La reforma fiscal estadounidense reduce el tipo impositivo corporativo del 35% al 21% beneficiando a empresas estadounidenses y filiales extranjeras. Sin embargo, también introduce medidas que ensanchan la base imponible como limitaciones a la deducción de gastos financieros y un nuevo impuesto mínimo sobre pagos a empresas extranjeras del grupo que afectará a empresas españolas. Otras medidas podrían obligar a empresas españolas a reportar más información financiera de sus subsidiarias.

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El impacto de la reforma fiscal
americana en las empresas
españolas
Diciembre, 2017
En resumen
La reducción del tipo nominal del impuesto sobre sociedades, que pasa del actual 35% a un 21% (más
el impuesto estatal) beneficiará por igual a todas las empresas que operan en Estados Unidos,
incluidas las filiales de grupos españoles.
Después de varios meses de intensa actividad legislativa, la Tax Cuts and Jobs Act ha sido
aprobada por las dos cámaras del Congreso de los EEUU. La entrada en vigor de la ley queda
ahora únicamente pendiente de la firma del presidente Trump, pero es de prever que la
espera no se alargue demasiado, dado que la reforma fiscal –que era una de las principales
promesas de su campaña– ha sido recientemente descrita por el propio presidente como un
“gran regalo de Navidad” para la clase media americana. El tiempo dirá si esta reformulación
de la arquitectura del sistema fiscal estadounidense contribuye positivamente a la
prosperidad de sus ciudadanos, pero lo que a estas alturas ofrece ya pocas dudas es que, a los
grupos extranjeros con presencia en Estados Unidos, incluyendo a las empresas españolas, la
reforma les va a dejar abundante carbón.
Se ha hablado mucho, y con motivo, de la importante reducción del tipo nominal del
impuesto sobre sociedades, que pasa del actual 35% a un 21% (más el impuesto estatal). Esta
sustancial rebaja beneficiará por igual a todas las empresas que operan en Estados Unidos,
incluidas las filiales de grupos españoles, como también lo harán la eliminación del impuesto
mínimo alternativo o la posibilidad de amortizar libremente determinados activos.
No obstante, como ha venido sucediendo en la mayoría de los países OCDE, la tendencia a la
baja de los tipos nominales se compensa con un “ensanchamiento” de la base imponible a
través de una serie de medidas que, si bien formalmente aplican a todos los contribuyentes,
se harán sentir de manera especialmente gravosa para las empresas de matriz no
estadounidense.
Algunas nos resultan familiares, como el endurecimiento de la limitación a la deducibilidad
de gastos financieros, que se sitúa inicialmente en un 30% del ebitda y que se restringirá aún
más a partir de 2023, cuando el límite porcentual pase a estar referido al ebit. Siendo, como
ha sido, habitual que los grupos españoles situaran parte de su carga financiera en EEUU, no
serán pocos los que vean como una parte de esos intereses deja de ser fiscalmente deducible
a partir del año que viene.

2. Alerta fiscal
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Pero si la menor capacidad de deducir gastos financieros era la de cal que cabía esperar como
contrapunto a la reducción del tipo impositivo, otras novedades traídas por la reforma
constituyen una inesperada –y, seguramente, no bienvenida– sorpresa para las empresas
españolas. Nos referimos, muy particularmente, al denominado impuesto anti-erosión de
bases imponibles, también conocido como BEAT por sus siglas en inglés (hay quien cree que
el acrónimo no es casual). Esta nueva figura se articula como una suerte de impuesto mínimo
del 10% (5% en 2018) calculado sobre una base imponible modificada, en la que la mayoría
de pagos (prácticamente solo se salvan las compras de mercaderías) que las compañías
americanas hagan a otras sociedades del grupo situadas fuera de EEUU, no tienen la
consideración de deducibles a efectos del BEAT. Esta norma afectará previsiblemente a todos
aquellos grupos españoles que presten servicios de cualquier tipo a sus filiales americanas,
con especial incidencia en el sector financiero y asegurador.
Otra medida que podría generar dolores de cabeza a los departamentos fiscales de las
empresas españolas es una nueva regla que calificará como “entidades controladas” por la
filial americana a todas las empresas del grupo, con independencia de que estén o no
participadas accionarialmente por esta. Aunque esto no debería suponer tributación
adicional en EEUU, sí que puede obligar a los grupos españoles a proporcionar al fisco
americano información financiera de todas estas entidades.
Donald Trump accedió a la Casa Blanca con la promesa de “make America great again” y
esta reforma fiscal pretende ayudar a cumplir ese compromiso, mejorando la posición
competitiva de las empresas estadounidenses por la doble vía de incentivar fiscalmente la
actividad en suelo americano a la vez que se desincentiva la foránea. Sin embargo, la carta
enviada por los ministros de Hacienda de 5 países europeos (España entre ellos) a su
homólogo estadounidense –y en la que se manifestaban serias objeciones a alguna de las
medidas que aquí hemos comentado– parece indicar que el resto del mundo, si bien no se
opone a que América recupere su grandeza, no está muy por la labor de correr con los gastos.
¿Hablamos?
Ramón Mullerat
Socio responsable del área de fiscalidad internacional en PwC Tax&Legal Services
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Carlos Concha
Socio especialista en Fiscalidad Internacional y de la Unión Europea
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