La ley del Estatuto de la Función Pública establece dos sanciones principales para los funcionarios públicos que incumplen la ley: amonestación escrita y destitución del cargo. El documento analiza los procedimientos sancionatorios descritos en la ley para estas dos sanciones y cómo cumplen con las garantías constitucionales como el debido proceso. También examina las "medidas preventivas" de suspensión con o sin goce de sueldo contempladas en leyes anteriores.