Reflexión sobre Ciudadanía para la Democracia

1. Serie Cuadernos de Trabajo
No. 2007-03
REFLEXIÓN SOBRE CIUDADANÍA PARA LA DEMOCRACIA
Florisabel Rodríguez
Rotsay Rosales
Enero 2007

2. PROCESOS es un centro de investigación, asesoría, capacitación y promoción para el
desarrollo de los regímenes democráticos de Centroamérica y el Caribe.
Nuestro propósito es contribuir al fortalecimiento de la democracia en Centroamérica y el
Caribe mediante acciones que desarrollen y reproduzcan valores y actitudes democráticas; que
contribuyan al desarrollo de la institucionalidad, la transparencia y el buen gobierno; que
fortalezcan los mecanismos para el manejo pacífico de los conflictos y que estimulen prácticas
de participación ciudadana y de generación de consensos.
Es una organización privada sin fines de lucro ni afiliación política partidaria, creada en 1996
con el apoyo de los Presidentes de los países centroamericanos.
PROCESOS ofrece servicios y actividades dirigidos a instituciones públicas, organizaciones
sociales y políticas, y empresas privadas en los países de la región.
PROCESOS
Teléfonos (506) 231-1116, 231-1125 Fax (506) 220-1580
Correo electrónico: procesos@procesos.org
Página Web: http://www.procesos.org
ii

3. Indice
1. Introducción ................................................................................................................ 1
2. Democracia................................................................................................................. 2
2.1 Democracia y libertad ........................................................................................... 3
2.2 Dilemas de la democracia .................................................................................... 4
2.2.1. Libertad e igualdad ..................................................................................................... 4
2.2.2. Consenso y disenso ................................................................................................... 4
2.2.3. Participación y representación ................................................................................... 5
3. ¿Qué es ciudadanía? ................................................................................................. 7
3. 1. Ciudadanía y democracia................................................................................... 8
3. 1. 1. Una definición minimalista: estatus legal y político .................................................. 8
3. 1. 2. Concepciones normativas ....................................................................................... 9
3.2. Hacia una propuesta de ciudadanía .................................................................. 12
3.2.1. Mujeres, género y ciudadanía ................................................................................. 14
3.2.2. La ciudadanía joven o ciudadanía de la población menor de edad......................... 15
3.2.3. Ciudadanía y educación: vínculo indispensable ..................................................... 16
BIBLIOGRAFIA............................................................................................................. 19
Anexo 1:
Listado de destrezas para el ejercicio de la ciudadanía............................................... 24
Anexo 2:
Diagramas del sistema político..................................................................................... 26
iii

4. 1. Introducción
Este texto tiene las características de ser un corto borrador que aspira a servir
de insumo para la discusión impulsada por el Ministerio de Educación Pública
de Costa Rica (MEP), con el objetivo de replantear las áreas de ética, estética y
ciudadanía en la educación pública en cuanto a su importancia, contenido y
forma de enseñanza. Para cada área se ha elaborado un ensayo conceptual
inicial, este es el de ciudadanía.
Es importante señalar que actualmente se observan en Costa Rica, prácticas,
actitudes y valores que deben ser mejorados para abrir la posibilidad de una
mejor vida individual y colectiva y un fortalecimiento de nuestra democracia.
Dicho lo anterior, es probable que el consenso llegue hasta aquí. Hay
desacuerdos sobre cuáles de dichas prácticas, actitudes y valores se deben
mejorar, cómo se debe hacer y desde cuál perspectiva.
Desarrollaremos un planteamiento que busca mejorar el prestigio de la buena
política y generar una ciudadanía crítica, pero al mismo tiempo integrada al
sistema político, para desarrollar la institucionalidad democrática.
Deseamos indicar lo que no es este texto:
• No es una revisión de la literatura sobre el tema de ciudadanía
• No es una revisión empírica sobre los conceptos de ciudadanía en Costa
Rica o en el mundo
• No un texto extenso que permita considerar sutilezas en los argumentos
Sí aspiramos a que el texto:
• Plantee una posición sobre el tema de ciudadanía
• Sirva para provocar una discusión sobre el tema
• Ayude a la elaboración del fundamento conceptual de un nuevo enfoque
para la formación ciudadana del MEP
Anticipamos que la noción de ciudadanía planteada aquí asume la democracia
como régimen, la garantía de respeto por los derechos humanos y el
compromiso con la libertad, la igualdad, la solidaridad y la tolerancia como
valores fundamentales de la convivencia social. También incluye otros tres
elementos vinculados entre sí: el desarrollo de la capacidad deliberativa, del
capital social y del sentido de pertenencia a la comunidad democrática.
Asimismo, es fundamental el conocimiento y la capacidad de insertarse
constructivamente en el sistema político.
El trabajo consta una sección sobre democracia y otra sobre ciudadanía.
También incluye como anexos, uno que lista un mínimo de destrezas que se
consideran importantes para desarrollar en la educación cívica y otro que
presenta de manera gráfica las funciones del sistema político.
Antes de concluir esta introducción, es importante señalar que la democracia
en Costa Rica, pese a todas las críticas que hacemos los y las costarricenses,
y quizás por ellas, es la más longeva de Latinoamérica y también una de las
1

5. más exitosas, según diversos indicadores internacionales que se han
construido para hacer posible la comparación entre países. Pero se trata de
que sea sostenible, de que mejore, y logre adaptarse a los nuevos retos, con la
participación de la ciudadanía joven. Para ello se requiere reconceptualizar la
educación cívica en el país.
2. Democracia
“el asunto que se plantea no es
si se ha alcanzado el desarrollo suficiente
para vivir en democracia,
sino cómo logramos los objetivos del desarrollo,
viviendo en democracia”.
Amartya Sen
Dado que vamos a hablar de ciudadanía en democracia, se hace necesario
revisar brevemente qué se entiende por democracia: es, primero que todo, una
forma de organizar los gobiernos. Pero su significado ha variado con el devenir
de la historia, según se han desarrollado las democracias y el pensamiento
político alrededor de ellas. Una cualidad que en otros siglos se señaló era que
primero se debía alcanzar un desarrollo mínimo para poder acceder a un
régimen democrático que pudiera funcionar. En este siglo, ello ha sido
desterrado.
Entre los conceptos contemporáneos, existen razones prácticas y razones
éticas para justificar su preferencia y para definirla.
Las razones prácticas obedecen a los conflictos, propios de toda sociedad
humana. El origen de ellos a nivel individual o grupal son la diversidad y los
intereses encontrados por razones sociales, económicas, políticas y culturales.
La democracia es una forma de enfrentar estas contradicciones, disputas y
luchas. Es un método institucionalizado para el manejo de los conflictos, con
reglas legítimas1
. El mínimo de reglas para calificar una nación como
democracia son relativas al régimen político y centradas alrededor del proceso
de las elecciones de los gobernantes (Dahl 1971 y Lipset 1981:27-28):
• Existencia de elecciones periódicas para nombrar al Poder Ejecutivo o
Legislativo.
• Existencia del al menos dos partidos políticos o grupos que luchan por el
poder en cada elección.
• Garantía del derecho a emitir un voto único a todas y todos los ciudadanos
en cada elección.
• Garantía de que quien gana las elecciones ejerce el gobierno hasta las
próximas elecciones.
• Imposibilidad de alterar la extensión de los períodos de gobierno en forma
unilateral por el partido o grupo en el poder.
Ese concepto mínimo de democracia es de origen inductivo y de carácter
procedimental. No se refiere al tipo de sociedad ni a los productos o tipos de
1 Entendida como aceptación social mayoritaria.
2

