Esta decisión establece un régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal entre los países miembros de la Comunidad Andina. Define las normas para determinar qué país puede gravar diferentes tipos de rentas e ingresos, como beneficios empresariales, regalías, intereses, dividendos, ganancias de capital, rentas por prestación de servicios, pensiones y patrimonio. Además, establece disposiciones para tratar las empresas asociadas y transporte, así como las definiciones generales aplicables.