Este documento describe la reforma al sistema de justicia penal en México para implementar un sistema acusatorio. La reforma constitucional entrará en vigor en un plazo máximo de 8 años para que las entidades federativas y la Federación realicen las reformas necesarias. El nuevo sistema respeta los derechos de las víctimas y los imputados basándose en la presunción de inocencia y fortaleciendo el debido proceso y los derechos humanos.