La constitución política colombiana define la eutanasia activa como un delito, pero establece una sanción baja para el homicidio por piedad. Esto plantea interrogantes sobre si se está autorizando dar muerte a otros o discriminando entre homicidios. La iglesia católica se opone firmemente a la eutanasia activa, pero casos reales han generado debates sobre situaciones extremas. La sociedad médica también se opone a dar fin activamente a una vida, aunque respeta el dejar morir naturalmente.