6. producto del sistema político en particular, pero sí supone una democracia
formal, en la cual se respetan los derechos civiles y la represión política se
minimiza en tanto hay acuerdo en el uso de los mecanismos legales e
institucionales para el ejercicio del poder.
Sin embargo, existe el otro elemento constitutivo de una democracia: su
legitimidad, o sea, el apoyo hacia sistema político. Ello significa, que responde
de manera satisfactoria y continua a las expectativas y necesidades de sus
ciudadanos y ciudadanas. Y es precisamente en la definición de necesidades y
en las expectativas, que distintas culturas y épocas, han ampliado el
entendimiento y las exigencias sobre las democracias. En este proceso, se
incorporan más requisitos hacia el sistema político, algunos por el lado de las
demandas y otros por el lado de los productos2
. Estos conceptos más amplios
se nutren especialmente de aspectos de origen ético.
2.1 Democracia y libertad
“Cuando te hablo de libertad, es a esto a lo que me refiero.
A lo que nos diferencia de las termitas y de las mareas,
de todo lo que se mueve de modo necesario e irremediable.
Cierto que no podemos hacer cualquier cosa que queramos,
pero también cierto que no estamos obligados a querer hacer una sola cosa…
No somos libres de elegir lo que nos pasa…
sino libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo…
Existen muchas fuerzas que limitan nuestra libertad…
Pero también nuestra libertad es una fuerza en el mundo, nuestra fuerza”
(Savater, 1991:29).
El primer elemento ético señalado por los defensores de la democracia es la
libertad: la democracia es la forma de gobierno que mejor permite la búsqueda
y realización de la libertad humana3
.
¿Qué es la libertad? La libertad “…no se refiere a lo que queremos hacer sino
a lo que podemos hacer…” (Savater 2003: 97). El concepto de libertad se ha
desarrollado muy cerca del campo de la política: “…podríamos decir que la
política trata en esencia de cómo organizar y distribuir la libertad en la sociedad
humana” (Savater 2003: 97)
Isaiah Berlin hizo una clasificación de los diversos conceptos de libertad (Berlin,
1969:194-206): libertad positiva y libertad negativa. La negativa es la ausencia
de coerción de parte de otras personas o instituciones sobre la persona libre:
ausencia de restricción sobre acciones deseadas. Por ello se le conoce
también como “libertad de”. Este tipo de libertad se extiende hasta donde no
interfiera con la libertad de los demás4
. La libertad positiva centra el concepto
en la posibilidad de la persona de actuar realmente según lo desee, pudiendo
desarrollar sus potencialidades. Es la “libertad para”5
lograr las metas
deseadas. Supone la búsqueda de igualdad de oportunidades reales para la
ciudadanía, para que su igualdad no sea meramente un asunto formal, sino
que se amplíe el “poder hacer”.
2 Véase Anexo 2 para observar un esquema diagrama del sistema político.
3 No se debe olvidar que aún en nuestros días, en nombre de la democracia se ha construido paz y desarrollo en muchos pueblos, pero también se han violentado naciones enteras o
segmentos de estas.
4 Autores típicos clasificados en esta categoría son Hobbes y Locke
5 Autores típicos clasificados en esta categoría son Mill y Rouseau
3

7. 2.2 Dilemas de la democracia
En esta sección se revisan tres dilemas fundamentales en el funcionamiento de
la democracia. Dos de ellos se relacionan directamente con tres valores:
igualdad política, solidaridad y tolerancia hacia la diversidad.
2.2.1. Libertad e igualdad
La igualdad política (Rodríguez, Castro y Monge 2003) es un valor que está en
el corazón mismo de la democracia, es el reconocimiento de que todas y todos
los ciudadanos, solamente por su condición humana, tienen un conjunto
inalienable de derechos ante la sociedad. Pero ya se mencionó que la
búsqueda de la igualdad puede ser vista como una oportunidad para ampliar la
libertad ciudadana o como una restricción de la libertad individual. Y este es
precisamente uno de los dilemas centrales de la democracia: cuánta libertad
negativa versus cuánta igualdad fuera del ámbito minimalista. Esta es una
lucha sin solución definitiva, pero con diversas soluciones históricas, es una
tensión que puede llevar a una sociedad más individualista o a una sociedad
más inclusiva6
.
Otra forma de enfocar este tema es mediante el desarrollo de los derechos
humanos, que se consideran universales, irrenunciables, intransferibles,
integrales, únicos e indivisibles y jurídicamente exigibles. Se habla de derechos
de tres generaciones: primero, civiles y políticos, segundo, sociales,
económicos y culturales y tercero, solidaridad y derechos de los pueblos
(Morales 2005: 8 -9). Conforme se fue extendiendo la visión de los derechos,
los ideales de la libertad positiva fueron tomando más importancia, cada vez
más se enfatizó la igualdad real, más que la política formal. Las desigualdades
económicas, sociales y políticas se han planteado como restricciones a la
libertad y lo contrario como condición para la sostenibilidad democrática. En
este contexto el valor de la solidaridad adquiere una relevancia fundamental
para articular libertad positiva con igualdad real. Por solidaridad se entiende el
reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho a un mínimo de
bienestar social y económico que la sociedad debe proporcionarles (Rodríguez,
Castro y Monge 2003).
En Costa Rica, como en muchos países latinoamericanos, este dilema se ha
expresado en los debates acerca del papel de Estado, su dimensión, espacios
y formas de intervención.
2.2.2. Consenso y disenso
Otro dilema en las democracias se genera alrededor de la construcción de
consensos y el manejo de disensos. Hay que recordar que la democracia,
como forma de organizar la toma de decisiones políticas, es el gobierno de las
mayorías con respeto por las minorías.
La tensión entre consenso y disenso se relaciona con la injusticia y la violencia.
Para enfrentarlas se requiere tolerancia hacia la diversidad, entendida como el
6 Por ejemplo véase John Rawls (1971) y Anthony Giddens (2000)
4

8. reconocimiento y respeto a individuos o grupos con maneras de pensar, actuar
y sentir diferentes a las propias7
, y en ser capaces de convivir en forma pacífica
y respetuosa con esos individuos o grupos (Rodríguez, Castro y Monge 2003).
Asimismo, es indispensable romper con la ignorancia entendida como la
incapacidad individual para darse a entender, argumentar sobre bases lógicas
u apoyos racionales, y contrastar las opiniones para formar criterio.
El desarrollo de la tolerancia, la formación de la capacidad para deliberar y la
formación de consensos o el manejo de desacuerdos, requieren que se asuma
la formación cívica como un proceso conciente de reproducción de la sociedad
(Gutman 1987). Para Costa Rica es fundamental este proceso de formación
cívica dado que se observan importantes grados de intolerancia hacia grupos
como los homosexuales, los ateos o los extranjeros. Adicionalmente se
encuentra en el segmento poblacional joven y urbano, la disminución del
“gradualismo” como forma de cambio social (Rodríguez y Madrigal 2005).
2.2.3. Participación y representación
Entre participación y representación existe otro punto de tensión permanente
en las democracias, y ello se refleja en el entendimiento de la ciudadanía y su
ejercicio. La representación es la designación de responsables de tomar las
decisiones principales en nombre de la comunidad política, es una delegación
de la soberanía ciudadana fundamentada en la rendición de cuentas. La
participación por el contrario, apela a que la ciudadanía se involucre
directamente en la toma de decisiones de la comunidad política, sin
mediadores.
En Edmund Burke (1729-1797) se encuentra el origen filosófico de quienes
enfatizan la representación, él señaló el dilema entre libertad y orden,
enfatizando el papel del orden para el buen funcionamiento del sistema político
(Burke, 1959). Autores más contemporáneos que se ubican en esta posición
(Sartori, 1987; Schumpeter, 1943) utilizan como indicadores de avance
democrático el grado de competencia entre líderes políticos, no porque ello sea
igualado a democracia, sino porque la única forma de ganar la competencia es
apelando a la población. Las elecciones son el punto más álgido de la
participación y se aprecia la división funcional entre políticos y pueblo.
Por otra parte, Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) llegó a negar la posibilidad
misma de la representación, con su argumento de que la soberanía es
indivisible e inalienable (Rousseau, 1968). Este autor ha inspirado a los
participacionistas contemporáneos (Pateman, 1970; Barber, 1984; Ballesteros,
2003)8
quienes propugnan restringir los espacios de representación a favor de
mayor participación directa del ciudadano. Para ellos el avance democrático es
mayor cuanto más se logre integrar activamente a la población en el gobierno.
Instrumentos como el referéndum y la deliberación son apreciados en este
contexto (Parry y Moyser, 1992:444).
En años recientes en muchas democracias ha resurgido el debate sobre este
tema, debido a la perdida de apoyo hacia el sistema político en los niveles más
7 “…el derecho a la diferencia pero no la diferencia de derechos…” (Savater 2003: 160)
8 Véase el tercer diagrama del Anexo 2.
5

