Informe de Alerta Temprana n° 002 14 Defensoría del Pueblo Cali - valle del cauca

Código: DPR-PC-04

FORMATO INFORME DE RIESGO
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos
De Violaciones de Derechos Humanos y DIH
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT

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INFORME DE RIESGO N° 002- 14
Fecha: febrero 04 de 2014

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL RIESGO
Departamento

Municipio o
Distrito

Zona Urbana
Comuna
1
5

Barrio
Terrón Colorado
Chiminangos I y II etapa.
Floralia, Petecuy I y II etapa; San Luis,
San Luis II.
Santa Elena
El Rodeo, Nueva Floresta
El Vergel; Poblado I y II; Charco Azul,
El Pondaje.
Manuela Beltrán; Marroquín II
El Vallado; Brisas de Comuneros;
Brisas de las Palmas; El Retiro; Mojica.
Mariano Ramos
Prados del Sur; Mario Correa Rengifo;
Sector Alto de Los Chorros; Alto
Nápoles
Siloé; Belisario Caicedo; Brisas de
Mayo; Lleras Camargo; Altos de Belén
Pízamos I y II; Potrero Grande

6
10
12
13

COPIA DEFENSORIA DEL
PUEBLO

VALLE DEL
CAUCA

Santiago
de Cali

14
15
16
18
20
21

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO

Indígenas

Afrocolombianos

X

Otra Población Civil

X

Se encuentran en situación de riesgo aproximadamente 250.000 personas residentes en la zona urbana
del municipio de Santiago de Cali, especialmente los habitantes de algunos barrios de la Comuna 1;
Comuna 5; Comuna 6; Comuna 10; Comuna 12; Comuna 13; Comuna 14; Comuna 15: El Vallado,
Brisas de Comuneros, Brisas de las Palmas El Retiro y Mojica; Comuna 16: Mariano Ramos; Comuna
18: Prados del Sur, Mario Correa Rengifo, Sector Alto de Los Chorros y Alto Nápoles; Comuna 20:
Siloé, Belisario Caicedo, Brisas de Mayo, Lleras Camargo y Altos de Belén; Comuna 21: Pízamos I y II
y Potrero Grande.


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En especial situación de riesgo se encuentran los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los barrios y
comunas descritos, quienes enfrentan graves condiciones de vulnerabilidad que los exponen a las
acciones y pretensiones de los grupos armados ilegales.

PUEBLO


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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO.
Santiago de Cali es la ciudad más importante del suroccidente colombiano y es epicentro de la costa
pacífica. La ciudad ha sido escenario de factores de violencia ligados al conflicto armado interno como
la presencia de milicias de la guerrilla en sus sectores aledaños, la influencia de estructuras armadas
postdesmovilización de las AUC y el incremento de grupos delictivos que son cooptados por los grupos
armados ilegales, situación que ha mantenido en un nivel alto los índices de violencia y afectación sobre
la población, particularmente de aquella ubicada en las zonas hondamente vulnerables donde se
concentran los mayores índices de pobreza y de presencia de víctimas de la violencia (bien sea
afrodescendientes, indígenas o campesinos provenientes de otras zonas del suroccidente del país
como Valle del Cauca, Chocó, Cauca, Nariño y Putumayo).
Durante los dos últimos años la disputa que libran Los Rastrojos y Los Urabeños por lograr la
hegemonía en el control territorial y poblacional en varias regiones del país también se ha manifestado
con crudeza en Cali, donde disputan variados intereses como: la obtención de recursos mediante
actividades criminales como la extorsión y la micro extorsión; el dominio y control de zonas para el
narcomenudeo; el abastecimiento de insumos para la producción y procesamiento de narcóticos; el
control de rutas del narcotráfico; el tráfico de armas; el contrabando, entre otros. Todo ello para la
implantación de enclaves criminales en las comunas donde el sometimiento de la población y el control
territorial son ejercidos a través de la cooptación de grupos delictivos, “oficinas de cobro” (grupos
sicariales) o pandillas locales, que están conformados principalmente por adolescentes y jóvenes.

PUEBLO

Desde 2012 Los Urabeños buscan el control de esos intereses, mientras Los Rastrojos han intentado
mantenerse. Bajo esa situación de riesgo, cuya expresión más clara se vive en 12 comunas de Cali,
juegan un papel importante las pandillas y grupos delictivos, en su mayoría conformados por menores
de edad, jóvenes y adolescentes que en un ambiente social complejo no pueden desarrollar un proyecto
de vida para ellos y sus familias.
La situación es crítica en más de 30 barrios de las comunas 1, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21,
donde se presentan enfrentamientos armados en las calles entre quienes son afines a Los Rastrojos o
a Los Urabeños. El establecimiento de “fronteras invisibles” como forma de dominio social y control
territorial mantiene bajo temor y zozobra a sus habitantes, lo que también se relaciona con otras
afectaciones en los ciudadanos como amenazas, extorsiones, homicidios, reclutamiento y utilización
ilícita y desplazamientos forzados intraurbanos.
Es permanente el riesgo que viven los niños, las niñas, las adolescentes y los jóvenes de ser utilizados
o reclutados para los grupos armados ilegales. Los jóvenes y menores de edad ante la escasa
posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, ven en los grupos armados ilegales, en los grupos
delictivos o en las pandillas, una opción para obtener recursos de forma rápida. Además, el no
pertenecer a una pandilla, en algunos de estos barrios, es un factor de riesgo en sí mismo. En ocasiones


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los ingresos económicos que obtienen son el resultado de ejecutar acciones criminales específicas
como campaneros, transportando armas o estupefacientes, cometiendo homicidios por encargo
(sicariato), el hurto a personas, vehículos o viviendas, o cobrando extorsiones.
Las autoridades locales, por ejemplo, en el Plan Municipal de Prevención1, han reconocido esta
situación: “A pesar del subregistro que existe actualmente alrededor de esta problemática, nadie duda
de que en Cali hay un creciente reclutamiento de personas (incluidos menores de edad) cuya finalidad
es nutrir las filas de los grupos armados ilegales tanto de guerrilla como de Bacrim que operan
especialmente en el suroccidente colombiano… Debe destacarse aquí también el hecho de que estos
procesos de reclutamiento ocurren en contextos de pobreza y exclusión y que también tienen como
destino grupos delincuenciales de distinto tipo que operan en la ciudad (oficinas de cobro; bandas de
extorsión y secuestro; pandillas; organizaciones de tráfico de estupefacientes; etc.)”.
El reclutamiento y la utilización de menores de edad es una conducta que viene siendo ejecutada por
Los Rastrojos y Los Urabeños, principalmente, y por otros grupos de menor rango y las pandillas, de
manera particular, en las comunas 1, 13, 14, 18 y 20 y las modalidades van desde la presión para
ingresar a los grupos armados, por medio de amenazas e intimidaciones directas o contra sus familias,
o por medio de dádivas, promesas o el pago de sumas de dinero.

PUEBLO

De acuerdo con las autoridades civiles y de policía, buena parte del aumento de los delitos de alto
impacto en Cali (homicidios, desapariciones forzadas y extorsiones) se debe a la confrontación entre
grupos criminales. Los homicidios, selectivos o múltiples, en algunos casos, son cometidos mediante
la modalidad de sicariato. El 08 de noviembre, en el barrio Nueva Floresta, fueron asesinadas 9
personas al interior de un bar por presuntas retaliaciones entre grupos armados ilegales.
El contexto de violencia en Cali también ha golpeado a las mujeres. De las 5 comunas con mayores
niveles de homicidios, las comunas 6, 13 y 15, son las que registran casos de muertes violentas contra
las mujeres, lo que constituiría situaciones de violencia de género en los que se presume la participación
de presuntos integrantes de grupos armados u organizaciones delictivas.
La confrontación entre grupos armados ilegales en la ciudad ha generado desplazamientos forzados
intraurbanos cuyo registro sistemático por parte de las entidades ha sido complejo. Además de las
amenazas proferidas por los integrantes de los grupos armados, la implantación de las “fronteras
invisibles”, las extorsiones, entre otros hechos de violencia, buena parte de los casos de
desplazamiento forzado se producen por el temor de la población de quedar en medio de los
enfrentamientos y ver en riesgo la vida e integridad personal. De hecho, personas inocentes muchas
veces mueren por las “balas perdidas”. Este tipo de desplazamiento es una estrategia que usan los
grupos armados en los barrios para lograr su expansión y obtener el dominio territorial y poblacional.
Entre las causas por las que los desplazamientos intraurbanos son invisibles a las autoridades y no son
declarados o denunciados, se debe a que las personas y familias amenazadas no siempre identifican
Alcaldía de Cali. Asesoría de Paz. Muestra Representativa de la Población en Situación de Desplazamiento Asentada en
el Municipio de Santiago de Cali. Cecol, noviembre de 2011. Pág 15.
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esta situación como desplazamiento forzado, pues ocurre de un lugar a otro en la misma ciudad,
además hay un temor fundado de posibles retaliaciones en su contra por parte de quienes los intimidan.
En enero de 2013 se produjo el desplazamiento masivo de cerca de 20 familias en el barrio El Vergel
tras la disputa entre dos grupos conocidos como “Los Calvos” y “La Tatabrera”, en el que integrantes
de estos grupos desvalijaron las viviendas y robaron todo lo que había en ellas2. La comunidad ante la
impotencia que produjo el hecho manifestó que estarían dispuestos a armarse para enfrentarlos y
defenderse. También en el mes de mayo en el barrio Brisas de Comuneros integrantes del grupo de
“Los Buenaventureños” (quienes se identifican como afines a Los Urabeños en ese sector), diseminaron
panfletos en los que se amenazó a los habitantes para que salieran en un plazo de 20 días o serían
asesinados.
Adyacente a las anteriores problemáticas esta la imposición de “fronteras invisibles” que afectan a la
población como una forma de restricción a la movilidad. Quien se atreva a pasar de un barrio a otro y
sea considerado del bando contrario puede ser asesinado, también quien pretenda hacerlo y no pague
el “impuesto” que imponen los grupos armados puede ser atacado de forma violenta. Ejemplo de este
tipo de situaciones se presenta en los límites de los barrios El Retiro y El Vergel y entre los barrios
Petecuy y Calimio.

