El anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local busca clarificar competencias y racionalizar la estructura organizativa, asegurando un control financiero más riguroso. La reforma establece criterios para la delegación de competencias y la evaluación de servicios, así como la intervención de diputaciones en municipios con menos de 20,000 habitantes. Se enfatiza la importancia de mantener la sostenibilidad financiera y evitar duplicidades en la gestión municipal.