9. específicos, especialmente hacia los partidos políticos y las instituciones
estatales (Norris 1999b).
Esta pérdida de apoyo ha llegado incluso a afectar, en algunos países, la
confianza en las instituciones de rendición de cuentas horizontales o
intraestatales (O´Donnell, 2002 y Monge 2004). Consecuentemente, se han
incentivado las demandas por mayores espacios de control vertical9
, que
implican mayor participación ciudadana y menor representación.
En Costa Rica, la crítica agudizada recientemente hacia la capacidad de
representación del sistema político, provocó la modificación del artículo 9 de la
Constitución Política, que en su primer párrafo decía:
“ARTICULO 9.- El Gobierno de la República es popular, representativo,
alternativo y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e
independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.”
Actualmente el mismo artículo dice:
“ARTICULO 9.- El Gobierno de la República es popular, representativo,
participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres
Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y
el Judicial.” (Subrayado no es del original)10
El proceso de búsqueda de nuevos balances entre representación y
participación en Costa Rica ha generado instancias novedosas, muchas de
ellas en ciernes, para la participación ciudadana. Algunos ejemplos 11
:
i. Institutos constitucionales de protección de derechos y libertades
fundamentales: el recurso de amparo y el recurso de Habeas Corpus
interpuestos ante la Sala Constitucional (Sala IV) de la Corte Suprema
de Justicia.
ii. El Referéndum, la iniciativa popular en la formación de leyes, la Oficina
de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa.
iii. Discusión, planificación y configuración de políticas, planes, proyectos
y evaluaciones de las instituciones: Comisiones Mixtas Legislativas; el
Foro de Mujeres y las mesas de diálogo y negociación de las mujeres
en las provincias de Limón y Puntarenas (promovido por el Instituto
Nacional de las Mujeres); el Foro Nacional de Productores
Agropecuarios (Ministerio de Agricultura y Ganadería); las consultas
ciudadanas promovidas por la Defensoría de los Habitantes.
iv. Procesos de discusión y toma de decisiones sobre el ambiente:
Tribunal Ambiental Administrativo; audiencia pública de impacto
ambiental; consejos regionales de áreas de conservación; comités de
vigilancia de los recursos naturales (COVIRENAS); oficina de la
sociedad civil del Ministerio de Ambiente y Energía.
v. Para el mejoramiento en la calidad de los servicios y discusión de sus
precios: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP),
9 El mecanismo electoral se considera insuficiente para el control de los representantes.
10 Artículo único de la Ley N° 8364, de 1º de julio de 2003.
11 Elaborado con base en Morales, Carla 2005: 28-30.
6

10. Defensoría de los Habitantes; las contralorías de los servicios de
diversas instituciones públicas; los consejos de seguridad vial.
vi. Instancias que regulan los mercados de consumo: Comisión Nacional
del Consumidor; Oficina de Protección al Consumidor (Ministerio de
Economía -MEIC), Comisión de Promoción de la Competencia (MEIC).
vii. Participación en la toma de decisiones de políticas municipales y de
desarrollo comunal: referendo y plebiscito en el ámbito local; el cabildo
abierto; las Comisiones Municipales; las elecciones de Alcaldes.
En este texto se comparte la idea de buscar un balance entre la democracia
representativa y la democracia directa12
, de modo que ninguna sustituya a la
otra. Un sistema político democrático debe encontrar y normar los espacios
legítimos para que el ciudadano o la ciudadana deleguen o participen en las
decisiones colectivas. Se coincide con Chantal Mouffe y Norberto Bobbio en la
necesidad de abandonar las: “…ilusiones de la democracia directa y el
consenso perfecto de una sociedad por completo transparente” (Mouffe 1999:
136)
3. ¿Qué es ciudadanía?
En cierto modo, la ciudadanía democrática es un corolario de la virtud cívica. Pero
puede fomentarse o estimularse mediante una instrucción y unas prácticas
adaptadas a la sociedad de la comunicación y la información. Se trata de
proporcionar claves de orientación con miras a reforzar la capacidad de
comprender y de juzgar.
Informe “Delors”
UNESCO 1996
Las principales características que definen al “ciudadano” y a la “ciudadanía” es
un asunto que ha provocado polémica en la academia y en el discurso político,
e incluso, recientemente, se ha recurrido a la expresión “buen ciudadano”13
Los enfoques que destacan diversos atributos de la ciudadanía en democracia
corresponden a perspectivas que, en su base conceptual, tienen como
principales referentes a las tradiciones de pensamiento democrático,
provenientes de lo que en la historia de la filosofía y teoría políticas en Estados
Unidos y en Europa denominan como liberalismo político clásico14
y
republicanismo cívico.
Con el propósito de evitar confusiones con respecto a lo que en Costa Rica se
entiende por “liberal” (o neoliberal, fundamentalmente concentrado en aspectos
económicos), no se adopta la tradicional clasificación de la teoría europea o
norteamericana. Más bien, se inicia la descripción de enfoques sobre
ciudadanía con una propuesta “mínima”. Luego se exponen diversas
perspectivas normativas, con el objetivo ulterior de adoptar una propuesta
integradora.
12 Véase Diagrama 4, Anexo 2
13 Se hace énfasis a un valor positivo de un cierto tipo de ciudadano. Véase por ejemplo Batstone y Mendieta 1998
14 Chantal Mouffe (1999) advierte que no hay que confundir el liberalismo político con el liberalismo económico (dominación de relaciones capitalistas de producción). El liberalismo político
clásico remite a un conjunto de instituciones propias del “Estado de Derecho” que promueve la defensa de derechos, el reconocimiento del pluralismo, la división de poderes. Por eso, esta
autora considera que son muchas las articulaciones posibles entre “formas” diferentes de liberalismo, así, la aceptación de liberalismo político no supone necesariamente el apoyo al
liberalismo económico. Como ejemplo, un liberal político en el sentido antes expuesto, puede defender posiciones socialistas, progresistas o de izquierda en el campo económico y, por lo
tanto, oponerse al liberalismo económico.
7

