Dictamen 5564

Lic. Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente de Junta Directiva
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Organismo Legislativo
Presente
Respetable Presidente Arzú:
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Ref. Oficio CRSJNo.0529/2019/CGGG/hs.
Guatemala 09 de octubre de 2019
Expreso a usted mis mejores deseos en sus actividades de este Alto Organismo; a la vez
hago entrega del Dictamen a la Iniciativa 5564 que Dispone aprobar reformas al Decreto 51-92 y
17-73 ambos del Congreso de la República Código Procesal Penal y Código Penal
respectivamente, y que el Honorable Pleno delegara en la comisión que me honro en presidir, el
estudio, análisis y Dictamen correspondiente de la Comisión.
Muy Cordialmente,
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COMISIÓN DE REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA
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e.e. archivo
Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa

• .. CONGRESO
DE LAREPÚBLICA
nnnn?2
DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES A LA
INICIATIVA DE LEY 5564
QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 51-92 -CÓDIGO
PROCESAL PENAL-Y AL DECRETO 17-73-CODIGO PENAL-AMBOS
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
+--f--' HONORABLE PLENO
Con fecha 03 de abril de 2019, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y
remitió a la Comisión de Reformas al Sector Justicia, para su estudio y dictamen, la iniciativa
identificada con el Registro Número 5564 de Dirección Legislativa, presentada por los
diputados Héctor Leonel Lira Montenegro y Nineth Varenca Montenegro Cottom, que
dispone aprobar reformas los decretos número 51-92, Código Procesal Penal; 17-73, Código
Penal; y, 19-2002, Ley de Bancos y Grupos Financieros, todos del Congreso de la República,
para que se pronuncie sobre su importancia y conveniencia.
ANTECEDENTES
El Código Procesal Penal fue aprobado el 14 de diciembre de 1992 y entró en vigencia el 1
de julio de 1994. El mismo ha sido objeto de modificaciones en varias oportunidades, a
través de más de 15 decretos del Congreso de la República y a causa de varias sentencias
de inconstitucionalidad general resueltas por la Corte de Constitucionalidad -CC-.
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El Código Procesal Penal, como bien lo apunta el jurista César Barrientos Pellecer en la
exposición de motivos, que le encarga el mismo Congreso de la República (según se puede
constatar en la presentación de la exposición de motivos, firmada por la entonces
Presidenta del Congreso de la República, Arabella Castro Quiñonez), a partir de la obligación
establecida en el artículo 554 del mismo Código Procesal Penal (Figueroa, Raúl, "Código
Procesal Penal concordado y anotado con la Jurisprudencia Constitucional", F&G editores,
Guatemala, 2005, página XXV), tiene como objetivos esenciales los siguientes:
a) La humanización del Derecho Procesal Penal;
b) La dignificación y eficiencia de la función judicial en materia penal;
c) El mejoramiento de la defensa social contra el delito; y,
d) Coadyuvar a la vida pacífica de la sociedad mediante la resolución de conflictos
penales, el cumplimiento de la ley penal y la prevención de delitos.
--t-1-t-r~~n la misma exposición de motivos antes mencionada, en relación a la iniciativa en análisis,
también es importante resaltar lo relacionado con las disposiciones generales del Libro
2::/k::t-h,;r""imero de dicho Código, especialmente el numeral 1.26 que hace referencia a los plazos
e que debe procurarse la obtención de justicia. Al respecto anota Barrientos Pellecer: "La
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continuidad del proceso penal- o sufinalización pormedios distintos a la sentencia - implica
otro principio básico de la jurisdicción como lo es el derecho a un proceso sin dilaciones
indebidas, lo que, en el derecha penal, asume mayor urgencia porque están en juega
derechos a los que la Constitución asigna especial protección. Es conocido, y cierto, el
aforismojurídico que establece que unajusticia tardía equivale a una denegación de justicia;
como consecuencia se connota la obligación que tienen los tribuna/es de resolver dentro de
los plazos previstos y la de los fisco/es de realizar la investigación, formular la acusación o
actuar en el proceso penal, también, dentro de los plazos establecidos, pues de lo contrario,
si fuere doloso el retardo, incurren en responsabilidad" (Figueroa, página XLVI).
El aforismo a que hace referencia el jurista Barrientos Pellecer cobra especial relevancia,
cuando en la tramitación del proceso se ha dictado auto de prisión (prisión preventiva) en
contra de uno o varios de los sindicados, pues en este caso el retardo de la justicia además
conlleva la afectación de derechos fundamentales de una persona que no ha sido declarada
culpable de los hechos que se le imputan.
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Sobre este último extremo, se manifestó la doctora Claudia Paz y Paz Bailey, quien después
ocupara el cargo de Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, al solicitar la
inconstitucionalidad general parcial del artículo 27 del decreto no.17-2009 del Congreso de
la República, quien dijo: "Así pues, lo que está en discusión al decidir sobre la prisión
preventiva no es Ja culpabilidad o inocencia del imputado, sino la probabilidad racional de
que existan elementos de convicción verificables y que no es posible conseguir el
cumplimiento de la justicia por otros medios con menor afectación al procesado. De ahí que
el juez sea el único funcionario constitucionalmente autorizado para valorar el peligro de
fuga o de obstaculización de la persecución penal en el caso concreto." (página 4).
Este principio básico ha sido recogido por múltiples instancias nacionales e internacionales
y cobra especial relevancia cuando dichos plazos no se respetan cuando el sindicado está
en prisión preventiva o más grave aún, cuando la persona está privada de su libertad en
~H.- "prisión provisional", que como ya bien apunto el actual Procurador de Derechos Humanos,
en resolución del 21 de mayo de 2018 (expediente ordinario: GUA.3443-2018/UCI), carece
--1~"""'-0e sustento jurídico para su aplicación.
-~;;>-Dentro de este marco conceptual histórico el cual contrasta con la realidad de dicha
institución jurídica (prisión preventiva), la iniciativa en análisis, como lo exponen sus
4--.+---ponentes, deviene de una mesa instalada a solicitud del Ministerio Público (MP) quien
convocó al Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), a la Oficina del Procurador de
Derechos Humanos (PDH), a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de
Naciones Unidas en Guatemala (OACNUDH), al Organismo Judicial y a otras instituciones,
preocupados por el excesivo uso de la figura de la prisión preventiva en Guatemala. La
misma preocupación hacen ver los ponentes, quienes a raíz de ello hicieron suya la
propuesta y la presentaron como iniciativa de ley, y quienes indican que la población sujeta
a esta medida (al momento de presentar la iniciativa) representaba el 52% de las personas
que guardaban prisión en el país. Lo que qJiere decir que, más de la mitad de los reclusos
aún no han sido condenados y a pesar de ello, están sufriendo una limitación de un derecho
constitucionalmente reconocido.
Para el efecto también es necesario citar el "Informe sobre el uso de la Prisión Preventiva en
las Américas" elaborado por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, que
establece los siguientes estándares: "(i) La detención preventiva debe ser Ja excepción y no
la regla; (ii) Jos fines legítimos y permisibles de la detención preventiva deben tener carácter
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procesal, tales como evitar el peligro de fuga o Ja obstaculización del proceso; (iii)
consecuentemente, fa existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón
suficiente para decretar la detención preventiva de una persona; (iv) aún existiendo fines
procesales, se requiere que la detención preventiva sea absolutamente necesaria y
proporcional, en el sentido de que no existan otros medios menos gravosas para lograr el
fin procesal que se persigue y que no se afecte desproporcionadamente la libertad personal;
(v) todos los aspectos anteriores requieren una motivación individua/izada que no puede
tener coma sustento presunciones; (vi) fa detención preventiva debe decretarse por el
tiempo estrictamente necesario para cumplir el fin procesal, Jo que implica una revisión
periódica de Jos elementos que dieron lugar a su procedencia; (vii) el mantenimiento de la
detención preventiva por un plazo irrazonable equivale a adelantar la pena; y (vii) en el caso
de niños, niñas y adolescentes Jos criterios de procedencia de la detención preventiva deben
aplicarse con mayor rigurosidad, procurándose un mayor uso de otras medidos cautelares
o eljuzgamiento en libertad; y cuando sea procedente deberá aplicarse durante el plazo más
breve posibfe.''1.
