Debate del plan integral de política demográfica

DEBATE DEL PLAN INTEGRAL DE POLÍTICA DEMOGRÁFICA

13 de marzo de 2001

Una vez más, tengo el placer y el honor de comparecer ante la comisión
de estas Cortes, en este caso para tratar un asunto de importancia
fundamental para nuestra comunidad autónoma y sobre el cual yo creo
que se han vertido muchos ríos de tinta y espero que se viertan más a
partir de ahora.

Efectivamente, quiero recordar a sus señorías que el Gobierno de Aragón
remitió a las Cortes, en febrero del año 2000, una comunicación sobre
política demográfica y que, como resultado del debate sobre dicha
comunicación en el Pleno de la cámara, se aprobaron diversas
resoluciones a propuesta de los distintos grupos parlamentarios. La
primera de ellas fue aprobada a propuesta conjunta de todos los grupos
parlamentarios e instaba al Gobierno de Aragón a «elaborar y presentar,
antes del uno de octubre, un Plan integral de política demográfica en el
que se contengan las medidas a desarrollar». Pues bien, en cumplimiento
de dicho plan, se ha elaborado un documento que integra un conjunto de
medidas, en nuestra opinión, coherentes y sistematizadas dirigidas a
poner en marcha diversas políticas tendentes a enfrentarse con el
problema que supone la actual evolución demográfica de Aragón.

He de recordar a sus señorías que, como se dice en el propio plan, el
calificativo «integral» no debe o no puede ser entendido como
omnicomprensivo de todo tipo de políticas relacionadas con la población,
que, al fin y al cabo, es la destinataria de cualquier acción de gobierno.
Hay que reconocer que, efectivamente, actuaciones trascendentales como

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la mejora de la red de carreteras o los nuevos regadíos o la política
industrial, todo, lógicamente, tiene que ver con lo que son las políticas
relacionadas con la población, porque tienen a ésta como el objetivo
fundamental. De entenderlo de otra manera, un Plan integral de política
demográfica sería tanto como decir un plan integral de gobierno, y parece
claro que el debate planteado y las resoluciones aprobadas como
consecuencia de la comunicación presentada debían venir referidos, que
es lo que se ha intentado, más a aspectos especializados y concretos, más
directamente relacionados con lo que podríamos entender, en términos
teóricos, como política demográfica.

El presente plan, el que se presenta ahora, recoge medidas referidas a
apoyo a las familias, a la inmigración y a la política de equilibrio territorial,
lógicamente, en la misma línea que se planteó cuando el Gobierno
presentó ante la cámara la correspondiente comunicación.

Es evidente, y quiero recordarlo aquí, que la elaboración del plan ha
tenido en cuenta, como no podía ser de otra manera, las resoluciones
aprobadas por el Pleno de las Cortes. Todas ellas han sido objeto de
análisis y reflexión por todos los departamentos afectados por la
elaboración del plan integral y se han recogido siempre que se ha
estimado posible concretar actuaciones en aplicación de las mismas. En
algunos casos, ello no ha sido posible, sin que eso suponga que no puedan
ser tenidas en cuenta en futuras actuaciones.

No voy a recordar a sus señorías cuál fue el diagnóstico de la situación
demográfica de esta comunidad autónoma porque ya tuvimos la ocasión
de debatirlo ampliamente con motivo de la presentación de la
comunicación. Simplemente, recordar que esta comunidad autónoma

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«padece», entre comillas, una de las densidades medias de población más
bajas de Europa: efectivamente, en el año 1999 era de 24,8 habitantes
por kilómetro cuadrado frente a los 78,8 de España y a los 116 de media
de la Unión Europea, siendo, en consecuencia, la duodécima región
europea con menor densidad de población. Si a esta bajísima densidad de
población unimos la segunda característica del problema demográfico de
nuestra comunidad, que es el sobresaliente o el fuerte desequilibrio
territorial interno, con una ciudad con seiscientos mil habitantes y otros
municipios con siete habitantes, con veinte, etcétera, pues yo creo que
nos hacemos una idea, aunque sólo sea a modo de recordatorio, de cuál
es la situación demográfica, en la que no quiero volver a insistir porque la
conocen sus señorías mejor que yo.