11. La noción de ciudadanía que este documento propone, asume la perspectiva
mínima, concuerda con el aporte de Marshall y los enriquece con elementos
provenientes de otros enfoques: el desarrollo del capital social y de la
capacidad deliberativa, la necesidad de construir identidad colectiva o
comunidad democrática, y la centralidad de la educación cívica.
Es una definición o concepto que se considera útil para:
a) destacar las características básicas del concepto de ciudadanía en los
regímenes democráticos actuales;
b) subrayar su orientación dinámica - evolutiva, formativa - constitutiva; y
consecuentemente;
c) enfatizar la importancia de los procesos de enseñanza y aprendizaje
de valores, actitudes, destrezas y el uso eficaz de mecanismos
institucionales para una mejor convivencia social en democracia;
d) colaborar con Ministerio de Educación Pública de Costa Rica en su
propuesta de educación ciudadana.
3. 1. Ciudadanía y democracia
En la historia del mundo occidental, la concepción de la ciudadanía fue
evolucionando desde una situación privilegiada de una élite (v. g. Grecia y
Roma A. C.) hasta la ampliación de criterios límites que condujo a la inclusión
de cada vez más personas en esa categoría a partir del siglo XVII, en los
llamados Estados modernos15
. Pero este proceso de ampliación no se ha
detenido, como se verá.
Es importante subrayar que desde su génesis, en todas sus concepciones, la
ciudadanía supone el reconocimiento y el ejercicio de derechos diferentes –
“más” y “mejores” o cualitativamente superiores- a los que tienen aquellas
personas que no son consideradas como ciudadanas y está en relación directa
con la potestad del ejercicio de la libertad.
3. 1. 1. Una definición minimalista: estatus legal y político
En la perspectiva mínima, el término “ciudadanía” se utiliza para identificar la
condición del “ciudadano” perteneciente a una sociedad o comunidad política.
El elemento distintivo del ciudadano –que por lo general incluye a la mayoría de
la población- es que goza de ciertos derechos diferentes a los “no –
ciudadanos” con quienes comparte un territorio o espacio común. Los derechos
especiales y, de algún modo excepcionales, se refieren a la posibilidad de
incidir en las decisiones públicas.
Dos elementos se destacan en esta perspectiva:
i) Hay que ser un “nacional” 16
o miembro de la comunidad política.
15 La ciudadanía no implica necesariamente la existencia de democracia como forma de gobierno; no obstante, el debate contemporáneo en derecho, filosofía y política, se relaciona
generalmente con la discusión sobre modelos de democracia. De este modo, las principales definiciones de ciudadanía, están influidas por el concepto y los atributos que tengan diferentes
autores sobre aquel régimen político. La ciudadanía en democracia es la que interesa discutir en este trabajo.
16 Carlos José Gutiérrez indica que suele asociarse al ciudadano con quien forma parte de un Estado – nación. Al respecto afirma que se confunden ciudadanía con “nacionalidad”: “Dicha
definición tiene el problema de que no todos los nacionales son ciudadanos, si bien para ser ciudadano se requiere la condición de nacionalidad” (IIDH / CAPEL 2000: 171). Es importante
considerar que la titularidad de derechos políticos sí es una condición indispensable de ciudadanía en el enfoque minimalista; se verían excluidos de esta condición, por ejemplo, los
nacionales menores de edad y los extranjeros –aunque pueden gozar de algunos derechos-.
8

12. ii) Hay que ser poseedor o titular de derechos políticos; o sea, de quien
dispone de derechos para elegir a sus gobernantes y a ser electo a puestos
de gobierno.
En esta perspectiva, la política es básicamente una actividad instrumental de
agregación de intereses y preferencias individuales, y por tanto, de manejo de
conflictos o diferencias. Se considera que es prácticamente imposible hacer
coincidir plenamente todas las concepciones particulares sobre el cuál es el
bien colectivo.
Congruente con estas premisas, la ciudadanía consiste en alcanzar un
“estatus” mediante el cual las personas adquieren una serie de derechos y
mecanismos de participación, garantizados jurídicamente, para proteger su
autonomía e intereses individuales frente a posibles arbitrariedades de los
cuerpos colectivos, la organización política u otros individuos.
La ciudadanía es, además, una condición o situación legal, formal y
procedimental que refiere, a la libertad que cada persona tiene de elegir el
grado de su vinculación a los asuntos públicos17
. El ciudadano es poseedor de
un “título” para defender su autonomía. Los contenidos éticos o sustantivos del
sistema político son subsidiarios.
Un ejemplo de este tipo de concepción se encuentra en la tradición del
pensamiento liberal clásico: la libertad de cada persona es considerada como
un valor superior, prioritario y fundacional o genético ante la sociedad y frente a
la organización política de las relaciones sociales. Suscriben una visión de
libertad negativa. En términos ontológicos, el individuo es “prepolítico”. El
supuesto es que el “sujeto – individual” tiene claramente definidas sus
preferencias de previo a cualquier proceso político.
Una intervención del cuerpo político o del Estado que pretenda imponerse
como visión comprensiva del bien social, podría violar la igualdad de
tratamiento y la autonomía privada de las personas. Por lo tanto, son
preeminentes al bien, la justicia, la ley, el derecho y los procedimientos
“neutrales”18
. En este sentido, se considera que uno de los principales aportes
del liberalismo de origen anglosajón al pensamiento político y a la democracia
en particular, es su énfasis deontológico, es decir, los derechos como
fundamento principal del enfoque.
3. 1. 2. Concepciones normativas
a) Ciudadanía como práctica participativa permanente
Esta es una visión opuesta a la minimalista en dos aspectos: la visión del
individuo como ser social y la visión de ciudadanía como práctica, aunque
incorpora el mínimo de derechos civiles y políticos señalados por la perspectiva
mínima.
17 Esta posición difiere con el participacionismo observable en la visión comunitarista.
18 Las obras del filósofo norteamericano John Rawls (1971 –original en inglés- o 1979 –versión en castellano-, 1996 y 2002) son consideradas como referentes contemporáneos ineludibles
de esta corriente de pensamiento.
9

13. Correspondiente al desarrollo de la visión participativa de la democracia, se ha
conceptualizado la ciudadanía como una práctica participativa permanente en
la perspectiva del llamado “comunitarismo”19
.
Para los comunitaristas, la política no es una actividad secundaria de la
persona; la actividad pública es fundamental para la constitución de la identidad
colectiva y subjetiva, como corresponde a su planteamiento del individuo como
ser social.
Rechazan el argumento liberal ortodoxo de la supuesta inalterabilidad de las
“preferencias prepolíticas” que -como se mencionó- imposibilita la configuración
de un bien social compartido.
La identidad se configura colectivamente y de manera constante, con pautas
culturales a las que se integra o articula la subjetividad o individualidad. Se
busca un balance entre autonomía individual y compromiso solidario colectivo.
La ciudadanía trasciende la condición de simple “estatus” o enunciado de
derechos de protección ante “los otros” y frente el Estado. Es una práctica de
participación permanente en el ámbito público para construir y fortalecer un
ethos u horizonte de valores y objetivos sociales aglutinadores. La visión
deontológica en el comunitarismo, queda así supeditada a una perspectiva
principalmente normativa, es decir, los valores y normas como fundamentos
principales del enfoque.
El dilema democrático entre participación y representación se resuelve desde
esta perspectiva, en forma radical, a favor de la participación, generando
aspiraciones poco prácticas.
b) La ciudadanía ampliada
En la década de 1960 se publica un texto de Thomas H. Marshall que aporta
claridad conceptual al debate teórico sobre ciudadanía. El autor también se
fundamenta en los derechos para definirla, según tres elementos constitutivos:
“Llamaré a cada una de estas tres partes o elementos, civil, político y social.
El elemento civil esta compuesto de los derechos necesarios para la libertad
individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión,
derecho a la propiedad y a concluir contratos válidos y derechos a la
justicia. Este último es de índole distinta de los restantes, porque se trata
del derecho a defender y hacer valer el conjunto de los derechos de una
persona en igualdad con los demás, mediante procedimientos legales
debidos. Esto nos enseña que las instituciones directamente relacionadas
con los derechos civiles son los tribunales de justicia. Por elemento político
entiendo el derecho a participar en el ejercicio del poder político como
miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de
dicho cuerpo. Las instituciones correspondientes son el Parlamento y las
juntas del gobierno local. El elemento social incluye el ámbito completo,
desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y de seguridad, al de
compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado
conforme los patrones predominantes en la sociedad. Las instituciones en
este caso son el sistema educativo y los servicios sociales.” (1964: 74.)
19 Ejemplos de esta corriente de pensamiento son las obras de A. MacIntyre (1987) y M. Walzer (1996 y 1994).
10

