Este documento establece el régimen jurídico de las relaciones de arrendamiento para inmuebles destinados a vivienda y comercio en Venezuela. Declara de interés público todo lo relacionado con los arrendamientos de vivienda con el fin de brindar seguridad jurídica, proteger el derecho a la vivienda y evitar desalojos arbitrarios. Establece al Ministerio del Hábitat y Vivienda como el órgano rector y crea la Defensoría Pública para la Protección del Derecho a la Vivienda.