Lógicamente, es obvio también que las causas del problema son dos: la
emigración y el crecimiento vegetativo negativo, y no creo que tengamos
que extendernos más en las causas, me parece que son conocidas
prácticamente de todos.

En cuanto a las perspectivas futuras, el futuro de las zonas actualmente
despobladas tiene mucho que ver, lógicamente, con sus posibilidades para
ofrecer incentivos suficientes, económicos y no económicos, para evitar
seguir perdiendo población, frenando las posibles salidas y consiguiendo
también atraer población con voluntad de establecerse en ella. Es decir,
en nuestra opinión, las perspectivas de futuro, entre otros muchos temas,
yo creo que van a depender fundamentalmente de los incentivos
económicos que seamos capaces de generar en las distintas comarcas, en
los distintos territorios, y, lógicamente, de los incentivos sociales y de
calidad de vida. A nadie se le oculta cuál es la situación económica de los

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distintos territorios de Aragón; incentivar económicamente esos territorios
será una buena causa que permitirá mejorar las perspectivas de futuro, y
hablamos igual de incentivos de carácter social y de calidad de vida.
Cuanto mejores sean los servicios en los territorios, con mayor facilidad se
quedará la gente o volverá gente que actualmente se ha tenido que
marchar.

Pero, bien, esto es obvio, señorías, no voy a descubrir el Mediterráneo,
como pueden suponer sus señorías, aunque siempre se descubre alguna
parte del Mediterráneo, pero en este caso no se trata de descubrir. Yo
creo que conocemos todos perfectamente cuál es la situación.

Ahora bien, ¿qué objetivo se pretende desde el Gobierno y se plantea
hoy al parlamento para incluir en un Plan integral de política demográfica?
En nuestra opinión, ese plan pretende facilitar al menos los siguientes
objetivos: primero, que se avance en la corrección de los profundos
desequilibrios territoriales y demográficos que experimenta Aragón;
segundo, frenar la tendencia regresiva que la población en su conjunto
muestra en los últimos años; tercero, que los ciudadanos puedan fijar sus
domicilios donde lo deseen, no estando sujetos a restricciones originadas
en carencias de servicios públicos básicos, en escasez de viviendas o en
incomunicación; cuarto, que los ciudadanos puedan compaginar su vida
familiar y sus proyectos laborales y profesionales de forma que tanto la
legislación laboral como los servicios asistenciales tomen como referente
el bienestar de los ciudadanos de acuerdo con sus preferencias; quinto,
que los ciudadanos puedan alcanzar el número de hijos deseados y en el
momento en que lo estimen oportuno; sexto, que los ciudadanos
procedentes de otros territorios se integren laboral, social y culturalmente

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en nuestras ciudades y pueblos, disfrutando de iguales derechos y
obligaciones que cualesquiera otros; séptimo, que en cualquier territorio
puedan localizarse actividades económicas y promoverse iniciativas
emprendedoras, contribuyendo la Administración de la comunidad
autónoma a subsanar los fallos del mercado; octavo, que el patrimonio
medioambiental sea conservado e incrementado incluso, si fuera posible,
y no se vea amenazado por actuaciones públicas ni privadas; noveno, que
la riqueza cultural de los lugares y sus habitantes se desarrolle y no se
vea amenazada por actuaciones públicas ni privadas, y décimo, que las
discriminaciones positivas que contrarrestan desigualdades derivadas del
género, situación económica y lugar de residencia sean transparentes y
equitativas.

En suma, que la calidad de vida en cualquier lugar de Aragón, urbano o
rural, sea adecuada para convivir en libertad y solidaridad todos sus
ciudadanos, siendo capaz de atraer la localización de nuevos residentes.

