El documento aborda la inmunidad parlamentaria, una garantía constitucional que protege a senadores y diputados de persecuciones penales sin el consentimiento de sus respectivas cámaras. Se destaca que esta inmunidad no es un privilegio, sino una salvaguarda esencial para el ejercicio de sus funciones, asegurando que no puedan ser responsabilizados por las opiniones expresadas en su trabajo. El texto también menciona el artículo 61 constitucional, que establece la inviolabilidad de los legisladores en el ejercicio de su cargo.