado de una sociedad privada de mecanismos de auto preservación, o
contrariada en el uso de los mismos. No debemos olvidar que el fascismo fue
popular antes de ser declarado el enemigo de los pueblos.
Pero el descubrimiento de la potencialidad creadora de la sociedad, es
requisito indispensable para el cumplimiento de una tarea todavía más ardua:
la que se desprende de la obligada concurrencia, con alguna posibilidad de
supervivencia decorosa, en un escenario mundial caracterizado por demandas
y retos que ya son en parte previsibles y que superan, con mucho, los recursos
y disponibilidades actuales.
5.- Las amenazas al régimen democrático.
De manera general, puede afirmarse que las amenazas que se ciernen
sobre la democracia en Venezuela deben ser apreciadas en una perspectiva
social estructural. Con esto se quiere significar que si bien guardan una
estrecha relación con el sistema o régimen político, su vínculo esencial es con la
evolución de la sociedad, con el estado histórico de su desenvolvimiento y con
el contexto internacional. Esto permite afirmar, entre otras cosas, que tales
amenazas se ciernen sobre la democracia en este momento, pero que de manera
igual o semejante pueden hacerlo y lo hacen sobre otros sistemas políticos. En
tales casos, lo que distingue a los sistemas políticos es el modo de encarar los
problemas o amenazas; entendiendo por ello desde la conceptualización de los
mismos hasta los recursos y los procedimientos movilizados para encararlos.
Parece posible clasificar las amenazas que se ciernen sobre la sociedad
venezolana, y sobre su régimen democrático, atendiendo a dos criterios básicos,

31. cuya presencia, aislada o combinadamente, permite diferenciar entre: a) las
amenazas que tienen entidad específica, que son individualizables; y las
amenazas que tienen el carácter de resultantes de la combinación de dos o más
factores individualizables o del juego del conjunto de los mismos; y b) las
amenazas frente a las cuales la sociedad venezolana tiene una capacidad de
acción, en acto o en potencia, relativamente alta; y aquellas amenazas frente a
las cuales esa capacidad es reducida o está subordinada a esquemas de
cooperación o competencia internacionales.
Las amenazas frente a las cuales la sociedad venezolana tiene una
capacidad de acción, en acto o en potencia, relativamente alta y autónoma,
tienen que ver con:
1.- La marginalidad, entendida como participación escasa, insuficiente o
decreciente, según las siguientes modalidades: Económica, expresada, entre
otras cosas, como debilidad del mercado interno; Social, como insuficiencia de
la sociedad civil; Política, como distorsión o deterioro de la participación; y
Cultural, como acceso deficiente o viciado a las estructuras y a los productos
culturales.
2.- El desempleo, en su diversidad de situaciones y de correlaciones: en
función de la dinámica económica interna y en función de la atracción de mano
de obra y de destreza.
3.- La ineficiencia, entendida como la incapacidad para manejar los
cambios de escala, en lo interno, y como incapacidad de articulación con el
exterior, y expresada como: insuficiencia de recursos humanos y como mal uso
de los mismos.
4.- El agotamiento de los recursos naturales no renovables y el deterioro
del ambiente, percibidos como: disminución acentuada de las disponibilidades
de agua; destrucción de los bosques; y agotamiento de la tierra agrícola de
primera, por uso urbanístico o industrial y erosión.
Las amenazas respecto de las cuales la capacidad de acción de la
sociedad venezolana es menor, o está condicionada determinantemente por
esquemas de cooperación o de competencias internacionales, tienen que ver
con:
1.- Las migraciones no controlables. Vale decir que no lo son, y que
probablemente no podrían serlo, ni en su origen ni en su ingreso, situación que
se expresa en los siguientes términos: las migraciones no controlables como
factor de deterioro de la calidad de vida; como factor de desquiciamiento social,
y como factor de la rigidización del sistema político.
2.- La internacionalización de violencia, en sus modalidades
frecuentemente vinculadas: desestabilización y desorganización política y
social en áreas vecinas o relacionadas.

32. 3.- El tráfico de estupefacientes, como uno de los problemas más
serios que ha tocado enfrentar en los últimos tiempos, que se ha convertido en
un asunto de difícil contención, que desafía abiertamente nuestros países. Su
erradicación amerita acciones efectivas que van mucho más allá del esfuerzo
nacional aislado. El narcotráfico es una manifestación internacional que debe
ser abordad en el marco de la cooperación internacional.
Las amenazas resultantes de la combinación de dos o más factores
individualizables o del juego del conjunto de los mismos, tienen que ver con:
1.- La corrupción, entendida como una práctica social: cambio y
“desarrollo” en la corrupción; escala y modalidades; internalización social de la
corrupción; formas toleradas y hasta “institucionalizadas”.
2.- La desorganización social: la criminalidad; las conductas delictivas:
urbanismo anárquico, etc.; el deterioro de los servicios públicos: educación,
sanidad, transporte, comunicaciones, entre otros; y el “aprovechamiento libre”
de los servicios básicos, tales como agua y luz.
3. La pérdida de confianza en la funcionalidad del sistema democrático,
expresada como: incredulidad generada por la falta reciproca de veracidad;
suspicacia y descalificación respecto de la vida política, sindical y gremial, y
abstención electoral.
4. El desaliento y apatía social y política, con alto poder corrosivo, que es
función del deterioro de la clase media, y se convierte en caldo de cultivo del
terrorismo y en antesala probable del golpe de Estado.
La gama de las amenazas que se ciernen sobre la sociedad venezolana y
su sistema democrático demanda respuestas que comprometen todos los
recursos con que cuenta la sociedad, pero sobre todo el empleo eficaz de los
mismos. El debate previsible se focalizará en el último aspecto, y en función del
mismo será cuestionado el sistema democrático en un doble sentido: lo será por
quienes crean tener derecho a esperar de él una eficaz y oportuna movilización
de los recursos sociales; pero no lo será menos por quienes tomen pie en las que
estimen vacilaciones o debilidades del sistema democrático –imputaciones que
se derivarán naturalmente del celo que ese sistema deberá mantener en
salvaguardar los derechos, so pena de traicionar su esencia-, para declararlo
ineficaz y para trabajar por la substitución por un sistema autoritario, si es que
no francamente dictatorial. Debe evitarse a toda costa que un sector social,
importante por su número o por su poder social, llegue a esta conclusión. En
este sentido el PRIE entiende cumplir una función preventiva de una quiebra
de la confianza de la sociedad en la aptitud del sistema democrático para
preservarla de la acción de las amenazas mencionadas. La escasa, tardía o
renuente determinación en la instrumentación del PRIE podría traer como
consecuencias especiales graves:
- La desventaja de no contar con la movilización social como

33. potenciadora de los recursos sociales existentes, y como fuente ella misma de
nuevos recursos sociales, para enfrentar las amenazas. La experiencia histórica
demuestra que los Estados solos son incapaces para enfrentarlas con éxito, o
deben consentir cambios en su naturaleza que de manera casi indefectible van
en desmedro de su contenido democrático.
- La radicación en la sociedad de un estado de escepticismo o de
desaliento que constituye terreno abonado para las posturas antidemocráticas.
Una vez radicado tal estado social de ánimo, es no sólo difícil sino muy lenta
tarea el erradicarlo.
- La inadecuada utilización de los recursos de todo orden, pero en
primer lugar humanos, que habrían de impulsar el desarrollo del país,
disminuyendo con ello su presencia en escenarios más amplios, y debilitando
su capacidad de competencia.
Uno de los propósitos del PRIE es mostrar que la capacidad de respuesta
de la sociedad venezolana ante las amenazas que se ciernen sobre ella y sobre
su sistema democrático, es función de la identificación real y consciente de la
sociedad con ese sistema. Por tal se entiende el resultado del ejercicio pleno de
la participación en todos los órdenes vitales: socioeconómico, político y
cultural.
Al mismo tiempo, el PRIE busca fortalecer la posición del Estado y de la
sociedad venezolana en la muy controversial escena internacional. Para el
efecto se toma como criterio básico la comprobación de que la presencia
internacional de la sociedad venezolana tiende a hacerse cada día más amplia y
significativa, como consecuencia del propio desarrollo socioeconómico y de
requerimientos surgidos del propio orden internacional.
La creciente significación de Venezuela en el ámbito político y
económico, continental y mundial, exige conformar un Estado moderno y
eficiente, por razones de desarrollo productivo, de acceso a los mercados y de
preservación de los intereses nacionales en el marco de negociaciones cada día
más complejas y exigentes. El papel que Venezuela está llamada a desempeñar
en el teatro latinoamericano, y aun mundial, necesitará de la fuerza política y
ética derivada de una genuina democracia desarrollada.
La condición internacional de los peligros que acechan a la democracia,
llega a conformar verdaderas agresiones no sólo contra la democracia sino
también contra la soberanía. Esta situación impone la conjugación de los
factores ya señalados: la democracia como escudo ante amenazas que exigen
una capacidad de respuesta que sólo puede tener un Estado moderno y
eficiente, capaz por lo tanto de tener presencia significativa en la concertación
internacional.
En los próximos capítulos se desarrollan las líneas maestras, a través de
las cuales se propone reformar el Estado venezolano en la actualidad y que en

34. su conjunto constituyen el cuerpo prescriptivo del PRIE.”
_____________________
* La Reforma del Estado. Proyecto de Reforma integral del Estado,
Capítulo II, pp. 75-99.