PUEBLO

La situación de desescolarización e inasistencia a los planteles educativos se ha incrementado pues
los adolescentes deben cruzar dichas “fronteras” para llegar a los planteles educativos. Los padres de
los menores de edad temen agresiones por el solo hechos de ir de un barrio a otro. Adicionalmente,
programas destinados a los jóvenes por parte del ICBF también se han visto interrumpidos3 por el temor
a las agresiones y retaliaciones, pues deben cruzar entre barrios para poder participar efectivamente
de los programas de atención para niños y jóvenes.
Este complejo panorama ha trascendido las expresiones delincuenciales y se relaciona cada vez más
con la operatividad de los grupos armados ilegales y el dominio territorial. Desde el mes de abril
circularon en la ciudad panfletos amenazantes que se derivan de la disputa entre Los Rastrojos y Los
Urabeños por el cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores e incluso vendedores
ambulantes o tiendas de barrio en los sectores más vulnerables, estos han sido propagados en
discotecas del sur de la ciudad o en sectores del nororiente en los que se conmina a no pagar
extorsiones a integrantes del bando contrario, poniendo en riesgo a los habitantes de estos sectores
que quedan en medio de esa disputa. En muchos casos la microextorsión es velada en cobros de
“cuotas de seguridad” o para “poder trabajar”.

Comunicado de la Personería de Cali: “Personería de Cali denuncia desplazamiento intraurbano de familias en el barrio
El Vergel por amenazas y enfrentamientos entre pandillas”.
3 Diario Mío. 18/11/13. Pág. 6. “Fronteras no dejan trabajar”. Pandillas y bandas delincuenciales de las comunas 13, 14, 15
y 20 en Cali, tienen en jaque el programa “Generación con Bienestar” del ICBF, por cuanto desde hace dos meses
funcionarios de la entidad han visto impedido su trabajo por amenazas e intimidaciones por parte de estos grupos que ven
como una amenaza el trabajo de prevención, por cuanto buscan a los niños para reclutarlos.
2


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La ciudad ha sido impactada en algunos casos por el uso de artefactos explosivos, lo que también
produce temor generalizado en la población. Las hipótesis de uso de estos artefactos han estado
relacionadas con el no pago de extorsiones y con retaliaciones entre grupos armados que tienen
influencia en Cali.
También han circulado panfletos que hacen referencia al inicio de una “limpieza social” en los que se
amenaza a personas socialmente vulnerables y se imponen restricciones a la movilidad después de
determinadas horas en la noche, particularmente en los barrios La Casona, Floralia, Petecuy, Avenida
Paso Ancho, Ciudad Córdoba, El Vallado y Antonio Nariño. Testimonios de habitantes de estos barrios
relacionan que algunos asesinatos cometidos pueden estar relacionados con estas amenazas de
“limpieza”.
Tras la evolución de la disputa entre Los Rastrojos y Los Urabeños y la cooptación por parte de estos
de los grupos delincuenciales, las afectaciones a los derechos de los habitantes de las comunas se han
incrementado. De la misma manera se ve afectada la organización comunitaria, se fractura la confianza
entre vecinos, se incrementan las presiones a las juntas de acción comunal y sus integrantes, se
configuran “fronteras invisibles” y restricciones a la movilidad, se imponen normas de conducta, y se
exacerba el temor por los atentados sicariales o por la detonación de artefactos explosivos sobre
quienes se oponen al pago de extorsiones.

PUEBLO

Por su parte las Farc mantienen presencia con milicianos en algunos de estos mismos barrios, su
enfoque está relacionado con el abastecimiento de otros frentes de guerra en el Valle, con un bajo perfil
destinado a la obtención de recursos, al apoyo de combatientes de las zonas rurales, y a mantener
viviendas para descanso o recuperación de enfermos y heridos.
En medio del ambiente de violencia el ejercicio de defensa de los derechos de los trabajadores y las
reivindicaciones sociales ha sido golpeado. Las amenazas contra los líderes sindicales y los afiliados
han continuado y se han materializado en asesinatos. El 27 de septiembre de 2013 fue asesinado en
el barrio Simón Bolívar el señor Fernando Flórez Viveros, presidente de SINDOEPAL, cuando se
encontraba en su residencia. En 2013 se denunciaron amenazas en contra de personas adscritas a
sindicatos y líderes sindicales: veinte mujeres sindicalizadas recibieron amenazas de acuerdo con datos
de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT.
Pese al esfuerzo realizado por la institucionalidad local, con el apoyo de la Fuerza Pública, en algunas
comunas, la situación de riesgo y amenaza ha sido desbordante, por lo que se requiere un mayor
esfuerzo para enfrentar el actuar de los grupos armados ilegales en la ciudad de Cali con medidas
integrales que logren contribuir a encauzar la situación social que alimenta el actual ciclo de violencia.
De acuerdo con el escenario de riesgo descrito es posible que se presenten violaciones graves y
masivas a los derechos humanos e infracciones al DIH como: homicidios selectivos y múltiples,
desapariciones forzadas, desplazamientos forzados intraurbanos masivos e individuales, presiones,
amenazas y constreñimientos relacionados con extorsiones y microextorsiones, restricciones a la


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movilidad e imposición de normas de conducta en las comunas y barrios (fronteras invisibles) y
amenazas a líderes sociales, comerciantes y trasportadores, enfrentamientos armados en los barrios
con interposición de la población, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, la utilización de artefactos explosivos improvisados de forma indiscriminada y secuestros.
2. GRUPOS ARMADOS ILEGALES FUENTE DEL RIESGO
FARC

ELN

OTRO GRUPO ARMADO ILEGAL

Los Rastrojos
Los Urabeños

3. FACTIBLES INFRACCIONES AL D.I.H.






ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN
CIVIL (desaparición forzada, homicidio selectivo, masacre, violencia sexual)
AFECTACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES BÉLICAS
(ataque indiscriminado - accidentes por minas y/o armas trampa - enfrentamientos con
interposición de población civil)
UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y MEDIOS PARA GENERAR TERROR E INTIMIDACIÓN EN LA
POBLACIÓN CIVIL
DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACIÓN CIVIL.
RECLUTAMIENTO FORZADO Y UTILIZACIÓN ILICITA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

PUEBLO

4. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS












A LA VIDA
A LA INTEGRIDAD PERSONAL
A NO SER DESAPARECIDO
A LA LIBERTAD PERSONAL
A NO SER DESPLAZADO
AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.
A LA LIBRE CIRCULACIÓN
A LA LIBERTAD DE RESIDENCIA
A PODER REUNIRSE Y MANIFESTARSE PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE
A LA LIBRE ASOCIACIÓN.
A NO SER CONSTREÑIDO A EJECUTAR UN TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

VALORACIÓN DEL RIESGO
Santiago de Cali se encuentra ubicada al occidente del Valle del río Cauca, al oeste limita con los
Farallones de Cali y la cordillera Occidental que conecta al puerto de Buenaventura sobre el océano
Pacífico, al noroccidente con los municipios de Dagua y La Cumbre, al norte con los municipios La
Cumbre y Yumbo (el más industrializado del departamento), al nororiente con el municipio Palmira, al