En atención tanto, a los objetivos esenciales que busca cumplir el Código Procesal Penal,
fundamentado para ello en los principios recogidos en la Constitución y explicados en la
exposición de motivos antes relacionada, se hace necesario citar también lo resuelto por la
Corte de Constitucionalidad sobre la materia. En específico lo relacionado con establecer
como única medida de coerción la prisión preventiva, cuando se persigue determinados
delitos. Al respecto la ce dentro del expediente 1994-2009 resolvió: "De esa cuenta, la
aplicación obligatoria de la referida medida de coerción (prisión preventiva) incide en fa
afectación, para todos los casos de que se trate, de Ja libertad persono/, sin importar si en la
situación específica del imputado se hace necesario o no imponer tal restricción. Lo anterior
acarrea vulneración del derecho a la libertad de la persona, por cuanto, la Constitución
únicamente permite su limitación ante supuestos concretos y, conforme se analizó, cuando
las circunstancias específicas hagan imprescindible su restricción para el solo objeto de
garantizar el logro de los fines del proceso penal." (página 17). Y en la misma sentencia cita
la resolución de fecha 21 de mayo de 1987 en que la misma corte resolvió: "Según este
marco legal superior, fa prisión provisional tiene la naturaleza jurídica de una medida
cautelar o asegurativa, y se configuran en ella Jos siguientes elementos: 1. Debe ser fa
1
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos -CIDH-. "Informe sobre el uso de la Prisión Preventiva en
las Américas", diciembre de 2013, página 8.
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excepción. 2. No debe ser pena anticipada, esta es que en ningún caso pueda ser aplicada
con fines punitivos, como pudiera presentirse en cierta legislación que excluyera la
facultad de ponderación del juez para decretarla o revocarla. 3. No debe ser obligatoria,
esto es, como lo afirmara el Consejo de Europa en su resolución 11/86 que ,,la Autoridad
judicial ha de ser libre para tomar su decisión teniendo en cuenta las circunstancias del
caso"; y 4. Debe durar lo menos posible." (el resaltado es propio).
CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA
La iniciativa está compuesta de 25 artículos, los cuales se dividen en: 1) reformas al Código
Procesal Penal, del cual se pretenden reformar 11 artículos y adicionar 4; 2) reformas al
-'..t-tlc---Código Penal, del cual se pretender reformar 2 artículos y derogar 1; 3) Ley de Bancos y
Grupos Financieros, de que se pretende reformar 1 artículo; y, 4) 6 artículos que contienen
--Ht--+-.tlas disposiciones transitorias y finales. Para efectos ilustrativos a continuación se incluyen
cuáles son los cambios que plantea la iniciativa a la legislación actual diferenciados de la
::::::t:tj:::f--1'orma siguiente: 1) se coloca en negrilla y se subrayan las palabras que se busca agregar
(salvo cuando se trata de un nuevo artículo, en cuyo caso se aclara que se trata de una
adición en el título); 2) se colocan en negrilla, se subrayan y se resaltan las palabras que se
buscan agregar como modificación dentro del dictamen; y, 3) se colocan en negrilla y se
testan las palabras que se pretenden eliminar.
Las reformas son las siguientes:
+ Se pretende reformar el artículo 82 del Código Procesal Penal, Decreto Número
51-92 del Congreso de la República, el cual quedaría así:
"Artículo 82. Desarrollo. Dentro de los plazos que establece la Constitución Política
de la República, la audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente:
1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con
todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica
provisional, disposiciones legales aplicables, y descripción de los elementos de
convicción existentes.
2. Si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga
libremente.
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3. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del
fiscal y del defensor.
4. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y
argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en
forma inmediata.
5. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor, para que
demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo
el juez resolver en forma inmediata. la víctima o el querellante adhesivo
también podrán solicitar al juez la imposición de la medida de coerción.
6. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la
investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y
día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse acabo en un plazo
no menor de diez (10) días ni mayor de quince {15) días a partir de la fecha fijada
para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará
copia del misme a las partes que lo soliciten, y se dejará a disposición del juez
las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la
fecha fijada para la audiencia.
7. El querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia. a
continuación del fiscal, en cada una de sus intervenciones. Las partes no podrán
oponerse a la presencia del querellante en la misma audiencia. La víctima
presente en la audiencia podrá ser escuchada si así lo desea."
~ Se pretende adicionar el artículo 258 BIS al Código Procesal Penal, Decreto Número
"Artículo 2S8 BIS. Principio general de interpretación y aplicación. Toda decisión
relativa a las medidas de coerción, será adoptada bajo la estricta responsabilidad del
juez y deberá fundamentarse debidamente conforme a los artículos 11 bis, 262, 263
y 264 de este Código. El juez deberá fundar su decisión en el principio de
proporcionalidad, analizando su razonabilidad, idoneidad y necesidad."
~ Se pretende adicionar el artículo 258 TER al Código Procesal Penal, Decreto
Número 51-92 del Congreso de la República, el cual quedaría así:
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"Artículo 258 TER. Medidas de coerción. Son medidas de coerción, además de las
previstas en este código, las siguientes:
a) No privativas de la libertad:
l. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido,
ante el juez o ante la autoridad que él designe;
2. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social,
con especificación de las reglas a las que se somete, las que deberán
relacionarse con el hecho imputado;
3. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o Jugares, con
especificación de las reglas a que se somete, las que deberán
relacionarse con el hecho imputado;
4. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las
víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa;
5. La prestación por parte del imputado o de tercera persona de una
caución económica proporcional al daño y a la capacidad económica del
imputado, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda
o hipoteca, entrega de bienes o la fianza.
6. Orden de arraigo, consistente en la prohibición de salir del país¡
7. Arresto domiciliar, consistente en la prohibición de salir del
departamento donde reside;
8. Prohibición de salir del municipio donde reside o de la circunscripción
territorial que fije el juez;
9. Arresto residencial del imputado en el lugar de vivienda que éste
señalare con la aprobación del juez. En este caso el juez deberá imponer
la obligación de someterse a un mecanismo de control o vigilancia
electrónica. Cuando a criterio del juez, la protección de la víctima lo haga
necesario, dispondrá que el imputado señale un lugar distinto a aquel en
donde la víctima habita.
b) Privativa de la libertad: Prisión preventiva en establecimiento de privación de
libertad. Para decretar esta medida de coerción deben respetarse las garantías
establecidas en la Constitución Política de la República y cumplirse con lo
establecido en la presente ley.
Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización a Ja justicia pueda ser
razonablemente evitado, el juez podrá imponer las medidas de coerción no ~
privativas de la libertad indistintamente, de forma conjunta o separada, según el
caso, y ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su
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cumplimiento. Además, podrá auxiliarse de cualquiera de los medios de control
telemático, si a su juicio, las circunstancias del caso lo ameritan.
Para asegurar el cumplimiento de las medidas el juez podrá imponer la obligación al
imputado de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada,
quien informará periódicamente al tribunal y cuya idoneidad debe ser calificada por
el juez bajo su estricta responsabilidad, sin perjuicio de las responsabilidades en que
incurra en caso de incumplimiento.
En caso de incumplimiento de una medida de coerción no privativa de la libertad, el
juez podrá, a petición del Ministerio Público o de la víctima, imponer otra medida
que estime pertinente, inclusive privativa de la libertad, dependiendo de la gravedad
del incumplimiento.
Para la verificación del cumplimiento de las medidas de coerción el juez deberá
realizar todas las diligencias que considere pertinentes directamente, a través de un
ejecutor designado dentro de su personal auxiliar o por medio de la Unidad de
Control de Medidas de Coerción a cargo de la Corte Suprema de Justicia. La
evaluación del cumplimiento debido de las medidas de coerción incluirá, entre otros
aspectos, la presentación de informes periódicos sin perjuicio de las comunicaciones
urgentes y medidas inmediatas que deban adoptarse. El ejecutor u órgano a cargo
de la verificación actuará bajo la estricta responsabilidad del juez.
En ningún caso se utilizarán las medidas de coerción desnaturalizando su finalidad o
se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuere imposible. En especial se evitará la
imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de
los medios del imputado, debidamente comprobadas, impidan la prestación.
Queda prohibida la imposición de medidas de coerción distintas a las reguladas en
el presente artículo.
En los casos de procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales
o por: al delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada,
violación calificada, violación de menor de doce años de edad, plagio o secuestro
en todas sus formas, sabotaje, robo agravado; bl al reincidente de los delitos de
portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas, delitos de tenencia
o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no
legalmente marcada por la DIGECAM¡ el delitos comprendidos en el Capítulo VII
del Decreto No. 48-92 del Congreso de la República de la ley contra la
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contrabando aduanero; e) delitos de adulteración de medicamentos, producción
de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos
médicos y material médico quirúrgico falsificado, distribución y comercialización
de medicamentos falsificados, ;?ró!lJctos farmacéuticos falsificados,
medicamentos adulterados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico
falsificado o establecimientos o laboratorios clandestinos; fl delitos de pánico
financiero, quiebra culpable, evasión o cooperación en la evasión¡ g) delitos
comprendidos en el decreto no. 21-2006 del Congreso de la República Ley Contra
la Delincuencia Organizada; y, g) delito de intermediación financiera, el juez al
determinar que procede una medida de coerción no privativa de libertad deberá,
preferentemente. auxiliarse del dispositivo de control telemático."