Voy a hacer abstracción de los principios que inspirarán la política
demográfica del Gobierno por estar incluidos en la comunicación
correspondiente. No me querría extender en exceso sobre la misma por lo
que diré después, pero es evidente que hay una serie de principios que se
han incluido que nos parecen de obligado cumplimiento o, al menos, que
tendrían que ser tenidos en cuenta, fundamentalmente, en la puesta en
marcha de este plan.

Y luego, respecto a las medidas concretas, que es lo que el parlamento
solicitó por unanimidad al Gobierno, el Gobierno de Aragón ha establecido
tres paquetes de medidas o tres conjuntos de medidas, un poco en la
misma línea que cuando se presentó la comunicación ante el parlamento.

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Primero, las medidas relativas a las familias. Efectivamente, el Gobierno
de Aragón se compromete a llevar a cabo una serie de medidas para
mejorar el nivel de vida de las familias y compensar, aunque sólo sea
parcialmente, el incremento de costes que supone el tener familias
numerosas: garantizar el acceso a viviendas dignas, promover la
integración de la mujer en el mercado laboral, conciliar la vida familiar y
laboral y facilitar más la educación de los hijos, etcétera.

Y se proponen una serie de medidas, primero, de carácter fiscal, que
tienen sus señorías en el correspondiente plan: entre otras, se propone
una ayuda directa de cien mil pesetas por cada nuevo nacimiento a partir
del tercer hijo, para lo que se establecerán las condiciones de niveles
máximos de renta para poder ser beneficiario de dichas ayudas; en
relación con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, se propone
también una serie de medidas, como una reducción de cinco millones de
pesetas en la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones
o la reducción del 95% sobre el valor neto incluido en la base imponible
del impuesto sobre sucesiones correspondiente a cualquier derecho sobre
una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades
adquiridos mortis causa por parte del cónyuge o descendientes de quien
fallece, etcétera; en relación son el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados, se propone también una
serie de medidas (en la adquisición de aquellos inmuebles que vayan a
constituir, por ejemplo, la vivienda habitual, se propone que la cuota
tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido
del 2%, por ejemplo). Es decir, hay una serie de medidas de carácter
fiscal que tienen sus señorías aquí, que pueden ser ampliadas por otras o
que pueden ser reducidas, matizadas o reconducidas.

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En materia de vivienda se pretende activar una serie de medidas que
también, lógicamente, se han incluido: respecto a la mejora de viviendas,
aspectos que se refieren a lesiones estructurales en vivienda en el medio
rural, estableciéndose una serie de ayudas que el departamento
correspondiente propone e incluye en el plan; en cuanto a la materia de
supresión de barreras arquitectónicas en edificios del medio urbano,
también se propone una serie de ayudas (establecemos, por ejemplo, una
línea de ayudas para pequeñas obras que permitan la adecuación
arquitectónica de la vivienda habitual a las personas mayores en situación
de dependencia o el estudio de las necesidades de vivienda en cada
comarca, estableciendo un Plan de viviendas de promoción no oficial
territorializado); asimismo, el ISVA incluirá en el próximo plan cuatrienal
acciones para asegurar las ayudas a parejas jóvenes menores de treinta y
cinco años.

En fin, entre otras ayudas, como digo y repaso: en las medidas relativas
a las familias hemos incluido medidas de carácter fiscal, medidas que
afectan a la vivienda, medidas de promoción de la mujer; con el objeto de
incrementar las tasas de actividad femenina, se propone también una
serie de actuaciones; lo mismo con el objeto de fomentar la iniciativa
emprendedora de las mujeres... Yo creo que leérselas todas a sus
señorías sería excesivo por mi parte. Han tenido más que tiempo para
podérselas leer con tranquilidad y con calma, y creo que no merecería la
pena que reiterara todo lo que se dice. Pero, vamos, simplemente
recuerdo que estamos en las medidas correspondientes a la promoción de
la mujer.

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También, en cuanto a familias desfavorecidas, se propone una serie de
acciones como, por ejemplo, incrementar los convenios con corporaciones
locales para la atención de núcleos familiares desfavorecidos o en
situación de riesgo; la existencia de una dotación necesaria para atender a
familias con menores en situación crítica, o incrementar la dotación
mínima necesaria para atender la demanda de partos múltiples.