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oriente con los municipios Candelaria y Puerto Tejada (municipio del Cauca), y al sur con el municipio
Jamundí. A la ciudad la atraviesa vía Panamericana por lo cual es paso obligado hacia la República del
Ecuador.
Según censo del DANE, la ciudad de Cali tiene una población de 2.319.655 habitantes, de los cuales
2.283.035 se encuentran asentados en 22 comunas del área urbana y 36.620 en 15 corregimientos de
la zona rural. La población de Cali representa el 51,28% del total de habitantes del departamento del
Valle del Cauca, de ella el 26% es afrodescendiente, mayormente asentada en las comunas 7, 12, 13,
14, 15 y 21. El 0,63% son indígenas, dispersos en las comunas 1, 3, 18, 20 y 22, que se identifican
pertenecientes a los siguientes pueblos: Nasa, Yanacona, Guambiano, Pastos, Nukak, Pijaos, Muiscas,
Ingas, Coconucos, Camtsa, y Awá entre otros, de ellos, las comunidades organizadas se encuentran
en siete (7) cabildos indígenas: Yanaconas, Nasa, Quichua, Inga, Kofán y Guambiano4. Es importante
tener en cuenta que de las comunas que se encuentran en situación de riesgo estas minorías están
asentadas en 7 de las 12.
Así mismo, en las 12 comunas en situación de riesgo se concentran en gran medida los mayores índices
de vulnerabilidad. Según el informe Cali en Cifras 20125, la estratificación de dichas divisiones
administrativas es la siguiente6: las comunas estrato uno son la 1, 14, 18, 20 y 21; las de estrato dos
son la 6, 13, 15 y 16; y estrato tres son la 5, 10 y la 12. Allí también es donde concentran la mayor parte
de las víctimas del conflicto armado que han llegado a la ciudad, situación que ha sido identificada en
el Plan de Acción Territorial7 de la siguiente manera:

PUEBLO

“Las víctimas del conflicto armado interno, en especial aquellas en situación de desplazamiento forzado
asentadas en Santiago de Cali, están expuestas a condiciones de segmentación socio espacial que
históricamente se ha configurado en la ciudad a causa de migraciones económicas y la violencia. Se
han conformado en lugares específicos de la ciudad como el Oriente (comunas 13, 14, 15, 16 y 21;
Nororiente en las comunas 6 y 7; ladera en las Comunas 1, 18 y 20) y asentamientos de desarrollo
humano incompleto… La oferta estatal insuficiente de servicios en estas zonas y las dinámicas de
criminalidad urbana (bandas delincuenciales, microtráfico, extorsiones, disputas territoriales) ahondan
la situación de riesgo y vulnerabilidad de estas comunidades. …Estas comunas de Cali poseen los
mayores índices de mortalidad materna, mortalidad infantil, casos de violencia intrafamiliar y abuso
sexual, embarazo de adolescentes, homicidios en menores de 18 años, presencia de pandillas,
deserción escolar, entre otras problemáticas”.
En consecuencia, el asentamiento de estas personas en los barrios y comunas más vulnerables los
expone a la revictimización por parte de los grupos armados ilegales y reduce la posibilidad de que

CMJT. Plan de Acción Territorial 2012 – 2015 para la Atención a las Víctimas del Conflicto Armado. 19/03/13. Pág. 7 y
Departamento Administrativo de Planeación. Cali en Cifras 2012. Alcaldía de Santiago de Cali, Mayo 2013. Pág. 144.
6 Estrato 1 Bajo Bajo; 2 estrato Bajo; 3 estrato Medio Bajo; 4 estrato Medio; 5 estrato Medio Alto; 6 estrato Alto. Ibíd. Pág.
134 a 143.
7 Ibídem. Pág. 54 y 55.
4
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rehagan sus proyectos de vida y se adapten a ese entorno 8 como lo ha evidenciado la Oficina de
Asesoría de Paz local9 que “ha podido establecer también que existen dos focos de asentamiento de
PSD al interior de la ciudad: el Distrito de Aguablanca y la zona de Ladera…focos de recepción de
población que se caracterizan por ser las localidades más deprimidas y violentas”.
Esos asentamientos no cuentan con las condiciones mínimas para una vida digna, además se
constituyen en nuevos territorios de disputa, como es el caso de Brisas de Comuneros, donde se
conjugan los factores de pobreza y vulnerabilidad con la presencia de grupos armados. El número de
asentamientos con estas características ha aumentado y se hallan en las comunas 1, 4, 7, 1310, 14, 15,
18 y 20. Según estadísticas de la Secretaría de Vivienda, hasta el año 2005 había en Cali 5.000 familias
residentes en invasiones, en el año 2011 ese número se elevó a 8.676 grupos familiares que
actualmente residen en 46 asentamientos ilegales, los cuales según el gobierno de la ciudad requieren
ser reubicados11.
En un estudio realizado por la Fundación Carvajal12 sobre las condiciones de los habitantes de la zona
alta en la Comuna 18 se encontró que el 17% de los hogares viven con menos de $200.000 pesos
mensuales, es decir en pobreza extrema; el 29% de las familias con ingresos entre los $201.000 y
$408.000 pesos mensuales, o sea en la pobreza; y el 45% de los hogares con ingresos al mes entre
$410.000 y $800.000 pesos. Los bajos ingresos se deben a que el sustento viene del rebusque y los
empleos de baja calidad, los hombres en ventas ambulantes y construcción y las mujeres lavando ropa
o haciendo oficios por horas, principalmente.

PUEBLO

En cuanto al desempleo, siguiendo lo descrito en el pie de página anterior, se debe señalar que en la
ciudad de Cali la tasa de desempleo en el año 2013, según el DANE, fue del 14,2 % lo que representa
la disminución de 0,1 punto porcentual con respecto al año 2012, que registró un 14,3%, lo que significa
que el desempleo en esta ciudad no evidencia una ostensible reducción, si se tiene en cuenta que a
nivel nacional la tasa de desempleo es del 9,6%. Las autoridades locales con el apoyo del Gobierno
Nacional deben desarrollar estrategias para la generación de empleo y promover la creación de puestos
de trabajo en asocio con la empresa privada.

Frente a las expectativas de contar con un mejor futuro, se hace pertinente resaltar un dato que incide directamente en las
oportunidades para estos ciudadanos: “la tasa de desempleo continúa siendo una de las más altas del país. Mientras la
desocupación en las trece áreas urbanas más importantes de Colombia se redujo de 12,5% en el trimestre septiembrenoviembre de 2009 a 10,2% en el mismo período de 2011, en Cali-Yumbo aumentó de 13,2% a 14,6% en igual lapso. La
tasa de desempleo en la ciudad es en la actualidad casi una y media veces más alta que el promedio urbano nacional, y
entre los ocupados más de la mitad (53,7%) son informales, contra un 51,1% a nivel nacional”. Municipio de Santiago de
Cali. Plan de Desarrollo 2012 – 2015. Pág. 130.
9 Alcaldía de Cali. Asesoría de Paz. Muestra Representativa de la Población en Situación de Desplazamiento Asentada en
el Municipio de Santiago de Cali. Cecol, noviembre de 2011. Pág. 26.
10 Donde se encuentra la que sería hasta el momento la invasión más grande de la ciudad, denominada La Florida, en los
alrededores de la laguna del Pondaje.
11 Alcaldía de Santiago de Cali. Plan Integrado de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2012 – 2015. 2012. Pág. 23
12
Ver:
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=item&id=57:barrio-elretiro&Itemid=4&lang=es
8


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En la comuna 18, por ejemplo, la escolaridad es baja. En el caso de los jefes de hogar 6 de cada 10
padres hicieron algún grado de primaria, el 15% terminaron la secundaria, el 1.4% tienen estudios
técnicos y el 0.5% fue a la Universidad. El 90% de los jóvenes no están estudiando y la mitad de este
porcentaje no terminó la primaria o el bachillerato “por falta de recursos económicos o porque debió
iniciar a trabajar para poder ayudar a sostener la familia”.
La situación de vulnerabilidad se suma a la importancia que tiene la ubicación geográfica de las
comunas para la actuación de los grupos armados y el logro de sus intereses criminales, donde
consideran se deben fortalecer las acciones de las autoridades locales y de la Fuerza Pública. De un
lado, las comunas 1, 18 y 20 se encuentran en la zona de ladera, colindando con los corregimientos de
Los Andes, La Buitrera y Pance en los Farallones de Cali, y con la zona rural del municipio de
Buenaventura y parte del municipio de Dagua (caracterizada por ser selva tropical húmeda), que
permite la interconexión en dirección al océano Pacífico por trochas, riachuelos y los ríos Anchicayá y
Raposo.
Las comunas 6 y 21 limitan por el oriente con áreas rurales de los municipios de Palmira y Candelaria,
corredor hacia la cordillera central, y las comunas 14 y 15 con el corregimiento de Navarro que conecta
con Puerto Tejada y el nororiente del Cauca, también zonas marginales. Un número importante de
barrios del oriente limitan o están equidistantes al jarillón del río Cauca, caudal que colinda y recorre
parte de estas comunas, convirtiéndose en un corredor fluvial en disputa por donde se facilita el
transporte entre varias zonas de la ciudad y favorece el desarrollo de actividades legales e ilegales
entre los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca.

