El documento discute el derecho al acceso a Internet como un derecho fundamental reconocido en la Constitución peruana y en acuerdos internacionales. Argumenta que el Estado debe garantizar que todos los ciudadanos, sin distinción, tengan acceso a Internet para fines educativos y de investigación. También debe proteger la privacidad e información personal de los usuarios. Finalmente, señala que el Congreso peruano aprobó una ley que declara el acceso a Internet como un derecho irrestricto y gratuito.