El documento habla sobre el justiprecio, que es una medida cautelar en procesos legales que busca cumplir con obligaciones. Sin un justiprecio, los bienes no podrían subastarse porque carecerían de una valoración objetiva dependiendo de factores económicos. Los peritos evaluadores son designados para mantener la imparcialidad en la valoración de los bienes a subastar. El juez no puede cambiar la decisión de los peritos sobre el precio, a menos que ellos no estén de acuerdo, en cuyo caso el juez decidirá

1. El justiprecio entonces es uno de los efectos de la medida cautelar que se ejecuta en un proceso
litigioso con el fin de darle el cumplimiento a una obligación.
De no existir el justiprecio, la cosa objeto de remate no se pudiera subastar, por no tener una
valoración objetiva que dependiendo de las circunstancias económicas y requisitos necesarios es su
realización.
La razón de designar los peritos evaluadores más que todo es para mantener el saneamiento o
parcialidad de la cosa objeto de remate, donde lo que se quiere es el planteamiento pacífico y sin
vicios de la cosa.
Que la realización del justiprecio se debe cumplir tal y como lo establece la normativa, con sus
lapsos y por el procedimiento ordinario para ello.
Otra conclusión importante es que el juez no puede cambiar por su libre convicción la decisión
de la experticia realizada y propuesta por los peritos evaluadores, contrario sería el caso cuando los
peritos no estén de acuerdo en la designación del precio, entonces sólo allí el juez tiene facultad
para decidir el justiprecio.
De la decisión del justiprecio se puede impugnar y los peritos evaluadores son susceptibles de
recusación, siendo todas estas actuaciones bien fundamentadas y motivadas.
Objeto
El presente Decreto con Rango, Valor, y Fuerza de Ley tiene por objeto establecer el procedimiento para determinar
el justiprecio de los inmuebles a ser adquiridos por el Estado venezolano, a los fines del poblamiento y habitabilidad,
en los casos de expropiación de emergencia, previstos en la ley que regula la materia de emergencia para terrenos y
vivienda.