La administración pública federal mexicana está compuesta por tres poderes: Legislativo, Judicial y Ejecutivo. El poder Ejecutivo está representado por el Presidente y se apoya en la administración pública centralizada de secretarías de estado y en la administración pública paraestatal de organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos e instituciones nacionales de crédito, los cuales se agrupan por sectores de actividad económica.