España se organiza en diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, lo que les otorga el derecho a la autonomía para crear sus propias leyes y gobiernos. La Constitución española de 1978 establece las bases para esta estructura, garantizando derechos y libertades y promoviendo la solidaridad entre las comunidades. Cada comunidad tiene un estatuto que actúa como su ley básica, lo que les permite gestionar sus asuntos dentro del marco del estado español.