35. Sexto texto:
Carrera Damas, Germán, “La reformulación del Proyecto Nacional venezolano en
perspectiva histórica”. Venezuela, del siglo XX al siglo XXI: un proyecto para
construirla. Carlos Blanco (Coordinador). Caracas, Comisión Presidencial para la
Reforma del Estado (COPRE), 1993.
“La reformulación del Proyecto Nacional Venezolano
en perspectiva histórica”.*
“La necesidad de reformular el Proyecto nacional es de carácter
histórico. Tiene el sentido esencial de que se inscribe en un proceso de esa
naturaleza. Pero también tiene el sentido de que su viabilidad está
condicionada por el grado de correspondencia que tal reforma logre respecto
del desenvolvimiento de la sociedad apreciado en el largo período. Nada más
cargado de riesgos, en estas circunstancias, que el ceder a la tentación de tomar
atajos. Nada más contrario al interés de la sociedad que el subestimar la
gravedad de esta situación. Nada más irresponsable que el eludir la acción
consiguiente. Nada más culpable que el anteponer a la acción constructiva, en
función de la gravedad de esta situación, cualesquiera otros intereses,
individuales o colectivos.
Por mucho tiempo se ha debatido sobre la modalidad que tal
reformulación debe tener. El debate se ha desarrollado entre los polos
representados básicamente por las nociones de evolución y revolución.
Desde la década de 1930 los partidarios de esta última buscaron más que
la reformulación del Proyecto nacional su sustitución por un proyecto
diferente, simplificado en el pasado reciente por el socialismo. Sea dicho de
paso que desde la década mencionada la proposición socialista ha sido muy
diversa en su expresión. Ha abarcado desde el nacionalsocialismo y el fascismo
hasta el socialismo autocrático, amén de la controversia en torno a la ortodoxia
ideológica.
A su vez, las proposiciones identificadas con un criterio de evolución
incorporaron a su fondo liberal democrático, madurado a lo largo del siglo XIX,
nociones extraídas del socialismo que incluyeron desde el antiimperialismo
hasta la organización partidista de corte leninista, pasando por el culto a la
nacionalización, vista ésta no sólo como un instrumento del antiimperialismo
sino también como un principio propiciador de una economía nacional
independiente, más eficiente y compatible con las aspiraciones de justicia
social.
Hoy puede considerarse que la proposición socialista ha dejado de jugar
un papel polar. Presumiblemente, así será por mucho tiempo, pues no será
corto el que tomará el componer proposiciones orgánicas de inspiración
socialista compatibles con valores tales como los inherentes a la economía libre

36. de mercado, al ejercicio de la democracia política y a la práctica de los derechos
humanos.
Este cambio, dramático en alto grado, ocurrido en el ya estrecho abanico
de opciones abierto a la reformulación del Proyecto nacional, encierra grandes
riesgos. Ellos están representados globalmente por una suerte de reafirmación
de los factores y actitudes conservadores, que necesariamente se movilizan en
función de la reformulación del Proyecto nacional. Parecen extraer su fuerza de
la creencia ahistórica, de que el socialismo, descalabrado como sistema
sociopolítico y económico, ha perdido, y por siempre, toda vigencia como
filosofía social.
Cierto que en esa creencia quienes la abrigan cuentan con el concurso,
seguramente involuntario, de los fundamentalistas del socialismo autocrático,
dedicados a urdir coartadas para preservar su fe.
Hoy más que nunca, en esta materia, reformular significa crear. Quizás
sólo sea comparable con esta circunstancia la del tránsito de la Monarquía a la
República, en el primer tercio del siglo XIX. En la ocasión de la formulación
definitiva del Proyecto nacional, recogida casi programáticamente en la
Constitución de 1864, la tarea consistió sobre todo en una reorientación
conceptual sistemática del Proyecto nacional, que había venido gestándose
desde 1811.
Bien diferente es la situación actual. Tal diferencia se deriva sobre todo
de dos grandes logros. El rimero consiste en que el Proyecto nacional ha
completado una etapa: las de institucionalización básica del Estado liberal
democrático. Pero este objetivo se ha alcanzado sobre todo en el sistema o nivel
sociopolítico, y en el seno de éste en el área político-institucional representada
por los mecanismos de formación, ejercicio y finalidad del poder. El segundo
logro consiste en que, al amparo del Estado liberal democrático, la sociedad
venezolana ha alcanzado un grado de madurez sociopolítica en el cual requiere
más expeditos cauces para su funcionamiento y desarrollo, so pena de padecer
grave desconcierto y hasta extravío.
La reformulación del Proyecto nacional se vuelve, en suma, necesaria
conformación de una sociedad democrática. Ello demanda la adaptación del
sistema sociopolítico para que la sociedad pueda actuar creativamente en
relación con los componentes fundamentales de la estructura de poder interna:
el régimen social de la propiedad y el trabajo, el papel social de la mujer, la
funcionalidad social del Estado de Derecho como un eficaz complejo de
deberes y derechos que integran la genuina ciudadanía, etc. Todo lo cual
requiere, a su vez, la introducción en el sistema jurídico-político de reformas y
ajustes que auspicien, faciliten y canalicen el cambio social. Resumiendo, si bien
hasta el presente la conducción del Proyecto nacional ha sido asunto casi
exclusivo del Estado, la reformulación ahora planteada ha de ser sobre todo
asunto de la sociedad.

37. I
Con referencia a una determinada formación social, creo posible afirmar
que, en un momento dado, su historia tiene un sentido, el cual puede ser
despejado partiendo de la aparentemente caótica acumulación de hechos. La
circunstancia de que ese sentido no sea siempre el mismo, sino que se
modifique en función de la duración histórica considerada al despejarlo, no
invalidaría la afirmación inicial. Por el contrario, sería prueba de la objetividad
de la historia, la cual se corresponde con el dinamismo que la caracteriza. Por lo
tanto, mal puede pretenderse que el sentido de la historia sea inmutable. Pero
no menos infundado sería pretender que la historia carece de sentido o siquiera
el que éste sea inescrutable. En momentos de desconcierto social –que no cabe
confundir con crisis- conviene no perder de vista estos conceptos.
Por esta razón afirmo que la historia de Venezuela, vista desde hoy,
revela un sentido: el de la formación de una sociedad democrática, como
objetivo, como tarea histórica y como resultado. Importa mucho subrayar estas
tres circunstancias. La primera nos dice de la claridad con que se eligió el
camino a seguir socialmente. La segunda nos dice de la tenacidad y de la
constancia demostradas al seguir ese camino. La tercera nos dice de los
resultados alcanzados, pero sobre todo de la formación de una conciencia de lo
real respecto de lo alcanzado al cabo de casi dos siglos de afanes.
Antes de proseguir vale la pena hacer dos observaciones. Primera, en
América Latina dos siglos no constituyen un período mediano, menos aún
corto. En cambio sería otra la perspectiva si nos situáramos en Europa, en el
Medio Oriente o en el Sudeste asiático. Parece pues sensato referir, en este caso,
el largo período al tiempo históricamente necesario para la realización de una
forma histórica. Segunda: la determinación de que han dado prueba las
sociedades latinoamericanas al formular su respectivo proyecto nacional, así
como la tenacidad demostrada en su realización, hablan muy alto de la
capacidad de esas sociedades para formular objetivos nacionales. Estos,
agrupados en el proyecto nacional identificado con el Estado liberal
democrático en el marco de la República, han sido incesantemente ensayados
pero nunca descartados. A diferencia de otras sociedades que, si bien más
desarrolladas y estructuradas, han demostrado menos constancia en su
organización sociopolítica.
Es oportuno subrayar estas observaciones, pues, si nos referimos a la
formación de una sociedad democrática, los casi dos siglos venezolanos no
difieren mucho, por ejemplo, de los casi dos siglos norteamericanos, lastrados
en gran parte por el racismo; de los dos siglos franceses, con sus irrupciones
autoritarias; y no sigo con las referencias.
II

38. Sentadas estas consideraciones de criterio, es oportuno esbozar nuestro
campo de trabajo. En los casi dos siglos de la historia de Venezuela que
interrogaremos para que nos entreguen su sentido fundamental, es posible
advertir tres grandes etapas-objetivos. Jalonan la vida de un pueblo que
conquistó la capacidad de regir su destino luego de romper el nexo colonial con
la metrópoli española. Esto sin perder de vista la circunstancia de que tal
conquista se obtuvo al cabo de más de diez años de una guerra larga y cruenta,
que consumió más de la tercera parte de la población, dañó considerablemente
la base económica y desangró, por así decirlo, los signos de civilización y
cultura formados a lo largo de los tres siglos precedentes. Los críticos severos
de las sociedades latinoamericanas, y por consiguiente de la venezolana, no ha
tomado debida cuenta de estas circunstancias, que estuvieron ausentes, por
ejemplo, del experimento republicano norteamericano. Procesos recientes,
como la descolonización producto de la Segunda Guerra Mundial en África,
Asia y el Caribe, han permitido apreciar, en las nuevas modalidades de ruptura
del nexo colonial, la enorme dificultad del tránsito por ella representada,
incluso en los casos en que esa ruptura resultó de procedimientos político-
administrativos consensuados.
Es aconsejable tener presente esta última observación; no para justificar
malandanzas sino para medir con mayor acierto el significado de las tres
grandes etapas-objetivos que marcan el desenvolvimiento histórico de la
sociedad venezolana.
La primera etapa objetivo estuvo orgánicamente vinculada con la
guerra de Independencia. Su punto de partida fue la declaración misma de la
independencia, y casi simultáneamente la promulgación de la Constitución
federal de 1811. Se conformó el objetivo que estuvo vigente hasta 1864, es decir
la instauración de un Estado soberano, republicano, estructurado según las
pautas constitucionales del liberalismo. La disputa sobre federalismo o
centralismo no comprometió el fondo doctrinario del objetivo; hasta el punto
de que, visto desde hoy, el pleito parece haber sido entre liberales
conservadores y liberales reformadores, La diferencia radicaba, propiamente,
en la proyección social del debate. Restablecer la estructura de poder interna,
desarticulada por la guerra, era el propósito único de la clase dominante. El
procurarlo, rescatando y consolidando los fragmentos de la preexistente
estructura de poder interna, o el procurarlo mediante ajustes y cambios que
permitieran canalizar, y por lo mismo regularlos, los conflictos sociales que
traducían la lucha de los diversos sectores y clases sociales por la libertad y la
igualdad, era lo que en realidad establecía la diferencia entre los dos bandos de
los cultores y promotores del Estado soberano, republicano y liberal. Me refiero
a la lucha de los criollos por la igualdad, frente a los españoles peninsulares; a
la de los pardos por la igualdad, respecto de los criollos; y a la de los esclavos
por su libertad, respecto de los esclavistas. Libradas en diversos teatros y con
medios igualmente diversos, estas luchas corrieron sobre todo a lo largo de la
última fase de la sociedad colonial venezolana y se prolongaron en la República
independiente. Obsérvese que los criollos blancos fueron uno de los polos en