~ Se pretende adicionar el artículo 258 QUATER al Código Procesal Penal Decreto 51-
92, el cual quedaría así:
"Artículo 258 QUATER. Unidad de Control de Medidas de Coerción. Se crea la
Unidad de Control de Medidas de Coerción a cargo de la Corte Suprema de Justicia
con el objeto de brindar apoyo a los órganos jurisdiccionales en el seguimiento y
control del cumplimiento debido de las medidas de coerción. Para el efecto tendrá
las siguientes funciones:
l. Recopilar y comprobar información útil para que el juez tome decisiones sobre
las medidas a imponer; en el caso de la primera declaración esta información
deberá presentarse al juez en la audiencia que se señale para el efecto.
2. Controlar el cumplimiento de las medidas de coerción distintas a la prisión
preventiva en centro de privación de libertad.
3. Centralizar y gestionar información actualizada sobre personas detenidas o en
prisión preventiva. Esta información será de carácter público y de acceso
inmediato. Para el efecto, los órganos jurisdiccionales y demás instituciones
involucradas estarán obligadas a remitir de manera inmediata la información
pertinente.
4. Seguimiento a alertas sobre plazos de prisión preventiva en centro de privación
de libertad."
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~ Se pretende reformar el artículo 262 del Código Procesal Penal, Decreto Número
Sl-92 del Congreso de la República, el cual quedaría así:
"Artículo 262.- Peligro de fuga. Para lleeillir aeerea 11 establecer el peligro de fuga
se tendrán en cuenta las circunstancias de cada caso., es13eeialmeRte, las sigwieRtes
eirewRstaReias Entre otros, se deberá considerar de manera integral, los aspectos
siguientes:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, vivienda, resilleReia l:!aeitwal,
asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar
definitivamente el país o permanecer oculto, así como la conducta y la situación
personal y social del sindicado, incluyendo sus vínculos con la comunidad.
2. la peRa EIYe se espera Eeme reswltade del preeedimieRte.
-- '
:d. ba im13ertaReia !lel !lañe resareiele '¡' la aetitwll qwe el siRlliea!le e im1311talle
adepta ·:ehclRtariameRte freRte a él.
4. ~El comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento o en
otro procedimiento anterior, en la medida que iRlliqwe evidencie su voluntad de
someterse a la persecución penal;-y
§,la eendwE-ta aRterier del iMpwtade,"
"Artículo 263.- Peligro de obstaculización a la justicia. Para !leeillir aeerea
establecer sel peligro de obstaculización 13ara la a11erig11aeiéR lle la verllall se
tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado podría:
1. Influir para EIYe eeiRlpYtades, testiges e perites iRfermeR falsaFAeRte e se
eem13erteR lle maRera llesleal e retieeRte. en otra persona, para evitar que
proporcione información o medios de prueba a los órganos competentes del
sistema de justicia.
2. Emplear fuerza física, intimidación, amenazas o coacción sobre cualquier
funcionario o empleado público que sea miembro del Organismo Judicial o de
las instituciones auxiliares de la administración de justicia, traductor,
intérprete o perito, para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones.
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3. Aprovechar la posición de poder o la capacidad de influencia política,
económica o social para obstaculizar el proceso o para influir en la destrucción,
modificación, ocultamiento supresión o falsificación de medios de
investigación.
4. Por cualquier acción o medio evitar la obtención de evidencias o medios de
prueba, rehusare proporcionar al Ministerio Público, Organismo Judicial,
Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal o cualquier
otra institución que cumpla esas funciones, documentos o información que
conozca o que obren en su poder, estando obligado a ello.
5. Destruir1 Medifiear, y_ocultar, swpriFRir e falsifiear eleFAeRtes Ele prueba
información o documentos, o bien proporcionar documentos o información
falsa al Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil o Dirección
General de Investigación Criminal o cualquier otra institución que cumpla esas
funciones.
6. Inducir a otros a realizar tales comportamientos."
~ Se reforma el artículo 264 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del
Congreso de la República, el cual quedaría así:
"Artículo 264. Arresto residencial del imputado. El arresto residencial del imputado
podrá ser decretado atendiendo a la situación individualizada de la persona
sindicada cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de
coerción, esta medida sea suficiente. El juez valorará bajo su estricta
responsabilidad, las siguientes circunstancias:
l. Si el imputado o acusado es mayor de 65 años, se encuentra en situación de
discapacidad, otra situación de vulnerabilidad o circunstancias personales que,
derivado de su condición, hagan indispensable la medida para asegurar la
protección de su vida e integridad.
2. Si a la imputada o acusada le faltan dos (2) meses o menos para el parto, o en
cualquier momento, cuando existan condiciones que hagan calificar el embarazo
como de alto riesgo. Igual derecho tendrá durante los (6) meses siguientes a la
fecha del nacimiento.
3. Si el imputado o acusado tuviere enfermedad grave que haga incompatible su
derecho a la vida digna en establecimiento de privación de libertad o que
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estuviere en peligro inminente de muerte causado por su condición de salud,
previo a dictámenes periciales correspondientes. El juez determinará si el
imputado o acusado debe permanecer en su vivienda, en centro hospitalario o
clínica médica.
4. Si el imputado o acusado fuere la única persona a cargo de prestar alimentos o
cuidado de persona que sufriere discapacidad, enfermedad grave o de menor de
edad, siempre que se compruebe que haya estado bajo su dependencia o
cuidado, o que sobrevenga dicha situación mientras se encuentra cumpliendo
prisión preventiva. En casos específicos, cuando a criterio del juez la protección
de la víctima lo haga necesario, dispondrá que el imputado señale un lugar
distinto a aquel en donde la víctima habita. Cuando se trate de la prestación de
alimentos el imputado podrá gozar del derecho de acudir a su lugar de trabajo
con las restricciones de horario y movilidad que determine el juez para el efecto.
La medida conlleva la obligación del imputado de permanecer en su vivienda o lugar
designado, con las únicas excepciones de los permisos específicos concedidos por el
juez, según corresponda.
En todos los eventos el beneficiario suscribirá un acta en la cual se compromete a
permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de vivienda sin previa
autorización y a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido.
Si el imputado o acusado incumpliere alguna de las obligaciones impuestas al
concederle el arresto residencial, a petición del Ministerio Público o de la víctima, el
juez ordenará la reclusión en establecimiento de privación de libertad."
"Artículo 268. Cesación del encarcelamiento. la priYaeiáR de libertad fiRaliiará La
libertad del imputado o acusado se ordenará de inmediato en procesos instruidos
por cualquier delito, en los siguientes casos:
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1) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos
que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida.
2) Cuando se haya dictado clausura provisional, sobreseimiento o se haya
absuelto al procesado, mientras tales decisiones cobran firmeza.
3) Como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad.
4) Cuando transcurridos cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha en que
concluya la audiencia de primera declaración del sindicado, no se hubiere
presentado la acusación, la clausura, el sobreseimiento o cualquier otra forma
de terminación del proceso.
5) Cuando transcurrido dos (2) meses, contados a partir de la fecha de
presentación de la acusación, no haya concluido la audiencia intermedia.
6) Cuando transcurridos seis meses (i) tres (3) meses, contados a partir de la.
7)
conclusión de la audiencia ele etapa intermedia, no se haya realizado la
audiencia de debate oral y emitido la sentencia correspondiente.
Cuando transcurridas dos terceras partes de la pena impuesta en primera
instancia, no haya quedado firme la sentencia.
á) CYaREle sw ElwFaeiéR swpere e eqwivalga a la eeREleRa q1::.1e se espera,
69RsideraRde, iRel11se, la pesilale aplieaeiáR de las reglas peRales relati>Jas a la
swspeRsiéR e reR=1isiéR Ele la peRa1e a la libeFtaEI aRtieipada.
~) CwaAEle sw ElwraeiéR exeeEia Ele YA aRe; pere si se f:lwt:aiere EliEtaEle seRteReia
eenEleRateria peRElieRte Ele reewrse1peelrá Elwrar tres FReses R1ás.
En estos casos, el juez podrá otorgar otra medida de coerción no privativa de la
libertad para asegurar la comparecencia del imputado en las diligencias
procesales.
Cuando los términos previstos en los numerales 4), 5) y 6) sean afectados por
acciones dilatorias del procesado o su defensor, orientadas a obstruir el normal
desarrollo del proceso y hayan sido calificadas así con la debida fundamentación
por el tribunal competente, no se computará el tiempo transcurrido en la
tramitación de dichas acciones.