14. Se destaca en esta definición de Marshall que lo que se conoce actualmente
como derechos públicos subjetivos20
son componentes necesarios de la
condición de ciudadanía. Asimismo, es notoria la relación que se establece con
la institucionalidad del Estado de derecho, con la tradición o estándares de vida
de cada sociedad, y con los órganos de la seguridad social y la educación
(resultado de la búsqueda de la libertad positiva).
Dado que los derechos y la institucionalidad civil y política -con menos o más
desarrollo dependiendo de la época- son parte constitutiva de la noción de
ciudadanía minimalista, el aporte más importante de la concepción de Marshall
es la incorporación estructurada del “elemento” social21
, recogiendo posiciones
que incorporan los derechos humanos de “nueva generación”, el desarrollo
humano y el bienestar.
c) El maximalismo
Muchas de las nociones recientes sobre ciudadanía llenan de contenido ese
concepto con los elementos normativos o aspiracionales correspondientes a las
visiones de democracia, de modo que en la literatura actual es común
encontrarse expresiones como “ciudadanía activa”, “ciudadanía plena”,
“ciudadanía efectiva”, “ciudadanía reflexiva”. De hecho, puede afirmarse que la
definición mínima ha experimentado un proceso de expansión de su
significado. Esta inflación o expansión del concepto de ciudadanía es lo que se
denomina como “maximalismo” y supone las perspectivas que, opuestas a la
visión mínima por considerarla insuficiente, la llenan de tantos contenidos que
dificultan la tarea de precisar de qué hablamos cuando hablamos de
ciudadanía.
Un ejemplo de la visión maximalista se encuentra en el reciente informe del
Proyecto sobre el Desarrollo de la Democracia en América Latina (PRODDAL)
auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD
2004).
En ese estudio se afirma que para profundizar a la democracia en la región
latinoamericana y lograr mejores niveles de desarrollo humano se debe trabajar
para hacer efectiva una democracia de ciudadanos y ciudadanos. Con este
objetivo, es necesario replantearse la noción de ciudadanía de manera que se
conciba como “ciudadanía integral”
“Hablar de ciudadanía integral es considerar que el ciudadano de hoy
debe acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales,
económicos y culturales, y que todos ellos conforman un conjunto
indivisible y articulado (PNUD 2004: 24)”.
La ciudadanía integral implica el desarrollo político de instituciones y de una
“cultura” que promuevan la participación, legitimen la representación, hagan
efectivos los derechos de todos y cada uno, y fomenten la construcción de
identidades democráticas inclusivas con que puedan afrontarse los desafíos
que parecen imponer la economía “globalizante” y la desigualdad.
20 Así los define el léxico jurídico. “Subjetivos” porque los titulares son los sujetos o individuos. “Públicos” porque trascienden la esfera de la actividad o competencia “privada”. Se refieren a
las situaciones o relaciones de los individuos con los agentes e instituciones públicas.
21 Planteada históricamente por autores como John Stuart Mill (1991 y 1998).
11

15. El problema cuando no se califica apropiadamente este tipo de concepción, es
que impide visualizar la ciudadanía como un proceso inacabado, y se deteriora
así la valoración de los avances que se pueden ir alcanzando.
3.2. Hacia una propuesta de ciudadanía22
La propuesta de ciudadanía, como se ha ido señalando en este texto, supone
la práctica individual e institucional de la libertad positiva, la igualdad política
real, la solidaridad y la tolerancia hacia la diversidad. También incluye otros tres
elementos fundamentales, vinculados entre ellos y que ahora se van a explicar:
el desarrollo de la capacidad deliberativa, del capital social y del sentido de
pertenencia a la comunidad democrática.
En cuanto a la capacidad deliberativa y el sentido de comunidad
democrática interesa destacar algunos aportes puntuales de Jürgen
Habermas, Ramón Máiz y Chantal Mouffe.
Según Habermas, la autonomía privada de los ciudadanos (prioridad liberal
clásica) y la autonomía política – pública (prioridad republicana) se presuponen
mutuamente, tienen el mismo origen, son igualmente importantes. Ambas ideas
o principios fundamentales – constitutivos de los Estados no se anteponen ni
subordinan entre sí.
La propuesta de construcción cívica democrática para este autor radica en la
aceptación de normas que se apoyen en información relevante, buenas
razones y mejores argumentos. La ciudadanía se constituye mediante
comunicaciones públicas, en procedimientos institucionalizados, para
compatibilizar la autonomía privada de cada uno con la efectiva autonomía
privada de todos (cf. en del Águila y Vallespín: 280. Habermas 1987; 1998 y
1999).
El profesor español Ramón Máiz enriquece el enfoque “deliberativo” de
Habermas (denominado así por este autor alemán) con otros elementos
explicativos. Retoma de la tradición republicana la indeterminación inicial e
“inespecificidad” de las preferencias y las vincula al papel que tiene en su
construcción las ideologías o la dimensión simbólica de la política. Advierte que
es erróneo considerar reductible al conflicto social; lo correcto, desde una
“teoría transformativa de la democracia”, es observarlo de manera similar como
lo hacen las perspectivas pluralistas y multiculturales contemporáneas: como
una dinámica productiva para la vida en democracia, que se debe conducir por
vías institucionales (Máiz 1996: 74).
A juicio de Máiz, ni las visiones “sobre-racionalizadas” de corte liberal, ni la
propuesta de totalización o sumisión a una supuesta “voluntad general” de
corte republicano – comunitarista, resuelven el aparente dilema de los retos
pluralistas que se presentan a la democracia y a la ciudadanía actualmente23
.
La filósofa francesa Chantal Mouffe es más crítica del modelo deliberativo
habermasiano y de la tradición liberal ortodoxa: “Presentar las instituciones de
22 La ciudadanía no es un concepto abstraído de las personas, por ello se utiliza aquí para referirse a hombres y mujeres sin especificaciones de género.
23 Al respecto Máiz afirma: “La comprensión de la política como deliberación, lejos de pretender reproducir idealmente los rasgos de un debate filosófico, o abrigar ingenuas esperanzas sobre
una subyacente matriz comunitaria proveedora de acuerdo social último mediante autocomprensión ética, implica una inestable y conflictiva síntesis… En esta tensión entre lógica de la
identidad y la lógica de la diferencia, comunidad y pluralismo, totalidad y dispersión, citoyen y homme, es donde se muestra en toda su radicalidad, la indeterminación y apertura esenciales de
la política en las actuales sociedades complejas. – Por todas estas razones, la democracia se presenta como una forma cualitativamente superior, como la radicalización de la política en
cuanto potencia las posibilidades generativas de ésta.” (1996: 87).
12

