Comunicado de la FARC

1. EX INTEGRANTES DE LA FUERZAS ARMADAS REVOLCIONARIAS DE COLOMBIA
(FARC EP) RECLAMAMOS LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA AUTONOMO DE
ASESORÍA Y DEFENSA EN LA JEP
Desde la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP)
hemos recibido varias exigencias en materia de comparecencia, en su mayoría estos
requerimientos por parte de este organismo son producto de nuestra intención de
cumplir con el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición. Sin
embargo, hasta la fecha y después de estar plenamente creado este modelo de Justicia,
no se cuenta con un sistema implementado de defensa con derechos y garantías para
comparecientes y abogados, por el contrario ha operado una lógica de
desconocimiento de garantías y derechos fundamentales.
Los Acuerdos de La Habana firmados en noviembre de 2016 mencionan que: “El
Estado ofrecerá un sistema autónomo de asesoría y defensa gratuita así el solicitante
careciere de recursos-, que será integrado por abogados defensores debidamente
cualificados y cuyo mecanismo de selección será acordado por las partes antes de
entrar en funcionamiento el competente de justicia del SIVJRNR”. Finalmente la Ley
de Amnistía y el decreto 1166 del 2018, crean y regulan el Sistema de Asesoría y
Defensa de confianza. Sin embargo a pesar de existir este robusto marco normativo,
las autoridades competentes de esta Jurisdicción Especial Para la Paz, en cabeza de
su Secretaria Ejecutiva y el ministerio de Hacienda han sido indolentes con este
derecho fundamental, pues después de dos años de largos y de costosos estudios, no
se cuenta con un Sistema de Defensa.
La JEP gasta cuantiosos recursos en funcionarios y en infraestructura, en muchas
ocasiones inoperantes, viajes al exterior, estudios pagados a prestigiosas
universidades a efectos de determinar su funcionamiento, sin embargo estos nunca
tomaron medidas respecto a la garantía de este derecho fundamental. Hasta este
momento hemos encontrado propuestas inoperantes para solucionar la crisis, estas
son la asignación de “abogados voluntarios”, hasta la puesta en marcha de un
inexistente “Plan de Choque”, que funcionaría solo con los recursos de la comunidad
internacional.

2. A los ya sumados incumplimientos se suman las persecuciones en cabeza de la
Fiscalía General de la Nación, quien anunció la investigación a funcionarios de la JEP
que tenían como labor principal estructurar administrativa y funcionalmente el
Sistema de Defensa. Dicha acción por parte del ente investigador ha dejado
desestructurada la sección encargada de la defensa de los comparecientes. Genera
enorme sospecha que tras las muchas presiones realizadas por la Fiscalía al Congreso
–para alterar el acuerdo de Paz- y a la Jurisdicción Especial para la Paz, para iniciar
“incidentes de incumplimiento”, se ataque ahora de manera frontal el Sistema de
Defensa, incluido funcionarios y abogados, lo cuales no cuentan hoy con las garantías
suficientes para realizar su trabajo, garantías propias de cualquier sistema de justicia.
No cabe duda que estamos frente a un modelo de guerra jurídica impulsado por las
fuerzas que desde el primer día se han opuesto al acuerdo de paz incluso antes de
conocer sus contenidos, guerra jurídica en la que se pretende anular cualquier derecho
al oponente incluido en este caso el fundamental derecho a la defensa, consustancial
a un Estado de Derecho. Regresamos nuevamente al Derecho Penal Del Enemigo.
En vista de lo anterior, ponemos en conocimiento este grave incumplimiento a la
Segunda Misión de Naciones Unidas, a los países garantes y acompañantes.
Anunciamos que de continuar el desconocimiento del Derecho Universal a la Defensa
acudiéremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante los
Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Justicia y sobre
independencia de jueces, magistrados y abogados, con el objeto de la tutela
internacional a nuestros derechos.
Bogotá, 24 de septiembre de 2018.
FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMUN