Sanchez ha lanzado su campaña de marketing en torno al uso que dará a las ayudas europeas. Pero las incognitas son muchas y de gran calado, sobre la capacidad del Gobierno para llevar a cabo las inversiones y reformas de modo eficiente.

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PLAN NACIONAL DE RECUPERACION Y RESILIENCIA.
Manfred Nolte
El 15 de octubre, jueves de la semana pasada, se ha abierto oficialmente en
Bruselas la ventanilla para la recepción de los ‘borradores’ de proyectos de los
países miembros de la Unión Europea, elegibles para beneficiarse de los fondos
previstos en el gran programa de rescate denominado ‘NextGenerationEU’,
‘Próxima Generación Unión Europea’ y a su pilar esencial, el ‘Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia’(MRR).
En realidad, los Estados miembros presentarán formalmente sus Planes de
recuperación y resiliencia (PRR) para su evaluación cuando el Mecanismo entre
en vigor legalmente, fecha estimada por la Comisión para el 1 de enero de 2021.
Con todo, la Comisión ha animado a los Estados miembros a presentar sus
anteproyectos de planes a partir del 15 de octubre pasado.
El acceso a los fondos del MRR de la UE va a depender de que se acuerden los
correspondientes Planes de Recuperación y Resiliencia (PRR) nacionales
detallados, y de que los proyectos cumplan los criterios de elegibilidad e
implementación. Los PRR se integrarán en el Semestre Europeo, el marco de la
UE para la coordinación de la política económica.
No consta que el Gobierno de España haya remitido por el momento a Bruselas
el borrador del PRR nacional. Si lo ha hecho, en cambio, con el Plan
Presupuestario para 2021 en el que se adelantan 27.000 millones del total
esperado del Plan de Rescate europeo concentrados en proyectos de
digitalización y transición ecológica que acumulan mas de dos tercios de la cifra
señalada.

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Aunque no dispongamos del detalle del borrador que en su momento se dirija a
las instancias comunitarias, sí conocemos a grandes rasgos el propósito general
del gobierno de PedroSánchez, concretado en el documento #PlanEspañaPuede,
‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ publicado días atrás, que
pretende aplicar a grandes proyectos de inversión en el periodo 2021-2023 los
72.000 millones de euros asignados a España por la Unión Europea, 59.000 del
Mecanismo de Recuperación y 12.000 del Fondo React-EU.
Según el último borrador del reglamento del Fondo la elegibilidad de los
proyectos debe ser congruente no solo con las recomendaciones genéricas del
semestre europeo sino con las novedades aportadas en las dos últimas columnas
de la construcción europea, el ‘Pacto verde’ y la ‘Transición digital’. Siempre
según el Reglamento, los fondos obtenidos deben aplicarse en los planes
nacionales al menos en un 37% a la acción climática y un 20% a la promoción de
la digitalización, respectivamente. Otros criterios contenidos en el documento
citado se refieren al efecto duradero del impacto económico de las acciones
emprendidas alejado del cortoplacismo, a su carácter de no recurrentes, a la
contribución a la mitigación del desempleo y en general de la crisis
socioeconómica, a no certificar costes sino a hitos y objetivos de largo alcance, o
a su congruencia con la cohesión territorial.
El plan anunciado por Sánchez para los próximos tres años, cuyo propósito es
"iniciar la segunda gran modernización de la economía española”, se estructura
en torno a las cuatro transformaciones que el gobierno ha situado desde el
principio en el centro de la estrategia de política económica: la transición
ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y
territorial.
A su vez, el plan se estructura en torno a diez políticas tractoras que van a incidir
directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de
transformación de nuestro tejido económico y social, a saber la Agenda urbana y
rural; el impulso de infraestructuras y ecosistemas resilientes; la transición
energética; la reforma de la administración pública; la modernización y
digitalización del tejido empresarial; el pacto por la ciencia y la innovación y el
refuerzo del Sistema Nacional de Salud; la educación y el conocimiento, la
formación continua y el desarrollo de capacidades; la nueva economía de los
cuidados y políticas de empleo; el desarrollo de la cultura y el deporte;
finalmente, se abordará una modernización del sistema fiscal incrementando la
progresividad y redistribución de los recursos para lograr un crecimiento
inclusivo y sostenible.
Un documento adicional de Moncloa informa de la constitución de una comisión
Interministerial presidida por el presidente del Gobierno y de una unidad de
seguimiento del Fondo de Recuperación, sita en el gabinete de presidencia del
Gobierno, un enclave político, aspecto este que choca con la adscripción del plan
a un ministerio de carácter técnico. La colaboración con las Comunidades
autónomas se remite a las conferencias periódicas con los presidentes
autonómicos, lo que no se antoja suficientemente operativa. Figura igualmente
una vaga mención a la interlocución con las empresas, así como a una
indeterminada rendición periódica de cuentas ante el Parlamento.

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Los medios han aireado los eslóganes más destacados de la presentación: la
creación de 800.000 nuevos puestos de trabajo en tres años; la extensión al 80%
de los españoles de la formación en competencias digitales; el crecimiento del PIB
de 2,5 puntos en cada una de las anualidades que propiciará el plan; la ejecución
de los 72.000 millones de dinero europeo en solo tresaños, en lugar de en los seis
permitidos; el destino de la inversión: un 37% para proyectos 'verdes', el 31% se
para la agenda digital y el resto, para cohesión social; que habrá en España más
de cinco millones de coches eléctricos en el 2023 y que, al término del plan, el 5G
se habrá extendido como la espuma.
Todo lo cual no deja de representar la habitual exhortación política que no aspira
a detalles ni a concreciones. Los planes de inversión y -no lo olvidemos- las
reformas estructurarles, deberán presentarse a la Comisión europea con sus
calendarios, viabilidad y coste y están sujetos no solo a la supervisión de los
funcionarios sino al veto más o menos frontal de los países miembros que se
sientan agraviados.
Restan, por último, algunas incógnitas tras el golpe de marketing del ejecutivo de
la nación.
¿Quien será el organismo encargado del su reparto, gestión y supervisión de los
fondos? ¿Con qué criterios se hará al reparto territorial de los mismos a
comunidades autónomas y ayuntamientos? ¿Cual será la voz del sector privado?
¿Seelegirán y gestionarán los proyectosadecuados en plazo? El Banco de España,
en fecha reciente, y ante el Parlamento de la nación, ya ha advertido del riesgo de
que los fondos de recuperación no produzcan el efecto deseado si los proyectos
no se eligen y ejecutan adecuadamente. ¿Tendrácapacidad en Gobierno de Pedro
Sánchez para gastar la totalidad de las ayudasasignadas? Según Bruegel, España,
el mayor beneficiario del Plan de Recuperación europeo después de Italia figura
a la cola de países en términos de absorción de fondos europeos. Durante el
periodo 2014-2020, España dispuso al 23 de setiembre pasado, solamente del
39% del dinero adjudicado por el Fondo europeo de Inversiones estructurales, el
peor porcentaje junto a Italia.
Esto no ha hecho más que empezar.

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