La nueva ley universitaria le da al gobierno control sobre los programas de estudio y la capacidad de adscribir escuelas a universidades, además de decidir cuántos estudiantes ingresan a cada carrera y dónde estudian. Los estudiantes deberán retribuir al estado con trabajo y el gobierno podrá decidir quién puede salir al exterior. La ley es considerada inconstitucional porque viola los artículos que protegen la autonomía universitaria y la libertad.