El documento resume el caso de Jesús María Valle Jaramillo contra Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Valle Jaramillo era un defensor de derechos humanos que denunció violaciones cometidas por paramilitares y el ejército colombiano. Fue asesinado en represalia. La Corte falló que Colombia violó sus derechos y ordenó medidas de reparación como pagos, investigación del caso e instalación de placas en su memoria. El documento también explica el funcionamiento de la Corte Interamericana y los desafíos

1. VIVIANA CIRO RAMÍREZ viviciro@terra.comFacultad de Derecho Universidad de AntioquiaVIVIANA CIRO RAMÍREZviviciro@terra.comFacultad de Derecho Universidad de Antioquia sede MedellínPrincipio del formulario¡Aquí estamos y estaremos siempre, en el fragor de la lucha o en la quietud de la muerte!Jesús María Valle Jaramillo<br />¿De qué sirve denunciar,… de morir y quedar en el olvido del colectivo?<br />El presente texto tiene la intensión de mostrar como existe un mecanismo subsidiario en caso de controversia presentada ante los casos particulares y lo contencioso administrativo de cada país, es decir, aquellos casos que son llevados a cortes internacionales como la Interamericana de Derechos Humanos luego de que el país ha ratificado el Tratado en donde toman curso aquellos que han sido fallados en jurisdicción interna y que han solicitado ampliación de la sentencia por diversas circunstancias.<br />Un país que haya ratificado un Tratado internacional o incluido dentro de su ordenamiento tal Convención como la de San José de Costa Rica, se compromete a nivel internacional a cumplir con lo estipulado por tal firma y en tanto existan sentencias que involucren su jurisdicción debe encontrar mecanismos, ejecutivos y/o legislativos que le permitan cumplir a cabalidad dichas sentencias.<br />33655226060El texto presentará de manera sintética la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los organismos que la integran, sus funciones, algunas dificultades que se presentan al momento de incluir las sentencias en el ordenamiento interno, y en particular, el caso de Jesús María Valle Jaramillo y otros contra Colombia.<br />Es entonces como de la mano del documento: Déclaration universelle des droits de l'homme (Declaración de los Derechos del Hombre), consagrado en París en el año 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se da la redacción de la Convención Americana de Derechos Humanos con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente. Creando para tal fin, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), los órganos competentes que puedan ejercer tal función: La Comisión y La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica.<br />6817360490220La Comisión Interamericana está encargada de recibir denuncias de supuestas violaciones cometidas por Estados que han ratificado la Convención Americana, ya que éstos son los que están legalmente comprometidos a observar y respetar los derechos que allí se mencionan, haciendo profundidad en tal concepto, cabe mencionar la importancia que tienen los Tratados en comparación con los Acuerdos, ya que los primeros están cargados de obligatoriedad compartida por distintas naciones al ser ratificados, mientras que los Acuerdos se consideran instrumentos administrativos -de tipo económico, cultural, científico- que son firmados pero que no están sujetos a ratificación del país. <br />22860928370Es así como las naciones que hacen parte se deben comprometer a cumplir dicho reglamento como lo indica su artículo primero: “1°. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna”. <br />La Convención al igual que el Tratado*, según cláusulas internas, son de obligatorio cumplimiento como se mencionó anteriormente, y el país luego de haberlo ratificado, debe acatar las sentencias proferidas por los tribunales internacionales a favor o en contra de los mismos. Colombia como Estado, hace parte de la Convención desde el 31 de julio de 1973 y para el año 1985 luego de reconocer la competencia contenciosa de la Corte. Todo esto permite dimensionar el compromiso que tiene la nación a nivel internacional con la OEA y, en el momento de tener procesos que lleguen hasta esta corte, el manejo que debe darle la República en caso de que falle en contra de esta.<br />A pesar de que la eficacia del Derecho Internacional este es generalmente dependiente de las autoridades estatales, sus sentencias tienen implicaciones internacionales en la medida en que éstas afectan la imagen que tienen dichos implicados a ese nivel pero, lo más importante, es que quienes acuden a él por asuntos no resueltos queden conformes con la resolución de las sentencias por ser esta una instancia complementaria al proceso contencioso interno. <br />El Derecho Internacional ofrece un mecanismo superior de salvaguarda de Derechos Humanos toda vez que permite la inclusión de procesos que han sido sentenciados previamente en las naciones dando un reajuste o cambio del fallo a favor o en contra de los afectados. “En todo caso, independientemente de los contenciosos que deben resolver los tribunales constitucionales, tanto de América del Sur como en el derecho comparado europeo, la sentencia de término produce cosa juzgada que llevan las sentencias […] ya que no existe posibilidad de recurso alguno que permita impugnarla dentro del ordenamiento jurídico interno del Estado, otorgándole fijeza”. Tales expresiones muestran la contundencia que tienen los fallos al interior del país, lo que puede presentar disparidad al momento de incluir las sentencias internacionales en campos nacionales.<br />5902960845820La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) busca, en la resolución de las sentencias, ofrecer un resarcimiento integral de las víctimas en la medida que incluye sanciones como: adecuación de las disposiciones de la legislación nacional; realización de campañas de sensibilización; programas de derechos humanos; indemnización por daños materiales y perjuicios morales; resarcimiento de costas y gastos; publicación de la sentencia en el Diario Oficial o un reconocimiento en acto público; homenaje a las víctimas; tratamiento médicos y/o psiquiátricos; anulación de antecedentes penales o disciplinarios de la víctima; medidas protectoras o garantías de integridad de la víctima; localización de víctima desaparecida; medidas de socialización; reintegración a cargo público; conclusión de la investigación de los procedimientos penales y/o el castigo de los violadores y el cumplimiento de la decisión del tribunal interno. Dando muestra de la búsqueda que pretende dicho organismo al pretender cumplir con una reparación completa a través del fallo que promueva.<br />Para la inclusión de fallos al ordenamiento nacional, estos deben estar en concordancia con los presupuestos del Estado implicado puesto que cada país vela por su integridad y los jueces hacen lo propio frente a las leyes internacionales que se extienden del ordenamiento territorial al que están habituados, por lo que requieren de otro mandato (legal) que les permita hacer valer dichas sentencias puesto que las sentencias de la Corte son un tanto “complejas”, en el sentido de que incluyen, “múltiples formas de resarcimiento del daño, con el fin de lograr una reparación integral”. Las indemnizaciones y las medidas de satisfacción deben, en general, ser cumplidas por el Poder Ejecutivo.<br />En cuanto a la vinculación de dichas sentencias en el ordenamiento interno se puede ver que se presentas algunos ajustes en tanto que dichas sentencias ya tenían fallos previos, otorgados por las cortes nacionales, que en algunos casos debe ser modificado. Dichas cambios requieren de reformas planteadas por el Ejecutivo y/o Legislativo de acuerdo al caso y la competencia para poderlo implantar en el ordenamiento interno. Es entonces como “El mandato internacional se dirige al Poder Ejecutivo, que debe encaminar la propuesta de solución de las incompatibilidades entre el Derecho Nacional y el Internacional al Poder Legislativo, a quien le incumbe alterar la ley” y así permitir que el fallo proferido se cumpla.<br />“Actualmente, el sistema interamericano no cuenta con ningún mecanismo jurídico para ejercer una presión eficaz en los estados, lo cual resulta favorecedor para el anquilosamiento de este derecho como meramente voluntario, subsidiario y de cooperación” presentándose como dificultades al momento del reconocimiento de la sentencia por parte del Estado, a pesar de haber ratificado un Tratado, y de que éste se encuentre vigente no garantiza los ajustes inmediatos de los mismos a las sentencias proferidas por tribunales internacionales.<br />627761013970La CIDH es una instancia que permite encontrar soluciones más amplias para las víctimas de las que se encuentran a nivel local, ofreciéndoles otras alternativas pero sin que con esto se suplante el sistema jurídico nacional, la homologación de sentencia extranjera” como lo permite el Estado de Brasil, “tendría el beneficio de integrar la sentencia al ordenamiento interno, librándola de cualquier cuestionamiento en cuanto a su eficiencia, porque la sentencia es título ejecutivo judicial, tal como lo reconoce el Código de Procedimiento Civil. La principal oposición que se hace en contra de esta solución es que termina por reivindicar una primacía del derecho interno sobre la Corte Internacional, subordinando sus fallos a estos criterios” por tanto, la inclusión de los fallos internacionales depende en gran medida de la concordancia con el reglamento nacional. La Corte, conociendo de estos inconvenientes, debe procurar mecanismos de integración de las sentencias a fin de evadir la impunidad.<br />Para entender un poco los mecanismos que utiliza la CIDH desarrollaremos el caso de Jesús María Valle Jaramillo para visualizar los actores, sus reclamaciones, algunas intervenciones importantes y por último la decisión que se ajusta, con base en los criterios del organismo internacional, a la obtención de un resarcimiento integral de las víctimas.