1. EL MUNDO. VIERNES 23 DE MAYO DE 20142 SU VIVIENDA
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ELECCIONES EUROPEAS>
Las directivas comunitarias se aceptan
como obligaciones o recomendaciones
según el momento político. Por D. J. Ollero
La vivienda, un
sector alejado
de Europa...
A pesar de que la inmensa mayoría
de las competencias en materia de
vivienda se establecen a nivel estatal,
autonómico y local, la legislación,
política y decisiones que se toman a
nivel europeo tienen una repercu-
sión, en ocasiones evidente y en
otras no tanto, en el funcionamiento
del sector inmobiliario de los Esta-
dos miembros.
Entre los ámbitos a los que lle-
gan los hilos de Europa se encuen-
tran la rehabilitación energética, la
construcción eficiente, las norma-
tivas constructivas técnicas, el con-
trol hipotecario, los desahucios y
los temas relacionados con la fisca-
lidad de la vivienda, como las de-
ducciones o el establecimiento de
un tipo u otro de IVA.
Pese a todo, al igual que ocurre
con las normas y directrices prove-
nientes de la Unión Europea (UE) en
otros ámbitos, las decisiones y man-
datos de Bruselas que afectan a la vi-
vienda se toman como imperativos o
simples recomendaciones, según la
situación y los intereses de la reali-
dad política de cada momento.
«La falta de autoridad efectiva
del Parlamento Europeo en esta
materia se debe a que los Estados
miembros son muy celosos de sus
políticas en los asuntos de suelo, vi-
vienda social y cuestiones imposi-
tivas», señala Gonzalo Bernardos,
economista y director del Máster
Inmobiliario de la Universidad de
Barcelona. «En la UE existen gran-
des diferencias en lo relativo a los
mercados inmobiliarios y las polí-
ticas relacionadas con este sector»,
prosigue. «Por ejemplo», continúa,
«el mercado alemán, donde hasta
el año 2009 la vivienda experimen-
taba una bajada de los precios, es
completamente contrapuesto al de
España y al de Reino Unido, dónde
se han producido burbujas».
Donde la legislación europea ac-
túa con más fuerza es en los ámbi-
tos relativos a las cuestiones
técnico-constructivas. «Por ejemplo,
la UE puede tener voz y voto a la ho-
ra de establecer una normativa téc-
nica a nivel comunitario, que puede
repercutir en un aumento de los cos-
tes», explica José Manuel Galindo,
presidente de la Asociación de Pro-
motores Constructores de España
(APCE) y presidente de la Unión de
Promotores y Constructores de Vi-
viendas de Europa (UEPC). «La le-
gislación europea también puede te-
ner un impacto en materia energéti-
ca al establecer la agenda 20-20-20,
que busca reducir en un 20% las
emisiones de gases de efecto inver-
nadero, aumentar un 20% las ener-
gías renovables y mejorar la eficien-
cia energética de los edificios en un
20%. Una hoja de ruta que también
tendrá una repercusión en cuestio-
nes técnicas y de costes», apunta.
De hecho, España ya ha sido
multada en enero de 2014 por el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Euro-
pea, a petición de la Comisión Euro-
pea, por demorarse en la aplicación
de la normativa comunitaria en ma-
teria de eficiencia energética de los
edificios que, según las exigencias
de Bruselas, debería estar incluida
en la legislación española desde el
año 2006. En octubre del 2012 el
Gobierno español llegó a votar con-
tra la Directiva europea 2012/27/UE
de Eficiencia Energética esgrimien-
do el argumento de que el ahorro de
energía supondría una rémora para
la economía española. Pese a esta
negativa, el 27 de junio de 2013, ape-
nas unos meses después de mostrar-
se reticentes a la iniciativa a nivel co-
munitario, el Ejecutivo liderado por
Mariano Rajoy publicó en el Boletín
Oficial del Estado la Ley de Rehabi-
litación, Regeneración y Renova-
ción de Espacios Urbanos, plegán-
dose así a la legislación de la UE.
HIPOTECAS Y FISCALIDAD. Otro de
los ámbitos donde las directivas co-
munitarias han tenido impacto a ni-
vel nacional es el de la normativa
sobre hipotecas, aprobada a finales
de 2013 y cuyo ponente parlamen-
tario fue el eurodiputado socialista
español Antolín Sánchez Presedo.