16. la democracia liberal como el resultado de una racionalidad deliberativa pura es
reificarlas y hacerlas imposibles de transformar. Esto es contrario a la
incertidumbre constitutiva de la democracia moderna.” (1999: 198 - 199)
En el libro “El Retorno de lo Político”, Mouffe critica el discurso individualista y
“racionalista – universalista” que prevalece en las sociedades occidentales
contemporáneas y que es incapaz de explicar (analíticamente) los fenómenos
ni las convulsiones sociales actuales24
. A su juicio, el discurso predominante es
aún más incapaz (políticamente) de formular proyectos viables para atender
esos fenómenos o conflictos de naturaleza étnica, religiosa, nacionalista e
identitarios que agudizan los problemas de eficacia y legitimidad de las
instituciones democráticas occidentales.
Según Mouffe, el pluralismo es un fenómeno generalizado y una categoría de
análisis ineludible. Comprender el pluralismo implica también aceptar su
vínculo con la formación de identidades colectivas, sin renunciar a la libertad
individual. Entender y aprovechar el pluralismo en democracia es promover la
construcción de comunidad política25
y ciudadanía.
Esta autora considera que la ciudadanía también supone una forma de
identificación/identidad con principios políticos específicos en una tradición
democrática concreta. La ciudadanía así concebida implica “algo a construir”
con base en el reconocimiento de principios políticos específicos y de las reglas
que los encarnan.
La noción de capital social fue introducida por Alexis de Tocqueville después
de recorrer Estados Unidos en 1831, quien atribuyó a esta característica la
fortaleza de la democracia estadounidense.
En épocas recientes, el desarrollo de la noción de capital social ha tomado
auge gracias a diversos autores como James Coleman y Robert Putnam entre
otros. En general, por capital social se entienden las redes sociales, las
relaciones recíprocas que se originan en ellas, y el valor de unas y otras para
alcanzar objetivos colectivos (Schuller, Baron y Field, 2000: 1-12)26
.
Poco a poco se ha ido generalizando, en la literatura más reciente sobre el
tema, el consenso sobre dos componentes esenciales del concepto, que son:
• confianza interpersonal27
y
• redes sociales o asociatividad.
24 La autora no comparte con John Rawls su visión de la “primacía del derecho sobre el bien”, pues implica que hay libertades fundamentales en un marco de derechos que están por encima
de las diferentes concepciones particulares sobre el bien. No obstante, Mouffe reconoce que el filósofo norteamericano evolucionó bastante del utilitarismo racional que se observaba en
“Teoría de la Justicia” a la concepción de la persona como “razonable” (con consideraciones morales y sentido de justicia en la cooperación social organizada) en los últimos trabajos. También
reconoce el argumento de Rawls que la justicia es la principal virtud que debe regir a la las instituciones sociales en defensa de los derechos individuales. Propone defender y radicalizar la
tradición democrática liberal mediante la institucionalización de la igualdad y la libertad.
25 Desde otra perspectiva Norris (1999b) señala la indentidad con la comunidad democrática como el primer nivel de apoyo al sistema político.
26 Se pueden distinguir al menos tres corrientes dentro de los estudios, según la amplitud de la definición de capital social usada (Serageldin y Grootaert, 2000: 47). Putnam utiliza la
definición más restringida: redes, normas y confianza, todas características de la vida social, que permiten a los participantes actuar colectivamente en forma más efectiva (Putnam, 1993:9).
Él enfatiza las “asociaciones horizontales” entre las personas de la comunidad.
Una definición más amplia es la de Coleman, quien amplía la variedad de entidades de la estructura social a incluir en el concepto de capital social, pues añade las asociaciones de tipo
jerárquico (Coleman, 1988: 598). Este autor también amplía el concepto al señalar que el capital social se expresa tanto en el nivel individual como en el nivel colectivo.
Una definición aún más amplia incluye el entorno social y político que permite que las normas y la estructura social tomen forma. Contempla la interrelación a nivel macro entre estructuras
altamente formalizadas como los gobiernos, los regímenes políticos, y los sistemas jurídicos. Dos autores cuyos trabajos se enmarcan dentro de esta acepción más amplia del concepto de
capital social son Mancur Olson y Douglass C. North (Serageldin y Grootaert, 2000: 46).
27Algunos autores que han desarrollado el concepto de capital social (por ejemplo Paxton, 1999) hablan de confianza interpersonal y confianza en las instituciones como si se tratara de un
mismo fenómeno, cuando en realidad son actitudes hacia objetos completamente distintos.
13

17. La confianza interpersonal28
es de carácter subjetivo e individual, y se le
entiende como una disposición subjetiva favorable hacia las relaciones sociales
que, cuando se presenta con cierta intensidad, facilita la creación de una
expectativa de reciprocidad y de lealtad que favorece el desarrollo de
relaciones sociales beneficiosas para los individuos y la colectividad.
Esta expectativa es aprendida y confirmada socialmente (Barber, 1983: 165).
La existencia de normas implícitas claras, aceptadas y apoyadas sobre la
conducta social favorece la existencia de mayores posibilidades para el
cumplimiento de las expectativas creadas sobre las acciones de los demás.
La confianza interpersonal es una condición necesaria para la negociación y el
acuerdo político (Diamond, 1999) puesto que no sería posible avanzar en estos
procesos cruciales de toda democracia, de no existir condiciones mínimas de
seguridad sobre la transparencia de las intenciones de los adversarios, sobre
su disposición al cumplimiento, o sobre la virtud de los procedimientos que se
establecen con ellos para alcanzar el acuerdo.
El segundo componente es de tipo objetivo y de naturaleza social. La
asociatividad se define como la densidad de las conexiones objetivas entre los
individuos (Paxton, 1999). Se la observa en el conjunto de organizaciones a las
que pertenece cada individuo, las cuales conforman las redes de relaciones
entre las personas. Esta característica está directamente relacionada con el
desarrollo de destrezas para la participación y el aprecio de los espacios que la
permitan y estimulen.
3.2.1. Mujeres, género y ciudadanía
La expansión en el contenido de la noción de ciudadanía se relaciona con los
enfoques más aspiracionales o normativos de la democracia. También se
relaciona con los procesos reivindicativos de las últimas décadas encabezados
por sectores sociales que demandan mayor inclusión, representatividad y
pluralidad en la institucionalidad política. La mayoría de reflexiones en la
actualidad suponen el enfoque de los derechos humanos y las aspiraciones de
igualdad de oportunidades para las mujeres, jóvenes y grupos específicos
(etnias, personas con capacidades diferentes, etc.).
Actualmente en gran parte del mundo las mujeres son jurídicamente
reconocidas como ciudadanas, con los mismos derechos y responsabilidades
que los hombres. Este un fenómeno relativamente reciente.
En Costa Rica29
, el avance observado en áreas como los derechos civiles y
políticos contrasta con los pocos logros alcanzados en otros ámbitos privados y
de políticas públicas.
28 Es necesario hacer aquí una precisión: distinguir entre confianza generalizada y confianza específica. La confianza interpersonal generalizada es una actitud de confianza hacia la gente,
que no establece distinciones en razón de su pertenencia étnica, religiosa, cultural, u otras. La confianza interpersonal específica indica ligámenes de confianza hacia personas pertenecientes
a grupos particulares, pero que no se extienden con la misma intensidad al conjunto de grupos que conforman una sociedad.
La confianza interpersonal generalizada conduce a los individuos a actuar de maneras que fortalecen el tejido social básico de la sociedad en la que habitan. Por el contrario, la confianza
específica se puede nutrir de la oposición a aquellos que no comparten la característica definitoria del grupo al que se pertenece y puede conducir a la intolerancia.
29 “La década de 1990 y los inicios del siglo XXI pueden destacarse con importantes avances en el reconocimiento de los derechos de poblaciones tradicionalmente consideradas
“marginales” del proceso sociopolítico de la toma de decisiones y formulación – ejecución de políticas públicas (v. g. Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer de 1990, y la Ley de
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de 1996) Sin embargo, a la fecha, se considera que hay muchos desafíos para trascender el enfoque de los derechos y
promover el ejercicio pleno de la ciudadanía para toda la población costarricense. Por ejemplo, se acumulan retos para resolver las “brechas de equidad entre géneros”, como lo muestra un
14

