En México, el 95% de los canales de televisión está controlado por dos empresas, Televisa y TV Azteca, y el 72% de las estaciones de radio por 10 grupos, socavando la democracia en los medios electrónicos. A pesar de ser considerados un bien de dominio nacional, estos medios han concentrado riqueza y poder sin pagar impuestos, afectando el servicio público y la libertad de expresión. Se aboga por una nueva ley de medios que fomente la competencia, garantice el acceso equitativo y limite el lucro excesivo de los concesionarios.