Lo mismo en materia de personas mayores, con una serie de actuaciones
bastante pormenorizadas en cuanto a la realización, por ejemplo, de las
siguientes inversiones en centros para personas mayores, con una
dotación presupuestaria de mil setenta millones de pesetas, en donde se
incluyen: transformación de plazas para válidos en plazas para
dependientes en residencias como las de Albarracín, Utrillas, Foz y
Romareda; reforma y reposición de equipamientos en centros de día y
residencias; reforma de la Residencia de la Sagrada Familia, de Huesca, la
tercera fase; reforma de la residencia Hogar Doz, de Tarazona, etcétera;
se incrementará también la dotación personal para los centros citados en
el apartado a), que son los referidos a Albarracín, Utrillas, Foz y
Romareda; se actualizarán los conciertos de reserva y ocupación de plazas
para personas mayores y personas con discapacidad; se actualizarán los
convenios de colaboración para el funcionamiento de los centros, etcétera.

Otra serie de medidas para el apoyo a la infancia y otras en materia de
educación, referidas, por ejemplo, a la gratuidad de los libros de texto
(así, en el curso 2001 se establecen ayudas de hasta doce mil pesetas por
alumno en educación infantil, educación primaria y educación especial, y
de hasta veinte mil por alumno en educación secundaria obligatoria y
programas de garantía social), referidas a comedores escolares (se amplía

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la oferta de comedores escolares a alumnos de educación secundaria
desplazados, bien con la instalación de comedores en institutos de
secundaria, si lo solicita la comunidad educativa, o bien autorizando la
utilización del comedor del colegio público de la misma localidad),
referidas a transporte escolar, referidas al mapa escolar, referidas a la
permanencia del profesorado en el medio rural, referidas a ciclos
formativos de formación profesional en comarcas, referidas a formación
profesional a distancia, referidas a horarios vespertinos y nocturnos,
referidas a la gratuidad entre los cero y los tres años y referidas a la
coeducación.

Es decir, resumo: el conjunto de medidas que afectan especialmente al
capítulo que hemos denominado «Medidas relativas a las familias», que
son de orden fiscal, en materia de viviendas, en materia de promoción de
la mujer, en materia de familias desfavorecidas, personas mayores, apoyo
a la infancia y educación, fundamentalmente.

Hay otra serie de medidas, un segundo capítulo de medidas, relativas a
la inmigración. Y, efectivamente, resaltar que en la definición de objetivos
de este plan se ha señalado que la inmigración puede realizar un aporte
significativo para la revitalización demográfica y el reequilibrio territorial,
así como puede contribuir a superar una serie de carencias del mercado
laboral que pueden estrangular la viabilidad de ciertas actividades y
comarcas. Pero, además, la inmigración incorpora elementos de tipo
personal y sociológico, de mentalización individual y colectiva para
quienes llegan y para quienes los acogen y que es preciso considerar junto
con los anteriores.

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En consecuencia, ante esta complejidad, el Plan integral de política
demográfica propone afrontar la inmigración desde una perspectiva
abierta que integre de forma coherente la evaluación de las necesidades
de mano de obra y de regeneración demográfica, con el desarrollo de
medidas que favorezcan su integración laboral y social; en definitiva, su
enraizamiento en el territorio aragonés. Y se insta, junto a otras políticas
que en la actualidad son competencia del Gobierno central, a que las
políticas de inmigración se descentralicen al máximo en su gestión y
ejecución, no sólo hacia las comunidades autónomas, sino también hacia
los ayuntamientos, dado que las necesidades de mano de obra y las vías
de integración social son particulares en cada ámbito y merecen ser
territorializadas para ganar en efectividad.

