La propuesta busca modificar el sistema de educación superior colombiano a través de 164 artículos. Los estudiantes y profesores se oponen porque permitiría la privatización de las universidades públicas al permitir el ingreso de capital privado. Esto daría lugar a la intervención de empresas en la educación, considerada un servicio y no un derecho, priorizando la calidad en términos empresariales para formar trabajadores baratos e ignorantes. Los estudiantes de universidades públicas se verían más afectados al tener que pagar por una educación mediocre