18. Se considera que la igualdad real de las mujeres y el ejercicio efectivo de su
“ciudadanía” son aspiraciones en las que se puede avanzar si se trabaja
articulando la institucionalidad con la cultura política, con la educación cívica
como un eje fundamental en la formación de valores democráticos.
Diversas posiciones argumentan que en la lucha por la igualdad de las mujeres
se logran mayores avances incluyendo a los hombres, incorporándolos e
identificándolos con sus demandas, de modo que se logren acuerdos más
sólidos y sostenibles. Esta perspectiva se concentra en un aspecto
fundamental de la constitución de ciudadanía: lograr compatibilizar la identidad
subjetiva con la colectiva30
.
3.2.2. La ciudadanía joven o ciudadanía de la población menor de edad
En el proceso expansivo de aspiraciones contenidas en las concepciones de
ciudadanía, la población joven menor de edad, es un grupo poblacional
considerado como prioritario en un debate no exento de polémica.
Con fines ilustrativos, se pueden identificar dos posiciones extremas
contrapuestas. En un extremo afín a la noción minimalista, se argumenta que
desde un origen, la persona “ciudadana” se distingue porque está habilitada
para el ejercicio pleno del derecho a elegir y ser electa a puestos de elección, y
que este criterio es suficiente para excluir a las personas menores de edad de
esa categoría. En el otro extremo, influido por enfoques maximalistas, se
considera que el menor de edad es “sujeto pleno de derechos” y que la
inhabilitación jurídica para ejercer el sufragio o voto es producto de una suerte
de subestima discriminatoria que en nada corresponde al principio de libertad ni
a las aspiraciones de igualdad y justicia.
En general, las posiciones intermedias sobre ciudadanía joven reconocen que
la mayoría de edad para votar o para ocupar puestos públicos no es limitante
para el ejercicio de la ciudadanía en otros ámbitos (familia, escuelas,
comunidades locales, organizaciones de voluntariado, etc.) por jóvenes
menores.
Los enfoques más integradores31
se oponen a considerar a la población menor
de edad como simples “pre-ciudadanos”, pero también reivindican que hay
diferencias objetivas entre el menor y los adultos. Se considera que la
consolidación de mejores regímenes democráticos supone educar e incorporar
de manera efectiva a los jóvenes a la lógica, la institucionalidad y a las
prácticas democráticas.
La ciudadanía de las personas jóvenes menores de edad reconoce que éstos
van adquiriendo progresivamente autonomía y capacidades para ejercer
plenamente sus derechos y responsabilidades, tutelada su dignidad y el
Aporte Especial o estudio del más reciente Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2005: 65 – 71). En este documento se indica que a pesar de los progresos
alcanzados en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en los últimos años los procesos de cierre de brechas son lentos, la consolidación es también lenta y costosa y los logros
apenas marginales. En términos de resultados se mantiene la discriminación: a) la pobreza afecta más a las mujeres; b) el desempleo, la subutilización, el autoempleo, la flexibilización laboral,
los salarios o retribuciones monetarias menores y la situación de la “doble jornada” agravan las situación de pobreza con rostro femenino; y c) se agotan los recursos y mecanismos para
combatir la violencia contra las mujeres. Todo lo anterior a pesar de que hay pequeños avances en materia de salud, educación y representación política de las mujeres.” (Rosales 2006: 37 –
38)
30 Con base en Joan Scott, Evangelina García define que el género como factor clave de las relaciones sociales comprende cuatro elementos vinculados: “1. Símbolos culturalmente
disponibles que evocan representaciones múltiples y menudo contradictorios sobre el hombre y la mujer […] 2. El género además comprende elementos normativos […] 3. El género también
comprende formas sociales de organización e institucionalización, así como valoraciones políticas de lugar y función de lo masculino y lo femenino en ellas […] 4. El genero abarca también la
identidad subjetiva.” (García Prince 1997: 38)
31 En el caso de Costa Rica se destacan recientes reflexiones y documentos de trabajos sobre ciudadanía joven del Programa de las Naciones Unidas para la Niñez y la Adolescencia
(UNICEF) y de la Fundación PANIAMOR.
15

19. “principio del interés superior del menor” por la institucionalidad democrática.
Es precisamente la institucionalidad vigente de los Estados democráticos la
que, a juicio de este enfoque, debe mejorarse o adaptarse de acuerdo con la
aspiración de ciudadanía efectiva de los jóvenes. Las mejoras que se proponen
incluyen la transformación de una “cultura adultocéntrica” dominante y el
fomento de mecanismos dialógicos, participativos y de ejercicio de autoridad
con responsabilidades.
Un estudio realizado en estudiantes de secundaria de Costa Rica32
muestra la
relevancia de la formación cívica durante la educación secundaria.
Adicionalmente, revela que para esta población el significado de democracia se
relaciona con “libertad, elecciones universales y libres, la vigencia de los
derechos básicos civiles y políticos”, además de “vivir en paz” y “nuestra forma
de vida”. Se pueden dividir los estudiantes en dos grupos:
• Los que se adhieren al concepto minimalista de democracia y la apoyan
• Los que son críticos con el sistema en áreas como “la corrupción, y el
abuso de los políticos, la falta de igualdad, … mucha delincuencia y
violencia … y que la democracia no funciona bien”
Se puede observar que el grupo crítico no señala ningún aspecto del concepto
mínimo de democracia, sino aspiraciones y productos que el sistema no está
dando tales como igualdad social y seguridad ciudadana. También es central
la aspiración de mejores políticos honestos y que resulten más representativos
para la población joven. Cómo llegar de la aspiración a la realidad aparece
como algo fundamental para que la juventud pueda ser crítica e integrada al
mismo tiempo.
3.2.3. Ciudadanía y educación: vínculo indispensable
El hecho de que no exista una formación ciudadana, que las personas crezcan sin
conocer verdaderamente los fundamentos de la legalidad democrática, de los
proyectos compartidos de la humanidad, las posibilidades críticas del mundo en
que vivimos, todo eso a nadie le interesa porque eso no tiene una rentabilidad
inmediata. Pero eso es lo que la educación debería transmitir…La educación es lo
único que permite la rentabilidad de las instituciones democráticas.
Savater 1999
La mayoría de las perspectivas contemporáneas sobre ciudadanía en
democracia afirman que ésta no es una “situación natural” de cualquier
individuo sino, fundamentalmente, una condición que las personas van
adquiriendo o formando en las diversas situaciones en que se interrelacionan
con otros individuos.
Los enfoques coinciden en que el ciudadano es un “tipo especial de persona”
que debe estar preparada para convivir democráticamente. El ciudadano es
una persona conocedora de su condición o estatus especial en la sociedad, y
sabe que está facultado para desempeñar ciertos papeles en los regímenes
democráticos. ¿Cómo se adquiere este conocimiento?, mediante procesos de
socialización en diversos escenarios o contextos como la familia, la escuela, la
comunidad, los medios de comunicación y, como ejemplo actual de uso cada
vez mayor, la Internet.
32 Véase Gómez y Madrigal (2003).
16

