El documento discute la necesidad de protección jurídica para el software debido a su importancia creciente en la industria de la computación. Explica que aunque existen varias vías como la patente, derechos de autor y contratos, éstas son insuficientes o se adaptan difícilmente al software. Por lo tanto, se propone la necesidad de establecer una protección específica o sui generis para el software.