39. todas las luchas, por ser los actores dominantes de la vida social.
La confrontación entre estas concepciones de la política desembocó,
luego de una guerra de cinco años, -la llamada Guerra Federal-, en la segunda
etapa-objetivo: la conformación del Estado liberal democrático. De hecho, el
énfasis ya no se puso en la forma constitucional sino en los mecanismos de
formación del poder político y en la finalidad del mismo; no así en lo
concerniente a su ejercicio. En cuanto a los mecanismos de formación del
poder, la modernización del sufragio se vio anulada en la práctica por la
instauración de una suerte de régimen de partido único, el Partido Liberal,
vencedor en la guerra, por virtual disolución del Partido Conservador, vencido;
y por la absorción por el primero de muchos de los sostenedores del segundo.
Por esta vía se desembocó en una autocracia intolerante, la del general Antonio
Guzmán Blanco. No obstante quedó consagrada, en la conciencia política así
como en el marco constitucional, la ampliación democrática del Estado liberal,
respecto de lo cual ya no fue posible retroceder sino sobre la base de las
situaciones de facto que desalentaron la formación de partidos políticos
modernos. En el orden social se lograron dos resultados importantes en el largo
plazo: se cerró definitivamente el paso a la posibilidad del retorno
institucionalizado de privilegios, y se echaron las bases de un Estado laico
mediante la ruptura del poder económico, social y político de la Iglesia
cristiana católica, el indicio de la organización modernizada de la
administración pública y el decreto sobre instrucción primaria pública, gratuita
y obligatoria. La instauración de la prolongada autocracia del general Antonio
Guzmán Blanco, 1870-1876, si bien frenó el desarrollo político promovió, de
propósito y de hecho, la liberalización de la sociedad, abriendo la vía para su
democratización. Al mismo tiempo, y bajo la cubierta ideológica del
federalismo, echó las bases de un centralismo integrador que alcanzó su
máximo nivel en la siguiente etapa-objetivo.
El adelanto en la conformación de una sociedad democrática requería la
institucionalización del Estado liberal democrático. Ello sólo fue posible,
justamente, mediante la democratización combativa de la sociedad: la
organización de la política en partidos y sindicatos, la gremialización docente y
la lucha por la libertad de información. Se dibujaron de esta manera las dos
variantes correlativas de la tercera etapa-objetivo: una, la de la
institucionalización del Estado liberal democrático, entró en su fase de
realización en 1945-1948, transitoriamente, y a partir de 1958 de manera
sostenida. Respecto de la otra vertiente, las Constituciones de 1947 y 1961
recogieron y compusieron el programa de democratización de la sociedad,
formulado y promovido sustancialmente, por el recién constituido partido
Acción Democrática (legalizado en 1941), en medio de una intensa
confrontación ideológica con otros partidos recientes, pero sobre todo con las
fuerzas sociopolíticas tradicionales agrupadas en el llamado lopecismo. Había
transcurrido poco menos de un siglo desde la formulación constitucional del
Estado liberal democrático (1846). Sus postulados aguardaban por un
desarrollo social que comenzó a producirse a partir de 1930, bajo el impulso de

40. la explotación petrolera. Esta sacó a la sociedad venezolana de su estado de
aguda carencia de elementos dinámicos (se desarrolló la burguesía, se
consolidó y desarrolló la clase media y se formó la clase obrera). El Estado
dispuso de los recursos necesarios para adelantar, desde el poder, la
fundamentación de la sociedad democrática: desarrollo y difusión de la
educación, mejoramiento de las condiciones sanitarias, vinculación
interregional, etc.
III
Llegados a este punto, creo que se hacen necesarias algunas precisiones.
La primera precisión es la de que se trata de etapas-objetivos que corresponden
al todo social y que se realizan históricamente. Digo que corresponden al todo
social por cuanto no son la obra de un partido o de un círculo gobernante,
entendidos como agrupaciones que se mueven según fines exclusivos. Integran
el proyecto nacional venezolano y como tal este último recoge la contribución
de todos los grupos o sectores insertos en la estructura de poder interna. Cierto
es que la formulación de ese proyecto, –que no está representado por la sola
expresión constitucional del mismo, si bien esta última es parte fundamental de
él-, corre a cargo de una clase o sector dominante socialmente. Pero tal
formulación, si bien se corresponde primordialmente con los intereses propios
del sector o clase que la hace o patrocina, no puede dejar de corresponder, en
algún grado, a los intereses propios de los sectores o clases que guardan una
posición subordinada, pero interdependiente, en la estructura de poder interna.
Si no fuera así el proyecto no podría contar con el respaldo promotor del todo
social. no podría ser auto sostenido y no podría, esencialmente, perfeccionarse
a sí mismo.
Pero las etapas-objetivos que integran el proyecto nacional venezolano,
el cual podría expresarse como la procuración de un Estado soberano,
republicano, liberal y democrático, como marco institucional para la
conformación de una sociedad democrática, corresponden al todo social por
cuanto se realizan por el juego de la contradicción. Y esto es así porque aun
cuando los diversos sectores y clases sociales se encuentran articulados en la
estructura de poder interna, tal articulación no es el producto de un propósito.
Es una resultante que se produce como saldo de una confrontación crítica de
individuos, grupos y clases en función del peso de los invariantes históricos,
representados en este proceso por la resistencia que todos los sectores oponen
al cambio, a la transformación social. Esa resistencia se expresa como oposición,
pero también como defensa activa de intereses. Este enfoque de la lucha social
es lo que permite afirmar que no puede el historiador discernir signos positivos
o negativos exclusivos, por ejemplo, a la participación que tuvieron en la
formulación y promoción del proyecto nacional los liberales conservadores y
los liberales reformadores. Y es justamente este enfoque el que permite captar y
apreciar en su valor histórico el papel desempeñado por cada fuerza o sector en
las confrontaciones, de todo orden, que han terminado por arrojar un saldo
válido para todo el cuerpo social. La democracia política, genuinamente

41. practicada, no es otra cosa que la asunción de esta dialéctica de la vida
sociopolítica.
Digo, por último, que las etapas-objetivo se corresponden con el todo
social, y se realizan históricamente, por cuanto tal realización no ha seguido
una línea recta, constantemente progresiva en su curso, aunque sí en su
resultado, en lo que se revela como el sentido de la historia de que hablé al
comienzo de estas reflexiones. Plagado de fracturas, de contradicciones en
apariencia insalvables, y en no pocos casos dominado por lapsos prolongados
de estancamiento y aun de retroceso, el cumplimiento de esas etapas-objetivo a
que me vengo refiriendo se corresponde con la dinámica esencial de la historia.
Para ésta nada sucede en vano ni nada de los sucedido está desprovisto de
perdurabilidad, por cuanto todo se realiza a un tiempo en sí mismo y en su
contrario, al igual que se traduce en un incesante juego de continuidad y
ruptura.
La primera etapa-objetivo
No sólo en el sentido de inicial sino también en el de primaria, del
proyecto nacional venezolano, la primera etapa-objetivo fue la instauración de
un Estado soberano, republicano y liberal. Su procuración y logro requirió de la
sociedad venezolana dar tres grandes pasos orgánicamente vinculados entre sí,
tanto en su concepción como en su desarrollo; de manera que no se puede
establecer una secuencia de los mismos ni componer un orden de prioridad. Sin
embargo es posible diferenciarlos para los fines del análisis histórico.
El primer paso fue la ruptura del nexo colonial con España. Aunque esa
ruptura se completó en el lapso 1821-1824, no es posible fechar su inicio. Pero sí
es posible afirmar que esa ruptura ya se encontraba resuelta, potencialmente,
en el sentido de la voluntad de su logro, cuando se firmó el Acta de la
Declaración de Independencia, el 5 de julio de 1811. Nada importa, en ese
orden de ideas, el que algunos firmaran a regañadientes; el que otros al firmar
se negaran a sí mismos por temor al futuro; o el que otros conspirasen luego
activamente contra lo declarado. Siempre podremos discutir los historiadores,
para salud de nuestra profesión, sobre las raíces profundas del acto inicial y
primario de la soberanía. Sobre si expresaba la voluntad de todo un pueblo o si,
por el contrario, fue en cierto grado impuesto por un pequeño grupo de
cabezas calientes, como se le llamó entonces. Procurando eludir los riesgos de
la explicación ex post factum, pero también las acechanzas de la Historia “que
pudo ser”, cabe afirmar que el sentido profundo de la controversia ideológica,
del enfrentamiento social y del choque bélico desencadenados con este primer
paso, terminó por corresponderse con la aspiración del todo social venezolano.
El segundo paso no estaba necesariamente implícito en el primero, y tal
fue la abolición de la Monarquía. Conceptualmente, no era imprescindible, ni
mucho menos ineludible, la abolición de la Monarquía para romper el nexo
colonial. Si bien fue políticamente necesario hacerlo, en el trance de la ruptura

42. del nexo colonial ello no significaba la necesidad del abandono absoluto y sobre
todo definitivo de la Monarquía como forma de organización social y política.
Y digo social porque el venezolano había demostrado ser un pueblo
genuinamente monárquico, tanto al oponerse a los intentos de otras
monarquías como al repudiar a quienes, como Francisco de Miranda, quisieron
inducirlo por voluntad propia a la ruptura del nexo colonial. La tozudez de
Fernando VII en 1814, y la invasión de España por los Hijos de San Luis en
1823, cerraron la puerta a la monarquía constitucional, la cual era, por otra
parte, el legado original de la Revolución Francesa. La superación de los
mandatos de la conciencia monárquica, orgánicamente vinculados con los
mandatos de la conciencia cristiana católica, fue un duro trance para los
venezolanos. Lo fue no sólo para quienes, como Juan Germán Roscio, vertieron
su crisis de conciencia en un libro que hoy nos luce tan farragoso y lleno de
vericuetos teológico-filosóficos como fue de auténtica y profunda la crisis de
conciencia que lo generó. Lo fue también para los miles de analfabetos que
veían en la ruptura del nexo colonial y en el abandono de la Monarquía no sólo
un acto de desobediencia a la voluntad del Rey sino, también y sobre todo, uno
de desacato a la de Dios.
Nuestra historiografía republicana ha pasado sobre esta crisis de
conciencia demostrando una superficialidad interesada; pero seguramente
también, y lo digo ahora para la historiografía republicana de nuestro tiempo,
haciendo gala de un profundo desdén por los fenómenos psicosociales
conectados con las formas ideológico-religiosas. Fue este, sin embargo, el
primer gran triunfo de los venezolanos sobre sí mismos. La proyección de tal
hecho como prueba de la firme determinación de una sociedad en el propósito
de regir su destino, ha quedado minimizada por la necesidad que tuvieron la
historiografía de la independencia, y la de la República, de desestimar nuestro
pasado monárquico para legitimar la Independencia. Pero también y
especialmente para exonerarnos del cargo de felonía que hicieron los
defensores del rey, fuesen españoles peninsulares o criollos venezolanos, pues
el hecho es que el 19 de abril de 1810 se juró ante Dios defender los derechos de
Fernando VII y el 5 de julio de 1811, también ante Dios, se abolió la Monarquía
al declarar la independencia e instaurar la República. Este pudor historiográfico
nos llevó a creernos “nunca realmente monárquicos”, si es que no republicanos
que se ignoraban a sí mismos. Fue ese, sin embargo, el primer gran triunfo de la
conciencia política de los venezolanos, porque el adversario tenía la fuerza de
nuestra más arraigada forma de conciencia colectiva. Por otra parte, nuestra
conducta de entonces no difirió en nada de la seguida por todos los pueblos
que, en una circunstancia dada, al luchar por la independencia y o por la
libertad lo hicieron contra la Monarquía, como ocurrió en las colonias inglesas
de América y en los viejos reinos europeos, comenzando por Francia y la
propia España.
El tercer paso fue la construcción de la República, identificada para el
caso con la instauración del Estado liberal. Si los pasos anteriores eran en sí
difíciles, éste lo era aún más. Ya no se trataba de demoler lo existente sino de