~Los plazos previstos en los numerales 4), 5) y 6) podrán ampliarse hasta duplicarse
bajo la responsabilidad del órgano jurisdiccional cuando sea indispensable ) /
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atendiendo a la complejidad del caso, la cual se establecerá considerando la
pluralidad de sujetos procesales, la pluralidad de delitos imputados y las
dificultades probatorias, incluyendo la prueba proveniente del extranjero que se
espera recibir. Superados los plazos de las ampliaciones, si el juez determina que
aún existe peligro de fuga u obstaculización de la justicia, los imputados deberán
quedar sujetos a la medida de arresto residencial a que hace referencia el numeral
9 de la literal al del artículo 258 Ter.
as ec1s1onesL d .. enva asd . d de os dos fparra os t .an enores seran ºfdem11 as en
audiencia, debidamente razonadas y podrán ser recurridas mediante apelación."
bas salas Ele la CeRe de ApelaeieRes de la Repúbliea, eR les eases seFRetides a sw
leeReeimieAte a selieitwel de les jueees de Paz, jweees Ele IRstaneia e Tribwnales de
..-1 SeRteneia e del Ministerie Públiee, eeneeerán, ..,. eR sw ease autorizarán ewantas
.feees sea neeesarie, la prérrega de les plazas de prisiéR preventi·.fa qwe estableee
el Cédige, fijanE.le en teda ease, el plaze Ele la prérrega eeneediEla.
lin ningiín preeese sernetilla a la earnpeteneia lle les j11zgalles lle Paz la prárrega a
qwe se refiere el presente artíEwle se pedrá etes:gar per más de des 'Jeees.
~A les preeeses en qye se hwbiere dietada senteneia eendenateria, la prisién
pret,·enti·.ia pedrá preleRgarse dwFaRte la tFaFRitaeiéR )' FeselweiéR del Fee1:1Fse de
apelaeiéR espeeial.
ba Certe SwpFema de Jwstieia, eR les eases seFRetides a sw eeneeimiente, Ele efieie
e a seli6it111l de las Salas lle la ~arte lle .O.pelaeianes e llel Ministerie Piíhliee, pellrá
auterizary eR les eases de su eempeteReia1 que les plazes aAterieres se prerregueR
ewantas '.leees sea neeesarie, fijande el tieFRpe eeRerete Ele las prérregas. ~R este
ease peEilrá iReliear las FReelidas Reeesarias para aeeleraF el trámite del
preeeeliFRieRte '( qwedará a sw ear:ge el euaFReR Ele la prisién.
"Artículo 272. Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de
procesamiento y medidas de coerción lle prisián pre'.'enti'"ª' el tribunal declarará~ j
.'"'""'"" + 6

CONGRESO
DELAREPÚBLICA
nnnn1s
la falta de mérito y dejará en libertad al imputado 'I ne aplieará ninguna medida de
eeereiéR; salve EtYe twera at:aselwtaFReRte iFRpreseiAdible para e-¡itar el peligre Ele
fwga e Ele elastaewli¡aeiéR para la a·erig1:1aeiéR de la 'terdad, ease eR el ewal sele
peEirá erEieRar algwRa Ele las Medidas pre11istas Ele swi:lstitweiéR Ele prisiéR
pF@'}@RtÍ'3!
-+ Se pretende reformar el artículo 277 del Código Procesal Penal, Decreto Número
Sl-92 del Congreso de la República, el cual quedaría así:
"Artículo 277. Revisión de la medida de prisión preventiva a pellille llel imp11talle.
El imputado y Q su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la
internación, o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido
impuesta, en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieren variado
las circunstancias primitivas. El examen se producirá en audiencia oral, a la cual
serán eitades talles les intervinientes citadas todas las partes. El tribunal decidirá
inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la
audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación
sumaria.
La audiencia de revisión de medidas de coerción deberá realizarse dentro de los
tres días siguientes de formulada la solicitud, bajo la estricta responsabilidad del
juez.
La revisión de la medida de coerción de prisión preventiva procederá de oficio en
la audiencia de etapa intermedia."
-+ Se pretende reformar el artículo 320 del Código Procesal Penal, Decreto Número
51-92 del Congreso de la República, el cual queda así:
"Artículo 320. Auto de procesamiento. lnmelliatamente lle A continuación de
haber dictado auto de prisién e 11na mellilla sustit11tiva procesamiento, el juez que
controla la investigación, emitirá auto lle preeesamiente eentra la persena a c;¡11e se
refiere que imponga medida de coerción.
Sólo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona
contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte
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CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
solamente en la fase preparatoria, antes de la acusación, garantizando el derecho
de audiencia."
~ Se pretende reformar el artículo 324 BIS del Código Procesal Penal, Decreto
Número Sl-92 del Congreso de la República, el cual quedaría así:
"Artículo 324 BIS. Control judicial. A los tres meses de dictado el auto de prisión
preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del
procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución,
concediéndole un plazo máximo de tres días para que formule la solicitud que en su
concepto corresponda.
Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al ~
GeReral de la RepúhliGa o al fisGal de distrito o de seeeiáR eorrespoRdieRte
Ministerio Público para que tome las medidas disciplinarias y otras EtYe
correspondientes, y ordene la formulación de la petición procedente. i;J jyez le
eeMwRieará, aEieMás, ebligateriaRleRte al CeRseje del MiRisterie PWbliee para le
qwe preeer:la eeRferMe a la ley.
Si en el plazo máximo de ocho días el fiscal no hubiere formulado petición alguna, el
juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley
hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos
establecidos en este Código.
En el caso de que se haya dictado una medida s11stit11ti"'ª de coerción no privativa
de la libertad, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará seis meses a
partir del auto de procesamiento.
Mientras no exista vinculación procesal FReEliaRte prisiéA pre·1eRti',la e FRediEias
s11stit11ti•"as, la investigación no estará sujeta a estos plazos."
"Artículo 404. Apelación. Son apelables los siguientes autos dictados por los jueces
de primera instancia:
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l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
,-
CONCRESO
DE LA REPÚBLICA
Los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del
querellante adhesivo o de las partes civiles.
Los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del
Ministerio Público.
Los que denieguen la práctica del anticipo de prueba.
Los autos en los cuales se declare la falta de mérito.
Los que no admitan o denieguen la intervención del tercero civilmente
demandado.
Los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal.
Los que declaren el sobreseimiento o la clausura provisional del proceso.
Los que impongan medidas de coerción privativas y no privativas de la libertad,
incluidas las resoluciones que se dicten en virtud de revisión de las medidas y las
que amplíen los plazos de la prisión preventiva o no tomen en cuenta los plazos
transcurridos conforme al artículo 268.
9. Los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil.
..:::::::f<:lb-J-~10. Los que resuelvan la desestimación.
El planteamiento de apelación en los casos anteriores carece de efectos suspensivos,
++--
debiendo para el efecto el órgano jurisdiccional remitir al tribunal superior copia
física o electrónica de las actuaciones.
Serán apelables con efecto suspensivo los autos definitivos emitidos por el juez de
ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad."
~ Se pretende reformar el artículo 465 TER del Código Procesal Penal, Decreto
Número 51-92 del Congreso de la República, el cual quedaría así:
"Artículo 465 TER. Procedimiento para delitos menos graves. El procedimiento para
delitos menos graves constituye un procedimiento especial que se aplica para el
juzgamiento de delitos sancionados en el Código Penal y leyes penales especiales
con pena máxima de cinco años de prisión. Para este procedimiento son
competentes los jueces de paz y se rige, aparte de las normas procesales generales, (tl
1
'"'""'"'''"'''"''"'"' i'~
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CONCRESO
DE LAREPÚBLICA
l. Inicio del proceso: el proceso da inicio con la presentación del requerimiento
fiscal o querella de la víctima o agraviado;
2. Audiencia de conocimiento de cargos: esta audiencia debe realizarse dentro de
los diez (10) días de presentado la aewsaeiéR el requerimiento fiscal o querella,
convocando al ofendido, parte acusadora, imputado y su abogado defensor,
desarrollándose de la siguiente manera:
a.
¡
- ~ 1
En la audiencia, el juez concederá la palabra, en su orden, al fiscal o, según
el caso, a la víctima o agraviado, para que argumenten y fundamenten su
requerimiento; luego al acusado y a su defensor para que ejerzan el control
sobre el requerimiento;,'
,,

,__
,
u. Oídos los intervinientes, el juez de paz puede decidir:
l. Abrir a juicio penal el caso, estableciendo los hechos concretos de la
imputación;
11. Desestimar la causa por no poder proceder, no constituir delito el
hecho imputado o no tener la probabilidad de comprobar la
participación del imputado eR el misma. La desestimación que
determine será apelable;
c. Si abre a juicio, concederá nuevamente la palabra a los intervinientes para
que en su orden ofrezcan la prueba lícita, legal, pertinente e idónea a ser
reproducida en debate, asegurando el contradictorio para proveer el control
de la imputación probatoria. /l. eeRtiRwaeiéR Seguidamente, el juez de paz
decidirá sobre la admisión o rechazo de la prueba ofrecida, señalando la
fecha y hora del debate oral y público, el que debe realizarse dentro de los
veinte días siguientes a la audiencia en que se admite la prueba;
d. Las pruebas de la defensa, cuando así se pida en la audiencia, serán
comunicadas al juzgado por lo menos cinco días antes del juicio, donde serán ~
'""'"' df'PO'ldóo del fürnl o q"'""'""' 16
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CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
nnnn40
e. A solicitud de alguno de los sujetos procesales, se podrá ordenar al juez de
paz más cercano, que practique™ determinada diligencia de anticipo de
prueba para ser valorada en el debate.
