Los temores infundados que los militares serían condenados por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad e incluso que su doctrina sería modificada en un proceso de reconciliación han quedado despejados en estos días.

1. La paz de Santos a bajo costo y con profundización de la
militarización
Jueves 4 de julio de 2013. Fuente: Comisión Intereclesial Justicia y
Paz
Los temores infundados que los militares serían condenados
por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa
humanidad e incluso que su doctrina sería modificada en un
proceso de reconciliación han quedado despejados en estos
días.
La aprobación del Estatuto de la justicia penal militar, el acuerdo de
cooperación de Santos con la Alianza del Atlántico Norte, OTAN,
resuelven las dudas. El Estado colombiano continúa la militarización y
el control social territorial con entrega o no de armas de las
guerrillas. El nuevo fuero penal militar es uno de los desarrollos del
llamado Derecho Operacional[1], expresión acuñada por el hoy Alto
Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo Caro, que desfigura el derecho
internacional para propiciar el que los civiles puedan ser blanco
legítimo. Exista o no desmovilización de alzados en armas, la rebeldía
social y la indignación tendrá respuestas represivas previstas. Por un
lado, la ley de seguridad ciudadana que veladamente criminaliza la
protesta social con privaciones de la libertad, entre otros aspectos, y
el fuero militar que en continuidad del escenario del conflicto armado
o sin éste, legaliza y legitima los abusos militares para las
expresiones sociales.

2. En diciembre de 2012, el Congreso de Colombia aprobó una reforma
a la ley que regula el fuero penal militar. Ese proyecto permite
mayores privilegios e inmunidades a miembros de la Fuerza Pública,
militares y policías. Las críticas de la Corte Interamericana, y la de
once relatores especiales de las Naciones Unidas, obligaron a los
congresistas a modificar unos puntos para aprobar el nuevo
reglamento el pasado 29 de Mayo 2013. Tales cambios, solo
maquillajes, no enfrentó un factor estructural de impunidad, el que
los tribunales militares continúen siendo responsables de asumir
todos los casos de crímenes cometidos por los militares, y que sean
esos mismos tribunales, los que califiquen la excepcionalidad de una
conducta para ser excluidos de ser juzgados por los castrenses.
En otras palabras, las detenciones arbitrarias, violaciones sexuales,
tratos crueles, tratos inhumanos y degradantes, allanamientos,
intercepción de comunicaciones, tortura u otros tipos de operaciones
de inteligencia militar tendrían el sello de una operación militar, y
aunque se indique que no serán investigados por los castrenses,
estas en el fondo serán asumidas en el contexto de un teatro de
operaciones..
Aunque el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón lo niega, la Oficina
de las Naciones Unidades por los derechos humanos, el 16 de junio
expresó “que si dicha ley es adoptada, ésta podría llevar a que casos
de “falsos positivos”[2] actualmente investigados bajo el régimen
penal, puedan ser transferidos para investigación y juicio a
autoridades del Ministerio de Defensa Nacional”[3]
Los miembros de las fuerzas armadas acusados de haber asesinado a
civiles podrían argumentar que la ejecución extrajudicial de los que
se les acusa es un incidente aislado y no pertenece a un ataque
generalizado contra la población civil. Si no es generalizado no es
Crimen de Lesa Humanidad.
También tendrían los militares otra salvaguarda pues en los
tribunales de Colombia, no se clasifica a los "falsos positivos" como
crímenes de lesa humanidad si no que los "falsos positivos" son

