El documento argumenta que toda autoridad que ejerce discreción debe tener una base legal explícita en la normativa y no puede actuar de forma implícita. También afirma que una autoridad que actúa de manera arbitraria busca satisfacer su propio interés en lugar del interés colectivo. Finalmente, sostiene que una facultad discrecional ilimitada conduce a la arbitrariedad y que todo acto administrativo debe estar limitado.