3. Audiencias de debate: los sujetos procesales deben comparecer con sus
respectivos medios de prueba al debate oral y público, el que se rige por las
disposiciones siguientes:
a. Identificación de la causa y advertencias preliminares por parte del juez de
paz;
b. Alegatos de apertura de cada uno de los intervinientes al debate;
c. Reproducción de prueba mediante el examen directo y contra-examen de
testigos y peritos, incorporando a través de ellos la prueba documental y
material;
d. Alegatos finales de cada uno de los intervinientes al debate;
e. Pronunciamiento relatado de la sentencia, inmediatamente de vertidos los
alegatos finales, en forma oral en la propia audiencia.
En todos estos casos, cuando se trate de conflictos entre particulares, el Ministerio
Público puede convertir la acción penal pública en privada."
-+ Se pretende reformar el artículo 342 B del Código Penal, Decreto Número 17-73
del Congreso de la República, el cual quedaría así:
"Artículo 342 B. Pánico financiero. Comete delito de pánico financiero quien
elabore, divulgue o reproduzca ror cualquier medio o sistema de comunicación,
información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios,
depositantes o inversionistas de una institución sujeta a la vigilancia e inspección de
la Superintendencia de Bancos. Se entenderá que se menoscaba la confianza de los
clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución cuando, como
consecuencia de los referidos actos, se atente contra su reputación o prestigio
financiero o que la misma sea objeto de retiro masivo de depósitos o inversiones,Ji
mayores o superiores a su flujo normal u ordinario.
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CONCRESO
DE LA REPÚBLICA
El responsable de la comisión de este delito será sancionado con prisión de uno a
tres años y con multa de cinco mil a cincuenta mil Quetzales.
Si el delito fuere cometido conociendo o previendo los daños o perjuicios a causar a
la institución, el responsable será sancionado con prisión de cinco a diez años
inconmutables y con una multa de cien mil a ochocientos mil Quetzales. liR este
ease, Re se peElrá eteFgar e1:1alEtwiera Ele las MeEliElas s1:1stit1:1th.:as EieRteAlplaElas eA
el CéElige Preeesal PeAal.
Las sanciones a que se refiere el presente artículo serán aumentadas en una tercera
parte cuando el responsable del delito sea accionista, director, administrador,
erente, representante, funcionario o empleado de institución sujeta a la vigilancia
inspección de la Superintendencia de Bancos, o autoridad, funcionario o empleado
del Banco de Guatemala o de la Superintendencia de Bancos.
~e¿---
Se excluyen del alcance del presente artículo, a los autores de los estudios, análisis
-"---4----~y opiniones de carácter científico o académico que, con base a Información auténtica
y verificable, estén orientados ¡i evaluar o calificar el sistema financiero o sus
actores, buscando maximizar su eficiencia y desarrollo.
-+ Se pretende reformar el artículo 348 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del
"Artículo 348. Quiebra fraudulenta. El comerciante que haya sido declarado en
quiebra fraudulenta será sancionado con prisión de dos a diez años e inhabilitación
especial por doble tiempo de la condena.
Cuando se trate de la quiebra fraudulenta de un banco, aseguradora, reaseguradora,
afianzadora, reafianzadora, financiera, almacén general de depósito, bolsa de
valores, cooperativa de ahorros, entidad mutualista, y otras instituciones análogas,
los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten
responsables, o se hayan beneficiado de la mala administración, o hubieren
cooperado en la planificación o ejecución, o en ambas, de alguno de los actos que la
provocaron, serán sancionados con prisión de veinte a treinta años e inhabilitación
especial por doble del tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad
penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada fraudulenta,
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CONGRESO
DELAREPÚBLICA
nnnn42
en caso de fuga o evasión. Ne peElrá apliEársele al preEesaEle alg1rna Elase Ele
medida swstitwtiva Ri E9REeElérsele psr RiRgwRa eawsa al seRteneiaEle a prisiéR per
ese Elelite, rebaja Ele la peRa/1
~ Se pretende reformar el artículo 349 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del
"ARTICULO 349.- *Quiebra culpable. El comerciante que haya sido declarado en
quiebra culpable será sancionado con prisión de uno a cinco años e inhabilitación
especial por doble tiempo de la condena.
Cuando se trate de la quiebra culpable de un banco, aseguradora, reaseguradora,
afianzadora, reafianzadora, financiera, almacén general de depósito, bolsa de_¡_¡__¡_=:¡:::-
valores, cooperativa de ahorros, entidad mutualista, y otras instituciones análogas,
.....__lk-!1-!'-Jos directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten
responsables, o se hayan beneficiado de la mala administración, o hubieren
L_J__--1'.:ooperado en la planificación o ejecución, o en ambas, de algún o de los actos que
la provocaron, serán sancionados con prisión de diez a veinte años e inhabilitación
especial por doble del tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad
penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada culpable,
en caso de fuga o evasión. Ne peElrá apli6ársele al preGesaEle alg1rna Glase Ele
medida swstitwtiva Ri eeAeeElérsele per RiRgwRa eawsa al senteneiade a prisiéR per
ese Etelite, reilaja Eie la peRa.
~ Se pretende reformar el artículo 96 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros,
Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, el cual quedaría así:
"Artículo 96. Delito de intermediación financiera. Comete delito de intermediación
financiera toda persona individtJal o jurídica, nacional o extranjera, que sin estar
autorizada expresamente de conformidad con la presente Ley o leyes específicas
para realizar operaciones de tal naturaleza, efectúa habitualmente en forma pública
o privada, directa o indirectamente, por sí misma o en combinación con otra u otras
personas individuales o jurídicas, en beneficio propio o de terceros, actividades que
consistan en, o que se relacionen con, la captación de dinero del público o de ~
cualquier instrumento representativo de dinero, ya sea mediante recepción de Q¡
"''""""" + /()

nnnn43
CONGRESO;------
DE LAREPUBLICA
especies monetarias, cheques, depósitos, anticipos, mutuos, colocación de bonos,
títulos u otras obligaciones, incluyendo operaciones contingentes, destinando
dichas captaciones a negocios de crédito o financiamiento de cualquier naturaleza,
independientemente de la forma jurídica de formalización, instrumentación o
registro contable de las operaciones. En el caso de personas jurídicas son
responsables de este delito los administradores, gerentes, directores y
representantes legales.
El o los responsables de este delito serán sancionados con prisión de cinco a diez
años inconmutables, la ewal eKEIYye la aplieaeiéR de eualesqwiera de las MediElas
s11stit11ti11as Eentempladas en el 'édige Precesal Penal, y con una multa no menor
de diez mil ni mayor de cien mil "unidades de multa", la cual también será impuesta
por el tribunal competente del orden penal.
Simultáneamente a la imposición de la multa indicada, dicho tribunal ordenará la
cancelación de la patente de comercio de las personas individuales, así como la
liquidación de las personas jurídicas a que se refiere este artículo conforme al
_,___.....- · procedimiento establecido en ley; en este último caso, una vez concluida su
liquidación, ordenará al Registro Mercantil la cancelación de la inscripción
respectiva."
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Atendiendo a los antecedentes antes citados y el análisis de la propuesta de reforma, esta
Comisión puede concluir que la presente iniciativa es viable, se ajusta al orden
constitucional y es oportuna, pues responde a las motivaciones planteadas por los ponentes
y que esta Comisión hace propios, siendo estos los siguientes:
l. Debe corregirse la contradicción conceptual que existe entre la forma como se concibe
la prisión preventiva y las demás medidas de coerción como sustitutivas de ésta en la
actual legislación, frente a lo que establece la Constitución Política de la República de
Guatemala, lo que establecen los tratados internacionales en materia de derechos
humanos, las motivaciones que inspiran el actual Código Procesal Penal (en cuanto a la
humanización y dignificación del proceso penal), lo que ha expresado la Comisión
lnteramericana de Derechos Humanos y lo que han resuelto tanto la Corte de
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+

e--
- '
'"
-
.
2.
~-

____,,,
CONGRESO
DELAREPÚBLICA
nnnn44
Constitucionalidad, como la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en el sentido
que, todas las medidas cuyo objeto es el aseguramiento de la presencia del sujeto en
el proceso, son medidas de coerción y que dentro de estas la excepción debe ser la de
prisión preventiva, no al revés como lo plantea nuestra legislación. Esto quiere decir
que, es el fiscal quien debe argumentar en qué medida existe peligro de fuga o peligro
de obstaculización de la justicia del imputado y el juez determinar, por qué aplica esta
medida en detrimento de las otras menos gravosas. En consecuencia,
conceptualmente, la medida de prisión preventiva es la medida sustitutiva, ya que
excepcionalmente debe sustituir a la otras que son la regla, y debe hacerlo únicamente
cuando existen elementos suficientes que la justifiquen.
