La violación a la privacidad según el COIP protege la dignidad de las personas al prohibir la difusión de datos personales sin consentimiento. El documento argumenta que los años de prisión por este delito deberían ser de 1 a 3 años dependiendo de la gravedad. Además, la información personal debe tener restricciones para proteger la moral social. Finalmente, el COIP contiene reglas especiales para delitos de violencia doméstica y sexual así como trata de personas para garantizar justicia a víctimas en estado de indefensión.

1. TEMA:
PROBLEMAS DE LA VIOLACIÓN A LA
PRIVACIDAD SEGÚN EL COIP
Autor: Sanchez Johana

2. La violación a la privacidad según el COIP, este enunciado esta concebido en dos
partes de acuerdo a la ley. A mi criterio en la primera parte creo que la ley esta bien
concebida, porque difundir o publicar datos sin consentimiento de la persona no es
dable que se de, mas aun si estos datos comprometen la dignidad de la persona, esto
se solía dar en muchos medios de comunicación lo cual era reprochable, pero ahora
existe las redes sociales que son aun de mayor peligro para denigrar la dignidad de la
personas.
Los años de presión creo que deberían ser mayores de 1 a 3 años dependiendo de la
gravedad del delito. Y en cuanto a la divulgación personal, también debe tener sus
restricciones o sanciones porque puede ser información que comprometa la moral
social y eso por mas que sea personal debe tener control. En cuanto a la función
publica debe ser abierta porque se mejan recursos y actividades que pertenecen al
pueblo y debemos conocer.
COIP contiene reglas específicas para el tratamiento de infracciones de violencia
contra la mujer y miembros del núcleo familiar, para los delitos contra la integridad
sexual y reproductiva y de trata de personas, respondiendo al mandato del artículo 81
de la Constitución que manda a establecer procedimientos especiales y expeditos
para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual. Debe
implementar lo que será la Unidad de Defensa de Víctimas para garantizar el acceso
a la justicia por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural.