El documento resume los argumentos a favor de la ley que aumentaba los haberes jubilatorios al 82% del salario mínimo, vital y móvil, la cual fue vetada por la presidenta. Señala que el veto fue un acto de injusticia, ya que dejó a casi 5 millones de beneficiarios con una reducción del 37% en sus haberes. Además, explica que la ANSES tiene recursos suficientes para financiar el aumento y que este no pondría en riesgo la sustentabilidad del sistema. Por último, afirma que el debate no es prevision

1. Enviamos documento de Eduardo Santìn referido al veto presidencial a las mejoras en los haberes
de jubilados. Nos parece lo más claro escrito sobre el tema -a la vez que sintético- porque además
despeja argumentos falaces del oficialismo y errores conceptuales de algunos opositores y medios
de comunicación que presentaron este proyecto como la imposición del 82 por ciento para todos
los haberes jubilatorios. Por último, Santín y nosotros podemos respaldar esta posición política y
moralmente porque no caímos en la contradicción de acompañar este justo reclamo pero a la vez
haber estado en contra de la estatización de las AFJP. Leopoldo Moreau
Agrego a este escrito (que comparto): Debemos recordar que la UCR voto en contra de la
iniciativa justicialista de privatización del sistema previsional que concretaron en 1994 y
presentamos una propuesta alternativa que permitía mantener el sistema público obligatorio y a
su vez garantizar la trasparencia de los sistemas de ahorro privado que se ofrecieran en nuestro
País.
Luego los mismos que privatizaron, estatizaron las AFJP, esta bien que así se haga, lo que no está
bien y este veto lo patentiza, es que esa estatización no se hizo para garantizarle el haber digno a
los jubilados y pensionados (trabajadores pasivos), sino para utilizar los fondos del ANSSES para
financiar prestaciones que no tienen nada que ver con los necesarios beneficios que se merecen
todos los jubilados y pensionados Argentinos, sobre todo aquellos que hoy están percibiendo los
salarios mínimos , a los que no les alcanza para cubrir los requerimientos básicos de su
supervivencia. Walter Ceballos
LA PRESIDENTA VETÓ UN ACTO DE JUSTICIA
La ley que vetó la Presidente sobre el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil fue un acto de
injusticia, realmente haberle recortado los haberes el 37% a casi 5.000.000 de beneficiarios, es un
hecho inédito.
Porque la ley que aprobó el Congreso intentaba garantizar un nivel mínimo de subsistencia de la
clase pasiva. El Salario Mínimo Vital y Móvil es el piso de subsistencia de los trabajadores activos
determinado por el Ministerio de Trabajo, la CGT y CTA y la centrales empresarias. Por lo tanto el
82% de este, se supone, les permitía a los jubilados o pensionados alcanzar algún grado de
dignidad.
No se estaba discutiendo el 82% móvil del sistema jubilatorio, situación que hubiera sido una
irresponsabilidad haberse planteado, se discutió y aprobó, una redistribución del ingreso en un
país que crece a tasas superiores al 7%. Ese aumento de la riqueza debe ser redistribuido, de lo
contrario, a pesar que la economía crece, los pobres están más pobres y los ricos más ricos.
El sistema tiene un gasto anual de 95.100 millones de pesos, teniendo en cuenta la movilidad de
marzo y septiembre, el Fondo de Garantía Sustentabilidad Previsional (FGSP) es una vez y media
el gasto (150.000 millones), por lo tanto cumple en exceso con los parámetros actuariales de
sustentabilidad y no hay ninguna necesidad de que siga creciendo.

2. La recaudación de la ANSES este año va ha ser de más de 27.000 millones por encima de lo
presupuestado, proyectando lo recaudado en el primer semestre.
La ANSES transfirió en el presupuesto Nacional 10.000 millones para el pago de la Asignación
Universal por Hijo, esto era para el pago de 7 millones de chicos, hasta ahora según los números
oficiales se han inscripto, 3,2 millones, por lo tanto deberían reintegrarse 5.000 millones de pesos
al organismo de la Seguridad Social.
Por último la información de director Ejecutivo de la ANSES es que el FGSP tiene previsto un
rendimiento de 8.000 millones de pesos, para el año 2010.
Todo esto suma más de $40.000 millones
Estos recursos, son recursos corrientes, a nadie se le ocurriría tocar el FGSP, que no solo es la
garantía anticíclica del sistema sino es un fenomenal instrumento de política económica activa.
El gasto extra propuesto se divide en dos partes, teniendo en cuenta que desde septiembre hay
4.213.000 de beneficiarios que cobran $1.046 y 881.000 que perciben entre $1.046 y $1.426 (82%
de $1.740, salario mínimo, vital y móvil), llevar a todos a $1.426, tiene un costo anual de 23.040
millones de pesos.
Ajustar el resto de las jubilaciones, esto es el haber inicial según el fallo Zagari y la movilidad del
período 91-95 por el fallo Sanchez y la del período 2002-2006 por el fallo Badaro, descontando lo
que se ajusta por la mínima, tiene un costo de 10.100 millones anuales. (Cifra calculada por la
ANSES para Boudou cuando era el Director Ejecutivo)
Por lo tanto el costo extra, es de 33.140 millones anuales, cifra coincidente con la expresada por el
Ministro de Economía (cuando empezó el debate en Diputados). Por supuesto, como se ve, es
absolutamente financiable, sobre todo porque los gastos están anualizados (en el mejor de los
casos solo correspondería imputar el último bimestre del año) y los recursos tomados
corresponden a lo que se recaudará durante el 2010. El propio Dip. Díaz Roig del FJV, ex
presidente de la comisión de Previsión y hoy vocero del veto tiene presentado un proyecto de
iguales características.
Por lo tanto, no se está discutiendo si se puede pagar o no, se discute quien es el que puede tomar
la decisión de cómo se gasta la plata que desde Estado se apropia. El gobierno sostiene que este es
una democracia presidencialista y estas decisiones las puede tomar solamente el ejecutivo,
olvidándose que tenemos una Republica Democrática, con tres poderes e independencia entre los
mismos, todos tienen derecho a tomar decisiones ejerciendo sus mayorías.
La oposición decidió que el gasto debía dirigirse hacia los jubilados, en lugar invertirse, por
ejemplo, en obras públicas, es una decisión soberana de un poder que ejerció su mayoría y la
presidente no lo resistió.

3. Este debate no es previsional, es un debate por la distribución del ingreso que en este caso se
repartía adjudicando un derecho por ley en lugar de entregarlo en forma clientelar y parcial,
metodología compleja para un proyecto populista como el gobernante.
Eduardo Santín