1
1
Es necesario ajustar la regulación actual a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad
en relación a establecer la prisión preventiva como única medida de coerción aplicable
a las personas a que se imputa determinados delitos. Y para el efecto se puede citar la
parte conducente:"(...) establecer la prisión preventiva como única medida de coerción
aplicable... contraviene el artículo 14 de la Constitución Política de la República que
garantiza el derecho a la presunción de inocencia(... )" (expediente 1994-2009 de fecha:
08/02/2011, Corte de Constitucionalidad). Sin embargo, esta Comisión considera que
as personas ligadas a proceso por los delitos que actualmente contienen este tipo de
regulación, sí deben ser sujetos de un control mayor para asegurar su presencia en el
proceso penal sin violentar sus derechos, de esa cuenta establece que el juez
··--
preferentemente, si decide aplicar una o varias medidas de coerción no privativa de
libertad, deberá auxiliarse del dispositivo de control telemático.
3. Es necesario establecer un plazo fatal para que tanto el Ministerio Público como los
tribunales de justicia puedan obligar a una persona a permanecer en prisión preventiva,
pues extender dicha medida implica que se convierta en una pena anticipada, sobre
todo si en el proceso penal no logra determinarse su culpabilidad.
4. No puede continuar aplicándose la figura de "prisión provisional", puesto que no tiene
fundamento legal y violenta garantías constitucionales, como ya lo indicó el Procurador
de los Derechos Humanos.
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+

CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
DICTAMEN DE LA COMISIÓN:
ílílílf145
Con base en las consideraciones constitucionales, de derechos humanos y político-
legales vertidas anteriormente, esta Comisión emite DICTAMEN FAVORABLE CON
MODIFICACIONES a la Iniciativa Número 5564 de Dirección Legislativa, que dispone
aprobar reformas los decretos número 51-92, Código Procesal Penal y decreto
número 17-73, Código Penal ambos del Congreso de la República, por ser un
proyecto viable, oportuno, conveniente y constitucional, para que el honorable
Pleno decida sobre el mismo.
DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA
DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL
OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
Dip. Héctor Le
TE
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CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Dip. Fidel Reyes Lee Dip.
SECRETARIO /
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nnno¿7
DECRETO NÚMERO _________2,019.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado se organiza para
proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común y su deber es
garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de las personas.
CONSIDERANDO:
Que es deber del Estado garantizar el respeto y garantía a los principios de presunción de inocencia,
y de razonabilidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva, que tiendan a
la modernización del sistema judicial y jurídico del país.
CONSIDERANDO:
Que es indispensable adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la aplicación excepcional
y no obligatoria de la prisión preventiva, con base en los estándares internacionales, así como en los
alcances interpretativos de los precedentes jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad en
la materia.
POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le asigna el artículo 171, inciso a) de la Constitución Política de
la República de Guatemala,
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DECRETA:
Las siguientes:
REFORMAS AL CODIGO PROCESAL PENAL,
DECRETO NÚMERO 51-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ílílíl048
ARTÍCULO l. Se reforma el primer párrafo del artículo 75 del Código Procesal Penal, Decreto
Número 51-92 del Congreso de la República, el cual queda así:
"Artículo 75.- Domicilio. El imputado, si no estuviere sujeto a prisión preventiva, deberá señalar en
la primera oportunidad su residencia y fijar lugar para recibir citaciones y notificaciones dentro del
perímetro de población de la sede del tribunal y, con posterioridad, mantendrá actualizados esos
datos, comunicando al Ministerio Público o al tribunal, según el caso, las variaciones que sufrieren."
ARTÍCULO 2. Se reforma el artículo 82 del Código Procesal Penal, Decreto Número Sl-92 del
Congreso de la República, el cual queda así:
"Artículo 82. Desarrollo. Dentro de los plazos que establece la Constitución Política de la República,
la audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente:
l. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones
legales aplicables, y descripción de los elementos de convicción existentes.
2. Si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente.
3. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del
defensor.
4. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre
la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata.
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_,
. -
' ~
-
' -'
.
,

S. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor, para que demuestren y
argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma
inmediata. La víctima o el querellante adhesivo también podrán solicitar al juez la
imposición de la medida de coerción.
6. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez
deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia
intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de diez (10) días ni mayor
de quince (15) días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el
acto conclusivo, se entregará copia a las partes que lo soliciten, y se dejará a disposición del
juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha
fijada para la audiencia.
7. El querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia, a continuación del
fiscal, en cada una de sus intervenciones. Las partes no podrán oponerse a la presencia del
querellante en la audiencia. La víctima presente en la audiencia podrá ser escuchada si así
lo desea."
ARTÍCULO 3. Se adiciona el artículo 258 BIS al Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del
"Artículo 258 BIS. Principio general de interpretación y aplicación. Toda decisión relativa a las
medidas de coerción, será adoptada bajo la estricta responsabilidad del juez y deberá
fundamentarse debidamente conforme a los artículos 11 bis, 262, 263 y 264 de este Código. El juez
deberá fundar su decisión en el principio de proporcionalidad, analizando su razonabilidad,
idoneidad y necesidad."
ARTÍCULO 4. Se adiciona el artículo 258 TER al Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del
"Artículo 258 TER. Medidas de coerción. Son medidas de coerción, además de las previstas en este
código, las siguientes:
a) No privativas de la libertad:
l. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido, ante el juez
o ante la autoridad que él designe;
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---IHtT--1

nnnnsn
2. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con
especificación de las reglas a las que se somete, las que deberán relacionarse con el
hecho imputado;
3. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o Jugares, con especificación
de las reglas a que se somete, las que deberán relacionarse con el hecho imputado;
4. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas,
siempre que no se afecte el derecho a la defensa;
5. La prestación por parte del imputado o de tercera persona de una caución
económica proporcional al daño y a la capacidad económica del imputado,
mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega
de bienes o la fianza.
6. Orden de arraigo, consistente en la prohibición de salir del país;
7. Arresto domiciliar, consistente en la prohibición de salir del departamento donde
reside;
8. Prohibición de salir del municipio donde reside o de la circunscripción territorial que
fije el juez;
9. Arresto residencial del imputado en el lugar de vivienda que éste señalare con Ja
aprobación del juez. En este caso el juez deberá imponer Ja obligación de someterse
a un mecanismo de control o vigilancia electrónica. Cuando a criterio del juez, la
protección de la víctima lo haga necesario, dispondrá que el imputado señale un
Jugar distinto a aquel en donde la víctima habita.
b) Privativa de la libertad: Prisión preventiva en establecimiento de privación de libertad. Para
decretar esta medida de coerción deben respetarse las garantías establecidas en la
Constitución Política de Ja República y cumplirse con Jo establecido en Ja presente ley.
Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización a la justicia pueda ser razonablemente evitado,
el juez podrá imponer las medidas de coerción no privativas de Ja libertad indistintamente, de forma
conjunta o separada, según el caso, y ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para
garantizar su cumplimiento. Además, podrá auxiliarse de cualquiera de los medios de control
telemático, si a su juicio, las circunstancias del caso lo ameritan.
Para asegurar el cumplimiento de las medidas el juez podrá imponer Ja obligación al imputado de
someterse a Ja vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará
periódicamente al tribunal y cuya idoneidad debe ser calificada por el juez bajo su estricta
responsabilidad, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra en caso de incumplimiento.
En caso de incumplimiento de una medida de coerción no privativa de la libertad, el juez podrá, a
petición del Ministerio Público o de la víctima, imponer otra medida que estime pertinente, inclusive
privativa de Ja libertad, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.
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_)
'
-'~
{

-
-
,

Para la verificación del cumplimiento de las medidas de coerción el juez deberá realizar todas las
diligencias que considere pertinentes directamente, a través de un ejecutor designado dentro de su
personal auxiliar o por medio de la Unidad de Control de Medidas de Coerción a cargo de la Corte
Suprema de Justicia. La evaluación del cumplimiento debido de las medidas de coerción incluirá,
entre otros aspectos, la presentación de informes periódicos sin perjuicio de las comunicaciones
urgentes y medidas inmediatas que deban adoptarse. El ejecutor u órgano a cargo de la verificación
actuará bajo la estricta responsabilidad del juez.
En ningún caso se utilizarán las medidas de coerción desnaturalizando su finalidad o se impondrán
medidas cuyo cumplimiento fuere imposible. En especial se evitará la imposición de una caución
económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado, debidamente
comprobadas, impidan la prestación.
Queda prohibida la imposición de medidas de coerción distintas a las reguladas en el presente
artículo.
