El documento propone endurecer el castigo por secuestro a prisión vitalicia debido a la gravedad del delito y el daño a la víctima. También propone otorgar una reparación económica a las víctimas y garantizar su seguridad física y psicológica durante el proceso penal. Finalmente, sugiere incorporar nuevas tecnologías y agentes encubiertos para combatir de manera más efectiva a la delincuencia organizada.