43. reemplazarlo por la realización de un concepto. El nexo colonial y la
Monarquía pertenecían a lo tangible, así como a la creencia. Arraigada ésta en
cada uno lo volvía el más celoso guardián de lo que, según los demoledores, no
era otra cosa que privación de la libertad. La República, en cambio, era una
abstracción imposible de captar por quienes habrían de construirla en lo
cotidiano. Por eso nada asombroso, mucho menos contradictorio, hubo en que
la República fuese el producto de un acto de fuerza, vuelto voluntad común al
cabo de catorce años de violencia. Por otra parte, la Historia sabe muy bien que
los caminos que conducen hacia la Libertad no siempre son trazados por la
Libertad misma. La construcción de la República chocaba con la adversa
experiencia republicana, sobre todo en Francia, pero también en Estados
Unidos, única república establecida en 1821-1824, aunque al favor de la
deliberada invocación mentirosa de principios nunca realizados si es que no
irrealizables, como lo han sido en gran parte la libertad, la igualdad y, sobre
todo, la fraternidad. Así lo percibió Alexis de Tocqueville y lo ejemplarizó en
Venezuela Francisco Javier Yánez, antes que el francés. Se lanzaron los
venezolanos, como las otras sociedades criollas de América, –las sociedades
indígenas no han sido jamás republicanas, ni lo son hoy-, a la construcción de la
república liberal, tarea en la cual habían fracasado entonces los europeos y para
la cual habían labrado los norteamericanos una solución imperfecta; en la que
no ha sido difícil para algunos historiadores norteamericanos percibir vicios
semejantes a los que plagaron durante el siglo XIX la República en América
Latina. Aquí, como allá, se tardó en comprender que no bastaba con romper el
nexo colonial, y con abolir la Monarquía, para tener repúblicas pobladas de
ciudadanos. Simón Rodríguez lo advirtió en 1828, y ello le costó un exilio
intelectual que ha durado casi dos siglos.
La segunda etapa-objetivo
La conformación del Estado liberal democrático constituye la segunda
etapa-objetivo del proyecto nacional venezolano. Se planteó una vez resuelto el
problema fundamental producido por la guerra de independencia, es decir el
del restablecimiento de la estructura de poder interna de la sociedad. Esto se
logró al favor de la salida de las masas populares de la historia de Venezuela,
gracias al triunfo político, más que militar, del liberalismo reformista en la
Guerra Federal (1859-1863). Se requería llevar a la práctica la consolidación de
la estructura de poder interna. Para ello era necesario arbitrar los conflictos
sociales básicos, a los cuales me he referido, y propiciar el desarrollo
modernizador de la estructura de poder interna abriéndole cauce a la
transformación de la clase dominante en una burguesía “a la europea”. Tal fue
el propósito de la empresa liberalizadora dirigida por el “autócrata civilizador”
general Antonio Guzmán Blanco, y por algunos de sus ilustrados
colaboradores. Para alcanzar ese objetivo hubo que dar tres pasos acerca de los
cuales cabe hacer las mismas consideraciones enunciadas para los pasos
contemplados en la etapa-objetivo precedente.
El primer paso consistió en montar el que denomino inicial intento

44. sistemático de conformación liberal democrática de la sociedad venezolana. Lo
más notable de este intento consistió en que no se detuvo en el diseño del
marco legal requerido, sino que simultáneamente se emprendió el llevarlo a la
práctica. Con lo primero se dotó a la sociedad venezolana de un punto de
referencia jurídico-doctrinario, sobre cuya formulación y alcance ya no se
retrocedió. Con los segundo se lograron dos importantes resultados: el primero,
la comprobación de que sí era posible salir del marasmo estructural en el cual
se encontraba sumida la sociedad venezolana desde finales del siglo XVIII; y el
segundo, el dotarse esa sociedad de una pauta modernizadora cuyo carácter en
gran parte imitativo no la despojaba por completo de virtualidad, pero una
pauta de la que hasta entonces había carecido. Dura tarea fue la demolición de
reliquias del régimen colonial. Éstas no sólo habían sobrevivido a la ruptura del
nexo colonial sino que incluso habían ganado vigor al favor del descrédito de la
república subsiguiente. Levantó tenaz resistencia de parte de poderosos
sectores sociales. El enfrentamiento con la Iglesia; la exaltación, –si bien más
retórica que real-, de los popular; y la prédica del liberalismo en todas las
manifestaciones de la sociedad, fueron posturas que aun cuando se mostrasen
al cabo cargadas de inconsecuencia, nutrieron actitudes y designios. Hallaron
expresión incluso entre los más cercanos colaboradores del “autócrata
civilizador”, quienes al reaccionar contra los excesos despóticos de éste
atenuaron el alcance de las reformas emprendidas. Pero no llegaron a anularlas
totalmente, quedando por lo tanto como base adquirida para nuevos
desarrollos.
El segundo paso de la etapa-objetivo que he caracterizado como de
conformación del Estado liberal democrático, consistió en la búsqueda del
equilibrio, difícil, entre el propósito liberal democrático modernizador y el
reformismo modernizador autocrático. La dificultad radicó en que el
restablecimiento de la estructura de poder interna, desarticulada por la guerra
de independencia, no bastaba para que la sociedad tomase un nuevo rumbo. La
ausencia de estructuras sociales, políticas y económicas, expresaba la marcada
debilidad de una clase dominante poco numerosa. Esta se hallaba, además,
desprovista de factores de poder y de medios que le permitiesen ejercer
holgadamente el control de la sociedad, recién recuperado. Pero, sobre todo, de
convertirlo en capacidad para orientarla e impulsarla siguiendo un nuevo
curso. El desenlace de la llamada Guerra Federal, al ser más político que
militar, evitó el insuperable descalabro de la clase dominante. Pero los
esfuerzos por reconstituir la unidad de esta clase, que se había roto en la
década de 1830-1840, como consecuencia del debate sobre los medios y la
estrategia más idóneos para restablecer la estructura de poder interna, no fue
sin embargo bastante para dotar la sociedad de un núcleo dirigente coherente.
Simultáneamente, el advenimiento de un nuevo estilo en la expansión
imperialista europea, impulsado este proceso por la llamada “segunda
revolución industrial”, generó una onda modernizadora que muy pronto
repercutió en Venezuela, dotando a los reformadores liberales de un punto de
referencia tan atractivo como prestigioso. Se dieron de esta manera las
condiciones para que se actualizara el que he bautizado como reformismo

45. modernizador autocrático, suerte de caudillismo ilustrado, representado
excelentemente por el tantas veces mencionado general Antonio Guzmán
Blanco. El resultado fue una disociación chocante entre la vida política, en la
cual la apariencia liberal modernizada apenas encubría un ejercicio autocrático-
caudillesco del poder; y una administración pública liberal modernizadora que
no ya inducía sino que imponía el cambio social. Este rasgo “tradicional” del
reformismo acarreó el disgusto y la oposición incluso de quienes por su nivel
cultural estaban esencialmente identificados con el liberalismo modernizador.
De hecho, con su actitud contribuyeron de manera significativa al peso de los
invariantes históricos, aunque en este caso se manifestaron más como
renuencia al cambio que como defensa doctrinaria del pasado, sintetizada esta
actitud en el abandono definitivo del conservatismo como “doctrina” política.
El tercer paso de esta etapa-objetivo lo constituye esa que he
denominado la “agonía decimonónica” de la sociedad venezolana. Consistió en
la urgencia de generar fuerzas sociales y económicas capaces de sostener e
impulsar el proyecto nacional liberal democrático. Todavía prevalece en la
sociedad venezolana, alimentado por la historiografía marxista desorientada,
un sentimiento de rencor respecto del “autócrata civilizador” que nos hizo
tomar conciencia del atraso y del primitivismo de la sociedad que formábamos.
El estilo prepotente, ostentoso e inescrupuloso del déspota ilustrado puso su
parte en la generación de este sentimiento, revelador de la impotencia de la
sociedad para promoverse en lo económico y lo político, especialmente. Pero es
un hecho que el proyecto liberal democratizador constituyó el inicio, todavía
mal comprendido, de una importante tradición venezolana: la del ejercicio
pedagógico del poder, en el sentido, o como remedo quizás, del despotismo
ilustrado del que Europa nos ha dado tantos ejemplos, algunos de ellos muy
recientes, por cierto. Como el ejercicio del poder asociado a la formulación y
realización de un proyecto de transformación de la sociedad, así luce, visto
desde el presente, aquel momento de la historia de la sociedad venezolana.
Pero todavía se ha entendido menos la parte de esa política, aunque fue
fundamental, consistente en la búsqueda de medios que creasen las
condiciones requeridas para asegurar la perdurabilidad y el desarrollo del
proyecto nacional. El General Antonio Guzmán Blanco sabía muy bien que el
proyecto liberal democrático modernizador no podía realizarse plenamente en
la sociedad venezolana de su tiempo, a menos que se lograse lanzarla por una
vía de fortalecimiento económico y cultural. Por ello la apertura hacia el capital
europeo, a su juicio tan necesaria para el progreso del país como era de
lucrativa para sus intereses personales. Por eso sus realizaciones en los órdenes
educativo y cultural.
La tercera etapa-objetivo
Vivida hoy por la sociedad venezolana, consiste en la conformación de
una sociedad democrática. Se abrió esta etapa con la superación de la
contradicción encerrada, en el propósito liberal democratizador y
modernizador, entre el ejercicio del poder político y la promoción del cambio