En los casos de procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por: a) delitos
de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de
menor de doce años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado; b)
al reincidente de los delitos deportación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas, delitos
de tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente
marcada por la DIGECAM; c) delitos comprendidos en el Capítulo VII del Decreto No. 48-92 del
Congreso de la República de la Ley contra la Narcoactividad; d) los delitos de defraudación tributaria,
defraudación aduanera y contrabando aduanero; e) delitos de adulteración de medicamentos,
producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos
médicos y material médico quirúrgico falsificado, distribución y comercialización de medicamentos
falsificados, productos farmacéuticos falsificados, medicamentos adulterados, dispositivos médicos
y material médico quirúrgico falsificado o establecimientos o laboratorios clandestinos; f) delitos de
pánico financiero, quiebra culpable, evasión o cooperación en la evasión; g) delitos comprendidos
en el decreto no. 21-2006 del Congreso de la República Ley Contra la Delincuencia Organizada; y, g)
delito de intermediación financiera, el juez al determinar que procede una medida de coerción no
privativa de libertad deberá, preferentemente, auxiliarse del dispositivo de control telemático."
ARTÍCULO S. Se adiciona el artículo 258 QUATER al Código Procesal Penal Decreto 51-92, el cual
queda así:
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"Artículo 258 QUATER. Unidad de Control de Medidas de Coerción. Se crea la Unidad de Control de
Medidas de Coerción a cargo de la Corte Suprema de Justicia con el objeto de brindar apoyo a los
órganos jurisdiccionales en el seguimiento y control del cumplimiento debido de las medidas de
coerción. Para el efecto tendrá las siguientes funciones:
1. Recopilar y comprobar información útil para que el juez tome decisiones sobre las medidas
a imponer; en el caso de la primera declaración esta información deberá presentarse al juez
en la audiencia que se señale para el efecto.
2. Controlar el cumplimiento de las medidas de coerción distintas a la prisión preventiva en
centro de privación de libertad.
3. Centralizar y gestionar información actualizada sobre personas detenidas o en prisión
preventiva. Esta información será de carácter público y de acceso inmediato. Para el efecto,
los órganos jurisdiccionales y demás instituciones involucradas estarán obligadas a remitir
de manera inmediata la información pertinente.
4. Seguimiento a alertas sobre plazos de prisión preventiva en centro de privación de libertad."
ARTÍCULO 6. Se reforma el artículo 262 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del
Artículo 262.- Peligro de fuga. Para establecer el peligro de fuga se tendrán en cuenta las
circunstancias de cada caso. Entre otros, se deberá considerar de manera integral, los aspectos
siguientes:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, vivienda, asiento de la familia, de sus negocios
o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, así
como la conducta y la situación personal y social del sindicado, incluyendo sus vínculos con la
comunidad.
2. El comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento o en otro
procedimiento anterior, en la medida que evidencie su voluntad de someterse a la persecución
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"Artículo 263.- Peligro de obstaculización a la justicia. Para establecer el peligro de obstaculización
se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado podría:
1. Influir en otra persona, para evitar que proporcione información o medios de prueba a los
órganos competentes del sistema de justicia.
2. Emplear fuerza física, intimidación, amenazas o coacción sobre cualquier funcionario o
empleado público que sea miembro del Organismo Judicial o de las instituciones auxiliares
de la administración de justicia, traductor, intérprete o perito, para obstaculizar el
cumplimiento de sus funciones.
3. Aprovechar la posición de poder o la capacidad de influencia política, económica o social
para obstaculizar el proceso o para influir en la destrucción, modificación, ocultamiento
supresión o falsificación de medios de investigación.
4. Por cualquier acción o medio evitar la obtención de evidencias o medios de prueba,
rehusare proporcionar al Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil o
Dirección General de Investigación Criminal o cualquier otra institución que cumpla esas
funciones, documentos o información que conozca o que obren en su poder, estando
obligado a ello.
5. Destruir u ocultar información o documentos, o bien proporcionar documentos o
información falsa al Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil o Dirección
General de Investigación Criminal o cualquier otra institución que cumpla esas funciones.
6. Inducir a otros a realizar tales comportamientos."
"Artículo 264. Arresto residencial del imputado. El arresto residencial del imputado podrá ser
decretado atendiendo a la situación individualizada de la persona sindicada cuando para el
cumplimiento de los fines previstos para la medida de coerción, esta medida sea suficiente. El juez
valorará bajo su estricta responsabilidad, las siguientes circunstancias:
1. Si el imputado o acusado es mayor de 65 años, se encuentra en situación de discapacidad,
otra situación de vulnerabilidad o circunstancias personales que, derivado de su condición,
hagan indispensable la medida para asegurar la protección de su vida e integridad.
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2. Si a la imputada o acusada le faltan dos (2) meses o menos para el parto, o en cualquier
momento, cuando existan condiciones que hagan calificar el embarazo como de alto riesgo.
Igual derecho tendrá durante los (6) meses siguientes a la fecha del nacimiento.
3. Si el imputado o acusado tuviere enfermedad grave que haga incompatible su derecho a la
vida digna en establecimiento de privación de libertad o que estuviere en peligro inminente
de muerte causado por su condición de salud, previo a dictámenes periciales
correspondientes. El juez determinará si el imputado o acusado debe permanecer en su
vivienda, en centro hospitalario o clínica médica.
4. Si el imputado o acusado fuere la única persona a cargo de prestar alimentos o cuidado de
persona que sufriere discapacidad, enfermedad grave o de menor de edad, siempre que se
compruebe que haya estado bajo su dependencia o cuidado, o que sobrevenga dicha -'
situación mientras se encuentra cumpliendo prisión preventiva. En casos específicos,
cuando a criterio del juez la protección de la víctima lo haga necesario, dispondrá que el
imputado señale un lugar distinto a aquel en donde la víctima habita. Cuando se trate de la
prestación de alimentos el imputado podrá gozar del derecho de acudír a su lugar de trabajo
con las restricciones de horario y movilidad que determine el juez para el efecto.
La medida conlleva la obligación del imputado de permanecer en su vivienda o lugar designado, con
las únicas excepciones de los permisos específicos concedidos por el juez, según corresponda.
En todos los eventos el beneficiario suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el
lugar o lugares indicados, a no cambiar de vivienda sin previa autorización y a concurrir ante las
autoridades cuando fuere requerido.
Si el imputado o acusado incumpliere alguna de las obligaciones impuestas al concederle el arresto
residencial, a petición del Ministerio Público o de la víctima, el juez ordenará la reclusión en
establecimiento de privación de libertad."
"Artículo 268. Cesación del encarcelamiento. La libertad del imputado o acusado se ordenará de
inmediato en procesos instruidos por cualquier delito, en los siguientes casos:
1) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la
fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida.
2) Cuando se haya dictado clausura provisional, sobreseimiento o se haya absuelto al
procesado, mientras tales decisiones cobran firmeza.
3) Como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad.
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4) Cuando transcurridos cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha en que concluya la
audiencia de primera declaración del sindicado, no se hubiere presentado la acusación, la
clausura, el sobreseimiento o cualquier otra forma de terminación del proceso.
5) Cuando transcurrido dos (2) meses, contados a partir de la fecha de presentación de la
acusación, no haya concluido la audiencia intermedia.
6) Cuando transcurridos tres (3) meses, contados a partir de la conclusión de la audiencia de
etapa intermedia, no se haya realizado la audiencia de debate oral y emitido la sentencia
correspondiente.
7) Cuando transcurridas dos terceras partes de la pena impuesta en primera instancia, no haya
quedado firme la sentencia.
En estos casos, el juez podrá otorgar otra medida de coerción no privativa de la libertad para
asegurar la comparecencia del imputado en las diligencias procesales.
Cuando los términos previstos en los numerales 4), 5) y 6) sean afectados por acciones dilatorias del
procesado o su defensor, orientadas a obstruir el normal desarrollo del proceso y hayan sido
calificadas así con la debida fundamentación por el tribunal competente, no se computará el tiempo
transcurrido en la tramitación de dichas acciones.
Los plazos previstos en los numerales 4), 5) y 6) podrán ampliarse hasta duplicarse bajo la
responsabilidad del órgano jurisdiccional cuando sea indispensable atendiendo a la complejidad del
caso, la cual se establecerá considerando la pluralidad de sujetos procesales, la pluralidad de delitos
imputados y las dificultades probatorias, incluyendo la prueba proveniente del extranjero que se
espera recibir. Superados los plazos de las ampliaciones los imputados deberán quedar sujetos a la
medida de arresto residencial a que hace referencia el numeral 9 de la literal a) del artículo 258 Ter.
Las decisiones derivadas de los dos párrafos anteriores serán emitidas en audiencia, debidamente
razonadas y podrán ser recurridas mediante apelación."
"Artículo 272. Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de procesamiento
y medidas de coerción, el tribunal declarará la falta de mérito y dejará en libertad al imputado."
"Artículo 277. Revisión de la medida de prisión preventiva. El imputado o su defensor podrán
provocar el examen de la prisión y de la internación, o de cualquier otra medida de coerción
personal que hubiere sido impuesta, en cualquier momento del procedimiento, siempre que
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hubieren variado las circunstancias primitivas. El examen se producirá en audiencia oral, a la cual
serán citadas todas las partes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que
concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar
una averiguación sumaria.
la audiencia de revisión de medidas de coerción deberá realizarse dentro de los tres días siguientes
de formulada la solicitud, bajo la estricta responsabilidad del juez.
la revisión de la medida de coerción de prisión preventiva procederá de oficio en la audiencia de
etapa intermedia.