3. tipificados como "homicidio contra la persona protegida" - reconocido
por el Código Penal colombiano. Así se asegura que los "falsos
positivos" caen bajo la jurisdicción de los tribunales militares, ya que
"todas las violaciones del derecho internacional humanitario será la
jurisdicción exclusiva de los tribunales militares."
Por otra parte, las nuevas disposiciones reducen el acceso a la justicia
para las víctimas y los defensores. La FIDH (Federación Internacional
de Derechos Humanos) y la Coordinación Colombia - Europa –
Estados Unidos solicitaron explícitamente suspender el voto en una
carta a Roy Barreras (Presidente del Senado), Augusto Posada
Sánchez (Presidente de la Cámara de Representantes), y a Juan
Manuel Galán (Senador) y formularon una preguntaron por qué “es
incomprensible estas reformas se propongan solo unos meses
después de que fuera expedido por el actual presidente Santos,
mediante Ley 1407 de 2010, un nuevo Código Penal Militar que se
aproximaba bastante a los requerimientos que los tratados y la
jurisprudencia nacional e internacional habían demandado para
garantizar que el juzgamiento de militares fuera compatible con las
obligaciones internacionales en la materia”[4] . Pero muchas
preguntas se suscitan ¿Por qué Colombia aceptó hace 11 años (en
2002) firmar el Estatuto de Roma ratificando el ejercicio de un
tribunal civil internacional, si el gobierno colombiano cree que los
crímenes de guerra pueden ser efectivamente investigados por un
tribunal militar?
Acercándose a la OTAN (Tratado del Atlántico Norte), el
gobierno colombiano da la espalda a las apuestas de
integración regional.
Después de cerrarse el primer punto de acuerdo sobre el tema
agrario con las FARC, Santos anunció su petición de ingreso a la
OTAN. El 24 de junio/13, su Ministro Pinzón firmó un acuerdo de
cooperación con la OTAN[5].
La iniciativa es significativamente negativa frente a la intención de
integración regional promovida por el UNASUR (Unión de Naciones

4. Suramericanas) y la CELAC (la Comunidad de Estados de
Latinoamérica y el Caribe), el mismo MERCOSUR, sumada a la
creación de un bloque económico del pacífico con presencia de Perú,
Costa Rica, México y Colombia. Este acercamiento está obviamente
autorizado por los Estados Unidos, Colombia su principal aliado en
América Latina, desde el año 2000 (con el Plan Colombia) cuenta con
la ayuda militar más significativa de Washington, en esta parte del
hemisferio, no superada aún por México.
A pesar de las reservas expresadas en Bruselas por parte de fuentes
cercanas a la OTAN, Colombia no cumple con los criterios
geográficos, sin embargo, la firma del Acuerdo es otra forma de
asegurar la lógica de la militarización que se han venido consolidando
para enfrentar todos los asuntos e insatisfacción social y de rebeldía
armada. Ese acuerdo ”de intercambio de información y buenas
prácticas en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico y el
terrorismo”.[6]
El atlantismo[7] de Colombia está muy mal recibido por los países de
UNASUR. Nicolás Maduro, nuevo presidente venezolano, dijo que esa
iniciativa es un "giro negativo hacia una agenda de desestabilización
y división regional, atacar a la revolución bolivariana y la adhesión al
proyecto hegemónico imperial."[8]
Claramente la situación interna e internacional reflejan que Santos
expresa una paz de la inversión, su imagen de reformista se
mantiene en escenarios donde los países apetecen el territorio
colombianos para sus inversiones, no pretende ser el liberal en el que
muchos creen, si no el conservador de centro, que construye un
proyecto de Estado y de sociedad con bases estrechas, con control
ciudadano y militarización territorial. Es como suele tuitearse la
expresión con buenas formas de la seguridad democrática de Uribe,
un Uribe de un aparente buen trato, de una mirada ”solidaria” con las
víctimas y los pobres., posando de reformista,
El proceso de la Habana con las FARC y el que se inicie con el ELN,
quién sabe si el EPL, demuestran que los sectores de la derecha de

5. América han ido tejiendo un escenario para que la paz acordada sea
la de un sometimiento, con modificaciones nulas o de bajo costo.
Pero además desde ya asegurando para los militares operaciones
“limpias” contra la población con el nuevo fuero penal y con la ley de
de seguridad ciudadana. La paz es solo un pretexto para asegurar la
inversión con formas legales, como la propia ley de víctimas y de
restitución.