PUEBLO

Caso especial lo representa el barrio Santa Elena ubicado en la Comuna 10, donde se encuentra la
principal galería o centro de acopio de alimentos provenientes de otras regiones y municipios. Su
ubicación es de fácil acceso por las autopistas Suroriental hacia Jamundí, Simón Bolívar a la autopista
Panamericana, o en comunicación hacia los municipios de Palmira, Candelaria y Pradera. Allí llegan
vehículos pequeños, medianos y grandes cargados de todo tipo de productos agrícolas, avícolas,
porcinos, de mar y de río, para surtir a vendedores ambulantes, otras plazas de mercado, negocios
comerciales del sector y de otras partes de la ciudad. El volumen de mercancías que se maneja es
amplio, por lo que es de interés de los grupos armados ilegales intervenirlos para desarrollar sus
actividades ilícitas, constituyéndose en un objetivo importante para la realización de sus actividades.
De hecho, las autoridades de policía han realizado la incautación de cargamentos de estupefacientes
y otros elementos en este sector.
Ese interés de los grupos armados ilegales y grupos criminales por controlar la ciudad para sus
actividades no es nuevo, Santiago de Cali ha sufrido los embates de la violencia de manera cíclica
desde la década del setenta, cuando surgieron estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes,
posteriormente constituidos en carteles internacionales. Pese a la acción de las autoridades para
desarticular estas organizaciones, han logrado pervivir en el tiempo y han mutado desde entonces en
grupos paramilitares y nuevos grupos criminales, sustentados en el ascenso de mandos medios y bajos


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que toman el control y las reconfiguran bajo nuevas denominaciones, manteniendo las prácticas y
método que utilizaron desde su surgimiento.
De otro lado, de los grupos guerrilleros, el M-19 hizo en la presencia en la década del setenta con
interés predominantemente urbano en sectores de ladera y en el distrito de Aguablanca, donde
establecieron importantes focos de milicias duramente enfrentados por las autoridades. Un hito de esta
confrontación se dio en el año 1983 cuando la Fuerza Pública incursionó con tanques, helicópteros y
armamento pesado al barrio Siloé; años más tarde, esto es en 1990 el M-19 cesó sus acciones
armadas, tras la firma de un acuerdo de paz. Sin embargo las Farc y el ELN pretendieron a Cali como
una ciudad objetivo y conformaron milicias que se asentaron en las comunas, surgiendo así los frentes
Manuel Cepeda Vargas y Omaira Montoya respectivamente para cada una de las agrupaciones
guerrilleras.
Ya a finales de los noventa y principios de la década del dos mil se producen dos hechos importantes
que influyen en el ingreso de los paramilitares al Valle del Cauca y a Cali. Uno, el 30 de mayo de 1999
cuando un comando del ELN secuestra a civiles en la iglesia La María del barrio Ciudad Jardín,
causando rechazo de la sociedad colombiana y propiciando la llegada de los grupos paramilitares de
las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con los denominados comandos urbanos del frente
Farallones. Y dos, el 11 de abril de 2002 el secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle del
Cauca por guerrilleros de las Farc, además de una serie de atentados con carro bomba al Comando
de la Policía Metropolitana, la sede de la Sijin y al Palacio de Justicia, hechos que exacerbaron la
situación de violencia en Cali.

PUEBLO

En la disputa entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales, la acción de las autoridades logró
reducir la actuación de los grupos guerrilleros, llevándolos a replegarse en las zonas montañosas y
selváticas del departamento, pero mantienen milicias en algunas comunas para labores de apoyo
logístico y avituallamiento hacia sus frentes de guerra del área urbana de Cali a las zonas rurales.
Posteriormente tras el proceso de desmovilización de las AUC en el Valle del Cauca, quedaron vigentes
disputas entre Los Machos y Los Rastrojos, particularmente en el centro y norte del departamento. Tras
no ser incluidos en esa desmovilización fortalecieron su presencia en barrios y comunas mediante la
cooptación y financiación de las denominadas “oficinas de cobro” y pandillas. Para el año 2011 Los
Machos y Los Urabeños establecieron acuerdos para disputar el copamiento territorial y el manejo de
las actividades ilícitas a Los Rastrojos, situación que en 2012 y 2013 ha incidió notablemente en el
incremento de las afectaciones a los derechos humanos de los habitantes de Cali y particularmente de
los habitantes de las comunas y barrios más vulnerables.
El aumento de la violencia en Cali obedece a la ofensiva emprendida por el grupo armado ilegal
autodenominado Los Urabeños en contra de Los Rastrojos, particularmente, en las comunas del oriente
de la ciudad. Esta disputa se ejecuta con grupos armados organizados locales que establecen alianzas
o acuerdos con uno u otro grupo armado y ello determina también la dinámica de la confrontación. De
hecho aunque no todos los enfrentamientos entre pandillas están relacionados con la disputa que libran


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Urabeños y Rastrojos, estos se han mantenido en el tiempo, reflejando el interés de estructuras más
grandes por controlar las comunas de la ciudad golpeando los derechos de la ciudadanía.
La forma como se están asentando Los Rastrojos y Los Urabeños en las comunas de Cali ha
incrementado los impactos sobre la población civil, en el que las características de establecimiento
están reconfigurando la territorialidad y están imponiendo un nuevo orden de dominación violenta.
Anteriormente las pandillas manejaban una territorialidad de acuerdo con sus particularidades y
mantenían una disputa por el control de acciones ilegales en ese territorio, generalmente determinado
por “el barrio” o “los barrios” en los que se ejercía influencia. Ahora esos intereses están mutando al
copamiento territorial en línea con las pretensiones de grupos armados de mayor envergadura, en este
caso, haciéndose proclives a quienes tienen un proyecto expansivo de control de grandes territorios en
las comunas, es decir, a una perspectiva hegemónica, ya sea de Los Rastrojos o de Los Urabeños.
Esto se ha realizado mediante la cooptación de grupos de pandillas en lugares que se consideran
estratégicos para la obtención de recursos y la ampliación de redes de narcomenudeo. Las formas de
cooptación van desde la financiación para la realización de crímenes por encargo (asesinatos mediante
la modalidad de sicariato, cobro de extorsiones y administración de territorios “brindando seguridad”)
hasta la financiación de algunas pandillas para contener el avance del contrario en las comunas, ya
sea brindando armamento, suministrando recursos económicos o combatientes, es decir,
contribuyendo a las condiciones para su expansión.

PUEBLO

Ese proyecto expansivo ha determinado paulatinamente que grupos de pandillas ahora se hagan
conocer como de Los Urabeños o de Los Rastrojos, lo que ha cambiado el mapa de influencia de estos
grupos armados en las comunas. En las zonas altas, bajas o medias ya se identifica el dominio territorial
de Los Rastrojos o de Los Urabeños, ya no tanto así de las pandillas que comúnmente estaban allí,
acentuando el fenómeno de las “fronteras invisibles”. Así mismo, aunque se fraguan acuerdos y
alianzas entre pandillas, y entre pandillas y Los Urabeños o Los Rastrojos, actualmente algunas de las
disputas se encuentran en una fase de transición, por lo que son fugaces o poco estables, lo que hace
prever, de no actuar las autoridades civiles y de policía, el incremento de las acciones violentas
La mayoría de los grupos cooptados pueden oscilar entre los 15 y los 20 jóvenes, presuntamente
algunos de ellos también circulan de acuerdo con las intereses del grupo armado hacia otros municipios
del Valle del Cauca, por ejemplo en Buenaventura. A manera de ejemplo, de acuerdo con el monitoreo
realizado por la Defensoría del Pueblo, se han identificado una serie de situaciones que vienen
afectando a las comunidades por la actuación de los grupos armados, como sucede en el distrito de
Aguablanca y en las comunas 18 y 20, situaciones que varían constantemente.
En el distrito de Aguablanca la violencia se ha acentuado13 en la medida que Los Urabeños han logrado
ampliar su capacidad de influencia en Buenaventura, lo que ha implicado un mayor interés de su parte
Según datos de la Policía Metropolitana, en este Distrito hay un aumento de los homicidios en todas sus comunas a pesar
de las diferentes medidas adoptadas: toque de queda para menores, restricción al porte legal de armas, la recuperación de
13


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por controlar sus barrios. De acuerdo con testimonios de sus habitantes Los Rastrojos se mantienen
en Brisas del Comunero y se espera que la disputa se amplíe hacia sectores de los barrios Llano Verde,
Morichal y Potrero Grande.
La situación de la comuna 18 ya indica la presencia de Rastrojos y Urabeños, lo que ha reconfigurado
la actuación de las pandillas y ha establecido límites entre los grupos armados en los distintos sectores
de la comuna. De un lado, al parecer Los Urabeños estarían asentados en la parte alta de la comuna
en el sector de Alto Nápoles, asentamientos El Árbol y La Choclona; más abajo en el sector de Cuatro
Esquinas, en el barrio Los Chorros; en la parte media en sectores colindantes con el hospital Mario
Correa. De otro lado, Los Rastrojos estarían ubicados en los barrios Buenos Aires y Nápoles, donde
estarían cometiendo extorsiones y también estarían en los barrios Prados del Sol y Lourdes.
En la comuna 20, conformada por 11 barrios, el más afectado es el barrio Siloé, donde estarían
operando el mayor número de pandillas financiadas, auspiciadas o cooptadas por Los Rastrojos y Los
Urabeños. En estos sectores ya se ha identificado la presencia de personas con armas largas
ejerciendo su influencia territorial y amenazando a los habitantes, de acuerdo con testimonios de
afectados “algunas de esas pandillas viven del microtráfico, otras de la extorsión generalizada, les
cobrarían a las tiendas, a las casas, al transporte público, a los carros que vienen a surtir mercancías;
más sin embargo se dice hay unos que no están apretando a la gente, por cuanto no necesitan ya que
los sostienen Los Rastrojos”.

