El documento denuncia la represión y violación de derechos humanos por parte del gobierno colombiano contra manifestantes durante el Paro Nacional Campesino de agosto de 2013. Reporta disparos indiscriminados, torturas, ataques a menores, y detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales. Solicita la presencia de organismos internacionales para verificar los hechos y exigir al gobierno que cese la agresión a los manifestantes.