El documento discute los principios de legalidad administrativa. Explica que el ejercicio del poder público debe estar regido por la ley y no por la voluntad de las personas. También establece que los funcionarios administrativos pueden ejercer discreción siempre que se ajusten a la ley. Finalmente, señala que la importancia de la legalidad administrativa radica en que somete al Estado al cumplimiento del ordenamiento jurídico y permite la mayor realización posible dentro de un Estado democrático.