PUEBLO

En síntesis, Los Rastrojos y Urabeños ven a las pandillas y sus integrantes como un objeto desechable
y funcional a sus propósitos en la medida que: 1) son fácilmente influenciables con dinero, armas,
entrenamiento y combatientes; 2) son relativamente económicas para lograr objetivos territoriales y
económicos para el logro de sus objetivos; 3) les permiten administrar y dominar territorios; y 4) les
permite mantener control sobre la población y sobre las actividades criminales para la obtención de
recursos.
Como se observa, pese a los esfuerzos de las autoridades en materia de seguridad, la situación de
violencia en la ciudad de Cali por la disputa entre Rastrojos y Urabeños ha incrementado las
afectaciones sobre los derechos de los ciudadanos. Entre los hechos más graves está el alto índice de
homicidios, la desaparición forzada, el reclutamiento y la utilización ilícita de niños, niñas y
adolescentes, el desplazamiento intraurbano, las formas violentas de control poblacional entre las que
se incluye la extorsión, la imposición de fronteras invisibles y normas de comportamiento.
Homicidios y desapariciones forzadas.
De acuerdo con el Comité Interinstitucional de Hechos Violentos del municipio de Cali, en el año 2013
se registraron 1973 homicidios, y según el SIRDEC del Instituto Nacional de Medicina Legal la cifra de
parques, el control de vehículos, las requisas en los establecimientos públicos. En comuna 13 el aumento fue del 21%, en
la 14 del 16%, en la 15 del 21%, en la 16 del 4% y en la 21 del 38%. Diario El País. El complicado reto de vencer la violencia
en Aguablanca. 06/10/13. Pág. A8.


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homicidios fue de 2001. Los anteriores datos demuestran un incremento en los homicidios con respecto
a los años 2011 (1885 homicidios) y 2012 (1861 homicidios), lo cual ubica a Cali entre las ciudades
más violentas del país de conformidad con la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Por su
parte, en el periodo 1 de enero a 3 de febrero de 2014, el SIRDEC registra 142 homicidios en la ciudad
de Cali.
Los homicidios colectivos o múltiples son los que han causado mayor impacto en la población. Aunque
son distintas las hipótesis de las autoridades en cada uno de los casos, estas situaciones generan un
gran temor en los ciudadanos, ya que pueden resultar afectados en su vida e integridad personal.
Algunos casos de masacres ocurridas en 2013 fueron:
El 16 de marzo fueron muertos los señores Giovanni Noreña, su primo Jonathan Montaño y Oscar
Higuita quienes habrían llegado al barrio Terrón Colorado para el montaje de un espectáculo de circo
llamado “Circo Mágico”. Sin embargo fueron considerados por integrantes de un grupo armado con
influencia en el sector como enemigos y fueron asesinados.
El 14 de mayo en el barrio Altos de Normandía cuatro sicarios en moto dispararon contra dos presuntos
asaltantes quienes fueron asesinados; en el hecho también murió la señora Dionisia Benítez de 82
años.

PUEBLO

El 08 de noviembre se presentó una masacre de nueve personas y cuatro más heridas cuando
departían en el bar La Barra de La 44 en el barrio Nueva Floresta. Los hechos se registraron hacia las
9:40 de la noche donde había una veintena de personas. De acuerdo con el coronel Hoover Penilla en
el lugar murieron Johan Sebastián Muñoz, de 22 años; Isaac García, de 18, y Rafael Pinto, de 41. En
los hospitales Primitivo Iglesias y Carlos Holmes Trujillo fallecieron mientras recibían atención médica
José Enrique Martinez, de 30 años; Carlos Augusto Rojas, de 33, Benny Rodríguez, de 28; Iván Ruiz,
43, y Jefferson Bonilla, de 18 años.
En cuanto a la problemática de las desapariciones, también con datos del SIRDEC, en Cali, en el año
2012 se reportaron 6 desapariciones presuntamente forzadas, mientras que en el 2013 la cifra fue de
8 desapariciones. En cuanto a la clasificación de desapariciones clasificadas sin información se tiene
el siguiente dato: En el 2012, 548 desapariciones, en el 2013, 472 y en el 2014, 14 casos. La Personería
ha identificado que las comunas sobre las que se han presentado las denuncias son las 6, 11, 13, 14 y
15.
Reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes.
El documento CONPES 3673 de 2010 sobre prevención de reclutamiento forzado explica sobre el
reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes en las zonas urbanas “En las zonas
urbanas esta articulación se realiza generalmente a partir de su ingreso a parches, combos y pandillas


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que son cooptados por grupos armados organizados al margen de la ley y por grupos delictivos
organizados”14.
Aunque en los barrios y comunas de Cali se denuncia permanentemente el reclutamiento y la utilización
ilícita de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, aún no se tiene un panorama del estado actual de la
problemática. Sin embargo, el primer indicador de esta situación son las afirmaciones de líderes y
personas de las comunidades que manifiestan permanentemente que la situación es grave, por lo que
se requiere un mayor esfuerzo de las entidades de Gobierno regional y local para determinar el
diagnóstico actual y avanzar en la implementación de planes, programas y proyectos con enfoque
preventivo.
El informe sobre el Estado actual de las pandillas en la ciudad de Cali y su impacto en los índices de
violencia social realizado en el 2012, permitió a la Personería Municipal identificar que en la ciudad
operan unas de 134 pandillas conformadas por cerca de 2.134 jóvenes, ellas tienen incidencia en 17
de las 22 comunas. Adicionalmente, si se tiene en cuenta que cerca de la mitad de dichas pandillas
actúan realizando acciones por encargo o están de alguna manera integradas a Los Rastrojos y Los
Urabeños, se puede deducir una proporción hipotética de la cantidad de niños, niñas y adolescentes
que están siendo reclutados y utilizados.

PUEBLO

En la labor de monitoreo realizada por la Defensoría del Pueblo se ha identificado también que el
reclutamiento lo llevan a cabo personas que ofrecen trabajo en fincas para la recolección de café, como
por ejemplo en la comuna 6 de acuerdo con quejas de la comunidad se ha señalado “a mi hijo un tipo
que se le había hecho amigo le comentó de un trabajo, ofreciéndole un millón de pesos para ir a una
cosecha en una finca La María de Medellín. Se fueron 4 muchachos, a él le pagaron las dos primeras
quincenas pero después el señor de la finca les dijo que habían llegado los patrones. Se lo llevaron a
la fuerza y lo amenazaron advirtiéndole que si intentaba escaparse lo mataban a él y a la familia,
diciéndole que ya pertenecían a Los Rastrojos. Después lo capturó el Ejército durante un combate cerca
de Montería”.
La exposición de los niños, niñas y adolescentes a las pretensiones de los grupos armados ilegales se
evidencia también en la cantidad de menores de edad que han sido judicializados tras verse
comprometidos en la realización de crímenes como homicidio, extorsión, lesiones personales, hurto
calificado y agravado, tráfico fabricación o porte de estupefacientes, fabricación tráfico y porte de armas
de fuego, lesiones personales, entre otros. De acuerdo con la Unidad de Policía de Infancia y
Adolescencia de Cali entre e l01 de enero y el 01 de octubre de este año han sido detenidos por la
Policía 2.028 jóvenes entre los 14 y 18 años, 1.922 (el 94.7%) hombres y 106 (el 5.2%) mujeres.

Prevenir el reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes es asunto de todos. Versión resumida del
documento Conpes 3673 de 2010. Vicepresidencia de la República.
14


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Desplazamiento forzado.
Como se ha mencionado en el presente documento, Cali es lugar de llegada de personas y familias
desplazadas del suroccidente colombiano, llegando principalmente a comunas y barrios en situación
de riesgo. Según datos del Sistema Nacional de Información de la Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, en 2012 fueron recepcionadas 7.159 personas en condición de desplazamiento
y a noviembre 1° de 2013 habían sido registradas 5.427 personas.
Llama la atención la situación de expulsión en la ciudad. Con el recrudecimiento de la situación de
violencia por la intervención de grupos armados ilegales la situación de desplazamiento forzado de
personas que salen desplazadas forzadamente se mantiene, las cifras del SNI indican que en 2012
fueron expulsadas de Cali 664 personas correspondientes a 198 hogares, en tanto, que a 01 de
noviembre han sido expulsadas 518 personas de 143 hogares. Esto indica la cifra oficial, es decir, sin
incluir aquellas personas que han declarado y no han sido incluidas en el registro, o aquellas que no
han declarado por desconocimiento o temor.
Una de las problemáticas identificada por el enfrentamiento que libran Los Rastrojos y Los Urabeños
es el desplazamiento intraurbano, relacionado con los siguientes factores principalmente: 1) personas
extorsionadas que no pueden cumplir con las cuotas económicas impuestas; 2) presiones de los grupos
armados a los habitantes de los barrios para que les “colaboren” en el logro de sus acciones ilegales;
3) temor a quedar en medio de los enfrentamientos entre los grupos armados; 4) amenazas colectivas
de desalojo so pena de retaliaciones; 5) la imposición de restricciones a la movilidad por las “fronteras
invisibles”; 6) amenazas de atentados si no se someten a las exigencias del grupo armado ilegal. Este
tipo de situaciones obligan a personas y familias a desplazarse de manera forzada dentro de la ciudad,
con el fin de resguardar su vida e integridad, pero también hay casos en los que la situación de pobreza
obliga a afrontar los riesgos y quedarse pese al nivel de exposición que se pueda tener, o casos en los
que personas que han llegado a esos barrios, desplazadas de otras zonas del país, sean
revictimizadas. Algunos casos de desplazamientos forzados intraurbanos a destacar han sido los
siguientes:

PUEBLO

El 15 de enero de 2013 se desplazaron masivamente cerca de 20 familias del barrio El Vergel tras la
disputa entre dos grupos conocidos como “Los Calvos” y “La Tatabrera”. El abandono de las casas fue
aprovechado por los delincuentes que hurtaron todo lo que había en ellas. Una comisión de verificación
de la Personería pudo establecer en su momento que otras 40 familias manifestaron su intención de
salir o de armarse para enfrentar a estos grupos.
El 14 de mayo de 2013 fue difundida en el barrio Brisas de Comuneros una advertencia del grupo
autodenominado Los Buenaventureños (banda al servicio de Los Urabeños) en el que se exigía a sus
habitantes abandonar el lugar en un plazo de 20 días. Al parecer la pretensión del grupo armado era
desterrar a quienes vivían allí para traer personas conocidas por ellos y tener un mayor control territorial.
Tras el hecho y al cumplirse los 20 días, paulatinamente las personas y familias que habitaban allí
fueron saliendo, y aunque no se sabe con exactitud el número, líderes comunitarios manifestaron en


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una comisión en terreno realizada por la Defensoría del Pueblo y a otras instituciones que han visitado
la zona que salieron más de 200 familias, situación que se pudo verificar al observar un gran número
de casas y cambuches deshabitados y saqueados. Las autoridades civiles y de fuerza pública
fortalecieron la presencia y las acciones policivas a fin de contrarrestar la amenaza, quienes
permanecen allí lo hacen mientras estén allí los efectivos, de lo contrario abandonarán sus viviendas.
El 03 de febrero de 2014, de acuerdo con datos de la Vicaría para la Reconciliación de la Arquidiócesis
de Cali, se habría producido el desplazamiento de 37 personas integrantes de 07 familias, quienes
salieron desplazadas forzadamente del sector 5 del barrio Potrero Grande, ante amenazas de hombres
que se identifican pertenecientes a Los Urabeños. Estas personas armadas inicialmente estarían
ofreciendo a los adultos la suma de 1 millón de pesos para hacerse parte del grupo armado, de
oponerse y no acceder al ofrecimiento deben pagar una “multa” o desalojar sus lugares de residencia,
ante lo cual las personas amenazadas están optando por salir, para no involucrarse en la disputa ni
tener los recursos para cancelar lo exigido, ya que en su mayoría son personas vulnerables y dedicadas
al reciclaje.
Los desplazamientos intraurbanos, además de generar el desarraigo de las familias, fracturan los lazos
comunitarios, convierten a los habitantes en víctimas del miedo constante y se genera un ambiente de
zozobra en el que los actores armados mantienen su dominio bajo los patrones del terror. De la misma
manera, al ser desplazamientos intraurbanos promovidos por grupos adscritos a Los Rastrojos y Los
Urabeños, estos no necesariamente son incluidos como hecho victimizante, y por consiguiente, no
reconocidos los casos para ser incluidos en el Registro Único de Víctimas, RUV, con la limitación de
acceso a derechos por parte de las personas víctimas. Este es un problema que en Cali hasta el
momento resiente una gran invisibilización del impacto social y comunitario en los barrios y comunas
donde se han venido dando los enfrentamientos.

PUEBLO

De acuerdo con las cifras de la Personería de Cali15, a noviembre de 2013 se recibieron 56
declaraciones en las que 202 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado que se relacionan
con enfrentamientos de grupos armados en la ciudad. De la misma manera, en la oficina de la Unidad
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, se registra un caso de desplazamiento
masivo, reportado por la Personería, tras el abandono de 8 familias de sus hogares tras el atentado
con artefacto explosivo ocurrido el pasado 14 de marzo en el barrio El Jardín, familias que se
encuentran incluidas dentro del registro.
Restricciones a la movilidad y “fronteras invisibles”.
Con la incursión de Los Rastrojos y Los Urabeños en las comunas, el problema de las “fronteras
invisibles” se ha acentuado. Las restricciones a la movilidad entre barrios se determinan por el dominio
territorial donde ejercen su dominio las pandillas, cuyos límites no pueden ser traspasados sin previa
autorización o por quienes consideran no representan riesgo para el logro de sus intereses. Hacer caso
15

Personería de Cali. Oficio No. 210.25.1 de 29/11/13


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omiso o ingresar por equivocación a un área vedada significa ser objeto de agresiones en contra de la
integridad personal e incluso llegar a perder la vida.
La Defensoría del Pueblo pudo constatar in situ la existencia de dichas “fronteras invisibles” en la
comuna 18. De acuerdo con los habitantes del sector a manera de ejemplo se pueden identificar zonas
prohibidas para habitantes de unos u otros barrios así “Una de las líneas invisibles comienza en la
carrera 33C con 58, de la 34 hacia el sur es dominio de Los Buenaventureños, de ese punto para acá
de los Haitianos, y más abajo de Brisas de las Palmas, hacia el hospital Duarte Cancino, de los de
Milor”. En la comuna 14 en el barrio Quintas del Sol sucede una situación similar en su interior, con un
sector de este barrio que es conocido como “la invasión o ciudad de palo” y entre los barrios Alirio Mora
Beltrán y Quintas del Sol.
La Policía también tiene identificadas otras “fronteras invisibles” en los barrios Marroquín, El Vergel,
Petecuy I, II y III, Alfonso Bonilla Aragón, Mojica, Manuela Beltrán, Las Orquídeas, Comuneros I, El
Diamante y El Vallado. En las laderas, los barrios Siloé y Terrón Colorado16. Estas restricciones para
la libre movilidad de los ciudadanos entre los barrios han producido otra serie de fenómenos que limitan
el acceso a otros derechos: por ejemplo, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen restricciones
para acudir a las instituciones educativas y lugares de estudio cuando deben cruzar de un barrio a otro
para recibir clases, o también cuando deben asistir a la implementación de programas de prevención
para este grupo poblacional promovidos por el ICBF, especialmente en barrios de las comunas 13, 14
y 15.

PUEBLO

Extorsión y secuestro.

De acuerdo con el Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional, GAULA, entre enero y
noviembre de 2012 se denunciaron 81 casos de extorsión, mientras que en el año 2013 se denunciaron
115 casos, es decir, un aumento del 42% en el mismo periodo, un indicador del incremento de las
denuncias que puede estar relacionado con el fortalecimiento de los grupos armados ilegales en Cali.
El fenómeno se ha generalizado en todos los niveles sociales y tiene características particulares de
acuerdo a quien está dirigida.
Por un lado, se ha hecho cada vez más frecuente la microextorsión, es decir, la exigencia de dinero en
pequeñas cantidades por parte de integrantes de grupos armados, que se oculta mediante el pago de
“cuotas de seguridad”, “pago de vigilancia”, o para “poder trabajar”. De ella son víctimas principalmente
los habitantes de barrios y comunas vulnerables, también los transportadores y tenderos, que son
presionados para poder desempeñar sus labores. En particular este tipo de extorsión lleva implícito un
mensaje de control territorial y de imposición de condiciones por parte de los grupos armados.
Por otro lado, están las extorsiones a grandes comerciantes, empresas, trasportadores y negocios, que
también involucran a grupos armados ilegales y delincuencia común, pero esta ya no tiene como fin el
dominio y control territorial como fin fundamental, sino la obtención de recursos para el fortalecimiento
16

El Tiempo. Violencia por fronteras invisibles no da tregua en Cali. 17/11/13. Pág. 6.


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de estructuras. En cualquiera de los dos casos, quienes no pagan las exacciones corren riesgos en su
vida e integridad.
La disputa por el cobro de extorsiones se materializó en panfletos que circularon en bares y
establecimientos nocturnos durante el pasado 15 de junio, cuando sujetos en motocicleta entregaron
varios panfletos que decían “Atención, se le notifica a los propietarios de los establecimientos
comerciales de este sector y colaboradores de esa organización que si siguen pagando vacuna a
(Palustre y Boliqueso) a partir de este momento se convertirán en objetivo militar, att, Los Urabeños”
(sic). Los comerciantes admitieron ser obligados a pagar “cuotas”, por lo que ante la presunta
divulgación del panfleto por Los Urabeños se ha producido temor de posibles retaliaciones y atentados
en contra de los locales comerciales, sus dueños y clientes.
Según el comandante del Gaula Valle “no existen datos exactos de cuáles son los grupos
delincuenciales que más extorsionan en el departamento, esto porque hay quienes asumen identidades
de criminales para lograr su cometido… Pero también extorsionan grandes organizaciones criminales
que emplean ese dinero para financiar actividades ilícitas. En la galería Santa Elena, por ejemplo, hay
bandas dedicadas al cobro de vacunas a los comerciantes de verduras…”17.