Cuando se revise la medida de prisión preventiva siempre que el peligro de fuga o de obstaculización
a la justicia pueda ser razonablemente evitado, el juez podrá imponer las medidas de coerción no
privativas de la libertad indistintamente, de forma conjunta o separada, según el caso, y ordenará
las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. Además, podrá
auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático, si a su juicio, las circunstancias del caso
lo ameritan."
Artículo 320. Auto de procesamiento. A continuación de haber dictado auto de procesamiento, el
juez que controla la investigación emitirá auto que imponga medida de coerción.
Sólo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien
se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria,
antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia.
ARTÍCULO 13. Se reforma el artículo 324 BIS del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del
"Artículo 324 BIS. Control judicial. A los tres meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el
Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez,
bajo su responsabilidad, dictará resolución, concediéndole un plazo máximo de tres días para que
formule la solicitud que en su concepto corresponda.
Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al Ministerio Público para
que tome las medidas disciplinarias correspondientes, y ordene la formulación de la petición
procedente.
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Si en el plazo máximo de ocho días el fiscal no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará
la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley hasta que lo reactive el
Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este Código.
En el caso de que se haya dictado una medida de coerción no privativa de la libertad, el plazo
máximo del procedimiento preparatorio durará seis meses a partir del auto de procesamiento.
Mientras no exista vinculación procesal, la investigación no estará sujeta a estos plazos."
"Artículo 404. Apelación. Son apelables los siguientes autos dictados por los jueces de primera
instancia:
l. Los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante
adhesivo o de las partes civiles.
2. Los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio
Público.
3. Los que denieguen la práctica del anticipo de prueba.
4. Los autos en los cuales se declare la falta de mérito.
S. Los que no admitan o denieguen la intervención del tercero civilmente demandado.
6. Los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal.
7. Los que declaren el sobreseimiento o la clausura provisional del proceso.
8. Los que impongan medidas de coerción privativas y no privativas de la libertad, incluidas las
resoluciones que se dicten en virtud de revisión de las medidas y las que amplíen los plazos
de la prisión preventiva o no tomen en cuenta los plazos transcurridos conforme al artículo
268.
9. Los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil.
10. Los que resuelvan la desestimación.
El planteamiento de apelación en los casos anteriores carece de efectos suspensivos, debiendo para
el efecto el órgano jurisdiccional remitir al tribunal superior copia física o electrónica de las
actuaciones.
Serán apelables con efecto suspensivo los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y los
dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad."
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ARTÍCULO 15. Se reforma el artículo 465 TER del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del
"Artículo 465 TER. Procedimiento para delitos menos graves. El procedimiento para delitos menos
graves constituye un procedimiento especial que se aplica para el juzgamiento de delitos
sancionados en el Código Penal y leyes penales especiales con pena máxima de cinco años de
prisión. Para este procedimiento son competentes los jueces de paz y se rige, aparte de las normas
procesales generales, por las especiales siguientes:
1. Inicio del proceso: el proceso da inicio con la presentación del requerimiento fiscal o
querella de la víctima o agraviado;
2. Audiencia de conocimiento de cargos: esta audiencia debe realizarse dentro de los diez (10)
días de presentado el requerimiento fiscal o querella, convocando al ofendido, parte
acusadora, imputado y su abogado defensor, desarrollándose de la siguiente manera:
a. En la audiencia, el juez concederá la palabra, en su orden, al fiscal o, según el caso,
a la víctima o agraviado, para que argumenten y fundamenten su requerimiento;
luego al acusado y a su defensor para que ejerzan el control sobre el requerimiento;
b. Oídos los intervinientes, el juez de paz puede decidir:
l. Abrir a juicio penal el caso, estableciendo los hechos concretos de la
imputación;
11. Desestimar la causa por no poder proceder, no constituir delito el hecho
imputado o no tener la probabilidad de comprobar la participación del
imputado. La desestimación que determine será apelable;
c. Si abre a juicio, concederá nuevamente la palabra a los intervinientes para que en
su orden ofrezcan la prueba lícita, legal, pertinente e idónea a ser reproducida en
debate, asegurando el contradictorio para proveer el control de la imputación
probatoria. Seguidamente, el juez de paz decidirá sobre la admisión o rechazo de la
prueba ofrecida, señalando la fecha y hora del debate oral y público, el que debe
realizarse dentro de los veinte días siguientes a la audiencia en que se admite la
prueba;
d. Las pruebas de la defensa, cuando así se pida en la audiencia, serán comunicadas al
juzgado por lo menos cinco días antes del juicio, donde serán puestas a disposición
del fiscal o querellante;
e. A solicitud de alguno de los sujetos procesales, se podrá ordenar al juez de paz más
cercano, que practique determinada diligencia de anticipo de prueba para ser
valorada en el debate.
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3. Audiencias de debate: los sujetos procesales deben comparecer con sus respectivos medios
de prueba al debate oral y público, el que se rige por las disposiciones siguientes:
a. Identificación de la causa y advertencias preliminares por parte del juez de paz;
b. Alegatos de apertura de cada uno de los intervinientes al debate;
c. Reproducción de prueba mediante el examen directo y contra-examen de testigos
y peritos, incorporando a través de ellos la prueba documental y material;
d. Alegatos finales de cada uno de los intervinientes al debate;
e. Pronunciamiento relatado de la sentencia, inmediatamente de vertidos los alegatos
finales, en forma oral en la propia audiencia.
En todos estos casos, cuando se trate de conflictos entre particulares, el Ministerio Público puede
convertir la acción penal pública en privada."
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
ARTÍCULO 16. En toda norma legal y reglamentaria en que se mencione el término medida
sustitutiva, deberá entenderse que se refiere a medida de coerción no privativa de la libertad.}
ARTÍCULO 17. En toda norma legal y reglamentaria en que se mencione la causal de peligro de
obstaculización para la averiguación de la verdad, deberá entenderse que se refiere al peligro de
obstaculización de la justicia.
Artículo 18. Derogatoria. Se derogan todas aquellas disposiciones que establezcan limitaciones
a las consideradas en el código procesal penal, código penal y leyes especiales, relativas a medidas
de coerción, quedando bajo la potestad y responsabilidad exclusiva de los jueces la aplicación de
dichas medidas.
Las medidas a que se refiere esta ley y que hayan sido dictadas antes de su entrada en vigencia
podrán ser revisadas después de seis meses de dicha vigencia.
Artículo 19. Se deroga la frase: "En este caso, no se podrá otorgar cualquiera de las medidas
sustitutivas contempladas en el Código Procesal Penal." del artículo 342 B del Código Penal, Decreto
Número 17-73 del Congreso de la República.
Artículo 20. Se deroga la frase: "No podrá aplicársele al procesado alguna clase de medida
sustitutiva ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado a prisión por ese delito, rebaja de la
pena." del artículo 348 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República.
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Artículo 21. Se deroga la frase: "No podrá aplicársele al procesado alguna clase de medida
sustitutiva ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado a prisión por ese delito, rebaja de la
pena!' del artículo 349 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República.
Artículo 22. Se deroga el artículo 472 A del Código Penal, Decreto 17-73.
Artículo 23. Se deroga la frase: ", la cual excluye la aplicación de cualesquiera de las medidas
sustitutivas contempladas en el Código Procesal Penal," del artículo 96 de la Ley de Bancos y Grupos
Financieros, Decreto Número 19-2002.
Artículo 24. Implementación de la Unidad de control de medidas de coerción. Dentro del plazo
máximo de noventa días contados a partir de la vigencia de la presente ley, la Corte Suprema de
Justicia deberá emitir las disposiciones reglamentarias de organización y funcionamiento que rijan
la Unidad para asegurar su implementación. Asimismo, debe realizar la previsión presupuestaria
para que la unidad inicie sus funciones dentro del mismo plazo.
Artículo 25. Implementación de la ley. La Corte Suprema de Justicia deberá realizar los ajustes
presupuestarios correspondientes para la implementación de las disposiciones del presente
Decreto. Asimismo, deberá emitir y adecuar los reglamentos y competencias que corresponden para
el efecto, dentro de los noventa días contados a partir de la vigencia de la presente ley.
Artículo 26. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial. Se exceptúan los numerales 4, 5 y 6 del artículo 268 del Código
Procesal Penal, reformado por medio del artículo 9 de la presente ley, los que entrarán en vigencia
un año después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, para el caso de los procesos que
se encuentran en trámite a la entrada en vigencia de la presente ley.
REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y
PUBLICACIÓN.
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA, EL DE DEL DOS MIL
DIECINUEVE.

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Dictamen 5564

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