La Constitución de Venezuela establece políticas ambientales que protegen el derecho a un ambiente sano. Estas incluyen requerir estudios de impacto ambiental para actividades que puedan dañar el ecosistema, desarrollar una política de ordenamiento territorial considerando factores ecológicos, y proteger recursos como parques nacionales. La legislación ambiental venezolana se deriva de estos principios constitucionales y busca promover un desarrollo sostenible.