El documento solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe sobre 10 cuestiones relacionadas con el acceso a la información pública de varios organismos estatales. Argumenta que la falta de información pública reduce a la prensa a ser repetidora de partes oficiales y cancela la transacción de los poderes y la dinámica social, debilitando peligrosamente la democracia. Solicita la aprobación del proyecto para garantizar el derecho ciudadano a recibir información veraz del Estado.

1. PROYECTO DE COMUNICACIÓN
La H. Cámara de Senadores de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través de los organismos que
corresponda sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el derecho de acceso a la
información pública:
1. Por qué razón la Sindicatura General de la Nación, órgano de control dependiente de la
Presidencia de la Nación, ha eliminado de su sitio web el acceso a la totalidad de sus
informes de auditoría. Precise qué tipo de "datos personales" se pretende proteger, según
han declarado voceros de la SIGEN a los medios periodísticos, y cuáles son los criterios
que se aplican para autorizar o denegar las solicitudes de informes, que se deben presentar
por escrito.
2. Por qué razón la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
no ha publicado aún el 4º Informe Trimestral del Boletín Fiscal 2009 en el sitio web de
Ejecución Presupuestaria de la Oficina Nacional de Presupuesto.
3. Por qué razón la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
no ha actualizado desde el año 2007 los Informes de Ejecución Presupuestaria del Sector
Público Nacional No Financiero en el sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto.
4. Por qué razón la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
ha publicado aún el 4º Informe Trimestral de 2009 sobre Ejecución Presupuestaria de
Divisas de la Administración Pública Nacional en el sitio web de la Oficina Nacional de
Presupuesto.

2. 5. Por qué razón la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) no ha
actualizado en su sitio web la información acerca de las Operaciones de Financiamiento a
proyectos productivos y economía real del Fondo de Garantía de Sustentabilidad durante el
corriente año.
6. Por qué razón el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), dependiente de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, no ha actualizado en su sitio web sus
informes de gestión desde septiembre de 2009.
7. Por qué razón la Jefatura de Gabinete de la Nación se negó a brindar información sobre
los gastos del Estado en publicidad oficial a la Fundación Poder Ciudadano y a la
Asociación por los Derechos Civiles, contrariando las garantías de acceso a la información
pública previstas en el decreto 1172/03.
8. Por qué razón el Ministerio de Desarrollo Social no ha publicado en su sitio web la
Rendición de Cuentas de su gestión desde mayo de 2009.
9. Por qué razón la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos no ha actualizado en su sitio web los Informes de
su gestión desde abril de 2009.
10. Si existe, desde el Poder Ejecutivo de la Nación, una política deliberada de impedir el
acceso a la información pública de determinados organismos del Estado. En caso de
respuesta negativa, explique las razones por las cuales la decisión de eliminar o negar el
acceso de esa información en los portales oficiales se ha transformado en una medida
recurrente de organismos centrales de la administración pública.

3. FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Por confundir prensa con propaganda, una herencia dejada por la dictadura que diseñó el
lema “somos derechos y humanos” para ocultar la verdad, en nuestro país aún persiste el
vicio cultural de confundir noticia con información y creer que sólo les compete a los
medios privados gestionar el derecho universal a buscar, recibir y difundir información,
cuando ese derecho subjetivo ha sido ampliamente superado por el derecho colectivo de las
sociedades a ser informadas, y son los gobernantes los que deben garantizarlo. A los
medios se les debe exigir la responsabilidad que es inherente al ejercicio de la libertad.
¿Pero cómo se puede demandar responsabilidad a los medios si el Estado elude su
obligación de dar a conocer e informar sobre sus acciones? Debemos incorporar como
cultura el valor de la publicidad de los actos de gobierno y el derecho ciudadano a saber
qué hacen sus autoridades con todo lo que les pertenece: desde los bosques hasta el dinero
de los impuestos.
Sin información pública se reduce a la prensa a ser repetidora de partes oficiales, tal como
sucede en las tiranías, que lo primero que hacen es imponer la censura para cancelar la
transacción de los poderes y la dinámica social que impulsa la libertad.
Aquel atraso cultural político de hacer propaganda en lugar de informar se observa en las
páginas web de los principales organismos del Estado, donde la agenda de los funcionarios,
lo que dicen y a dónde van sustituye lo que es una obligación, consagrada por nuestra
Constitución: la información pública, se trate de las políticas sociales, la ejecución de los
presupuestos o los programas de divulgación y educación ciudadana.
Resulta paradójico que a más de cuarto de siglo de la recuperación democrática se ignore lo
que ya es un lugar común en las llamadas sociedades de la información: la base de
sustentación de la democracia es el derecho de la sociedad a recibir información veraz para
ejercer no sólo el derecho a decir sino para garantizar activamente su competencia política.
Vale recordar que esos derechos que miden el estadio de desarrollo de las sociedades
contemporáneas han sido reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos del

4. Hombre de 1948 y se remontan a la Declaración francesa de 1789. Más cercanos en el
tiempo y de gran actualidad en el debate de la Ley de Medios Audiovisuales, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos
Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, han consagrado no sólo la libertad de
expresión, opinión o pensamiento sino el derecho a investigar, buscar, recibir, difundir
información. Si la verdad es una condición ética para los profesionales de la información,
los gobernantes no pueden ni mentir ni eludir lo que es su obligación de informar sobre sus
acciones.
Vale entonces, repetir los argumentos con los que venimos exigiendo tanto el derecho a la
información como la no utilización de la pauta oficial como instrumento de propaganda:
En tanto en el mundo desarrollado se debate la relación de los medios y la democracia,
entre nosotros se busca limitar la libertad para cancelar esa transacción de información que
entraña la libertad de acción y pensamiento. No existe la censura directa y gozamos de
libertad hasta para denunciar que tememos por la calidad de esa libertad.
Sin embargo, la comunicación directa de este gobierno y su apropiación de los medios
públicos cancelaron no sólo la mediación de la prensa sino que al cerrar los canales de la
información del Estado hirió al periodismo que debió conformarse con el rumor y terminó
degradado por la información interesada de los lobbistas u "operadores de prensa".
Si lo que define a la democracia es la igualdad ante la ley, en la medida que el sistema
garantiza esa igualdad se va afirmando la que debe ser su fortaleza, la participación política
de la ciudadanía. Una participación que depende de la calidad de la información: Así, ese
derecho democrático a participar en las cuestiones políticas es inseparable de la vida
republicana, o sea, del espacio público de las opiniones. De modo que el cercenamiento de
la información pública al mutilar los derechos ciudadanos debilita peligrosamente la
democracia.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.