1. El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta a la Asamblea de Madrid a aceptar la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular con el nombre de Ley Urgente del Derecho a la Vivienda, avalada por más de 50.000 firmas, para que se inicie con la debida premura el trámite reglamentario previsto para la redacción consensuada de una Ley sobre Vivienda Digna en la Comunidad de Madrid. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas muestra su adhesión a la necesidad de implementar una legislación autonómica que desarrolle los principios básicos de acceso a una vivienda digna enunciados en el artículo 47 de la Constitución Española. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas muestra su total predisposición para colaborar con la Administración Autonómica en el desarrollo local de las medidas oportunas para: - Aumentar la oferta de vivienda pública, en régimen alquiler, y a precios asequibles. - Garantizar la oferta suficiente de viviendas de emergencia social para impedir los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. - Intermediar entre propietarios dispuestos a arrendar sus inmuebles y demandantes de vivienda. - Mantener la habitabilidad de los inmuebles y la dignidad de las personas asegurando la provisión de suministros básicos como agua, calefacción y electricidad.

1. Los portavoces de los grupos políticos Partidos Socialista, Ciudadanos, Sí Se Puede, Unión Progreso
y Democracia e Izquierda Unida, abajo firmantes, presentan para su discusión y aprobación, si
procede, la MOCIÓN relativa al APOYO A LA REDACCIÓN DE UNA LEY URGENTE QUE DESARROLLE
EL DERECHO DE ACCESO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MADRID sobre la base del
siguiente texto:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el artículo 47 de la Constitución Española podemos leer que “Todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. La disposición se configura como un
principio rector de la política social y económica que para su ejecución efectiva necesita que los
poderes públicos promuevan las condiciones necesarias con la aprobación de las normas
pertinentes.
En la misma línea, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
incorporada al acervo constitucional como principio interpretativo de los derechos fundamentales
y las libertades públicas a través del artículo 10 de Constitución Española, incluye explícitamente la
vivienda entre los elementos necesarios para garantizar a todos los ciudadanos un nivel de vida
acorde con la salud y el bienestar.
Pero el derecho a una vivienda digna y estable reconocido por la Constitución Española y los
Tratados Internacionales resulta ser hasta el momento una mera declaración de intenciones
debido a la falta de desarrollo legislativo. Queda claro que garantizar el acceso a una vivienda
digna y adecuada es una obligación de las Administraciones Públicas y diseñar el procedimiento
para conseguirlo es competencia de la Comunidad de Madrid.
Agradecemos por tanto a la Coordinadora de Vivienda de la Comunidad de Madrid, la Federación
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y la Asociación Libre de Abogadas y Abogados sus
esfuerzos para recoger las más de 50.000 firmas necesaria para impulsar la toma en consideración
de la Iniciativa Legislativa Popular por una Ley Urgente de Vivienda en la Comunidad de Madrid
que próximamente será debatida en la Asamblea Regional.
Efectivamente, compartimos con los promotores de la ILP que la vivienda no es una mercancía de
lujo sino un Derecho Humano que debe ser protegido, garantizado y promovido por los poderes
públicos. Deben ser las instituciones quienes, desde la acción política, proporcionen los recursos
necesarios para la creación de un parque de vivienda pública y social suficiente para que este
derecho sea real, exigible y justiciable.

2. No podemos dilatar más el debate y aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda.
Desde el Ayuntamiento de Alcobendas creemos necesario y urgente que la mesa de la Asamblea
de Madrid admita a trámite la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Ley Urgente del Derecho a la
Vivienda Digna y apelamos a todos los diputados autonómicos y grupos parlamentarios a iniciar
sin más demora un debate leal, sereno y productivo que desemboque en la redacción de una Ley
madrileña de vivienda con amplio sentido de justicia social.
Han sido centenares los vecinos de Alcobendas, incluidos decenas de concejales de la corporación
municipal de todas las ideología políticas, los que han firmado el manifiesto de Apoyo a una Ley
Urgente de Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid que recoge principios básicos que
deberían inspirar la redacción del texto definitivo por parte de los legisladores autonómicos:
1. Apenas el 1% de la vivienda de la Comunidad de Madrid se destina a vivienda pública, una cifra
que claramente no cubre las expectativas de los más de 300.000 ciudadanos demandantes de
viviendas o expectantes de futuros desarrollos a precios asequibles.
La tendencia general se replica en Alcobendas donde en los últimos cuatro años se han concedido
licencia de obras para 1.300 viviendas ubicadas en desarrollos urbanos en “El Juncal”, “La
Carrascosa” o zona “Maestros”. Todas ellas son de iniciativa privada y destinadas a la compra
venta incumpliendo las expectativas de los 3.000 vecinos expectantes de vivienda pública inscritos
en la Bolsa de Vivienda de la empresa municipal EMVIALSA.
Se debe compensar esta ausencia con la promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler o
reconociendo el derecho de uso de edificios de titularidad pública con rentas asequibles acorde a
los ingresos de los ciudadanos expectantes para progresivamente adaptarnos a modelos urbanos
como el francés u holandés donde más del 25% de las viviendas están acogidas a algún tipo de
protección pública.
Además, la promoción de viviendas públicas municipales permitiría al Ayuntamiento aumentar su
patrimonio y conseguir ingresos recurrentes mensuales mediante el pago de las renta de alquiler
de los vecinos que compensaría la inversión inicial.
2. Frente a cifras oficiales de más de 4.700 solicitantes de una vivienda de emergencia social por
razones de especial necesidad en 2016, la Comunidad de Madrid ha reconocido que sólo dispone
de 163 alojamientos habilitados para entrada inmediata. Necesitamos mejorar las previsiones de
disponibilidad de vivienda social para que la nueva Ley de Vivienda Digna de la Comunidad de
Madrid garantice que no existan en el futuro desahucios a ciudadanos de buena fe sin alternativa
habitacional.