46. social, sintetizado éste en la noción de progreso, la cual para el efecto también
había variado de contenido. Ciertamente, durante la parte inicial del siglo XIX
el progreso fue entendido como una noción que reunía, inseparablemente, lo
material, lo político, lo social y lo moral. El ejercicio autocrático del poder
público condujo a una cruda diferenciación entre el progreso material y todo lo
demás; reclamándose para el primero la prioridad y convirtiéndolo en coartada
para justificar el abandono de las otras dimensiones del progreso. El final del
siglo XIX, y las casi cuatro primeras décadas del XX, se gastaron en este debate,
representado cabalmente por el régimen del general Juan Vicente Gómez.
Pero muy lejos se estaba de sospechar que el progreso material,
constituido para el caso por el efecto múltiple y transformador del
advenimiento de la civilización petrolera, conduciría ciertamente a plantearse
la necesidad de devolverle a lo social, a lo político y a lo moral, el papel que les
correspondía. De allí que la lucha por la democratización se plantease desde
1936 con el sentido de realización de un propósito: el de impulsar la
conformación de una sociedad democrática en la cual recobrasen vigencia las
dimensiones abandonadas del progreso.
De manera no sorprendente, porque en la Historia no hay lugar para
sorpresas, se reanudaba la tendencia inaugurada por el general Antonio
Guzmán Blanco. Digo esto a sabiendas de que a quienes daban nuevo impulso
a la tendencia no sólo no se les habría ocurrido proclamarse continuadores del
“autócrata civilizador”, sino que se consideraban expresamente a sí mismos
como la enmienda de cuanto aquél había representado de manera negativa.
Pero el hecho es que a partir de 1945 se abrió para la sociedad venezolana un
período de ejercicio pedagógico del poder. Éste se consagró a definir, decidir y
promover la democratización de la sociedad venezolana, considerado tal
objetivo como requisito para erradicar la posibilidad de nuevas autocracias, y
como condición para impulsar la modernización. Con lagunas, estancamientos
en algunas ocasiones, e intentos de retroceso en otras, esta concepción del
ejercicio del poder público ha prevalecido hasta el presente. Para ello el Estado
ha desempeñado el papel de agente promotor de la democratización y de la
modernización. Se ha suplido, con su determinación política, la insuficiencia
todavía notoria de las estructuras sociales, económicas y culturales,
sustituyéndolas en la formulación de aspiraciones sociales.
Pero, no debemos equivocarnos al evaluar esta función del Estado: ella
ha encontrado eco, y ha gozado de su apoyo, en una sociedad cuya
participación mediante el ejercicio del sufragio no ha dejado lugar a dudas.
Consecuentemente, y durante medio siglo, han sido rechazadas por esa vía las
solicitudes de signo contrario, hasta el punto de que no resulte aventurado
sostener que la sociedad venezolana ha demostrado ser, en este sentido, más
lúcida que algunos sectores de la vida política, económica y aun cultural, para
los cuales el ejercicio de la Democracia continúa resultando incómodo. Estos se
amparan en un falso concepto de la respetabilidad debida a las diversas
posiciones políticas, por el sólo hecho de ser tales. Esta confusión acerca de la

47. tal respetabilidad ha conducido a un ejercicio acrítico de la Democracia que ha
desvirtuado la lucha ideológica entre los actores sociales. Pero, resultado más
cargado de consecuencias, ha desembocado en el cuestionamiento del propio
sistema democrático por quienes se acogen, selectiva y oportunamente, a sus
valores y procedimientos cuando les favorecen, para luego volverlos irrisorios
cuando les son adversos. Esto mediante una prédica irresponsable, pues se
exime de contrastar lo combatido con proposiciones que puedan ser, a su vez,
objeto de examen crítico. La lucha ideológica cede así el campo a la reiteración
de consignas y simples rumores, destinada a sembrar confusión y desaliento,
en un clima social de desesperanza.
IV
Creo necesario hacer un breve alto para discutir, aunque sea
someramente, y para beneficio de la coherencia conceptual de estas reflexiones,
algo que luce como una contradicción y que realmente tiene mucho de ello:
¿Cómo compaginar el propósito de conformar una sociedad democrática con la
ausencia de estructuras sociales que de suyo propendan a ese logro, y con una
función rectora, sustitutiva, del Estado? Una posible explicación radica en que a
partir de 1936 el Estado venezolano entró en una línea de crecimiento de su
poder económico, como resultado del régimen legal de la explotación petrolera,
cuya culminación ha sido la situación todavía vigente de que en Venezuela
quien controla eficazmente el Estado controla la sociedad. Esta parece una
perogrullada, pero gana sentido cuando el verbo controlar no se entiende sólo
como regir sino sobre todo como capacidad para conformar la sociedad, porque
ésta carece de la necesaria capacidad de autogestión, si así puede decirse, que le
garantice el goce de un alto grado de autonomía respecto del poder estatal.
Luego de más de tres décadas de ejercicio institucionalizado de la Democracia
en el sistema político, se ha comprendido que la democratización profunda y
amplia de la sociedad es un requisito indispensable para proseguir el esfuerzo
modernizador; y se ha entendido, también, que la modernización del Estado es
condición para profundizar esa democratización.
Este no es un juego de palabras. Es el señalamiento del nudo conceptual
con que se enfrenta hoy la sociedad venezolana, al comprenderse, igualmente,
que desde el poder se puede modernizar y aun democratizar el sistema
político, pero que no se puede hacer lo mismo con la sociedad. A ésta se le
pueden abrir cauces, pero el movimiento ha de provenir de ella misma, si se
procura un resultado genuino, auto sostenido y capaz de velar por su
preservación.
Quizá un ejemplo ayude a comprender mejor lo que quiero decir: me
refiero al peso del racismo en una sociedad democrática y a su eventual
superación. La conformación de una sociedad democrática, iniciada en Estados
Unidos algo antes que en Venezuela, permaneció allí inconclusa hasta la
década de 1960, cuando comenzaron a darse pasos significativos y consecutivos
para atenuar, y eventualmente liquidarlo, el lastre racista que marcaba la

48. sociedad. Omitir este hecho al calificar a la sociedad norteamericana de
democrática, o restarle significación al mismo tiempo que se subrayan los
rasgos no democráticos de nuestra sociedad, ha sido el enfoque tradicional de
esta cuestión. Sin embargo, todavía hoy se aprecia en Estados Unidos retardo
de la sociedad, en esta materia, respecto del poder público.
En Venezuela, la superación de la discriminación racial como
fundamento expreso y reconocido de la sociedad ha sido obra de esta última
más que del Estado; y es ésta una de las pocas materias en las cuales la norma
constitucional no ha hecho sino consagrar la práctica social. Esta odiosa barrera,
que fue fundamento de nuestra estructura social hasta los congresos de
Colombia y la Guerra Federal, fue derribada por la dinámica social, y hoy
podemos decir que en este sentido la nuestra es una sociedad democrática, en
la cual si bien sobrevive en algún grado la práctica del racismo, como en todas
las sociedades democráticas hasta ahora conocidas, no es el racismo lo que la
define ni siquiera sectorialmente.
Una de las características de la sociedad venezolana contemporánea ha
sido el retardo entre la conciencia histórica y la conciencia social. Seguimos
viviendo la porción fundamental de nuestra historia con criterios
decimonónicos. Pero pareciera que en lo concerniente a la relación entre
modernización y democratización se ha producido, seguramente por obra de la
conciencia política, la superación de ese retardo. El actual planteamiento sobre
la reforma del Estado en Venezuela se corresponde plenamente con el
momento histórico que vive la sociedad. Con esto último quiero decir que los
trabajos que se adelantan en cuanto a la reforma del Estado no se inspiran en
los propósitos de un individuo, grupo o clase, sino que expresan una fuerte
determinante histórica. De allí que cueste trabajo percibir, en el proceso de
reforma del Estado, los rasgos que anoté al principio de estas reflexiones como
propios de las etapas-objetivo: es asunto que corresponde al todo social y se
realiza históricamente.
V
La historicidad del cambio sociopolítico constituido por la actual
reformulación del proyecto nacional determina la necesidad del mismo, en el
sentido de que expresa una fase culminante de procesos sociales objetivos. Pero
sería ingenuo colegir de ello la idea de que tal cambio sociopolítico habrá de
realizarse automáticamente. Menos aún sin enfrentar obstáculos que pueden
entrabar el proceso por tiempo indeterminado. Lo que sí quiere decir la
historicidad del proceso, en su sentido de necesidad, es que tal cambio tendrá
lugar tarde o temprano, con o sin trauma social. Esto significa que hay espacio
para la conducción social y política, y que ésta, propiamente orientada y
orientadora, puede condicionar el proceso de cambio sociopolítico constituido
por la reformulación del proyecto nacional.
La COPRE [Comisión Presidencial para la reforma del Estado] ha

49. suscitado y acumulado una experiencia que puede tomarse ya como un
ejemplo válido de esta dinámica del cambio histórico. Aunque nacida de una
decisión política que intentó captar una necesidad del sistema sociopolítico: la
de modernizar el Estado correlativamente con la profundización de la
democracia, en el sentido de ampliar la participación social, económica y
política, la COPRE entendió que su acción debía desarrollarse de manera
simultánea y coordinada en tres planos: el societal, el del pensamiento y el de la
opinión pública. Las claves para operar eficazmente en esos planos fueron su
acreditada autonomía frente al aparato del Estado, no menos que su
independencia política. Gracias a estos factores se obtuvo un nivel de
aceptación pública no alcanzado por ninguno de los previos ensayos de
reforma administrativa. Se cometieron, sin embargo, tres errores estratégicos:
se sobrestimó la capacidad de conducción social de los partidos políticos, y se
pasó a depender con exceso de la voluntad de cambio político que éstos
pudieran honrar con sus actos, lo que llevó a disminuir el esfuerzo por obtener
un creciente respaldo social. El segundo error consistió en quebrantar la
autonomía de la COPRE respecto del aparato del Estado. El tercer error
consistió en no evaluar correctamente la capacidad de resistencia al cambio que
suscitará, en los partidos políticos como en otras asociaciones de intereses, la
puesta en marcha del proceso de cambio. Nunca se incurrió, sin embargo, en la
ingenuidad de pensar que bastaría a las reformas propuestas con la fuerza de
su razón para ingresar en la práctica sociopolítica.
Se creó, de esta manera, una situación que si bien era históricamente
previsible, no dejó de sorprender y aun de desconcertar a extensos sectores.
Esto ocurrió bajo el efecto obnubilador de acontecimientos que tuvieron un
fuerte impacto en la conciencia social, en los cuales se conjugaron factores
estructurales, tales como el programa de reajuste económico, con la puesta de
manifiesto de los vicios del sistema político que se había procurado remediar,
preventivamente, por obra de los trabajos de la COPRE. Estos estaban
llamados, legítimamente, a proponer un término de referencia para que actuara
el poder de cambio potestativo de los órganos del Estado, democráticamente
constituidos. La función de la COPRE no era otra que la apertura de cauce a las
corrientes participantes en la reformulación del proyecto nacional.
El intenso y enriquecedor cultivo de ideas y de visiones de la realidad
venezolana que ha tenido lugar en la COPRE, proyectado en un esfuerzo de
visión histórica de largo plazo, me permitió sacar algunas conclusiones que
expuse hace cinco años en términos que creo oportuno recordar, porque
pueden ayudar a comprender mejor el punto de vista que vengo exponiendo.
El último de octubre de 1986, ante los integrantes de la Fundación Orlando
Letelier, me referí a Venezuela …“como una sociedad que, luego de veinticinco
años de vida democrática, quiere reformarse a sí misma para consolidar sus
estructuras democráticas y hacerse más justa, más cónsona con fundadas
aspiraciones de mejoramiento social y más libre”. Ubiqué este propósito de
reforma en el curso histórico seguido por el proyecto nacional: ese gran
esfuerzo de estructuración …“en el orden social, político, económico e

