El documento presenta los argumentos a favor y en contra del uso de métodos comparativos en el ámbito penal. Entre los argumentos en contra se encuentran que el derecho comparado puede ser superficial y conducir a malinterpretaciones, y es difícil para los juristas conocer a profundidad sistemas legales extranjeros debido a barreras culturales e idiomáticas. Sin embargo, el documento también reconoce que el derecho comparado puede ser útil para que los penalistas consideren experiencias extranjeras y para mejorar el conocimiento del derecho nacional.