3. 3. En los últimos años han sido 5.000 las viviendas entregadas por debajo de su precio de coste a
fondos de inversión, denominados fondos buitres, en la Comunidad de Madrid. La nueva Ley de
Vivienda de Madrid deberá recoger la prohibición expresa de entregar viviendas púbicas a fondos
de inversión por razones de justicia social y para evitar el limbo judicial en el que ahora se ven
abocados muchos de los inquilinos.
Además, las Administraciones Públicas impulsarán convenios de colaboración justos con las
entidades financieras para promover la salida al mercado de los stock de miles de viviendas vacías
del que son propietarias. No debemos olvidar que el papel social privilegiado de los bancos debe
conllevar una especial responsabilidad a la hora de cumplir sus deberes de conservación y
convivencia, y es de justicia crear mecanismos para restituir la deuda social que ostentan frente a
la ciudadanía debido al rescate bancario al que se acogieron sufragado con deuda a cargo de los
impuestos de todos los españoles.
4. Porque el acceso a los suministros básicos es un derecho tan básico y vital como el sustento
alimentario o el abrigo. Los poderes públicos no agotan su obligación asegurando un techo a las
familias de la Comunidad, sino que el hogar deberá estar provisto de aquellos suministros que
garanticen el agua, el calor y la electricidad. Todos los recursos que son necesarios para mantener
la habitabilidad de los inmuebles y la dignidad de las personas.
5. La Administración tendrá un papel activo para incentivar el alquiler de viviendas a precios
razonables intermediando entre propietarios y futuros arrendatarios para que ambas partes vean
correctamente garantizados sus derechos. Además, se atenderán las consultas y reclamaciones
que prevenir prácticas abusivas y vulneración de derechos en materia de vivienda.
Por todo lo expuesto anteriormente los grupos políticos abajo firmantes propone al pleno la
adopción del siguiente acuerdo:
MOCIÓN
1. El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta a la Asamblea de Madrid a aceptar la toma en
consideración de la Iniciativa Legislativa Popular con el nombre de Ley Urgente del Derecho a la
Vivienda, avalada por más de 50.000 firmas, para que se inicie con la debida premura el trámite
reglamentario previsto para la redacción consensuada de una Ley sobre Vivienda Digna en la
Comunidad de Madrid.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas muestra su adhesión a la necesidad de implementar
una legislación autonómica que desarrolle los principios básicos de acceso a una vivienda digna
enunciados en el artículo 47 de la Constitución Española.

4. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas muestra su total predisposición para colaborar con la
Administración Autonómica en el desarrollo local de las medidas oportunas para:
- Aumentar la oferta de vivienda pública, en régimen alquiler, y a precios asequibles.
- Garantizar la oferta suficiente de viviendas de emergencia social para impedir los desalojos
forzosos sin alternativa habitacional.
- Intermediar entre propietarios dispuestos a arrendar sus inmuebles y demandantes de vivienda.
- Mantener la habitabilidad de los inmuebles y la dignidad de las personas asegurando la provisión
de suministros básicos como agua, calefacción y electricidad.
Alcobendas, a 23 de octubre 2017
Fdo. Rafael Sánchez Acera Fdo. Horacio Rico Rodríguez
Portavoz del Grupo PSOE Portavoz del Grupo Ciudadanos
Fdo. Eduardo Andradas Diego
Portavoz Grupo Sí Se Puede
Fdo. Miguel Ángel Arranz Molins Fdo. Juan Bautista Esteban
Portavoz Grupo UPYD Portavoz Grupo IU