La norma se elaboró con el objetivo
de acabar con los excesos en la con-
cesión de créditos hipotecarios –en
gran medida responsables de la
burbuja inmobiliaria según nume-
rosos expertos– y para mejorar la
protección de los consumidores en
caso de desahucio por cuestiones de
impago. Además, impide que los Es-
tados miembros puedan oponerse a
las daciones en pago si las partes
contratantes del préstamo así lo es-
tablecen en el contrato de crédito.
Esta serie de medidas comunita-
rias, pese a que teóricamente son
imperativas en España, en ocasiones
cuentan con una escasa repercusión
palpable a nivel social. «El problema
reside en que desde el Parlamento
Europeo se abordan cuestiones mar-
ginales en lugar de los asuntos im-
portantes», comenta crítico el profe-
sor Bernardos. «A menudo se encar-
gan de cuestiones a nivel técnico,
que son más un problema que una
ventaja porque suponen costes aña-
didos que incrementan el precio de
construcción de las viviendas», aña-
de. «No hay ningún plan para frenar
de manera efectiva los desahucios
que se producen, no se ha consegui-
do frenar la especulación, ni tampo-
co se ha logrado abordar el tema de
la figura del agente urbanizador.
Bruselas no ha entrado en la mate-
ria esencial de vivienda en gran par-
te por culpa del celo de los propios
Estados miembros que componen el
parlamento», explica.
El ámbito en el que las iniciativas
a nivel europeo tienen un mayor im-
pacto a nivel nacional es el financie-
ro, sobre el que existen más dudas
acerca de su desarrollo. La UE busca
avanzar hacia una Unión Bancaria y
se espera que aumente la supervi-
sión del Banco Central Europeo
(BCE) sobre la banca. Unos proyec-
tos sobre los que aún no se conocen
gran parte de los entresijos y que, se-
gún Bernardos, «van para muy lar-
go». «Lo que sí sabemos es que el
BCE ha anunciado que en los próxi-
mos meses se llevarán a cabo medi-
das excepcionales, que por otro lado
son medidas ordinarias
desde hace cuatro años
en Reino Unido y
EEUU, para que el cré-
dito, íntimamente rela-
cionado con la conce-
sión de hipotecas, flu-
ya», recuerda.
El aspecto tributario
de la vivienda es quizá
el campo sobre el que
más dudas hay acerca de futuras ac-
tuaciones a nivel local respecto a la
línea marcada por Bruselas. Ya a fi-
nales del año 2013, la comisión de
expertos impulsada por el Gobierno
sugirió la posibilidad de pasar el IVA
de la vivienda de tipo reducido del
10% al general del 21%, aludiendo a
informes comunitarios que denun-
cian que este impuesto es demasia-
do bajo en España. Una recomenda-
ción que el propio Ejecutivo no se
molestó en aceptar o refutar de ma-
nera tajante. Por otro lado, la deduc-
ción por compra de vivienda habi-
tual se enfrenta a una situación simi-
lar. En reiteradas ocasiones, la
Comisión Europea ha recomendado
al Gobierno de España «reducir las
ventajas fiscales, como el tratamien-
to favorable a la compra de vivien-
da» para «mejorar la eficacia del sis-
tema». Unos consejos que, según pu-
blicó EL MUNDO, han provocado
que el Gobierno maneje la opción de
eliminar con efecto retroactivo de las
deducciones por vivienda después
de que ya suprimiera la desgrava-
ción para nuevas adquisiciones des-
de el 1 de enero de 2013.
En definitiva, Bruselas no cuenta
con un poder fáctico sobre las políti-
cas de vivienda ni sobre los sectores
relacionados íntimamente con la
misma, como hipotecas, fiscalidad,
construcción o eficiencia energética.
Un comportamiento que Bernardos
achaca a la consideración que histó-
ricamente ha tenido este sector en la
UE: «La vivienda nunca se ha consi-
derado como algo importante. Todo
lo contrario, se ha considerado co-
mo algo secundario y sólo se le ha
dado importancia cuando hay una
burbuja o cuando ésta estalla».
El hemiciclo del Parlamento Europeo durante una sesión plenaria en Estrasburgo (Francia). /PARLAMENTO EUROPEO
BRUSELAS TIENE VOZ EN
REHABILITACIÓN, EFICIENCIA,
MERCADO HIPOTECARIO,ETC.
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