<br />Luego de identificados los actores demandantes y el demandado en la sentencia de Jesús María Valle Jaramillo y otros contra Colombia** procede a hacer mención de los formalismos correspondientes de dicho proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se muestra que para el 13 de febrero de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos […] presentó […], una demanda en contra de la República de Colombia […], el cual contiene determinadas recomendaciones para el Estado. La Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación pecuniaria y no pecuniaria.<br />762013970El Estado colombiano en el escrito de sus alegatos finales, al referirse a su responsabilidad, señala: “las consecuencias que se han producido por algunas falencias en las investigaciones y procesos judiciales iniciados en cumplimiento del deber de investigar del Estado que corresponde al derecho a saber lo ocurrido que tiene las víctimas y sus familiares, ocurrieron también por omisión en el cumplimiento del deber de garantía y es aquí que el Estado frente al caso de Jesús María Valle Jaramillo, ratifica la Convención y su Constitución Política en la medida que confirma Estado social de derecho donde se compromete además a velar por garantizar los derechos fundamentales de las personas.<br />La Corte por su parte hace inclusiones importantes en la medida que reconoce el trabajo que realizaba el señor Jesús María Valle Jaramillo como reconocido representante y defensor de los derechos humanos, quien denunciaba públicamente las violaciones perpetradas por paramilitares y algunos miembros del ejército nacional, además del compromiso del Estado con la creación de grupos de autodefensas con fines específicos que luego se desbordaron y empezaron a actuar al margen de la ley y el Estado, en busca de control territorial, no alcanzó a dimensionar el alcance que tendría dicha medida legal. <br />El Estado bajo su obligación de garantizar los derechos a su población debe poner principal atención en aquella con mayor riesgo como lo era para la fecha en que falleció el doctor Jesús María Valle Jaramillo, los defensores y defensoras de derechos humanos; puesto que han sido las personas que asumen el compromiso cívico de denunciar y pueden sentirse amedrentados en la medida que no cuentan con garantías reales a su labor como lo explica la Corte en su sentencia.<br />470154035560En cuanto al papel de Valle Jaramillo rescatan quienes lo conocieron como un ser humano íntegro y coherente con su pensar bajo el sentir del compromiso social latente en sus venas, desarrolló su vida bajo esos principios la cual vio cegada al hacer públicas las denuncias frente a las masacres, cuando puso en conocimiento de las autoridades administrativas, judiciales y de Naciones Unidas, aquellas acaecidas por paramilitares en connivencia del ejército colombiano en el municipio de Ituango. Por tanto el costo de testificar se le cobró con la vida.<br />La Corte Interamericana, en su decisión final, estableció que el Estado debe realizar pagos pecuniarios por el caso, investigar los hechos que generaron las violaciones, publicar en el diario oficial, realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en la Universidad de Antioquia, colocar una placa en memoria de Jesús María Valle Jaramillo en el Palacio de Justicia del Departamento de Antioquia, brindar gratuitamente y de forma inmediata, a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento psicológico y psiquiátrico requerido por las víctimas, otorgarle a Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa una beca para realizar estudios o capacitarse en un oficio y garantizar la seguridad en caso que Carlos Fernando Jaramillo Correa considere su retorno a Colombia. <br />Adicionalmente la Corte reconoce que “Como el mayor ilícito ha ocurrido (la muerte de la víctima) es imposible la restitución en este caso particular, pero las garantías de no repetición pueden ser necesarias para prevenir la reincidencia” es a lo que apunta la institución al emitir este tipo de sentencias además,[...] ante la imposibilidad de restitución […] el Estado debe indemnizar a la familia en el pago pecuniario por el daño sufrido, material e inmaterial […] y proporcionar la satisfacción con el reconocimiento formal de la violación”. <br />3935730327660Como se mencionó en líneas anteriores, “Como el mayor ilícito ha ocurrido (la muerte de la víctima) es imposible la restitución en este caso particular, pero las garantías de no repetición pueden ser necesarias para prevenir la reincidencia” deben ser los mayores argumentos que pesen frente a la reparación del hecho puesto que para este caso podemos ver que no puede existir un resarcimiento completo, pero que, el organismo internacional busca una indemnización “más justa” en la medida que pretende restablecer los daños ocasionados a la población afectada y para el caso particular, la hermana del occiso la señora Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo a quienes les cambió rotundamente la vida con el acontecimiento acaecido.<br />Quedando a la reflexión:<br />¿De qué sirve denunciar,… de morir y quedar en el olvido del colectivo?<br />BIBLIOGRAFÍA<br />Corte Interamericana de Derechos Humanos. 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