El documento propone que los ciudadanos paguen un impuesto para el mantenimiento de las áreas protegidas, ya que obtienen beneficios de estas como agua limpia. Algunas alternativas discutidas incluyen impuestos a empresas eléctricas y de turismo que se benefician de estas áreas. Actualmente varias zonas protegidas sufren daños debido a la construcción de carreteras y la tala ilegal, por lo que es importante involucrar a los ciudadanos en la conservación de estas áreas.