Todos estos fines serán objeto de atención específica por el Gobierno
mediante el planteamiento de un conjunto de medidas de carácter plural
en un plan de atención al inmigrante que aborde el fenómeno de la
inmigración como un reto social, cultural, económico y demográfico. Así,
se avanzan algunas de las medidas en materia de acción social,
subvencionando a asociaciones, organizaciones no gubernamentales y
agrupaciones de mujeres que trabajen con mujeres inmigrantes, con el
objetivo de realizar acciones de formación para su inserción; el estudio
continuo de las necesidades de las personas inmigrantes para su
integración social y laboral en condiciones de igualdad; la elaboración de
un plan de integración social de inmigrantes y prestaciones básicas de
servicios sociales en municipios tan significativos para esta cuestión como
Caspe, Fraga y Monzón; la puesta en marcha de un plan de integración
social de inmigrantes y mantenimiento de centros de acogida en
Zaragoza, Huesca y Teruel y servicios de ONG; el refuerzo técnico de los

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servicios sociales de base para la acción social, o la creación de un grupo
de trabajo integrado por profesionales sociosanitarios.

En materia de educación, apertura de aulas de inmersión para acoger a
los inmigrantes que lleguen a nuestra comunidad sin conocer nuestro
idioma; se incrementará el número de profesores de educación
compensatoria, etcétera.

En fin, una serie de cuestiones que, como digo, afectan a la acción social
y a la educación.

Y el tercer capítulo de medidas son medidas relativas al fomento del
reequilibrio territorial, lo que hemos denominado siempre en esta cámara
«política territorial», que, lógicamente, se resumen en lo que sus señorías
ya conocen, que ha sido reiteradamente debatido en esta cámara y espero
que lo siga siendo en el futuro, que es la puesta en marcha y
cumplimiento de las directrices generales de ordenación del territorio, una
norma, señorías, de estas características que aporta cierta coherencia en
la medida en que señala cómo territorializar los servicios públicos y
completar ciertas dotaciones de infraestructuras en función de los rangos
atribuidos a ciertas localidades según el sistema de ciudades en los que se
organiza Aragón. Es decir, el cumplimiento escrupuloso en la medida que
es posible, desde todas las administraciones públicas, de las directrices
generales de ordenación del territorio.

Lo mismo en la línea de fortalecimiento de las haciendas locales, que sus
señorías ya conocen. Este año se ha duplicado el fondo incondicionado
hasta cuatro mil millones de pesetas, que nunca es suficiente, lo
entendemos, pero, bueno, al menos estamos manteniendo la línea que

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dispuso la Ley de Administración local de Aragón, que creemos que es lo
adecuado.

Apoyo al proceso de comarcalización, como una forma diferente de
organizar el territorio más adecuada a las necesidades del siglo XXI, y
que, por supuesto, ahorro a sus señorías el desarrollar más este tema.

Lo mismo en cuanto al acercamiento de la actuación administrativa al
territorio, con una serie de medidas que no voy a pormenorizar ahora y
que tienen mucho que ver, señorías, con las que el Gobierno ha incluido
en la comunicación que envió en su día al parlamento, que está pendiente
de debatir en esta cámara, sobre las consecuencias en la Administración
del proceso de comarcalización, más o menos resumido de alguna
manera. Entonces, eso tiene que producir un nivel de acercamiento de la
actuación administrativa al territorio, con una serie de medidas, que será
mejor que las pormenoricemos un poquito más cuando se vea la
comunicación que envió en su día el Gobierno y que, como digo, está
pendiente de discutir en el parlamento y de debatir entre los grupos, y me
parece que puede ser una idea muy adecuada llegar a acuerdos sobre esa
línea.

Fomentar la implantación de infraestructuras para la información y
promocionar un uso creciente, que también se incorporan estas ideas en
la comunicación y en la otra comunicación que el Gobierno remitió al
parlamento, y mejorar la información sobre la situación territorial
mediante la creación del Centro de Documentación e Información, el
Instituto Aragonés de Estadística, etcétera.

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En fin, no me voy a extender excesivamente sobre las medidas de
política territorial, que han sido reiteradamente debatidas en esta
cuestión.