20. El ser ciudadano supone comprender la práctica o el “oficio de la ciudadanía”
(Bárcena 1997). Debe disponer de suficiente “juicio político” o sentido para
razonar, discernir, decidir y actuar conforme lo que considera mejor para la
convivencia social. De este modo, la capacitación, formación o preparación de
personas – ciudadanas en democracia hacen que la educación sea
considerada un elemento indispensable33
en las sociedades contemporáneas:
“…no se dan de manera natural, sino que deben ser aprendidas y, en
consecuencia, enseñadas” (Touraine 2002).
La educación cívica – política tiene como función la formación de ciudadanos
capaces de aprender y practicar valores ético - políticos, actitudes, derechos,
responsabilidades y una serie de destrezas (Gutman 1987) consideradas
fundamentales para la convivencia democrática34
. Debe formar personas
capacitadas para dialogar, explicarse, persuadir y ser persuadidos por los
buenos argumentos, deliberar, confrontar juicios en un marco muy claro de
reglas, instituciones y procedimientos.
La libertad, la igualdad, la solidaridad y la tolerancia son valores constitutivos
de la ciudadanía democrática, derivados de los enfoques normativos de la
democracia. Consecuentemente con esos valores, las actitudes hacia la
colectividad y hacia el sistema político deben inspirarse en ellos. Una
educación cívica exitosa es aquella que logre que valores y actitudes
democráticas se traduzcan en prácticas consecuentes35
.
Con base en las reflexiones o aportes de los autores vistos en este capítulo,
proponemos una noción de ciudadanía que contiene elementos mínimos como
el de estatus, pero también elementos sustantivos o normativos como la
práctica política, la formación de juicio crítico o la formación en valores
democráticos.
La noción de ciudadanía puede resultar más clara y precisa a partir del “perfil
de ciudadano” que este texto propone, y que se resume en el siguiente
cuadro36
:
33 El papel central de la educación para la formación cívica o ciudadana es un tema recurrente en la historia de la filosofía y el pensamiento político occidental (v. g. Platón, Aristóteles,
Rousseau)
34 Ver Anexo 1.
35 Al respecto, el filósofo Fernando Savater explica los aspectos que deberían interesar más a la educación cívica: “En primer lugar, haría falta desarrollar autonomía, es decir, […] Las
personas tienen que acostumbrarse a vivir haciéndose responsables de sí mismas. Sabiendo lo que hacen, sabiendo que lo que hacen tiene repercusiones en su vida y, de alguna forma,
imponiendo o desarrollando un cierto control creativo de sus vidas. […] Hay que educar para la cooperación, pero no como una disposición benévola de las personas de estar dispuestas a
trabajar junto con los otros. Hay que preparar personas capaces de entender proyectos comunes, porque el problema no es que la gente sea refractaria a trabajar con los demás, es que no
los entiende. Es que hay mucha gente que no es capaz de exponer las ideas que tiene para el proyecto común. Ser capaz de entender ideas, de leer, de escribir, de comprender, de
argumentar, de razonar, es fundamental para poder cooperar. […] para poder criticar hay que participar, hay que estar dispuesto a comprometer algo: tiempo, esfuerzo, atención y, a veces,
hay que tomar riesgos personales, en algunos casos desagradables. Eso es imprescindible, y hay que prepararlo porque la tendencia es que algunos nos escondemos debajo de la cama y
decimos que el mundo irá por su lado, y se acabó. Es preciso no una necesidad de participación truculenta, neurótica, que busque en la vida política la compensación de las frustraciones
privadas, como ha ocurrido a veces, sino simplemente la idea de responsabilidad cívica, la idea de que uno no solamente se responsabiliza de lo que pasa en su negocio, sino también en ese
negocio que todos llevamos en común, que se llama sociedad. […] Autonomía, cooperación, participación y creo que también solidaridad. Solidaridad para que todo el mundo saque provecho
de vivir en una comunidad democrática. […] Hay que intentar generalizar el provecho que saque todo el mundo de la comunidad democrática; que todo el mundo tenga interés por vivir
compartiendo unas leyes, compartiendo unas pautas, unas ideas, una forma de trabajar y de crear.” (Savater 1999. Énfasis no es del original).
36 Una serie de estudios cuantitativos sustentan los supuestos teóricos de este trabajo (Ravitch & Viteritti –eds- 2001)
17

21. EL CIUDADANO QUE DESEAMOS DESARROLLAR
1. Comprometido con la democracia como mejor forma de
gobierno:
a. Considera que la democracia es el mejor
procedimiento para gobernarnos y para dirimir las
diferencias y conflictos, con base en el engranaje
legal e institucional para dar soporte al sistema.
b. Considera que la convivencia social en democracia
no omite la conflictividad, sino que “aprendemos” a
resolver los conflictos en procesos y mecanismos
institucionales razonables.
c. Sabe que en la democracia hay respeto formal y
real de las minorías hacia mayorías y viceversa,
entendiendo que se trata del gobierno de las
mayorías.
2. Conoce y comprende los mecanismos institucionales
a. Para expresar apoyo o rechazo a las medidas que
tome el gobierno
b. O para pedir su intervención ante conflictos entre
grupos o personas
c. Para escoger entre mecanismos representativos o
participativos según la ocasión
3. Reconoce y valora la política como un actividad necesaria
para la vida colectiva
4. Es crítico ante el sistema político.
a. Busca formarse criterio, “juicio” político. Se informa.
Expresa sus opiniones y saber ponderar otras
opiniones. Sabe deliberar.
b. Demanda cada vez más, una democracia más
profunda y sostenible y en este sentido busca
ampliar sus derechos y los de sus conciudadanos
5. Está integrado al sistema político, es decir, participa
cuando considera importante hacerlo (apoyo, demandas o
críticas).
a. No se disocia del mismo ante la insatisfacción o
pérdida de apoyo en cualquier nivel del sistema
6. Tiene un importante acumulado de capital social, es decir
tiene las destrezas necesarias para la acción colectiva
efectiva y las valora.
7. Sus prácticas reflejan su aprecio por los valores de
igualdad, solidaridad y tolerancia
a. Está comprometido con los derechos humanos, la
equidad de género y la creación de oportunidades
para la ciudadanía joven.
8. Busca la libertad sin interferir con la de las otras personas
9. Se identifica con su Estado-nación o comunidad política
a. Reconoce un sentido de pertenencia, un “nosotros”,
una tradición histórica y de espacio compartidos.
10. Es responsable de sus decisiones, actos y deberes.
18

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23

27. Anexo 1:
Listado de destrezas para el ejercicio de la ciudadanía
1. Consensos y disensos (Lederach 1997, Fischer y Ury 1981 y Rodríguez
y Madrigal 2005)
a. negociación
b. generación de acuerdos
c. manejo de conflictos
d. gradualismo
e. aprecio por la participación
f. desarrollo de liderazgos democráticos
g. reglas para las relaciones de amistad, de grupos y de parejas
2. Alfabetización en publicidad y comunicación política (Castells 1996,
Martín 2002 y Aprile 2003)
a. Principios básicos
b. Características de medios principales para la juventud: televisión
e Internet
c. Lectura crítica de la forma y el mensaje
i. ¿Qué nos quieren decir?
ii. ¿Es cierto? ¿Cómo tomar una decisión?
2. Deliberación
a. Saber escuchar y lograr transmitir sus argumentos sobre bases
lógicas u apoyos racionales
b. Capacidad de formar criterio y contrastar las opiniones diferentes
c. Participar o delegar sobre la base del “buen juicio”
3. Participación
a. Desarrollar una disposición favorable hacia las relaciones sociales
b. Interés por la asociatividad
c. Capacidad de relacionarse con reciprocidad, respeto y lealtad
d. Desarrollar el aprecio por espacios de participación
4. Integración de la juventud a la comunidad
a. Áreas ilustrativas
i. Seguridad
ii. Ambiente
iii. Recreación y deporte
iv. Arte
Todo lo anterior supone:
5. Conocimiento sobre estructura y formas de utilización de los espacios en
el sistema político para el ejercicio de la ciudadanía y de la
representación (Anexo 2):
a. Mecanismos institucionales para agregar e impulsar las
demandas desde las instancias de intermediación o la ciudadanía
24

28. b. Las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, los
grupos de interés y los medios de comunicación
c. Los productos del sistema político y las formas de evaluación por
la ciudadanía y las instancias de intermediación
25

29. Anexo 2:
Diagramas del sistema político
Diagrama 1: Esquema clásico del sistema político democrático representativo
del siglo XX (Easton 1969)
El sistema
político
Demandas
Apoyo
In
su
m
os
Conversión de
demandas
en productos
A
ut
or
id
ad
es
Productos
Retroalimentac
ión de
Retroalimentac
ión de
El ambiente
intrasocietal
El ambiente
extrasocietal
El flujo de
provenientes
de los
retroalimentación
* David Easton, 1969
26

30. Diagrama 2: Esquema del sistema político democrático del siglo XX (Easton
1969), énfasis en reguladores de demandas y apoyos
*David Easton 1969
retroalimentación
27

31. Diagrama 3: Modelo de democracia participativa del siglo XXI
Ballesteros 2003
*
28

32. Diagrama 4: Adaptación del modelo “eastoniano” al siglo XXI por Florisabel
Rodríguez (2005)
Medios de
comunicación
Restricciones
culturales
Restricciones
estructurales
Sistema
políticoDemandas
Organizaciones
Partidos
gremiales
ONG´s
Grupos ad hoc
Retroalimentación con apoyo de instancias de control horizontal y vertical
*Modificación Florisabel Rodríguez, 2005
29