El año 2014 marcó el inicio del derecho al olvido tras una sentencia del tribunal de justicia de la UE en mayo, que permitió a los ciudadanos europeos solicitar la eliminación de enlaces a información personal. A lo largo del año, diversos motores de búsqueda adaptaron sus políticas, aunque la normativa generó controversias en torno a la libertad de expresión y la censura. Durante este periodo, se llevaron a cabo reuniones y sanciones que apuntaron hacia una aplicación global del derecho y se publicaron directrices por parte de autoridades europeas para su implementación.