Además de las medidas propiamente dichas de política territorial, hay
otras que tienen que ver mucho con lo que pueda ser el futuro de esta
comunidad autónoma, que es el fomento de la actividad económica.
Podemos citar algunas de carácter más o menos especializado, aunque,
evidentemente, todo lo que hacen todos los departamentos y todas las
administraciones tiene algo que ver con ese objetivo que es la población:
medidas que promueven el desarrollo endógeno del medio rural, como el
Programa de industrialización agraria, incluido en el Plan de desarrollo
rural 2000-2006; las ayudas a la agricultura ecológica, incluidas en el
Programa de medidas de acompañamiento 2000-2006; programas de
restitución territorial para zonas afectadas por grandes embalses; el
aprovechamiento de los bosques e industrialización de sus producciones;
el fomento de empresas artesanales, o la información sobre acciones
jurídicas de Derecho civil aragonés para la transmisión de empresas y
patrimonios familiares.

Además de eso, fomento de iniciativas empresariales en el sector
turístico, con una serie de programas (programa de materia de turismo
rural); la consolidación y ampliación de la red de hospederías y albergues;
la colaboración con otras comunidades autónomas en la creación de una
estrategia conjunta para promocionar y desarrollar áreas turísticas
complementarias, que se citan también en el plan integral.

La estabilidad de los mercado laborales e integración de la mujer
trabajadora, con una serie de medidas que se dirigen a promover el

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aumento de la tasa de actividad femenina; las ayudas a la creación de
empresas que empleen mano de obra femenina, reconocidas en el
programa presupuestario correspondiente; medidas relativas a la
inserción y formación ocupacional, desarrolladas en el Instituto Aragonés
de la Mujer y desde el Instituto Aragonés de Empleo; medidas relativas al
apoyo a las iniciativas empresariales en labores de asesoramiento, apoyo
y evaluación desde el Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto
Aragonés de Empleo; creación de guarderías, o ampliación de los horarios
de los centros educativos.

Y, por último, medidas de competencia de otras administraciones, de las
que no podemos hacer abstracción porque tienen también su efecto
inmediato sobre la política demográfica.

Bueno, sobre el tema de la ley de extranjería, recordar cómo está la
situación, sobre lo cual no voy a hacer incidencia ahora, salvo que alguna
de sus señorías me lo pregunte.

Sobre la política de inmigración, una mayor descentralización en su
planificación y ejecución creo que sería recomendable. En esta línea,
deberíamos instar a potenciar la contratación en origen de los
trabajadores temporeros, erradicar la intermediación ilegal y mejorar el
funcionamiento del Instituto Nacional de Empleo como agencia de empleo
que desarrolla políticas activas y elimina costes informativos y de
negociación, y asimismo deberíamos solicitar a la Administración central
las modificaciones precisas en el régimen especial agrario de la Seguridad
Social.

Sobre el modelo de financiación autonómica, en fin, se insta al
Gobierno... La idea es muy clara: sobre el modelo de financiación

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autonómica, en relación con la demografía, lo que hemos de tener claro es
que el nuevo modelo de financiación autonómica no puede basarse
exclusivamente en razones de población, sino en la baja densidad
demográfica que padece esta comunidad autónoma y que la diferencia de
otras comunidades autónomas distintas a la nuestra. Yo creo que esa
referencia, ese punto de referencia, ha de ser tenido en cuenta en
cualquier actuación que tenga que ver con el nuevo modelo de
financiación de las comunidades autónomas: no podemos tener en cuenta
los términos absolutos, sino la tasa, la bajísima tasa demográfica y la
mala distribución que a lo largo y a lo ancho del territorio tiene la
población. Ahora, por ejemplo, que está discutiendo o se va a discutir o se
está empezando a negociar la transferencia del Insalud, por ejemplo, no
deberíamos aceptar una transferencia cuyo coste efectivo se calculara
exclusivamente sobre la población y no tuviera en cuenta la distribución
sobre el territorio de esa población, que yo creo que produce un coste
añadido a lo que sería, simplemente, un coste a tener en cuenta
exclusivamente por la población.