50. ideológico que se inicia en Venezuela como en otras sociedades
latinoamericanas con la ruptura del nexo colonial español, no es otra cosa que
la reforma del Estado”. El instrumento básico del cambio, y aun lo sostengo así,
es el sentido democrático del pueblo venezolano: …“Tenemos un pueblo que
vota en un alto porcentaje, aun en situaciones de extrema dificultad como las
que hemos vivido, y lo hace con la convicción de que su acto tiene sentido.
Vienen los politólogos a decirle al pueblo que eso no es así, que eso es una
ilusión y da la impresión de que el pueblo es más sabio de lo que los
politólogos creen o que, en definitiva, tiene muy claramente establecido su
objetivo: el sentido de la participación entendida como contribución al
mantenimiento de un sistema que por definición no solamente es perfectible,
sino que sólo se justifica como sistema en la medida en que lucha por su
perfeccionamiento”. Por ello, subrayé, el trabajo de la COPRE se lleva a cabo
…“con una conciencia clara de lo que es la oportunidad histórica, de los
factores que están activos en la sociedad y de aquellos pasos que se
corresponden con nuestra tradición de pueblo”. En ese sentido, negué que sus
integrantes …“se hayan entregado a la tarea de soñar el mejor Estado deseable
o que se hayan lanzado al mercado a buscar modelos de reemplazo, que en su
opinión no existen”. No obstante, alerté …“en el sentido de que 25 años de vida
democrática no bastan para dormir tranquilos; pero la impaciencia democrática
entendida como anhelo pospuesto durante muchos años, pareciera empujar a
quienes gobiernan en nombre de la Democracia hacia posiciones cada vez
menos democráticas”. (El Nacional, 1º de noviembre de 1986).
Estos conceptos se apoyaban, también, en una estimación de las
amenazas que se cernían entonces y ahora sobre la democracia venezolana. No
cabe recordarlas aquí de manera puntualizada. Sí debo consignar la dolorosa
comprobación, por obra del acontecer político reciente, de que no andaban muy
descaminadas mis previsiones.
La puesta en marcha de las primeras reformas preconizadas por la
COPRE, es decir la elección directa de los gobernadores y de los alcaldes, tuvo
un doble efecto: uno, positivo, fue la demostración de que sí era posible iniciar
un proceso de reforma del sistema político. El otro, negativo pero ineludible,
fue el de alertar al mundo político sobre una gran reto a su hegemonía y
suficiencia; si bien ese reto aún estaba en ciernes. Se produjo una normal
reacción de desinterés por el grueso de la reforma, conducente a la detención
de su curso. En ello han participado todas las fuerzas políticas, mientras que las
sociales parecían no sentirse partícipes del proceso, y se conformaban con
denostar al aparato político sin poner mucho empeño en promover las
reformas, tampoco para ellas exentas de incómodas consecuencias.
La evolución histórica del Proyecto nacional prueba que tanto la
formulación inicial del mismo como sus reformulaciones subsiguientes, no
pueden ser, como he señalado, ni espontáneas ni automáticas, queriendo decir
con esto que sean ajenas a la deliberada y sostenida acción social. Justamente
por ser históricos tales procesos expresan, esencialmente, el concurso y la

51. acción de los componentes sociales, –clases, grupos e individuos-. Este papel de
la sociedad podría sintetizarse como la resultante de la interacción de tres
términos: la situación, los actores y los recursos, dependiente la eficacia del
conjunto de dos condiciones básicas. La situación
Por la situación entiendo la fase crítica que atraviesa actualmente el
proceso de reformulación del proyecto nacional. Ella no es prueba del
estancamiento, ni mucho menos del fracaso, del proceso. Prueba, por el
contrario, su pertinencia, su operatividad y la correspondencia de su desarrollo
y culminación con los intereses básicos de la sociedad venezolana. La crisis del
socialismo silenció de un golpe los alegatos acerca del “agotamiento del
modelo”, tan del gusto de quienes buscaban substituirlo por “uno más
auténticamente democrático”, que nunca osaron definir. Por eso resulta la
desorientación que padecen la clase dominante y la clase política. No parecen
haber comprendido cabalmente la situación; y no son capaces de coadyuvar,
coherente y sostenidamente, a la superación de la misma. No se percatan de
que sin la rectoría de una clase dominante coherente y consciente de sus
objetivos sociales, y sin la conducción de una clase dirigente consciente de su
función, el proceso de reformulación se vuelve calamitoso y socialmente
oneroso, con grave riesgo para sus propios intereses.
Los actores
Los actores están representados, como he apuntado, por una clase
dominante extraviada y confusa, víctima de la acción de un falso
cosmopolitismo y de un tenaz hábito, socialmente difundido, de riqueza fácil.
En el seno de la clase dominante habrá de tomar cuerpo, y de prevalecer, el
sector más lúcido de la misma, consciente de su deber de velar por “quienes
habrán de heredar la tierra”. La clase dirigente se ve seriamente afectada por el
debilitamiento de la clase media y por el desaliento de los intelectuales. Estos
pierden conciencia de que su principal deber consiste en mantener abierta la
esperanza de un futuro mejor, no como acto de fe sino como rendición de una
función crítica, no sólo irrenunciable sino imprescindible socialmente, si no
como lectura responsable de nuestro ciclo de nación. Por su parte, las clases
trabajadoras, que tan importante papel jugaron en la iniciación del proceso
democrático y en su consolidación, se encuentran cercadas por el asedio de lo
cotidiano y el deterioro de sus organizaciones. La historia reciente de la
América Latina se esfuerza por probar que la madurez política alcanzada por
algunas de sus sociedades ha vuelto por completo improcedente, por ineficaz,
toda forma de delegación de la conducción social en sectores sustitutivos de las
clases dominante y política. Por ello el reconocido fracaso de los expedientes
militares, siempre gravosos en todos los terrenos, incluso para las propias
fuerzas armadas, como institución.
Los recursos
Los recursos que es necesario movilizar para potenciar la acción de los

52. actores sociales han sido señalados por la COPRE desde 1987. Ellos son,
básicamente: la reforma del sistema político, con un sentido de profundización
de la democracia mediante la ampliación y la instrumentación de la
participación en los mecanismos de formación y ejercicio del poder; el
perfeccionamiento del Estado de Derecho mediante la organización de un
sistema judicial que imparta justicia; y la reproducción informada y crítica de
las actitudes sociales mediante un sistema de enseñanza que no sólo instruya
sino que también eduque para la democracia.
El objetivo de esta conjugación de factores es restablecer, consolidar y
desarrollar el interés social por la Democracia, mediante la satisfacción de dos
condiciones esenciales: el cultivo, en todas las áreas, del sentido social de la
responsabilidad individual y de la conducción social; y la decidida reducción,
mediante el ejercicio de los derechos económicos y sociales ya contenidos en la
Constitución, de la brecha existente y aun creciente en la distribución del
ingreso y en las oportunidades de ascenso social.
En suma, está planteada para los venezolanos la necesidad y la urgencia
de conformar una genuina sociedad democrática, y el logarlo dependerá, en
mucho, de una acertada reformulación del proyecto nacional.
VI
No puedo abundar en comentarios sobre el estado actual del proceso de
conformación de una sociedad democrática en Venezuela. Otros lo harán en
este volumen, con mejores instrumentos que los míos. Pero sí quiero
permitirme algo, a manera de cierre más que de conclusión, y ello es la
expresión de mi convicción de historiador: la sociedad venezolana, que logró
completar con éxito las dos primeras etapas-objetivo que conforman su
proyecto nacional, lo conseguirá igualmente con la tercera etapa-objetivo, y no
muy tarde, en el próximo siglo, será una sociedad cabalmente democrática.
_____________________
* Venezuela, del siglo XX al siglo XXI: un proyecto para construirla, pp.
13-28.

53. Séptimo texto:
Cámara de Comercio Industria y Producción de Cumaná
Foro: “¿Hacia donde va Venezuela?
Cumaná, 18 de septiembre de 2014.
SOBRE EL TIEMPO HISTÓRICO
DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA
Germán Carrera Damas
Escuela de Historia
Facultad de Humanidades
y Educación. U. C. V.
Advertencias:
Séame permitido iniciar mis palabras formulando dos advertencias.
La primera advertencia consiste en prevenirles de que no trataré de lo
inmediato, tanto en lo presente como en lo previsible. Considero que mis
colegas lo harán con más propiedad que yo. La segunda advertencia consiste en
que intentaré explorar los factores y condicionamientos que generan
vulnerabilidad de la sociedad venezolana ante amenazas contra su
determinación de llegar a ser genuinamente democrática; y asomaré algunas
medidas que estimo apropiadas y necesarias para contrarrestar, o al menos
disminuirla, esa vulnerabilidad.
Parte I:
Me complace mucho esta invitación a ofrecer una respuesta a la
pregunta, formulada por Ustedes, que creo nos preocupa a todos: ¿Hacia dónde
va Venezuela? Lo intentaré, sin embargo de que creo vigente el dictamen global
dado por Rómulo Betancourt el 6 de enero de 1945, en un artículo de combate,
¿Significativamente oportuno?, titulado “La conchupancia compatibilística”. Dice
así: ….”Por nuestra parte, no alimentamos tales ideas derrotistas. La
conchupancia conpatibilistica, como tantas otras taras que deforman nuestra
vida institucional, será barrida por la marea de los acontecimientos históricos.
Venezuela está en marcha hacia la conquista de su futuro, y nada ni nadie
podrá detenerla.” (Rómulo Betancourt, Antología política, Vol. III, pp. 538-539).
Paso a explicar mis razones:
Declaro que, dada mi dedicación profesional a la investigación
histórica, y por ser fiel a mis convicciones sobre el deber social del historiador
venezolano contemporáneo, el intentar responder esa pregunta es mi afán
cotidiano. Con ello hago verdad, también, un precepto que he expuesto más de
una vez: Soy historiador: por consiguiente, me ocupo profesionalmente del
pasado; me compromete vitalmente el presente; y me interesa, intelectual y
espiritualmente, sobre todo el futuro. O sea que vivo y laboro en función del
tiempo histórico; entendido éste como el continuo integrado por los tres estadios
cronológicos ordinarios; los cuales percibo e interpreto, por consiguiente, como

