El documento propone tres opciones para resolver la crisis del sistema de salud en Colombia: 1) continuar con ajustes puntuales, 2) otra reforma superficial, o 3) un nuevo sistema. Se argumenta que un nuevo sistema basado en la salud como derecho fundamental, financiado públicamente y organizado territorialmente podría superar los problemas actuales de manera más efectiva. Un pacto político impulsado por la sociedad civil podría llevar a los congresistas a adoptar esta alternativa de un nuevo sistema de salud universalista.

1. La precaria atención se evidencia en el padecimiento de las personas para
recibir una atención digna y oportuna. - Foto: AFP
Propuesta para un nuevo sistema de salud
Sep. 08 de 2012
Por:Mario Hernández Álvarez, Médico y profesor del Departamento de Salud
Pública, Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Colombia
La solidaridad y una visión universalista de los derechos podrían ayudar
a superar la crisis del sector. Los congresistas no tendrán otra opción
que responder a estas exigencias, en medio de su cuestionada
legitimidad.
¿Qué duda cabe sobre la profundidad de la crisis de la salud en Colombia? Los
actores del sistema y los analistas coinciden sobre los problemas, pero no
sobre las causas ni, por lo tanto, las soluciones. Se presentan tres opciones,
reconocidas por el exdirector del Doctorado en Salud Pública Saúl Franco de la
UN en un artículo publicado recientemente en la revista Razón Pública:
continuar con ajustes puntuales, sin entrar en una nueva reforma; efectuar una,
pero solo de manera superficial; o pasar a un nuevo sistema. La decisión no es
solo técnica o financiera, dependerá también de la dinámica sociopolítica
actual.
La primera opción consiste en unas “medidas de salvamento”, entre las cuales
están: la oferta de “créditos” del Estado a las empresas promotoras de salud
(EPS); la “nacionalización” transitoria, para recapitalizar a las que tengan
problemas de liquidez y después devolverlas a sus dueños; la disminución del
número de competidores; y la agilización del flujo de recursos.
Esta propuesta, inaceptable por la sociedad colombiana, fue planteada por la
senadora Piedad Zuccardi y es avalada por el Gobierno nacional, la
Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) –que
agrupa a las EPS más grandes del régimen contributivo– y Fedesarrollo. Antes
que nada, el Estado debería exigir a todas las EPS la devolución de los
recursos públicos apropiados indebidamente, como en el caso de Saludcoop

2. (demostrado por el Consejo de Estado con base en las investigaciones de la
Contraloría).
La segunda opción propone otra reforma del Sistema General de Seguridad
Social en Salud para ajustar algunos aspectos de su funcionamiento. Liderados
por los senadores Jorge Eliécer Ballesteros y Roy Barreras, varios
parlamentarios de la Unidad Nacional radicaron el proyecto de ley estatutaria
n.º 48 de 2012 y el proyecto de ley ordinaria n.º 52 de 2012 que lo
complementa.
La ley estatutaria pretende reglamentar el derecho a la salud, en el marco del
actual esquema, como un “plan de beneficios”, en apariencia, muy amplio, pero
con prestaciones “costo-efectivas de valor terapéutico demostrables y
determinadas como estrictamente necesarias en el marco de guías y
protocolos de atención”, aunque supuestamente respeta la autonomía médica
(Proyecto de ley estatutaria n.º 48 de 2012, arts. 8.º y 9.º, parágrafo).
Como correlato, la iniciativa resalta la corresponsabilidad de las personas y las
familias, tanto en el cuidado propio como en el de los miembros más
vulnerables, niños y niñas, personas mayores y discapacitados (Proyecto de
ley estatutaria n.º 48 de 2012: art. 6.º). Esto implica que quien haya fumado y
requiera oxígeno permanente tendrá que pagar por él. La propuesta de la
Unidad Nacional mantiene los dos regímenes, los trámites y los mecanismos
de autorización de las EPS y pretende cambiar la acción de tutela por una
“acción de protección de la salud”, con jueces especializados. Más de lo mismo
y no la “gran reforma” que se anunció.
Finalmente, la alternativa de un nuevo sistema se ha venido construyendo
desde finales de los años noventa, cuando se hizo evidente que el modelo de
aseguramiento implantado por la Ley 100 de 1993 mostraba pésimos
resultados e inequidades. El Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad
Social (MNSSS), conformado desde 2001, y la Coalición de Movimientos y
Organizaciones Sociales de Colombia han avanzado en una campaña de
movilización social denominada “Octava papeleta: ¡voz y voto por tus derechos!
Salud y seguridad social, derecho fundamental”, en la que 78.310 ciudadanos y
ciudadanas han expresado su deseo de un nuevo esquema.
Derecho fundamental
Adicionalmente, la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760/08 y de
Reforma Estructural del Sistema de Salud y Seguridad Social (CSR) (avalada
por la Corte Constitucional y conformada por académicos, asociaciones
profesionales, de pacientes, el MNSSS y varias ONG, como la Corporación
Viva la Ciudadanía) elabora, junto con la recién conformada Alianza Nacional
por un Nuevo Sistema de Salud, un proyecto de ley desde la sociedad civil que
será radicado formalmente en la Comisión Primera del Senado por
parlamentarios de diferentes partidos políticos.
La propuesta se basa en tres ejes fundamentales. 1) La declaración de la salud
como un derecho fundamental, de carácter universal y no atado a la capacidad

3. de pago de las personas, más allá de la atención de la enfermedad. 2) La
organización del sistema a cargo del Estado en el recaudo y manejo de los
recursos, sin intermediación financiera ni de EPS y con perspectiva poblacional
y territorial. 3) El desarrollo de un nuevo modelo de atención que permita
desarrollar una verdadera perspectiva preventiva, integral, intersectorial y
universal.
Se organizaría a partir del financiamiento público, integrado por cotizaciones e
impuestos; y su asignación equitativa a nivel territorial se haría mediante
fondos territoriales administrados conforme a las necesidades de las personas.
En los departamentos se integrarían las redes de servicios y se desarrollaría la
estrategia de atención primaria en salud (APS), que ha demostrado ser una
gran herramienta para mejorar condiciones de vida y para prevenir y controlar a
tiempo las enfermedades.
La cédula sería suficiente para ser atendido. No habría planes de beneficios,
sino tres límites razonables del derecho a la atención: los servicios suntuarios o
cosméticos, los bienes y servicios en experimentación y los que sean prestados
en el exterior, pero se puedan prestar en el país.
Los hospitales públicos se fortalecerían con una planta de trabajadores y
profesionales estable y de buena calidad, que serían el eje de la prestación de
servicios. El sector privado se dedicaría a complementar los productos
prestados por la red pública y habría políticas de control de precios de
medicamentos y tecnologías, de formación de personal en todos sus niveles,
así como de ciencia, tecnología en innovación, a través de redes universitarias
de servicios de salud en los territorios.
Un nuevo sistema podría superar las verdaderas causas de la crisis actual. Los
recursos disponibles pueden utilizarse si se ponen al servicio de las
necesidades de las personas y no del lucro de unos agentes dominantes
protegidos por el Estado.
Pero la decisión depende de grandes pactos políticos promovidos por sectores
organizados de la sociedad. Si esos sectores le apuntan a la solidaridad y a
una visión universalista de los derechos, los congresistas no tendrán otra
opción que responder a sus exigencias, en medio de la crisis de legitimidad que
los agobia.
Edición:
UN Periódico Impreso No. 159