Sobre la normativa laboral, instar al Gobierno español a mejorar las
condiciones laborales y de protección social de los trabajadores en peores
condiciones, que, dado los indicadores manejados por el Inem y la EPA,
son los jóvenes y las mujeres.

Sobre la legislación relativa a familias numerosas, simplemente, solicitar
o instar o hablar con el Gobierno central para que se actualice la
legislación sobre protección a las familias numerosas.

Lo mismo sobre la legislación relativa a conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras.

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Y, por último, sobre los servicios públicos prestados por las entidades
locales, instar también a los ayuntamientos a que, en el ámbito de sus
competencias, establezcan medidas de apoyo a las familias numerosas,
estableciendo un trato favorable en la aplicación de sus tasas y precios
públicos.

Es decir, hemos arbitrado una serie de medidas, resumiendo, que
afectan a la familia, núcleo esencial de destino de esta política
demográfica, que afectan a la inmigración y que afectan a la política del
territorio, un poco en la misma línea que se planteó en su día por la
comunicación. Entendemos que el Gobierno ha interpretado bien, en la
medida de sus posibilidades, lo que las Cortes le ordenaron realizar.

Hemos traído, como digo, este plan integral, y yo diría -y me van a
perdonar el ánimo de cierta confianza que siempre pretendo mantener
ante esta Comisión Institucional- que el mejor plan es el que se cumple.
Yo creo que todos los planes son opinables. Unos serán más ambiciosos,
otros serán menos ambiciosos. Es evidente que se puede hacer un plan,
como digo, corto, largo, profundo, pero el plan mejor es el que se cumple.

Y, en ese sentido, destacar que, en mi opinión, deberíamos garantizar
que el plan que apruebe este parlamento después del paso del plazo de
los ocho días, durante los que se podrán presentar las proposiciones que
los grupos parlamentarios estimen oportunas, que creo que sería bueno
que se estudiaran entre todos y fuéramos capaces de acertar con una
fórmula lo más consensuada posible, dentro de lo que sea posible la
fórmula del consenso en estas cuestiones, dar con un plan que garantice,
en mi opinión, dos cosas: primero, una perfecta coordinación de todas las
administraciones públicas implicadas, empezando por los distintos

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departamentos del Gobierno, donde vamos a intentar coordinar, como
digo, adecuadamente las acciones que cada departamento tenga que
cumplir siguiendo el compromiso adquirido por el plan que aprueben las
Cortes, y dos, hay que garantizar la ejecución del plan. En mi opinión creo
que hay que garantizar que el plan se cumple, al 100% si es posible, pero
hay que garantizar que el plan se cumple.

Ésa es la voluntad del Gobierno: coordinar el plan, en la medida que es
de su competencia, una vez que lo aprueben las Cortes, y garantizar la
ejecución del plan que aprueben las Cortes, porque, al final, éste no será
el plan del Gobierno, aunque el Gobierno haya hecho la labor de ponente,
sino, lógicamente, el plan que el parlamento apruebe.

Ya saben ustedes que en la Ley de presupuestos de este año 2001 se
incluyó en un artículo la necesidad de que cada tres meses el Gobierno
informara al parlamento sobre las medidas que se han adoptado en
cumplimiento del plan, una vez aprobado éste. En consecuencia, éste es el
reto que nosotros traemos y creemos que hemos asumido y creemos que
hemos reflejado lo mejor que hemos sabido sobre estos folios. Creemos,
como digo, que no puede ser un plan que recoja toda la acción del
Gobierno, pero que son las medidas más directamente relacionadas con el
plan sobre la política demográfica. Y, bueno, a partir de ahora, sus
señorías tienen la palabra.

Simplemente, indicarles, como digo, que el compromiso del Gobierno es
garantizar las mejores fórmulas de coordinación de los distintos
departamentos para que el plan se cumpla y, lógicamente, garantizar la
ejecución y el cumplimiento de este plan.

Nada más, y muchas gracias.

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