La ley regula el proceso de transferencia de gestión administrativa entre autoridades regionales y locales sucesivas con el fin de facilitar la continuidad del servicio público de manera transparente. Se establece que tanto la autoridad saliente como la entrante deben participar obligatoriamente en el proceso a través de una comisión de transferencia. El informe de transferencia debe incluir información sobre documentación, bienes, proyectos, asuntos pendientes y otros componentes clave de la administración.