54. Pasado histórico, Presente histórico y Futuro histórico. Ubicada la cuestión bajo la
luz de estos preceptos, creo posible y necesario desagregar mi respuesta de esta
manera:
A.- El Pasado histórico de la sociedad venezolana está poblado de altas
realizaciones, y de dolorosas pruebas de que, contrariamente a lo que asienta el
saber sociopolítico común, los pueblos si se equivocan. Añado que cuando lo
hacen las repercusiones y consecuencias de las equivocaciones suelen ser
profundas, prolongadas y duraderas. Tal ha ocurrido con el acatamiento, de
aviesos regímenes sociopolíticos, basado en el deslumbramiento causado por
las obras públicas y el engaño de las promesas demagógicas; e incluso por la
conformista sentencia de sí, pero dio libertad.
B.- Por esta razón, el Presente histórico de la sociedad venezolana revela la
persistencia de la pugna entre la conciencia crítica y los atavismos sociopolíticos
que lastran la evolución y desarrollo de la sociedad; sin embargo de haberse
acelerado éstos durante le segunda mitad del Siglo XX, como resultado de la
realización, de manera reiterada y mayormente eficaz, de los correlativos
esfuerzos por la superación de tales atavismos. Tal ocurrió con la dictadura
militar de 1948-1958 y la reinstauración de la República liberal democrática a
partir de 1959-1960.
C.- El futuro histórico de la sociedad venezolana consistirá en su
persistencia, históricamente comprobada, en la prosecución de la manifestación
sociopolítica que he denominado La larga marcha de la sociedad venezolana hacia
la Democracia. La sujeción de esta marcha a una constante evaluación critica
condujo a la designación, por Decreto Presidencial de 17 de diciembre de 1984,
de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE; uno de cuyos
resultados, el de dar inicio a la instauración de la descentralización política y
administrativa, es hoy baluarte, aunque asediado, de la Democracia. En este
juego histórico contamos con un As: pareciera que nuestro futuro histórico no
dependerá tanto de crear riqueza como de aprender a hacerla valer, social y
políticamente.
Parte II:
Mas, en lo concerniente a la valoración de conjunto del tiempo histórico
de la sociedad venezolana, creo pertinente referirlo a dos comprobaciones básicas,
que mi ya visiblemente prolongado estudio de la Historia, en sus dobles y
correlacionadas vertientes, la venezolana y la internacional, me permite invocar:
La primera comprobación reza que los venezolanos somos menos
originales de lo que nos creemos: “En este país”, fue el título escogido por Luis
Manuel Urbaneja Alchelpohl para su más reputada obra. Quiso marcar, con tan
cotidiana exclamación, la habitual inconformidad con nuestro acontecer. Pero
también somos menos imitadores de lo que algunos nos han creído (“micos
imitadores”, nos llamó Pío Baroja), o nos creen (de manirrotos sauditas hemos
sido calificados).
La segunda comprobación reza que, respecto de otros pueblos, los
venezolanos no somos, históricamente tan diferentes como creemos; sobre todo
al pasmarnos ante nuestros defectos y vicios; ni tan iguales como pareceríamos

55. desearlo, al caer asombrados por el progreso social y político de sociedades que
tengamos por modélicas.
La realidad es que, como todos los pueblos, aprovechamos,
malgastamos o desaprovechamos, recursos y oportunidades. En ciertas
ocasiones nos descalificamos para la paz y el bienestar,- reconociendo que no
somos suizos-; o lamentando no haber sido colonizados por los progresistas
ingleses; o el haberlo sido por los atrasados españoles.
A.- Lo sucintamente dicho significaría, en suma, que, como pueblo,
nos rige una normativa socio histórica común, atingente al curso histórico.
Consiste en que, como todos los pueblos: a.- Contamos en nuestro haber con
notables aciertos y realizaciones; b.- Hemos creado mitos acerca de nuestras
virtudes, y amparamos bajo ellos nuestras flaquezas; c.- Hemos cometido
graves y hasta reiterados errores.
a.- En cuanto a algunas de nuestras realizaciones notables:
1.- Elaboramos, formulamos y pusimos en práctica, exitosamente, la
teoría de la lucha por la independencia, en el marco de la relación colonial con
nuestra Corona. Para ello superamos una accidentada trayectoria, que tomó
más de dos décadas; sacrificamos más de la tercera parte de la población
estimada y tuvimos como escenario casi la mitad de Sudamérica.
2.- Concebimos y pusimos por obra un singular ejemplo de asociación
pacífica de pueblos, al aprobar en Angostura, el 17 de diciembre de 1819, la Ley
fundamental de Colombia; promoviendo su constitución en 1821 y logrando su
independencia en Carabobo, en el 24 de junio del mismo año.
3.- Fuimos factor político y militar primordial en ponerle virtual
finiquito al imperio hispanoamericano, el ejército de la República de Colombia,
comandado por el allí promovido primer Mariscal de Colombia, el cumanés
Antonio José de Sucre, en Ayacucho, en el 9 de diciembre de 1824.
4.-Partiendo institucionalmente de 1946, en sólo medio siglo
conformamos, enmarcándola en La República liberal democrática, una sociedad
con alto nivel de modernidad; superando las enormes dificultades
representadas por una población escasa y dispersa; -en medio de un ambiente
hostil, expresión de las distancias agigantadas por el atraso generalizado y
acumulado-; agobiada por las endemias y la indefensión ante los accidentes
geográficos y climáticos; mantenida en un bajísimo nivel cultural y educativo; y
condicionada por una rudimentaria conciencia política y por la precaria
integración social resultante, hecha de despotismo y subordinación. Así lo
atestigua, aunque inadvertidamente, el inventario levantado en el denominado
Programa de Febrero, fechado en el 21 de febrero de 1936, dispuesto por el
Presidente General Eleazar López Contreras.
5.- Sentamos ejemplo mundial en materia de saneamiento social y
ambiental combatiendo el paludismo, el analfabetismo y la desnutrición; una
vez emprendido el rescate de la mayoritaria población difícilmente
sobreviviente en el campo.
6.- Pero lo históricamente más significativo ha sido el sentido, básico y

56. sostenido, de nuestra evolución sociopolítica, orientada hacia la instauración de
una república liberal moderna, de fundamentación e institucionalización
democráticas; aspiración manifiesta y sostenida desde su inicial expresión en el
Decreto de Garantías, dictado por el General Juan Crisóstomo Falcón en el 18 de
agosto de 1863; cuyo considerando reza: “Que triunfante la revolución deben elevarse
a canon los principios democráticos proclamados por ella y conquistados por la
civilización, a fin de que los venezolanos entren en el pleno goce de sus derechos
políticos e individuales.”
b.- En cuanto a la creación de algunos mitos acerca de nuestras virtudes y
desventuras:
1.- Se nos ha hecho creer que carecemos de pasado monárquico, no
obstante que el 30 de marzo de 1845 el plenipotenciario venezolano firmó, en
Madrid, el Tratado de Paz y Reconocimiento, en virtud del cual la que por ello
era todavía jurídicamente nuestra reina Isabel II: ….”usando de la facultad que le
compete por decreto de las Cortes generales del Reino de 6 de diciembre de 1836,
renuncia por sí, sus herederos y sucesores, la soberanía, derechos y acciones que le
corresponden sobre el territorio americano, conocido bajo el antiguo nombre de
Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela.” Tratado aprobado y
ratificado en los días 20 y 27 de mayo de 1846 por los poderes Legislativo y
Ejecutivo. ¿Podía nuestra reina abdicar, graciosamente, a una Corona de la que la
habíamos despojado por la fuerza de las armas, según lo proclamó el Congreso
de Colombia? ¿Lo procedente no era sólo reconocer la Independencia?
2.- Nos creemos un país rico. Por lo que no asociamos la riqueza,
orgánicamente, con el trabajo, el conocimiento, el emprendimiento y la
creatividad técnica. Así lo prueba el hecho de que sigamos hablando de renta
petrolera, mientras dilapidamos el capital que se pretende la genera.
3.- Consideramos que somos “muy abiertos”: ¿Por qué no hemos
superado la candidez de creer que la ayuda y la solidaridad, por
desinteresadas, motivan reciprocidad?
4.- Repetimos que, desprendidamente, y con descuido de nuestras
propias necesidades, contribuimos a que se lograse la independencia de otras
sociedades; cuando, en realidad, lo que hicimos fue demostrar lucidez
estratégica, y capacidad político-militar, haciendo posible nuestra
independencia y consolidándola mediante la creación de la República de
Colombia, librando la denominada Campaña del Sur. Ambas hazañas
sustraídas por el militarismo criollo, tendenciosamente, de nuestra conciencia
histórica.
c.-Hemos cometido graves y hasta reiterados errores:
1.- Iniciábamos la superación de nuestra ancestral pobreza, a fines del
Siglo XVIII, cuando, justificadamente, la interrumpimos en aras de la disputa de
la Independencia, propia y, por necesidad estratégica, en la de otros pueblos.
Pero, sobre todo, no fuimos capaces de reanudar, por nuestro esfuerzo, el
camino interrumpido. Y justificadamente alarmados por los efectos destructivos
y socialmente perturbadores de la guerra, pusimos empeño en restaurar el
régimen sociopolítico colonial bajo el manto de la República.

57. 2.- Justificadamente asustados por los excesos sociopolíticos
integrantes de la disputa de la Independencia, creamos en 1830, en función de la
ruptura de la República de Colombia, las condiciones para la instauración de la
tutela del Poder militar sobre el Poder civil; y nos recogimos en el orden
autocrático del Estado de Venezuela, remedo de nuestra monarquía absoluta,
matriz de la República liberal autocrática, prevaleciente hasta 1945-1946.
3.- Avanzábamos, a partir de 1946, hacia ser la primera sociedad
democrática de América Latina, cuando, por prejuiciada incomprensión de la
naturaleza controversial del régimen sociopolítico democrático, recaímos en la
autocracia, sacrificando la libertad en aras de una atávica añoranza del orden
despótico, vestigio del monarquismo absoluto originario. Vale recordar que fue
exactamente un siglo después de haber sido declarados jurídicamente
independientes cuando iniciamos, en rigor, la ardua tarea de hacer que súbditos
rebeldes se transformasen en ciudadanos de una república liberal democrática,
al mismo tiempo que se les convocaba a rescatarse del atraso, el analfabetismo,
la enfermedad y, según la expresión de Rómulo Betancourt, ….”la clásica, la
tradicional, la inenarrable hambre venezolana”….
4.- Las consecuencias de la subversión armada desencadenada desde
los inicios de la reinstauración de La República liberal democrática, y el déficit
social así generado, aun se resienten, particularmente en las organizaciones
políticas. Imposible calcular la proyección de la pérdida de varios miles de
jóvenes, particularmente de estudiantes, sacrificados o dañados en la negación
y en la defensa de esa República, a partir de 1959, que se sumaron a los ya
sacrificados por la dictadura militar derrocada en 1958.
5.- La acelerada pero sin embargo tardía democratización de la
sociedad, particularmente gracias al reconocimiento de sus derechos políticos a
la mujer, y de la extensión de éstos a los analfabetas y a los mayores de 18 años,
magnificó la demanda de satisfactores, en todos los órdenes, desbordando la
aptitud del Gobierno y de la Administración pública para encauzarla; al mismo
tiempo que el aparato político, abandonada la concepción pedagógica de la
política, desatendió la formación de ciudadanos y con ello perdió la capacidad
de orientar las genuinas reivindicaciones sociales.
Parte III.-
En suma, creo posible afirmar que la reanudación de la
institucionalidad liberal democrática, ahora heroicamente procurada, exigirá de
la sociedad venezolana encarar, además de las cuestiones precedentes, un
conjunto de grandes retos atingentes al ordenamiento sociopolítico. Intentaré
clasificarlos, diferenciando entre los retos señalados poco antes de iniciarse la
presente segunda crisis del régimen sociopolítico liberal-democrático, y los
generados por tal crisis. Pero debo subrayar mi convicción de que esta tarea, si
bien reclamará idoneidad técnica, requerirá, con no menor importancia, que las
determinaciones políticas correspondientes se nutran de una alta dosis de
conciencia histórica crítica, que permita enfocar los problemas y las soluciones
propuestas, emancipándose del inmediatismo político, tan proclive a la
demagogia, pomposa y denigrativamente denominado populismo. Pero que

