La nueva ley de cámaras de comercio en España establece un modelo mixto de adscripción obligatoria, reduciendo la independencia económica de estas entidades y obligándolas a ser útiles para la administración en su función de representar a las empresas. Se requiere una transformación dinámica y participativa que fomente la creación de nuevas cámaras adaptadas a las realidades territoriales, con un enfoque en la prestación de servicios públicos. La Generalitat de Catalunya debe colaborar con las cámaras para definir una carta de servicios que les permita ser viables mientras se trabaja en la recuperación de su independencia económica.