El documento analiza el juicio político exprés que removió al presidente Fernando Lugo en Paraguay. Argumenta que el proceso violó la constitución por varias razones: las acusaciones no constituían mal desempeño serio, el juicio duró menos de 32 horas, y la sentencia se basó en acusaciones inconsistentes y una causal inexistente sobre un protocolo internacional. El documento concluye que la resolución que destituyó a Lugo fue un acto arbitrario e inconstitucional.