La nueva ley universitaria aborda cuatro preguntas clave: 1) Si la ley puede cerrar universidades privadas, 2) Si la educación superior es un servicio público esencial, 3) Si las universidades privadas deben publicar información como estatutos y estados financieros, y 4) Si los miembros de la superintendencia deben ser ajenos al quehacer universitario. El documento presenta argumentos a favor y en contra de estas posiciones.

1. Nueva Ley Universitaria

2. cuatro preguntas que serán debatidas

3. • 1.¿LA FUTURA LEY PUEDE CERRAR UNIVERSIDADES?
El artículo 1 dice que la futura ley tiene por objeto “normar la creación,
funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades”. El dictamen de Elías
señala que una persona jurídica o una asociación solo pueden ser cerradas por el
Poder Judicial por causas objetivas: seguridad nacional y/o contravenir las buenas
costumbres.

4. 2.¿ES LA EDUCACIÓN UN SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL?
El dictamen en mayoría dice que la futura ley se aplica a las universidades “bajo
cualquier modalidad, sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, sobre la base
del concepto de educación como derecho fundamental y servicio público”. El
mencionado dictamen en minoría recuerda que la Constitución señala que solamente
la educación inicial y básica son obligatorias. La educación superior no es obligatoria y,
por lo tanto, no podría ser considerada un servicio público esencial, pues no es
masiva.
3. ¿LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS DEBEN PUBLICAR EN FORMA PERMANENTE Y
ACTUALIZADA LOS ESTATUTOS, SU REGLAMETO Y DEMÁS INFORMACIÓN?
El dictamen en minoría dice que las entidades privadas no tienen obligación de
establecer el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). Ello solo está
reservado para las entidades públicas. Tampoco es obligatoria la publicación de
estados financieros de aquellas entidades privadas, salvo las que coticen en la bolsa
de valores, según la ley.

5. • 4.¿ES LEGAL QUE LOS INTEGRANTES DE LA SUPERINTENDENCIA SEAN AJENOS AL
QUEHACER UNIVERSITARIO?
La propuesta en mayoría plantea que la superintendencia esté integrada por nueve
miembros: uno del Ministerio de Educación; uno del Ceplan; uno del Concytec; dos
designados por las universidades públicas que tengan cierto número de carreras
acreditadas; dos representantes designados por universidades privadas; uno elegido por
los colegios profesionales; y uno por los sectores empresariales. El dictamen en minoría
advierte que la composición de esta superintendencia es inconstitucional, pues la
mayoría de sus miembros son ajenos a la universidad peruana, y recuerda que el TC
señaló que las universidades públicas –tal como sucede con las universidades privadas–
gozan de plena autonomía y no deben recibir injerencia externa alguna.