El 13 de diciembre de 2006, una red presentó ante el Congreso una propuesta para reformar la Constitución y establecer juicios orales en México. Esta red argumentó que los juicios orales, con pruebas presentadas públicamente ante un juez, son más confiables que los juicios escritos existentes. En diciembre de 2007, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores aprobaron los juicios orales. En 2008, el presidente Felipe Calderón aprobó la reforma judicial que estableció los juicios orales