La contratación electrónica permite agilizar la gestión pública y adaptarse a nuevas circunstancias de manera eficiente y transparente. El documento promueve el uso generalizado de la contratación electrónica para adquirir bienes y servicios, manteniendo la contratación no electrónica solo para casos excepcionales. Además, la contratación electrónica y el uso de declaraciones responsables y clasificaciones de contratistas buscan luchar contra la corrupción y favorecer a las pequeñas y medianas empresas.