La ley establece normas que permiten al Servicio de Impuestos Internos acceder a información bancaria de personas determinadas con el fin de verificar declaraciones tributarias. Se crea un procedimiento en que el banco notifica al titular de la información la solicitud del Servicio e informa si autoriza o no entregar los datos. De no haber autorización, el Servicio puede solicitar una orden judicial. Se establecen también normas sobre competencia de tribunales para ver estas solicitudes y sobre reserva de la información obtenida.