El Protocolo de Madrid de 1991 estableció medidas para proteger el medio ambiente antártico, designando a la Antártida como reserva natural dedicada a la paz y la ciencia. El protocolo incluye seis anexos que regulan la evaluación de impacto ambiental, la conservación de flora y fauna, el tratamiento de residuos, la prevención de contaminación marina, y la protección de zonas. Prohíbe actividades como pruebas nucleares y la extracción de recursos, pero permite otras como investigación científica bajo permiso.