58. igualmente sean dirigidos a contrarrestar la vulnerabilidad de la sociedad ante
irrupciones autocráticas.
A.- Retos señalados poco antes de iniciarse la presente segunda crisis del
régimen sociopolítico democrático:
No sólo ha cesado la atención debida a las amenazas que aun se
ciernen sobre la sociedad venezolana, enunciadas en el Proyecto de Reforma
integral del Estado, presentado por la Comisión Presidencial para la Reforma del
Estado (COPRE) a la Presidencia de la República, en el 19 de noviembre de
1988, sino que ellas se han agravado como resultado de la incuria y la
incapacidad gubernamentales. Me permitiré enunciarlas muy brevemente:
a.- “Las amenazas frente las cuales la sociedad venezolana posee una
capacidad de acción, en acto o en potencia, relativamente alta y autónoma”. Tienen que
ver con la marginalidad, en sus diversas expresiones; el desempleo, franco o
disimulado como comercio informal; la ineficiencia, entendida como incapacidad
para manejar los cambios de escala en las demandas sociales; el agotamiento de
los recursos naturales y el deterioro del ambiente.
b.- “Las amenazas respecto de las cuales la capacidad de acción de la
sociedad venezolana es menor, o está condicionada determinantemente por esquemas de
cooperación o de competencias internacionales”. Tienen que ver con las migraciones
no controlables; la internacionalización de la violencia y el tráfico de estupefacientes.
c.- “Las amenazas resultantes de la combinación de dos o más factores
individualizables o del juego del conjunto de los mismos”. Tienen que ver con “la
corrupción, entendida como una práctica social generalizada y extendida. La
desorganización social, manifiesta como la criminalidad, las conductas delictivas,
el urbanismo anárquico, etc., la pérdida de confianza en la funcionalidad del sistema
democrático; y el desaliento y la apatía social y política.
B.- A esta red de amenazas se han añadido varias y graves derivadas
del errático, y al mismo tiempo autocrático, desempeño sociopolítico y
socioeconómico del arcaico régimen que nos ha sido impuesto desde hace
década y media. Ellas son:
a.- La sumisión ante el régimen monárquico castrista, que luego de
arruinar a los cubanos hace lo mismo con los venezolanos.
b.- El establecimiento de nexos comprometedores con regímenes
sociopolíticos que han incurrido en la condena, por los países democráticos
occidentales con los cuales hemos mantenido, históricamente, conexiones
funcionales en los aspectos culturales y de intercambio.
c.- El establecimiento de lazos económicos y financieros contractuales
y de alianza, de alcance desconocido por la opinión pública, con regímenes
sociopolíticos cuyos fundamentos autocráticos no son compatibles con los
valores democráticos, arraigados en la sociedad venezolana.
d.- Haber comprometido a generaciones de venezolanos en el
desmesurado crecimiento de la deuda pública exterior, respaldada con la
entrega de nuestros recursos naturales mediante tratos privilegiados, secretos y
por lo mismo presumiblemente dolosos.
e.- Haber secuestrado la majestad y la competencia de los poderes

59. públicos, partiendo del gobierno municipal, que debe ser entendido y ejercido
como escalón primero y primario del Poder público; y culminando con los más
altos poderes del Estado, cuya majestad deberá ser restaurada, rescatándola de
manos de quienes controlan ilegal e ilegítimamente el Poder público.
f.- Haber deteriorado el tejido social, ahora afectado gravemente por
la corrupción y el nepotismo; y por el cultivo de práctica sociales disolventes,
tales como la ruptura de las relaciones logro-esfuerzo y falta-sanción, caldo de
cultivo de actitudes mendicantes y de conductas delincuenciales.
g.- Haber predicado y fomentado, sistemáticamente, la confrontación
intra-social, unida a la domesticación y represión de las organizaciones de
ciudadanos, particularmente de gremios y sindicatos, y al control despótico de
los medios formadores de la opinión pública y de la educación ciudadana.
h.- Haber motivado, como urgencia sociopolítica, el restablecimiento
del clima de confianza jurídica y política requerido para reactivar el desarrollo
socioeconómico mediante el desenvolvimiento de la creatividad, en todos los
órdenes, comenzando por el empresarial.
Parte IV:
Para contrarrestar la vulnerabilidad padecida por el régimen
sociopolítico liberal democrático; y poder así enfrentar con éxito las amenazas
de todo orden que se ciernen sobre la sociedad venezolana, habremos de
despejar la conciencia ciudadana de la carga de atavismos que contribuyen a
hacerla presa de tales amenazas. Para ello, habremos de dejar de dar,
culposamente, la espalda a los complejos de creencias que zapan nuestra
condición socio histórica profunda; todavía plagada de las secuelas
sociopolíticas del monarquismo, de los vestigios sociales de la esclavitud, del
socialmente empobrecedor machismo, y de la perversión ideológico-historicista
sistemática de la conciencia nacional. Estos logros requerirán la revisión crítica
de constantes sicosociales de las cuales cabe mencionar las siguientes:
A.-El complejo de creencias que conforma la conciencia criolla. Es resultado
de la destilación sociocultural del proceso de descubrimiento, conquista y
colonización; iniciado en el Siglo XVI pero no concluido del todo, tanto en el
sentido espacial como en el social. La conciencia criolla, que rige, aun hoy,
nuestra relación con las sobrevivientes sociedades aborígenes, se manifiesta en
la actualidad como un sainete con música de arcaísmo ideológico-político,
compuesto de un remedo de representación política; de la recolección de los indios
para devolverlos a su lugar de origen; y de actitudes coloniales como las asumidas
ante los ineludibles signos autonómicos de los evolucionados wayu.
B.- Todo lo vinculado de manera ahistórica con un antihispanismo que
tiende a minar nuestra conciencia nacional hispano-criolla, despojándola de su
originario componente predominante de autenticidad histórica. En cambio,
promover la culminación de la compleja integración de la conciencia criolla en la
conciencia nacional; limpiando esta evolución del humillante sesgo
proteccionista, de carácter politiquero-filantrópico, que actualmente la
corrompe.

60. C.- El vínculo también perceptible en relación con las tenaces secuelas
de una sociedad fundada en la lenta y parcial superación de la discriminación social y
racial del aborigen, y particularmente del negro; superación aun en curso como la
definitiva liquidación social de la esclavitud. Dificultades éstas que se pretende
ocultarlas tras giros de lenguaje, como se pretende hacerlo, respecto de la
mujer, mediante la artimaña del femenino genérico.
D.- Formar conciencia crítica acerca de que, al amparo de la conciencia
criolla se formó una cultura de dominación-subordinación, manifiesta en la figura
sociopolítica que he denominado El dominador cautivo. Es decir, de dominación
ejercida respecto de indígenas, esclavos y mestizos; y de subordinación respecto
de las formas de conducta ante poderes centralizadores, de acatamiento del
mito de la capacidad del poder militar como generador de orden y patrón de
eficiencia; y de adopción acrítica de paradigmas ajenos a nuestra naturaleza
socio-histórica. ¿Vestigios, todo esto, de la condición colonial originaria y de la
calamitosa instauración de la república liberal autocrática, a partir de 1830? ¿Se
explicaría, por ello, la tornadiza búsqueda de patrocinios extranjeros,
teniéndolos, poco menos que por incuestionables, por autorizados? ¿Explicaría
esto, también, la inclinación a ir tras los señuelos que produce el Poder, aunque
desvirtuado, con el fin de divertir la opinión pública, apartándola del ejercicio
consciente de la Soberanía popular?
E.- Erradicar las más antirrepublicanas manifestaciones del sometimiento al
poder centralizador, y sus consecuencias mayores; que lo son el cultivo de la mentira
y de la desinformación respecto del ejercicio del Poder público; la arbitrariedad
en la conducción de las relaciones exteriores, y la discrecionalidad y la
impunidad en el gasto público. Fundamental importancia, para el ejercicio
democrático del Poder público y su finalidad, la debería tener el sometimiento
de la formulación del presupuesto nacional, de su ejecución y de la rendición de
cuentas, al libre examen por la opinión pública. El secretismo generalizado y la
discrecionalidad irresponsable, en materia presupuestaria, tanto civil como
militar, constituyen flagrantes atentados contra la Soberanía popular.
F.- Superar la circunstancia de que la expresión sintética de este
conjunto de condicionantes sociohistóricos, como formas de conciencia, es
nuestro embelesamiento con la obra, admirable, de Rómulo Gallegos: ¿porque
deseamos vernos como Santos Luzardo o al menos como Reinaldo Solar? Y
nuestro olvido de José Rafael Pocaterra, ¿porque no queremos vernos como los
personajes de la Casa de los Abila ni de Cuentos Grotescos, y menos aún de Política
Feminista o el Doctor Bebé? El vernos tal cual somos ha sido, es y será, la clave
para abrir franco el paso hacia el futuro histórico democrático que venimos
edificando. Ello requiere significativos ajustes en nuestra conciencia histórica.
Esto sea dicho por no hablar del santuario de nuestras debilidades y aflicciones:
el desmesurado culto a Bolívar, sobre todo en cuanto se le ha trocado en tope de
la creatividad del venezolano, a la vez que en paliativo, universal y no
cuestionable, de nuestros infortunios.
En suma, como pueblo vivimos un tiempo histórico en el cual se
barajan, con brevedad y densidad: un pasado histórico que es desvirtuado con el
fin de anular nuestra creatividad social; un presente histórico cargado de

61. cuestionamientos que someten a prueba nuestra capacidad de hacernos como
Nación; y un futuro histórico que será promisorio en la medida en que seamos
capaces de abrir las puertas y ventanas de nuestra conciencia histórica,
individual y colectiva, y de hacer salir los fantasmas con los que aun
convivimos. A la par que sepamos crear las condiciones sociopolíticas para que
la capacidad adquirida por extensos sectores de la sociedad pueda desplegarse
de manera creativa y productiva, sin valerse de mitos ni ampararse en la
bolivariana segunda religión.
Por mi parte, no vacilo en reiterar que abrigo la certidumbre histórica de
que lo haremos; y de que en una o dos generaciones la venezolana será la
primera sociedad genuinamente democrática de América Latina.
Gracias.
Caracas, setiembre de 2014.