PUEBLO

Con relación al secuestro, las cifras indican que entre enero y noviembre de 2012 en Cali se presentaron
13 casos, mientras que en 2013 se denunciaron 19, es decir un aumento del 46% con relación al mismo
periodo.
Afectaciones por artefactos explosivos.

De acuerdo con la Unidad Nacional de Atención a Víctimas (UARIV) en 2012 fueron declarados 14
hechos victimizantes relacionados con actos terrorismo en Cali, y 18 entre enero y noviembre de 2013.
Algunos de estos casos están relacionados con el uso de artefactos explosivos improvisados, que son
utilizados para presionar el cobro de extorsiones o para la ejecución de atentados en retaliación de las
disputas entre grupos armados, lo que produce afectaciones de manera indiscriminada.
En el 2013 se conocieron los siguientes hechos:
El 15 de marzo en el barrio El Jardín detonó un artefacto en un cajero automático, hecho que las
autoridades pudieron verificar se trataba de una trampa, pues cerca al lugar de la explosión fue
encontrado otro artefacto que fue activado de manera controlada, al final del hecho quedaron daños
materiales y resultaron seis personas afectadas.
El 23 de marzo en el corregimiento de Montebello fue lanzado un artefacto explosivo de bajo poder en
contra de una vivienda, presuntamente por retaliaciones entre grupos criminales, hecho en el que
resultaron heridas dos personas.
17

Entrevista en Diario El País. “La Extorsión, un delito que está en las sombras”. 11/02/13. Pág. A7.


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El 11 de septiembre se presentó una explosión en el sur de Cali en el barrio Cañaveralejo, cuando
presuntamente dos sujetos lanzaron un artefacto explosivo tipo petardo, tras el hecho se presentaron
daños materiales.
El 22 de octubre fue lanzado un artefacto explosivo improvisado en el barrio Los Andes, tras el hecho
se registraron daños materiales
Violencia basada en género
En las mujeres igualmente se evidencian los diferentes factores de violencia que se entrecruzan en
esta capital. Según datos del Observatorio Social18, entre enero y 30 de junio de 2013, 64 mujeres han
sido asesinadas en Cali, un incremento del 59% a las mismas fechas del 2012. Las comunas donde
han ocurrido el mayor número de eventos son la 3 (4 casos), 6 (12 casos), 11 (5 casos), 13 (8casos),
15 (5 casos). Los presuntos móviles en su orden son venganzas, riñas, pandillas, violencia de pareja,
microtráfico y violencia intrafamiliar.
Aunque no todos los casos de violencia en contra de las mujeres están vinculados personas integrantes
de grupos armados ilegales, pues las denuncias son tipificadas como agresiones por situaciones de
pareja y conflictos familiares en las que no necesariamente se identifica al agresor como perteneciente
a un grupos armado, en los barrios vulnerables parte de este tipo de situaciones son ejecutadas por
sujetos pertenecientes a dichas estructuras, quienes mediante prácticas de violencia contra la mujer
tienen el objetivo de demostrar dominio y control territorial.

PUEBLO

Un caso denunciado ocurrió el pasado 05 de agosto de 2013, en el que fue abusada sexualmente una
menor de 12 años en el barrio Potrero Grande al parecer por cinco integrantes de una pandilla. El hecho
se produjo tras la sospecha de los sujetos de que un allanamiento realizado por la Policía en el sector
fue producto de la denuncia de unos vecinos, por lo que en retaliación se conformó un escuadrón que
tomo venganza con la niña. El hecho obligó a la menor y su familia a salir desplazados de manera
forzada.
Este tipo de situaciones, sumado a la intimidación sexual como forma de presión y ataque entre grupos,
en la que las niñas y mujeres se convierten en un vehículo para obtener información de los rivales
mediante la seducción y el enamoramiento, no es denunciado ante las entidades competentes. Referido
a este aspecto, se hace necesario indagar a profundidad por parte de las instituciones responsables de
planificar y ejecutar políticas públicas sobre los derechos de la mujer en Cali, cual es el nivel de
involucramiento de los grupos armados en prácticas de violencia contra la mujer, a fin de adoptar
medidas para prevenir y mitigar los riesgos que se identifiquen.
Situación de sindicalistas y líderes de juntas de acción comunal.

18

Observatorio Social. Visión Cali. Alcaldía de Santiago de Cali. Boletín Informativo No.2. Primer Semestre 2013.


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Por su actividad de defensa de los derechos de los trabajadores, las agremiaciones sindicales también
han sido amenazadas por los grupos armados ilegales. Las centrales obreras han denunciado el
asesinato de sindicalistas y las amenazas proferidas principalmente presuntamente por Los Rastrojos
mediante panfletos que han circulado en Cali. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en cuanto a
la violencia contra sindicalistas en Cali y el Valle del Cauca reseña: en 2012, el 15 de febrero fue
asesinado Efraín Amezquita del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Masivo,
SINTRAMASIVO, igualmente se identificaron amenazas en contra de cerca de 20 mujeres
pertenecientes al Sindicato de los Educadores del Valle, SUTEV.
En 2013 fueron amenazados, el 23 de febrero dos dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores,
CTC, y de la Unión Sindical de Emcali, USE y el 28 de julio, cuatro dirigentes de Asociación de
Profesores de la Universidad Libre, ASPROUL. A lo anteriormente, enunciado se suman los homicidios
de Francisco Ocampo Cepeda el pasado 04 de agosto, quien pertenecía al SUTEV, y de Fernando
Flórez Viveros el 27 de septiembre presidente de SINDOEPAL.
Las juntas de acción comunal cumplen una importante labor como representantes barriales de sus
vecinos ante la institucionalidad: interceden ante funcionarios de la alcaldía, orientan en el tema del
Sisbén, hablan en los colegios, abordan asuntos de salud, promueven diversos grupos juveniles
enfocados en brindar alternativas lúdicas y deportivas a los adolescentes, entre otros. Líderes
comunitarios, a pesar del temor que genera ser representantes locales por la visibilidad ante los grupos
armados, acuden a diferentes entidades del Estado para denunciar las problemáticas que aquejan a
sus barrios y buscando apoyo para que se atiendan de forma integral las situaciones que se
entremezclan y agudizan las situación de seguridad.

PUEBLO

Igualmente, promueven movilizaciones ciudadanas para protestar en contra de las situaciones de
violencia y manifiestan su desaprobación de este tipo de situaciones por lo que son claros en que no
los comprometan en torno a lo relacionado a los problemas de violencia como un mecanismo de
autoprotección. En una reunión con la Defensoría del Pueblo algunos de sus integrantes expresaron:
“vea, uno habla con los muchachos y les explica el trabajo que va a desarrollar por la gente y ellos
entienden porque incluso a veces sus propios familiares requieren esta atención, nos dicen que no hay
problema siempre y cuando no se interfiera con ellos y sus asuntos”.
Otras afectaciones derivadas de la situación de violencia.
El temor generalizado en las comunas se manifiesta en la condición de los habitantes de las comunas
más vulnerables por tener que convivir con la situación constante de violencia hace que se materialice
en la angustia por el bienestar e integridad de las familias. Es frecuente el miedo cuando se sale a la
calle y no se tiene certeza de regresar sano y salvo al hogar, de hablar de la situación y denunciar por
las represalias de que se pueda ser objeto, a lo que se suma también las situaciones de problemas
intrafamiliares, el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas.


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De igual manera, en Cali se presenta un fenómeno de señalamiento y estigmatización a quienes habitan
las comunas afectadas por la violencia. Las posibilidades de encontrar empleo de calidad o acceder a
ciertos derechos se dificulta por el hecho de habitar en dichos lugares evitando que las personas tengan
opciones para desarrollar su proyecto de vida, por lo que se requiere una acción decidida de integración
social en la ciudad que permita romper prejuicios y paradigmas creados.
La acción institucional frente a la problemática descrita ha estado enfocada principalmente en las
acciones policivas a través del “Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2012 – 2015” con
estrategias de implementación de cuadrantes, la instalación de cámaras de seguridad y en los últimos
meses, con la aplicación del plan desarme por parte de la Fuerza Pública y la intervención militar en
varias comunas como también mediante la implementación de programas sociales específicos.
Sin embargo, se requiere un esfuerzo más decidido que permita a los habitantes de las comunas tener
la posibilidad de materializar de manera efectiva sus derechos, igualmente que los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes sea beneficiarios de manera inmediata de los planes, programas y proyectos
de las autoridades competentes con el fin de prevenir que se conviertan en objetivo de los grupos
armados que se vienen fortaleciendo en la ciudad y evitar el reclutamiento y uso ilícito de los menores
de edad y el incremento de los ciclos de violencia.

