El documento analiza el procedimiento de recusación establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de Venezuela de 2002 en relación con el derecho fundamental del debido proceso. Examina una gran cantidad de información legal y doctrinal, concluyendo que limitar las causales de inhibición y recusación viola derechos constitucionales. También determina que la prohibición de que las partes elijan libremente a sus abogados atenta contra el derecho a la defensa. Finalmente, establece que ante una colisión entre la celeridad procesal y