PUEBLO

De acuerdo con el escenario descrito es posible que se continúen materializando violaciones a los
derechos humanos e infracciones al DIH por lo que el nivel de riesgo es alto.
NIVEL DEL RIESGO:
ALTO

X

MEDIO

BAJO

AUTORIDADES E INSTITUCIONES CONCERNIDAS
AUTORIDADES CIVILES:
- Alcaldía Municipal de Cali, Gobernación del Valle, ICBF Regional Valle, Fiscalía General de la
Nación, Procuraduría Regional y Provincial de Cali, Unidad de Atención y Reparación a Víctimas,
Comité Departamental y Municipal de Justicia Transicional, Personería Municipal de Cali, Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, Programa presidencial
Colombia Joven.
FUERZA PÚBLICA:
- EJERCITO: III Brigada
- POLICIA NACIONAL: Metropolitana de Cali, Policía Infancia y Adolescencia, Grupo Antiextorsión
y Secuestro.


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RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS
Se recomienda al CIAT, previa evaluación del presente informe de riesgo, emitir Alerta Temprana y
orientar a las autoridades competentes para que se adopten las medidas pertinentes a efectos de
disuadir, mitigar o controlar el riesgo de la población civil, que actualmente afecta a los ciudadanos del
área urbana del municipio de Santiago de Cali. Se recomienda también:
A la Administración Municipal de Cali:
-

Incrementar el presupuesto en materia de seguridad para la Policía Metropolitana de Cali con el fin
de que se fortalezcan los recursos logísticos y humanos que permitan realizar una eficiente labor
en las actividades de patrullajes y operaciones de registro y control, para la neutralización de los
grupos armados ilegales y bandas delictivas en la ciudad de Cali y lograr la reducción sustancial
de los hechos de violencia que afectan los derechos fundamentales de los pobladores.

-

Adelantar un proceso de caracterización de las víctimas del conflicto de forma integral, en cuanto
a la cantidad, lugares de habitación, condiciones de salud, vivienda, situación laboral, escolaridad,
etc., por enfoque diferencial como género, edad, etnia, discapacidad, etc. Especialmente ante la
necesidad de conocer el impacto que ha provocado la disputa entre los grupos post desmovilización
en los barrios normales y subnormales para ofrecerles a las víctimas la adecuada asistencia en el
marco de la ley 1448 de 2011 y de las decisiones jurisprudenciales.

-

A la Secretaría de Gobierno Municipal de Cali, en coordinación con la Unidad Administrativa para
la Atención de las Víctimas, el Ministerio de Protección Social y la Gobernación del Valle, con base
en los principios de subsidiariedad y complementariedad, proveer los recursos suficientes para
prestar la ayuda humanitaria inmediata a la población víctima de desplazamiento y adelantar los
programas de estabilización socio económica.

-

A la Alcaldía de Cali, diseñar e implementar programas de carácter social que permitan superar las
condiciones de vulnerabilidad de la población que habita las comunas 1; 5; 6; 10; 12; 13; 14; 15: El
Vallado, Brisas de Comuneros, Brisas de las Palmas El Retiro y Mojica; Comuna 16: Mariano
Ramos; Comuna 18: Prados del Sur, Mario Correa Rengifo, Sector Alto de Los Chorros y Alto
Nápoles; Comuna 20: Siloé, Belisario Caicedo, Brisas de Mayo, Lleras Camargo y Altos de Belén;
Comuna 21: Pízamos I y II y Potrero Grande, en materia de educación, salud, empleo, cultura y
recreación, de manera especial, impulsar proyectos productivos para los jóvenes en condición de
riesgo y promover oportunidades de empleo para los jóvenes de esos sectores.

-

A la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social Municipal,
coordinar con el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo, el ICBF, el SENA, el
Programa Presidencial Colombia Joven y el Ministerio de Hacienda, en articulación con sus

PUEBLO


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similares regionales y locales, promover o fortalecer procesos y proyectos que amplíen la oferta
educativa y laboral a los jóvenes, otorgándoles otra opción de vida frente a la que vienen
representando los diversos grupos ilegales.
-

A la Secretaría de Deportes, coordinar con las entidades competentes la adecuación y construcción
de espacios en las Instituciones Educativas donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan
practicar actividades deportivas que propicien el uso del tiempo libre y prevengan la vinculación de
los menores de edad en las actividades ilícitas.

Al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional
-

A la Policía Nacional, reforzar las medidas de seguridad para contrarrestar las acciones de los
grupos armados ilegales y organizaciones delictivas que vulneran los derechos fundamentales a la
vida, a la integridad y libertad personal, a la libre circulación de los habitantes de las comunas
identificadas en riesgo, de manera particular, en aquellas donde se han establecido las
denominadas “fronteras invisibles” y se hallan registrado el mayor número de homicidios y de
acciones de violencia.

-

Al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, en coordinación con la Alcaldía de Cali, fortalecer
el recurso humano y logístico (vehículos, equipos de comunicaciones, etc.) del Comando de la
Policía Metropolitana de Cali, que permitan ampliar la presencia policial en las comunas mediante
la implementación de nuevos cuadrantes y brindar mayores niveles de seguridad en las zonas
focalizadas en riesgo.

-

A la Policía Nacional, adoptar medidas para prevenir la vinculación de niños, niñas y adolescentes
en los grupos armados ilegales y organizaciones delictivas y de forma especial, implementar
medidas para proteger las instituciones educativas que funcionan en las comunas 1; 5; 6; 10; 12;
13; 14; 15: El Vallado, Brisas de Comuneros, Brisas de las Palmas El Retiro y Mojica; Comuna 16:
Mariano Ramos; Comuna 18: Prados del Sur, Mario Correa Rengifo, Sector Alto de Los Chorros y
Alto Nápoles; Comuna 20: Siloé, Belisario Caicedo, Brisas de Mayo, Lleras Camargo y Altos de
Belén; Comuna 21: Pízamos I y II y Potrero Grande, con el fin de evitar la injerencia de los grupos
ilegales y la utilización de los niños, niñas y adolescentes en actividades ilícitas relacionadas con
la extorsión, el consumo y expendio de estupefacientes, entre otras.

PUEBLO

A la Fiscalía General de la Nación:
-

Fortalecer la planta de fiscales y de policía judicial, para resolver los problemas de congestión
judicial y adelantar de manera oportuna y eficaz las investigaciones judiciales para el
esclarecimiento de los hechos de violencia y la judicialización de los presuntos responsables de los
crímenes en la ciudad de Cali.

A la Administración Departamental del Valle del Cauca


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-

Fortalecer la articulación y coordinación con la fuerza pública, la alcaldía de Cali y la Fiscalía, para
garantizar la seguridad y protección de los derechos de la población en las zonas focalizadas en
este informe, a través de acciones tendientes a neutralizar y desarticular los grupos armados
ilegales y organizaciones delictivas en Cali y realizar evaluaciones periódicas de los avances sobre
la situación de seguridad en Cali en las sesiones de los Consejos de Seguridad Departamental.

-

Convocar a reuniones del Comité Departamental de Justicia Transicional ampliado para analizar la
situación humanitaria de la ciudad de Cali y adoptar medidas tendientes a la protección de los
derechos de las víctimas en materia de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no
repetición de los hechos de violencia.

Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:
-

Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca
y la Alcaldía de Cali, en el marco de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento
Forzado, adoptar las medidas necesarias para la implementación y ejecución de la política de
prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por parte de los grupos
armados establecida en el Documento Conpes No 3673 de julio de 2010 y elaborar y ejecutar un
Plan de Acción en materia de prevención y atención del reclutamiento forzado con el objetivo de
tomar las medidas de protección integrales necesarias para los niños, niñas y adolescentes que se
encuentran en riesgo de reclutamiento y utilización por parte de los grupos armados ilegales pos
desmovilización de las AUC y organizaciones delictivas.

PUEBLO

A la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas:
A la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, valorar y
registrar los casos de desplazamiento intraurbano o intermunicipal generados por los grupos armados
ilegales post desmovilización de las AUC en las comunas de la ciudad de Cali y brindar el apoyo a las
autoridades locales en materia de ayuda humanitaria de emergencia, estabilización socio económica e
implementación de los planes de contingencia para que se adopten las medidas de carácter preventivo
frente a eventuales desplazamientos forzados.
A la Unidad Nacional de Protección
A la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional, adoptar medidas de protección que
salvaguarden la vida e integridad personal de los líderes comunitarios, dirigentes sindicales y
defensores y defensoras de derechos humanos, que sean víctimas de amenazas e intimidaciones por
parte de los grupos armados ilegales.
A todas las autoridades civiles concernidas, a la Fuerza Pública y organismos de seguridad del Estado
en atención a los artículos 282 y 283 de la Constitución política de 1991, y a los artículos 15 y


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subsiguientes de la ley 24 de 1992, informar a la mayor brevedad y periódicamente, las actuaciones y
medidas derivadas de la presente Nota de Seguimiento y sus alcances con respecto a la situación de
riesgo descrita.

JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN
Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de
Violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH
Director del Sistema de Alertas Tempranas - SAT

PUEBLO

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